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Luciano Parejo Alonso

La organización interna de los Estados

Guiseppe Franco Ferrari

Las actividades administrativas de fomento

La jurisprudencia del Consejo de Estado en materia contractual no ha sido muy estable, pues ha definido la caracterización de las diversas instituciones contractuales a partir de fallos puntuales sobre los cuales ha vuelto con posterioridad. Por su parte, el legislador suele reaccionar con más emotividad y premura que reflexión, amoldando la normatividad a las tendencias del momento, sin conciencia de la fragilidad y temporalidad de las nociones modificadas, que pronto son revaluadas por la misma jurisprudencia. La regulación positiva se apoya así, en ocasiones, en concepciones abandonadas. Lejos de ser un problema teórico abstracto, la inestabilidad tiene repercusiones prácticas enormes que dejan al operador jurídico, llámese Administración, proponente, contratista, órgano de control o juez, en gran incertidumbre sobre el régimen concreto que debe retener y aplicar. Temas como la subsanabilidad de las ofertas, el perfeccionamiento de los contratos, las autorizaciones constitucionales para contratar, los plazos de liquidación de los contratos, la nulidad de estos derivada de problemas de planeación, o el sentido de las restituciones mutuas fruto de la anulación de contratos ilustran a la vez la dificultad de retener ideas claras sobre ellos y las graves consecuencias de la incertidumbre conceptual.

Carlos Sebastián Barreto Cifuentes

José Luis Benavides

Iván Carvajal Sánchez

Sebastián Conrad

Freddy M. Cabarcas Gómez

Juan Carlos Expósito Vélez

Aida Patricia Hernández Silva

Mónica Liliana Ibagón Ibagón

Ernesto Matallana Camacho

Mónica Safar

Fallos referentes en contratación estatal

Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación

José Esteve Pardo

Servicios económicos de interés general y regulación de riesgos

Principios de Derecho regulatorio 3.ª ed.

Gaspar caballero

Un análisis jurídico de carácter general

Las entidades descentralizadas en el derecho administrativo

Allan R. Brewer-Carías

El procedimiento administrativo

La relevancia que, en la era de la globalización, adquieren los puertos de interés general resulta indiscutible para el crecimiento de la economía. No en vano, el comercio exterior español se desarrolla abrumadoramente a través de sus instalaciones. La incesante llegada y salida de buques con pasajeros y carga nos conecta con los principales destinos marítimos del mundo.&#13;Pero, aparte de la trascendencia general para la actividad económica de su flujo marítimo, vinculada a su no menos significativa relevancia social, los recintos portuarios constituyen, al mismo tiempo, una realidad compleja en la que se entremezclan una multiplicidad de actividades que giran en torno al mejor servicio del tráfico portuario. Conjunto de espacios y funciones que los convierten en uno de los ámbitos más desarrollados y estratégicos del territorio.&#13;El carácter poliédrico de los puertos con proyección exterior, como no podía ser de otra manera, tiene su reflejo en la presencia y atención que le prestan las distintas Administraciones públicas. Procedía pues, en buena lógica, abordar un estudio amplio que intentara iluminar cuáles son las principales notas de la vigente política portuaria de interés general; cómo se desarrollan las relaciones entre sus sujetos; y qué parámetros, en fin, condicionan y reflejan el momento presente y su proyección futura.

Manuel Estepa Montero

Análisis de la política pública sobre los puertos de interés general

Varios

La presente obra tiene por objeto principal el estudio y análisis del conjunto actual de propuestas de reforma de las instituciones, administraciones y políticas públicas de cara a una mejor cohesión territorial de España.&#13;Se trata de una obra colectiva en la que participan reconocidos académicos, profesores o técnicos de diversas universidades y partes del país; voces plurales, de diferentes disciplinas que se han aunado, bajo el impulso del Ministerio de Política Territorial, para proponer cambios concretos en el ámbito territorial destinados a mejorar y profundizar el modelo democrático y constitucional que nos dimos en 1978.

Gabriel Moreno González

Reformas para la cohesión territorial de España

Monografías jurídicas

La retribución de los administradores sociales es una pieza fundamental en el gobierno corporativo de las compañías capitalistas. Representa la compensación económica de la labor de gestión y representación y permite, al tiempo, canalizar la actividad de las sociedades hacia fines concretos. Las recientes modificaciones legislativas y algunos pronunciamientos judiciales han dotado a la institución de renovada actualidad. La reforma de la Ley 31/2014 abordó algunos de los debates doctrinales tradicionales y dio lugar a nuevas controversias. Las especialidades referidas a la política y al informe de remuneraciones en sede de sociedades cotizadas completan el complejo normativo.&#13;En la presente monografía, el autor lleva a cabo un estudio sistemático de los diferentes sistemas de retribución del catálogo legal y de los que se derivan de las amplias posibilidades de la autonomía estatutaria (art. 217.2 LSC). El desarrollo del régimen jurídico parte de un análisis general de los mecanismos de control de la retribución, que tiene en cuenta los elementos de transparencia, las competencias orgánicas en la materia y los criterios de adecuación. Tras ello, se da encaje legal a cada uno de los conceptos y sistemas remuneratorios atendiendo a sus respectivas singularidades.&#13;El tratamiento presenta mayores particularidades en aquellas fórmulas que cuentan con un régimen especial, esto es, las que consisten en una participación en beneficios y las que se encuentran vinculadas a la evolución de las acciones (arts. 218 y 219 LSC). Finalmente, se exploran las posibilidades de actuación frente a las compensaciones económicas que contravengan las reglas en la materia.

Miguel Gimeno Ribes

Régimen jurídico de los sistemas de retribución de los administradores sociales

Derecho - Estado y Sociedad

José Alberto Magariños Yánez

Emilio Guichot Reina

Análisis crítico de la Ley 2/2023 y perspectivas de futuro. III Premio Internacional de Investigación Instituto Clavero Arévalo

La denuncia y la protección de las personas denunciantes

Libardo Rodríguez

Carlos Mario Molina

El derecho público en Iberoamérica: evolución y expectativas. Tomo I

Administración Pública y Derecho

Este libro aborda una cuestión pendiente en el Derecho administrativo, como es la actuación administrativa sin procedimiento: Diariamente, la Administración lleva a cabo inspecciones; hace comparecer a los ciudadanos en dependencias públicas; les dirige requerimientos de información; los supervisores dirigen instrucciones a las empresas supervisadas; la policía obliga a que los ciudadanos se identifiquen o acudan a la comisaría e incluso emplea la fuerza con ellos; los servicios de protección civil requisan vehículos, y el personal sanitario prescribe medicamentos, tratamientos y decide sobre la derivación de los pacientes al especialista, por poner algunos ejemplos.&#13;Todas estas actuaciones administrativas sin procedimiento, y otras muchas, constituyen un problema para el Derecho administrativo, porque su teoría general y sus grandes leyes se han vertebrado en torno al procedimiento administrativo que concluye con la adopción de un acto, la aprobación de un reglamento o la adjudicación de un contrato, pero han desatendido ese otro actuar administrativo al que se dedica este trabajo y que tanta importancia ha cobrado en la actualidad. Como resultado de esta omisión, el Derecho administrativo no cuenta con categorías con las que explicar todas aquellas actuaciones, ni sus leyes prevén la posibilidad de que los ciudadanos puedan impugnarlas cuando discrepen de ellas, como sería exigible en un Estado de Derecho.&#13;Frente a esta situación, el presente estudio acude a la figura de la relación jurídica para ofrecer una sistematización de las actuaciones administrativas sin procedimiento, permitiendo así integrarlas en la teoría general del Derecho administrativo, conciliarlas con las exigencias constitucionales y, sobre todo, impugnarlas por aquellos ciudadanos que se vean afectados en sus derechos o intereses legítimos.

Jorge García-Andrade Gómez

Relaciones jurídicas en el Estado de Derecho

Las actuaciones administrativas sin procedimiento

La monografía que el lector tiene en sus manos aborda el estudio de la autorización judicial de entrada con el objeto principal de exponer de forma sistemática, ordenada y completa el régimen jurídico que disciplina esta institución. Con ello se vienen a paliar las deficiencias de que adolece el marco legislativo que regula la autorización judicial de entrada –parco, disperso y confuso en ocasiones–, y asimismo se cubre un vacío de la literatura administrativa, puesto que la doctrina sólo se ha ocupado de forma fragmentaria de esta figura jurídica. El trabajo, basado en la legislación y la doctrina, pero, en especial, en un exhaustivo análisis de la jurisprudencia más relevante y reciente en la materia, se estructura a través de tres ejes principales. De un lado, se estudian los ámbitos de la actuación administrativa en los que la autorización judicial de entrada es susceptible de tener encaje, y los criterios que ordenan su exigencia. De otro lado, se discurre sobre los bienes jurídicos que quedan protegidos por dicha autorización; a saber, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada. Y, junto a lo anterior, se examinan cuestiones de índole competencial, relativas a la determinación de la competencia objetiva, territorial y funcional; así como de índole procesal, tocantes al cauce por el que debe sustanciarse el despacho de la autorización en sede contencioso-administrativa, y a los criterios que el órgano judicial debe tener en cuenta para conceder o denegar la autorización de entrada. A modo conclusivo, la monografía incluye una propuesta de lege ferenda para la completa regulación de la autorización de entrada, con el fin de ofrecer respuestas a las principales cuestiones problemáticas que suscita la práctica judicial, y dotar de mayor sistematicidad y coherencia a esta institución jurídica.

Laura Salamero Teixidó

La autorización judicial de entrada en el marco de la actividad administrativa

La organización interna de los Estados

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