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Luciano Parejo Alonso

La organización interna de los Estados

Administración Pública y Derecho

El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

César Cierco Seira

Hacia un desarrollo más completo de la intervención en la justicia administrativa

El codemandado en el proceso contencioso-administrativo

Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación

Para la gestión de servicios públicos, y en general para el cumplimiento de muchos de sus cometidos, las Administraciones Públicas se desenvuelven en el espacio que se abre entre su potestad de autoorganización y la opción por la contratación, inexcusablemente sometida al principio de concurrencia en la adjudicación. En ese espacio se están suscitando diversas controversias, derivadas sobre todo de la débil y compleja delimitación de las fórmulas que pueden utilizarse para la autoprovisión y los requisitos, necesariamente estrictos, que han de concurrir para su operatividad.&#13;En este libro se ofrece una categorización rigurosa de esas fórmulas a partir de la doble matriz que se conforma desde la cooperación vertical, con el recurso a medios propios, a la cooperación horizontal, que se articula sobre convenios entre Administraciones. Especial atención se presta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamental en esta materia, y a las posiciones que están adoptando las autoridades de defensa de la competencia, con un creciente protagonismo en este tema.

Esteban Arimany Lamoglia

Susana Grau

José Alberto Navarro

Belén Noguera de la Muela

La autoprovisión administrativa en la gestión de servicios públicos

Editorial Temis

Código General Disciplinario

¿Residuos o recursos? Los residuos contienen recursos aprovechables, con más valor conforme van escaseando, y que la técnica permite recuperar a costes asumibles. Así, hemos de entender que muchas veces despilfarramos recursos cuando eliminamos residuos y que una adecuada gestión de estos permitiría recuperar esos recursos.&#13;
Hasta hace poco, la normativa sobre residuos ha tenido como fundamento único o principal el ambiental y sanitario. Y, consecuentemente, como objetivo de su gestión, la eliminación de la problemática que estos podrían conllevar para la salud o el medio ambiente. Pero los avances técnicos y los progresos del contexto estratégico y normativo, abierto a otras perspectivas y problemáticas, fundamentalmente concretadas en el paradigma de la economía circular, imponen un replanteamiento de esta normativa y del actual modelo de gestión de los residuos para lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos que desechamos. Este replanteamiento actual confronta con una normativa que arrastra otros fundamentos y que está basada en conceptos y categorías jurídicas configuradas en torno a dichos fundamentos. ¿Por qué no plantearnos entonces que, en tanto que una cosa pueda mantenerse dentro de un ciclo económico de vida, podemos tratarla como un producto o recurso de forma tal que evitemos que se convierta en residuo?&#13;
En este libro planteamos la opción de este cambio de perspectiva normativa, analizando las posibles disfunciones del modelo actual de gestión de residuos, y la posibilidad de entender esta gestión como una actividad de interés general económica sujeta a la regulación administrativa.

Jesús Conde Antequera

La gestión de residuos. Del servicio público a la regulación

Monografías jurídicas

La retribución de los administradores sociales es una pieza fundamental en el gobierno corporativo de las compañías capitalistas. Representa la compensación económica de la labor de gestión y representación y permite, al tiempo, canalizar la actividad de las sociedades hacia fines concretos. Las recientes modificaciones legislativas y algunos pronunciamientos judiciales han dotado a la institución de renovada actualidad. La reforma de la Ley 31/2014 abordó algunos de los debates doctrinales tradicionales y dio lugar a nuevas controversias. Las especialidades referidas a la política y al informe de remuneraciones en sede de sociedades cotizadas completan el complejo normativo.&#13;En la presente monografía, el autor lleva a cabo un estudio sistemático de los diferentes sistemas de retribución del catálogo legal y de los que se derivan de las amplias posibilidades de la autonomía estatutaria (art. 217.2 LSC). El desarrollo del régimen jurídico parte de un análisis general de los mecanismos de control de la retribución, que tiene en cuenta los elementos de transparencia, las competencias orgánicas en la materia y los criterios de adecuación. Tras ello, se da encaje legal a cada uno de los conceptos y sistemas remuneratorios atendiendo a sus respectivas singularidades.&#13;El tratamiento presenta mayores particularidades en aquellas fórmulas que cuentan con un régimen especial, esto es, las que consisten en una participación en beneficios y las que se encuentran vinculadas a la evolución de las acciones (arts. 218 y 219 LSC). Finalmente, se exploran las posibilidades de actuación frente a las compensaciones económicas que contravengan las reglas en la materia.

Miguel Gimeno Ribes

Régimen jurídico de los sistemas de retribución de los administradores sociales

En El medio de control de nulidad por inconstitucionalidad y el problema de su eficacia se analizan los principales puntos que originan su ineficacia, con previsiones históricas sobre su origen, una descripción de la normativa relevante y vigente y un recuento jurisprudencial sobre su evolución y sus matices más importantes. Así, se advierte su necesaria atención y corrección, al tiempo que se propende a que se reasuma la pretendida amplitud que se deriva del texto constitucional en torno a su objeto.&#13;La importancia de la nulidad por inconstitucionalidad resulta de que su existencia y eficacia redundan en la vigencia misma del control constitucional judicial, como consecuencia básica del principio de legalidad regente. De cuánto y cómo se aplique este medio de control dependerán las repercusiones directas que tenga en la actuación del Ejecutivo y que esta se ciña a los postulados de la Constitución vigente, con lo que se define, incontestablemente, a la buena administración.&#13;La obra que el lector tiene en sus manos, además de novedosa en cuanto a su objetivo y única dentro la literatura jurídica nacional, cuenta con la suficiencia investigativa necesaria para permitir una mirada juiciosa sobre la nulidad por inconstitucionalidad y la problemática relacionada con su ineficacia, a partir de la premisa de su indudable y mayúscula relevancia dentro de nuestro Estado de derecho.

Julio Fernando Ariza Granadillo

El medio de control de nulidad por inconstitucionalidad y el problema de su eficacia

Allan R. Brewer-Carías

El procedimiento administrativo

"La pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de resistencia no solo sanitaria y social sino también para el Derecho. El trabajo que nos presenta Joan Ridao realiza un notable esfuerzo de análisis de ese Derecho de crisis y de su impacto en el Estado autonómico. Es un libro oportuno, sistemático y apegado a la actualidad cambiante. La gestión jurídica de las medidas necesarias para evitar la expansión del virus ha generado vivos debates más allá de los foros estrictamente académicos, sobre los pilares centrales de nuestro sistema jurídico: los derechos fundamentales, la distribución competencial o la separación de poderes. Estado de alarma o legislación sanitaria; estado de alarma en versión centralizadora o estado de alarma con cogobernanza; coordinación de medidas o diversidad en la gestión; ratificación judicial de medidas generales de naturaleza reglamentaria o de actos administrativos de aplicación de normas que afectan a derechos fundamentales; desdibujamiento del control parlamentario; vinculación autonómica a las actuaciones coordinadas; toque de queda y vacunación obligatoria autonómica sí o no; suspensión de elecciones o del derecho de sufragio sin previsión normativa; derecho a la salud o derechos fundamentales… La sucesión de polémicas jurídicas que ha acompañado a la gestión sanitaria de la pandemia ha sido incesante y las discrepancias doctrinales, políticas y jurisprudenciales han dibujado un panorama que parecería sugerir un déficit de desarrollo normativo o, cuando menos, de seguridad jurídica para afrontar un problema complejo.&#13;[…] El volumen estudia con detalle cómo se abordó jurídicamente la crisis sanitaria y el uso cambiante de instrumentos jurídicos para hacerle frente por parte del gobierno central y las comunidades autónomas. Ese repaso normativo y jurisprudencial permite apreciar la evolución que, en tan corto espacio de tiempo, experimenta la articulación jurídica de las medidas anti-covid lo que, en definitiva, también sirve para desdramatizar los debates jurídicos apuntados. Nuestro ordenamiento jurídico disponía de una caja de herramientas apta, aunque perfeccionable, para hacer frente a una pandemia desde la legislación sanitaria, pasando por la de protección civil -que muy pronto usaron varias CCAA-, hasta el Derecho de excepción que se deriva del art. 116 de la Constitución. Por eso, a nuestro juicio, la pregunta a la que da respuesta este necesario estudio no es tanto si la pandemia nos encontró desarbolados también jurídicamente, sino con cuáles de esos instrumentos se podía conseguir aunar mejor una gestión eficaz de la crisis con la menor lesión posible para los derechos fundamentales y el reparto competencial".&#13;Del prólogo de Alba Nogueira.

Joan Ridao

Del estado de alarma a la cogobernanza en la gestión de la COVID-19

Derecho de crisis y Estado autonómico

La obra presenta los resultados de investigación cuyo propósito fue identificar en qué medida los elementos que configuran las reglas de organización de la justicia administrativa, para garantizar su independencia en el caso colombiano, inciden en su legitimidad.Con base en los resultados de esta indagación, se proponen medidas encaminadas a un mejoramiento de su sistema de justicia administrativa para contribuir al incremento de su legitimidad. Para este efecto, a partir de la comprensión de las características del diseño institucional de la justicia administrativa colombiana, descritas en la primera parte, se realizó un estudio empírico empleando la técnica de la entrevista, mediante la aplicación de un cuestionario estructurado de dieciséis preguntas que se derivan de un cuestionamiento que las engloba: ¿las reglas constitucionales y legales que establecen y garantizan la independencia de la justicia administrativa en Colombia propician su funcionamiento efectivo?, el cual fue aplicado a diecisiete actores clave del sistema colombiano de justicia administrativa y cuyos resultados se presentan en la segunda parte del texto.Adicionalmente, con el fin de contar con elementos de juicio adicionales para la identificación de propuestas de mejora del sistema indagado, se incluyó una descripción del modelo de justicia francés. Dado que este modelo ha sido un referente permanente de sus instituciones homólogas en Colombia. Finalmente, se realizó una revisión de otras experiencias, atendiendo trabajos de investigación e informes de instituciones especializadas que han abordado esta temática en diferentes latitudes, de manera que estas fuentes secundarias de información sirvieron para complementar de manera propositiva los hallazgos del trabajo de campo realizado.

Manuel Alberto Restrepo Medina

Natalia Soledad Aprile

Una mirada desde la percepción de su diseño institucional

Legitimidad de la justicia administrativa colombiana

La monografía que el lector tiene en sus manos aborda el estudio de la autorización judicial de entrada con el objeto principal de exponer de forma sistemática, ordenada y completa el régimen jurídico que disciplina esta institución. Con ello se vienen a paliar las deficiencias de que adolece el marco legislativo que regula la autorización judicial de entrada –parco, disperso y confuso en ocasiones–, y asimismo se cubre un vacío de la literatura administrativa, puesto que la doctrina sólo se ha ocupado de forma fragmentaria de esta figura jurídica. El trabajo, basado en la legislación y la doctrina, pero, en especial, en un exhaustivo análisis de la jurisprudencia más relevante y reciente en la materia, se estructura a través de tres ejes principales. De un lado, se estudian los ámbitos de la actuación administrativa en los que la autorización judicial de entrada es susceptible de tener encaje, y los criterios que ordenan su exigencia. De otro lado, se discurre sobre los bienes jurídicos que quedan protegidos por dicha autorización; a saber, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada. Y, junto a lo anterior, se examinan cuestiones de índole competencial, relativas a la determinación de la competencia objetiva, territorial y funcional; así como de índole procesal, tocantes al cauce por el que debe sustanciarse el despacho de la autorización en sede contencioso-administrativa, y a los criterios que el órgano judicial debe tener en cuenta para conceder o denegar la autorización de entrada. A modo conclusivo, la monografía incluye una propuesta de lege ferenda para la completa regulación de la autorización de entrada, con el fin de ofrecer respuestas a las principales cuestiones problemáticas que suscita la práctica judicial, y dotar de mayor sistematicidad y coherencia a esta institución jurídica.

Laura Salamero Teixidó

La autorización judicial de entrada en el marco de la actividad administrativa

Introducción. I. ¿A quién le corresponde delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en un Estado en que las normas concebidas para ello no son nada claras? II. La ficción de una jurisdicción de lo contencioso administrativo concebida para decidir en derecho administrativo, y la de limitación de su objeto a partir del reconocimiento de decisiones con fundamento en el derecho civil y comercial. III. Consideraciones finales. Biografía.&#13;&#13;En el pasado he manifestado, insistentemente, mi preocupación por la necesidad de delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en nuestro país. Ello ha tenido una motivación de doble vía: una conceptual y de comprensión institucional, y otra de perplejidad por el sinnúmero de dudas de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo.&#13; La razón de la primera tiene una altísima carga académica: vivir en un Estado con una rara configuración institucional de la rama judicial, donde en el contexto de una pluralidad de jurisdicciones se esboza desde hace casi ciento diez años una jurisdicción de lo contencioso administrativo poco común en el derecho comparado, con un indiscutible referente foráneo que le sirvió de impulso, pero, también, fruto de acontecimientos históricos propios y precisos, lo cual supone de manera bastante natural y con tintes de pretensiones lógicas, preguntarse por su esencia, naturaleza y razón de ser. Este enfoque necesariamente ha llevado a interrogarme en el pasado, de manera puntual, el porqué de su existencia.

Andres Fernando Ospina Garzón

Tomo II  El Contencioso Administrativo jurisdiccional. Volumen II: El contencioso administrativo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Horizontes del contencioso administrativo

La organización interna de los Estados

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