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Varios

Rafael Gómez-Ferrer Rincón

Función constitucional del Tribunal Supremo y recurso de casación contencioso-administrativo.

Tomo I: Del recurso de nulidad (1812) al recurso de casación para la formación de jurisprudencia (2015)

La presente obra tiene por objeto principal el estudio y análisis del conjunto actual de propuestas de reforma de las instituciones, administraciones y políticas públicas de cara a una mejor cohesión territorial de España.&#13;Se trata de una obra colectiva en la que participan reconocidos académicos, profesores o técnicos de diversas universidades y partes del país; voces plurales, de diferentes disciplinas que se han aunado, bajo el impulso del Ministerio de Política Territorial, para proponer cambios concretos en el ámbito territorial destinados a mejorar y profundizar el modelo democrático y constitucional que nos dimos en 1978.

Gabriel Moreno González

Reformas para la cohesión territorial de España

Monografías jurídicas

La retribución de los administradores sociales es una pieza fundamental en el gobierno corporativo de las compañías capitalistas. Representa la compensación económica de la labor de gestión y representación y permite, al tiempo, canalizar la actividad de las sociedades hacia fines concretos. Las recientes modificaciones legislativas y algunos pronunciamientos judiciales han dotado a la institución de renovada actualidad. La reforma de la Ley 31/2014 abordó algunos de los debates doctrinales tradicionales y dio lugar a nuevas controversias. Las especialidades referidas a la política y al informe de remuneraciones en sede de sociedades cotizadas completan el complejo normativo.&#13;En la presente monografía, el autor lleva a cabo un estudio sistemático de los diferentes sistemas de retribución del catálogo legal y de los que se derivan de las amplias posibilidades de la autonomía estatutaria (art. 217.2 LSC). El desarrollo del régimen jurídico parte de un análisis general de los mecanismos de control de la retribución, que tiene en cuenta los elementos de transparencia, las competencias orgánicas en la materia y los criterios de adecuación. Tras ello, se da encaje legal a cada uno de los conceptos y sistemas remuneratorios atendiendo a sus respectivas singularidades.&#13;El tratamiento presenta mayores particularidades en aquellas fórmulas que cuentan con un régimen especial, esto es, las que consisten en una participación en beneficios y las que se encuentran vinculadas a la evolución de las acciones (arts. 218 y 219 LSC). Finalmente, se exploran las posibilidades de actuación frente a las compensaciones económicas que contravengan las reglas en la materia.

Miguel Gimeno Ribes

Régimen jurídico de los sistemas de retribución de los administradores sociales

Introducción. I. ¿A quién le corresponde delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en un Estado en que las normas concebidas para ello no son nada claras? II. La ficción de una jurisdicción de lo contencioso administrativo concebida para decidir en derecho administrativo, y la de limitación de su objeto a partir del reconocimiento de decisiones con fundamento en el derecho civil y comercial. III. Consideraciones finales. Biografía.&#13;&#13;En el pasado he manifestado, insistentemente, mi preocupación por la necesidad de delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en nuestro país. Ello ha tenido una motivación de doble vía: una conceptual y de comprensión institucional, y otra de perplejidad por el sinnúmero de dudas de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo.&#13; La razón de la primera tiene una altísima carga académica: vivir en un Estado con una rara configuración institucional de la rama judicial, donde en el contexto de una pluralidad de jurisdicciones se esboza desde hace casi ciento diez años una jurisdicción de lo contencioso administrativo poco común en el derecho comparado, con un indiscutible referente foráneo que le sirvió de impulso, pero, también, fruto de acontecimientos históricos propios y precisos, lo cual supone de manera bastante natural y con tintes de pretensiones lógicas, preguntarse por su esencia, naturaleza y razón de ser. Este enfoque necesariamente ha llevado a interrogarme en el pasado, de manera puntual, el porqué de su existencia.

Andres Fernando Ospina Garzón

Tomo II  El Contencioso Administrativo jurisdiccional. Volumen II: El contencioso administrativo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Horizontes del contencioso administrativo

"La pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de resistencia no solo sanitaria y social sino también para el Derecho. El trabajo que nos presenta Joan Ridao realiza un notable esfuerzo de análisis de ese Derecho de crisis y de su impacto en el Estado autonómico. Es un libro oportuno, sistemático y apegado a la actualidad cambiante. La gestión jurídica de las medidas necesarias para evitar la expansión del virus ha generado vivos debates más allá de los foros estrictamente académicos, sobre los pilares centrales de nuestro sistema jurídico: los derechos fundamentales, la distribución competencial o la separación de poderes. Estado de alarma o legislación sanitaria; estado de alarma en versión centralizadora o estado de alarma con cogobernanza; coordinación de medidas o diversidad en la gestión; ratificación judicial de medidas generales de naturaleza reglamentaria o de actos administrativos de aplicación de normas que afectan a derechos fundamentales; desdibujamiento del control parlamentario; vinculación autonómica a las actuaciones coordinadas; toque de queda y vacunación obligatoria autonómica sí o no; suspensión de elecciones o del derecho de sufragio sin previsión normativa; derecho a la salud o derechos fundamentales… La sucesión de polémicas jurídicas que ha acompañado a la gestión sanitaria de la pandemia ha sido incesante y las discrepancias doctrinales, políticas y jurisprudenciales han dibujado un panorama que parecería sugerir un déficit de desarrollo normativo o, cuando menos, de seguridad jurídica para afrontar un problema complejo.&#13;[…] El volumen estudia con detalle cómo se abordó jurídicamente la crisis sanitaria y el uso cambiante de instrumentos jurídicos para hacerle frente por parte del gobierno central y las comunidades autónomas. Ese repaso normativo y jurisprudencial permite apreciar la evolución que, en tan corto espacio de tiempo, experimenta la articulación jurídica de las medidas anti-covid lo que, en definitiva, también sirve para desdramatizar los debates jurídicos apuntados. Nuestro ordenamiento jurídico disponía de una caja de herramientas apta, aunque perfeccionable, para hacer frente a una pandemia desde la legislación sanitaria, pasando por la de protección civil -que muy pronto usaron varias CCAA-, hasta el Derecho de excepción que se deriva del art. 116 de la Constitución. Por eso, a nuestro juicio, la pregunta a la que da respuesta este necesario estudio no es tanto si la pandemia nos encontró desarbolados también jurídicamente, sino con cuáles de esos instrumentos se podía conseguir aunar mejor una gestión eficaz de la crisis con la menor lesión posible para los derechos fundamentales y el reparto competencial".&#13;Del prólogo de Alba Nogueira.

Joan Ridao

Del estado de alarma a la cogobernanza en la gestión de la COVID-19

Derecho de crisis y Estado autonómico

La segunda parte de esta obra esta orientada al examen de los tipos penales en particular, y de las disposiciones a traves de las cuales se efectua la integracion normativa, recurriendo a la evolucion legal del instituto, a los planteamientos doctrinarios, y a los desarrollos que ha efectuado nuestra jurisprudencia, permeadas por el imprescindible cedazo de la critica, cuando ello se hace necesario para fundamentar propuestas hermeneuticas. Tambien se hace referencia a la legislacion espanola, en cuanto muchas de las hipotesis delictivas, que consagra nuestro legislador, se han inspirado, de alguna manera en la referida codificacion, a efectos de que el lector pueda sacar sus propias conclusiones al efectuar los correspondientes cotejos y analisis. Debe destacarse que este segundo acpite, que bien podra denominarse la verdadera parte especial de los delitos contra la administracin pblica, no sigue necesariamente en el anlisis de las diferentes hiptesis delictivas en particular, los estrictos derroteros dogmticos de la estructura tpica en su componente objetivo sujetos, objeto, conducta, elementos normativos, descriptivos- y subjetivo -dolo, culpa, elementos subjetivos distintos del dolo-, no porque se desestimen, sino para evitar repeticiones que resultaran innecesarias y fatigosas, mxime cuando la parte primera, hace precisiones in extenso sobre estos temas. En consecuencia, entender el lector como en el examen de ciertos tipos penales, pareciere prescindirse de esta metodologa recurriendo en su lugar a sealar las caractersticas propias de las hiptesis delictivas, y en otros casos se desarrolla en su integridad, para destacar ante todo los aspectos problemticos de las particulares descripciones comportamentales, en el devenir jurisprudencial y doctrinal.

Cesar Augusto Otálvaro Sánchez

Parte segunda: Delitos en particular

Delitos contra la administración publica (Título XV)

Administración Pública y Derecho

La entrada en vigor de la Constitución española de 1978 inauguró -se ha dicho con frecuencia- un nuevo método para la construcción sistemática del Derecho administrativo. Las reglas y principios constitucionales sirvieron de armazón estructural sobre el que se elaboraron algunas magníficas exposiciones sistemáticas de la disciplina en aquella época, que hoy puede identificarse como la de la "constitucionalización" del Derecho administrativo. Desde los años ochenta del siglo pasado, una serie de fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos han modificado profundamente ese sistema. Los conceptos de globalización, internacionalización, europeización, privatización, sociedad del riesgo y revolución tecnológica identifican el origen de numerosos y fundamentales cambios en el Derecho administrativo, sin los que no puede explicarse el orden normativo que dirige la actuación de la Administración pública al comienzo de la tercera década del siglo xxi.&#13;El presente tratado se ofrece como un intento de construcción y exposición sistemática integrada de "lo viejo y lo nuevo" del Derecho administrativo, en un formato y con un propósito distinto al de espléndidas obras generales recientes, que ya dan buena cuenta de los elementos modernos del sistema, pero que están orientadas fundamentalmente a servir de apoyo a la tarea docente.&#13;Este primer volumen recoge las partes relativas a la introducción y a los fundamentos del Derecho administrativo general español. En la primera de ellas se encuentra una aproximación conceptual y tipológica a la Administración y al Derecho administrativo, una exposición de las bases históricas del Derecho administrativo y de su tratamiento académico, una reflexión acerca de los rasgos que lo caracterizan en el momento presente y dos contribuciones sobre metodología del Derecho administrativo. En la segunda parte se exploran las bases o fundamentos del Derecho administrativo procedentes del Derecho constitucional, internacional y europeo, prestando especial atención a sus implicaciones sobre la configuración del sistema de normas del Derecho administrativo, de un lado, y sobre el desarrollo de las relaciones entre el legislador, el juez y la Administración pública, de otro.&#13;En próximos volúmenes de esta obra se recogerán las materias correspondientes a las estructuras administrativas organizativas y procedimentales, las formas y los contenidos de la actuación administrativa, la información administrativa, así como el control de la Administración y los remedios para la tutela de los ciudadanos.

José María Rodríguez De Santiago

Gabriel Doménech Pascual

Luis Arroyo Jiménez

Volumen 1. Introducción. Fundamentos

Tratado de derecho administrativo

Ciencia Política

La Constitución de 1991 es el hito fundamental de la historia reciente de Colombia. La coyuntura de la época hacía necesario un nuevo modelo institucional, cuya configuración permitiera afrontar los nuevos desafíos y dar mayores márgenes de gobernabilidad. En este contexto, el nuevo texto constitucional brindó una respuesta adecuada al bloqueo del sistema político y a una sociedad más plural, progresista, democrática y liberal que la de 1886.&#13; El texto original estableció un acuerdo sobre lo fundamental dotado de unidad, coherencia y pluralidad, al ser producto de la concertación entre los distintos actores de la vida social. En sus páginas se estructuró un sistema amplio de derechos y un modelo&#13; de Estado sólido. Sin embargo, en sus más de 30 años de vigencia, ha sido sometida a numerosas reformas producto de la voluntad de los gobiernos de turno y de los legisladores. Tales modificaciones, han desdibujado el espíritu original del texto y lo han convertido en una colcha de retazos.&#13; Esta décima edición incluye las últimas reformas constitucionales,así como un amplio índice analítico de las instituciones que trata y regula la Constitución y de las expresiones y voces que hacen parte de ella. Sin pretensión mayor puede decirse que es el índice más completo que hasta ahora se ha hecho del ordenamiento superior.

Jaime Castro

Concordancias, referencias históricas, índice analítico

Constitución política de Colombia

La relevancia que, en la era de la globalización, adquieren los puertos de interés general resulta indiscutible para el crecimiento de la economía. No en vano, el comercio exterior español se desarrolla abrumadoramente a través de sus instalaciones. La incesante llegada y salida de buques con pasajeros y carga nos conecta con los principales destinos marítimos del mundo.&#13;Pero, aparte de la trascendencia general para la actividad económica de su flujo marítimo, vinculada a su no menos significativa relevancia social, los recintos portuarios constituyen, al mismo tiempo, una realidad compleja en la que se entremezclan una multiplicidad de actividades que giran en torno al mejor servicio del tráfico portuario. Conjunto de espacios y funciones que los convierten en uno de los ámbitos más desarrollados y estratégicos del territorio.&#13;El carácter poliédrico de los puertos con proyección exterior, como no podía ser de otra manera, tiene su reflejo en la presencia y atención que le prestan las distintas Administraciones públicas. Procedía pues, en buena lógica, abordar un estudio amplio que intentara iluminar cuáles son las principales notas de la vigente política portuaria de interés general; cómo se desarrollan las relaciones entre sus sujetos; y qué parámetros, en fin, condicionan y reflejan el momento presente y su proyección futura.

Manuel Estepa Montero

Análisis de la política pública sobre los puertos de interés general

En El medio de control de nulidad por inconstitucionalidad y el problema de su eficacia se analizan los principales puntos que originan su ineficacia, con previsiones históricas sobre su origen, una descripción de la normativa relevante y vigente y un recuento jurisprudencial sobre su evolución y sus matices más importantes. Así, se advierte su necesaria atención y corrección, al tiempo que se propende a que se reasuma la pretendida amplitud que se deriva del texto constitucional en torno a su objeto.&#13;La importancia de la nulidad por inconstitucionalidad resulta de que su existencia y eficacia redundan en la vigencia misma del control constitucional judicial, como consecuencia básica del principio de legalidad regente. De cuánto y cómo se aplique este medio de control dependerán las repercusiones directas que tenga en la actuación del Ejecutivo y que esta se ciña a los postulados de la Constitución vigente, con lo que se define, incontestablemente, a la buena administración.&#13;La obra que el lector tiene en sus manos, además de novedosa en cuanto a su objetivo y única dentro la literatura jurídica nacional, cuenta con la suficiencia investigativa necesaria para permitir una mirada juiciosa sobre la nulidad por inconstitucionalidad y la problemática relacionada con su ineficacia, a partir de la premisa de su indudable y mayúscula relevancia dentro de nuestro Estado de derecho.

Julio Fernando Ariza Granadillo

El medio de control de nulidad por inconstitucionalidad y el problema de su eficacia

Debates Constitucionales

Esther Seijas Villadangos

Sanidad y Constitución

Investigar para aprender, luego investigar para desaprender; investigar para enseñar e investigar, aún más, para enseñar a desaprender. Se trata de dudar de las verdades y vivir aferrado a la esperanza de que siempre puede haber una mejor respuesta frente a los desafíos modernos e, incluso, frente a las preguntas clásicas. Arar permanentemente la tierra, luchar contra la resistencia al cambio, contra la ortodoxia y los fundamentalismos y encontrar en el conocimiento la cura frente a los miedos y, en general, contra las fobias. Unir esfuerzos dentro del pluralismo y el debate. He aquí el espíritu que guía esta obra denominada Horizontes del contencioso administrativo, en la que participaron investigadores de la Universidad Externado de Colombia, de los departamentos de Derecho administrativo, Derecho constitucional, Derecho laboral, Derecho procesal y Derecho minero energético, así como destacados profesores de importantes universidades nacionales y extranjeras.&#13; La palabra "horizonte" tiene en su etimología una raíz griega que significa límites y es por ello que se cree que el horizonte significó, desde el principio, el sitio donde parecen unirse el mar y el cielo o el cielo y la tierra. Los horizontes serían el lugar lejano donde se encuentra el límite a la vista y se percibe la inmensidad; donde lo infinito parece finito y se vuelve palpable con un dedo. Ese es el espíritu de esta obra: recular, tomar distancia para ampliar el campo visual, el objeto de estudio. Observar sin prejuicios ni dogmas y extender la perspectiva. Buscar los horizontes significa, entonces, ir más allá, más lejos y más profundo.

Ándres Fernando Ospina Garzón

Tomo I

Teoría constitucional y derecho

En este libro se estudia el libre desarrollo de la personalidad, calificado en el artículo 10.1 de la Constitución española como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social. A diferencia de lo que ha sucedido con la dignidad humana, al libre desarrollo no se le ha dedicado tanta atención doctrinal, ni en lo que se refiere a su significado propio ni a su proyección sobre concretos derechos fundamentales.&#13;
&#13;
Aquí se abordan ambas cuestiones: en primer lugar, estudiamos el carácter principal del libre desarrollo de la personalidad, que impone una interpretación restrictiva de los límites que el legislador pueda establecer respecto de concretos derechos; veremos también que garantiza el respeto, por parte de los poderes públicos y de los particulares, a las decisiones de cada persona en lo que le afecten a ella, salvo que quepa invocar la protección de otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados y en la medida en que sea necesaria dicha protección; por último, de este principio cabe derivar la exigencia de comportamientos positivos por parte de los poderes públicos e, incluso, de sujetos privados cuando las intervenciones, prestaciones, cambios normativos... sean necesarios para asegurar la efectividad de derechos y libertades con una alta carga de autodeterminación personal.&#13;
&#13;
En segundo lugar, nos detenemos en concretos derechos fundamentales -desde la integridad física y moral hasta los derechos propios de las relaciones laborales, pasando por la libertad ideológica y religiosa; la intimidad, el honor y la propia imagen; la libertades de expresión e información, el derecho de asociación, el de participación en asuntos públicos y el derecho a la educación- para ver cómo incide el libre desarrollo de la personalidad en la interpretación de los enunciados normativos que configuran estos derechos y cómo condiciona la labor de desarrollo de los mismos que corresponde al legislador.

Miguel Ángel Presno Linera

Libre desarrollo de la personalidad y derechos fundamentales

Función constitucional del Tribunal Supremo y recurso de casación ...

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