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Desafíos de la probática y del derecho probatorio

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

La prueba, como actividad en la que se pretende convencer al juez sobre la certeza de los hechos controvertidos, es siempre muy compleja. Por ello es fundamental dominar todos los aspectos del derecho probatorio, máxime cuando en ella radica el triunfo o fracaso de uno de los justiciables.&#13;&#13;Esta relevancia judicial de la actividad probatoria ha llevado al moderno constitucionalismo a prever en las Cartas Magnas un precepto dedicado al derecho a la prueba: ello sucede tanto en la Constitución española, con su art. 24.2, como con la más reciente de las constituciones latinoamericanas, la cubana, de 2019, con su art. 94.c). De esta forma, en ambos países, el derecho constitucional a la prueba exige una continua interpretación de la legalidad procesal acorde con el protagonismo que tiene este derecho.&#13;&#13;Esta obra de debate sobre el derecho probatorio es fruto del encuentro de diversos integrantes de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y de la mejor escuela procesalista cubana.

Diálogos hispano-cubanos

La prueba a debate

Proceso y Derecho

Jordi Nieva Fenoll

Renzo Cavani

La casación hoy, cien años después de Calamandrei

La presente obra busca plantear una filosofía del sistema penal, la cual descansa en el principio de imputación y a lo que hemos denominado la pragmática de la imputación penal. En esa inteligencia, y recurriendo a la legislación comparada, hemos explicado que la litis se fija cuando se formula imputación o se formaliza la investigación y no al cierre de la investigación cuando se plantea la acusación; ello por mandato legal y por la siguiente lógica del sistema: la afectación de la libertad personal mediante medidas cautelares o el dictado de decisiones jurisdiccionales de terminación o conclusión anticipada del proceso, exigen de una imputación formulada, a la que incluso la futura acusación, juicio y sentencia están vinculados, a saber, al cuadro fáctico imputado; ello, lo hemos explicado en el capítulo primero a través delo que hemos denominado modelo imputativo.&#13;&#13;Ahora bien, lo que se imputa es un cuadro fáctico y su perfeccionamiento no lo otorga la actual sobrevaloración de los testimonios, sino el recurso a las ciencias forenses (artículo 228° de la norma adjetiva mexicana, artículo 276° de la ley procesal panameña o el artículo 321.2° del Código procesal penal peruano, como ejemplos que la lectura forense, criminalístico y científico de los hechos es la exigencia legal y no una psicología del testimonio); a ello, nos dedicamos en los capítulos segundo y tercero, que por su importancia radica el centro de nuestro estudio. No obstante, el mencionado perfeccionamiento de los hechos nos debe conducir a la afirmación que una persona ha infringido un deber jurídico penal que actualiza tanto la afectación de un bien jurídico legalmente protegido así como un tipo penal; ello nos permite revisar las reglas de imputación objetiva y subjetiva, así como demás categorías de la teoría del delito, pero alejándonos de constructos como la semántica del Derecho penal, la cual no presenta una equivalente potencia con las ciencias forenses; y a ello nos hemos centrado en el capítulo cuarto. Sin embargo, el principio de imputación conlleva a analizar sus consecuencias, como la sanción, la reparación civil y las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, conforme lo desarrollado en el capítulo quinto. &#13;&#13;Finalmente, la imputación requiere de control judicial en audiencia, en razón a los efectos que en los derechos humanos del procesado va a generar, y a ello nos dedicamos en los capítulos sexto y sétimo, con especial referencia a la audiencia inicial regulada en codificaciones como la mexicana; en suma, la imputación es el puente que permite el diálogo entre el Derecho penal y el procesal penal, y a los que nos conducirá a una pragmática (no en su sentido semántico), sino forense, de la imputación.

Hesbert Benavente Chorres

La pragmática de la imputación penal


<p>
Este libro del profesor Alberto Blanco Uribe Quintero, es la segunda Edición de su libro sonre Estudios de derecho procesal tributario vivo, editado inicialmente en 2012, en el cual ha recogido todos sus estudios sobre el tema escritos en las últimos lustros.</p>


ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO VIVO, Segunda edición

David Alan Sklansky

Justicia y prueba en el derecho norteamericano

Germán Ortega Rivero

Diccionario del sistema penal acusatorio

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos

El objetivo de esta obra es presentar y analizar el concepto de cosa juzgada desde una perspectiva amplia que permita apreciar comparativamente a través de ella los modelos de proceso civil de las tradiciones jurídicas más relevantes del mundo occidental, a saber, aquella denominada derecho civil o derecho continental y aquella denominada derecho común -common la- o derecho anglosajón, tomando como muestras las regulaciones de Chile, España e Inglaterra respectivamente.&#13;&#13;Si partimos desde el supuesto de que la litigación sin un punto final deviene en caos para un sistema de justicia, y consecuencialmente para el Estado, aparece entonces de manifiesto la relevancia que las reglas de clausura del sistema toman una vez que se ha dictado una decisión por el órgano jurisdiccional respectivo. Así, la cosa juzgada -entendida en un sentido amplio- es un conjunto de reglas que atribuyen a la decisión judicial la característica distintiva de la impugnabilidad e inalterabilidad en el tiempo. Este efecto propio de los actos estatales realizados a través de sus tribunales de justicia presume de ser la única categoría de actos del Estado que no son modificables en el tiempo, siendo en consecuencia finales.&#13;&#13;Este trabajo sostiene que las reglas de la res judicata constituyen la fórmula de cierre del proceso civil, y que en consecuencia su estudio permite construir la fisonomía de todo el sistema civil de justicia desde atrás hacia adelante. Se trata, entonces, de apuntar a las consecuencias, del resultado de la decisión a la que se ha arribado en el proceso, pero no desde los efectos propios de la decisión, sino desde el efecto que impide que lo contenido en esa sentencia, y que el asunto ya ha sido resuelto, no pueda volver a ser discutido.&#13;&#13;La propuesta pretende entonces comparar modelos de proceso civil desde la res judicata, la imposibilidad de relitigación y la invariabilidad de las sentencias de sus tribunales que están presentes en ambos sistemas. Se tratará, por consiguiente, de comparar las cosas juzgadas y desentrañar si existe entre ellas coincidencias que permitan tender puentes entre dichos sistemas procesales civiles; o si por el contrario existen diferencias irreconciliables propias de tradiciones jurídicas disímiles que parten desde supuestos de justificación distintos para instituciones que, sin embargo, parecen tener un mismo objetivo.&#13;&#13;Lo anterior se tomará en perspectiva a una noción de proceso civil contemporánea, atendido los recientes y concomitantes procesos de reforma en los países estudiados, que pone a la justicia civil como un servicio estatal para la tutela judicial de los intereses de sus ciudadanos.&#13;&#13;Jesús Ezurmendia Álvarez es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado (Universidad de Chile, 2012). Máster en Derecho, con mención en Litigación y Resolución de Disputas (University College of London, 2016) y Doctor en Derecho por la Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (2021).

Desafíos de la probática y del derecho probatorio

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