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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Derecho - Estado y Sociedad

José Alberto Magariños Yánez

Emilio Guichot Reina

La denuncia y la protección de las personas denunciantes

Análisis crítico de la Ley 2/2023 y perspectivas de futuro. III Premio Internacional de Investigación Instituto Clavero Arévalo

Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación

¿Residuos o recursos? Los residuos contienen recursos aprovechables, con más valor conforme van escaseando, y que la técnica permite recuperar a costes asumibles. Así, hemos de entender que muchas veces despilfarramos recursos cuando eliminamos residuos y que una adecuada gestión de estos permitiría recuperar esos recursos.&#13;
Hasta hace poco, la normativa sobre residuos ha tenido como fundamento único o principal el ambiental y sanitario. Y, consecuentemente, como objetivo de su gestión, la eliminación de la problemática que estos podrían conllevar para la salud o el medio ambiente. Pero los avances técnicos y los progresos del contexto estratégico y normativo, abierto a otras perspectivas y problemáticas, fundamentalmente concretadas en el paradigma de la economía circular, imponen un replanteamiento de esta normativa y del actual modelo de gestión de los residuos para lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos que desechamos. Este replanteamiento actual confronta con una normativa que arrastra otros fundamentos y que está basada en conceptos y categorías jurídicas configuradas en torno a dichos fundamentos. ¿Por qué no plantearnos entonces que, en tanto que una cosa pueda mantenerse dentro de un ciclo económico de vida, podemos tratarla como un producto o recurso de forma tal que evitemos que se convierta en residuo?&#13;
En este libro planteamos la opción de este cambio de perspectiva normativa, analizando las posibles disfunciones del modelo actual de gestión de residuos, y la posibilidad de entender esta gestión como una actividad de interés general económica sujeta a la regulación administrativa.

Jesús Conde Antequera

La gestión de residuos. Del servicio público a la regulación

Derecho aplicado a la función policial


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La formación en Derecho penal resulta esencial para la labor diaria de las Policías Locales. A diferencia de otros cuerpos de la Administración Pública, la Policía trabaja a pie de calle, en contacto directo e inmediato con los conflictos que pueden llegar a convertirse en procedimientos penales, como pueden ser peleas en la vía pública, violencia en el ámbito familiar, delitos contra la seguridad vial, delitos contra el patrimonio, desórdenes públicos, etc. Cada identificación, cacheo, detención o atestado tiene consecuencias jurídicas que, si no se ajustan a la Constitución y a la ley, pueden provocar la nulidad de las diligencias, la absolución de personas que sí cometieron un delito o, incluso, la depuración de responsabilidades del propio agente.

En ese contexto, el Derecho penal se estudia aquí como una herramienta de trabajo imprescindible: por un lado, es el instrumento más severo de control social (penas, medidas de seguridad); por otro, es un Derecho de garantías, que limita el poder punitivo del Estado mediante principios como legalidad, culpabilidad o proporcionalidad. La dogmática penal española, recogida en manuales de referencia como Derecho penal. Parte general de Mir Puig o Muñoz Conde, concibe el delito, de forma clásica, como una acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible; esta definición no es solo teórica: ofrece un esquema ordenado para valorar, paso a paso, si los hechos que un agente presencia o documenta son realmente delictivos y qué consecuencias pueden tener. 

La jurisprudencia reciente ofrece además criterios específicos de interés para la Policía Local: decisiones del Tribunal Supremo sobre la valoración del uso de la fuerza en intervenciones policiales, la existencia de un plus de antijuridicidad cuando el agente abusa de su posición, o sobre la diferencia entre dolo eventual e imprudencia consciente en delitos del tráfico y agresiones.  

Este manual, por tanto, no pretende convertir al Policía Local en penalista, sino proporcionarle un lenguaje común con jueces, fiscales y letrados, y las herramientas básicas para trabajar con mayor seguridad jurídica. Cada intervención policial es, en el fondo, un punto de contacto entre la realidad social y el sistema penal: cuanto mejor conozca el agente los conceptos básicos de Derecho penal, más eficaz y más garantista será su actuación al servicio de la comunidad.</p>


Derecho Aplicado a la función policial. Módulo I Derecho Penal (Parte General)

Mientras la medicina de hace un siglo atrás tenía pocas posibilidades de influir en el curso de las enfermedades y la muerte parecía un destino que debía aceptarse tal y como venía, actualmente existen innumerables tratamientos medicinales y técnicas para retrasar o modificar el curso natural de los acontecimientos. Por regla general y según una larga tradición, el medico se ha comprometido a mantener el bienestar del paciente que tiene a su cuidado y, por eso, debe abogar por la preservación de la vida. De ello, sin embargo, no se deriva que la asistencia medica tenga que cesar cuando este objetivo se vuelva imposible desde el punto de vista medico. En esta contribución, Michael Pawlik invita al lector a sumergirse en la discusión actual sobre la ayuda a morir y las características que debería tener para que no sea punible. Por ejemplo, Les necesario un sufrimiento irremediable que supere el interés por la vida? ¿El médico es garante? El autor explica que sucede a nivel jurídico-penal cuando, en lugar de la curación, el objetivo ahora es disminuir el sufrimiento del paciente enfermo. Pawlik se detiene en agudas reflexiones acerca de las distintas formas que puede adoptar la ayuda a morir y discute incluso la compatibilidad con el derecho vigente, por ejemplo, el telos del § 216 del Código Penal alemán y su relación con el paternalismo, todo ello sin dejar de hacer referencia a la praxis judicial. En definitiva, se trata de un texto fundamental de teoría penal sobre un tema de cada vez mayor relevancia en las sociedades modernas.

Michael Pawlik

María Lucila Tuñón

Importancia y alcance del principio de autonomía del paciente

Derecho de las personas mayores en el derecho penal.

Jorge Isaac Torres Manrique

Nuevos desafíos de la criminalidad en el ciberespacio

Derecho y sociedad

Manuel iturralde

Economía política del castigo en Colombia y Latinoamérica

Orden y Libertad

Administración Pública y Derecho

El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

César Cierco Seira

Hacia un desarrollo más completo de la intervención en la justicia administrativa

El codemandado en el proceso contencioso-administrativo

Este libro aborda una cuestión pendiente en el Derecho administrativo, como es la actuación administrativa sin procedimiento: Diariamente, la Administración lleva a cabo inspecciones; hace comparecer a los ciudadanos en dependencias públicas; les dirige requerimientos de información; los supervisores dirigen instrucciones a las empresas supervisadas; la policía obliga a que los ciudadanos se identifiquen o acudan a la comisaría e incluso emplea la fuerza con ellos; los servicios de protección civil requisan vehículos, y el personal sanitario prescribe medicamentos, tratamientos y decide sobre la derivación de los pacientes al especialista, por poner algunos ejemplos.&#13;Todas estas actuaciones administrativas sin procedimiento, y otras muchas, constituyen un problema para el Derecho administrativo, porque su teoría general y sus grandes leyes se han vertebrado en torno al procedimiento administrativo que concluye con la adopción de un acto, la aprobación de un reglamento o la adjudicación de un contrato, pero han desatendido ese otro actuar administrativo al que se dedica este trabajo y que tanta importancia ha cobrado en la actualidad. Como resultado de esta omisión, el Derecho administrativo no cuenta con categorías con las que explicar todas aquellas actuaciones, ni sus leyes prevén la posibilidad de que los ciudadanos puedan impugnarlas cuando discrepen de ellas, como sería exigible en un Estado de Derecho.&#13;Frente a esta situación, el presente estudio acude a la figura de la relación jurídica para ofrecer una sistematización de las actuaciones administrativas sin procedimiento, permitiendo así integrarlas en la teoría general del Derecho administrativo, conciliarlas con las exigencias constitucionales y, sobre todo, impugnarlas por aquellos ciudadanos que se vean afectados en sus derechos o intereses legítimos.

La denuncia y la protección de las personas denunciantes

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