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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Gesamtkatalog

Catalogue complet

Frederic Munné Catarina

Carlos De Miranda

José Luis Seoane Spiegelberg

Ignacio Santo Gargallo

Carmen Ortiz Rodríguez

Berta Pellicer Ortiz

Joan Picó Junoy

Óscar Fernández León

Antonio L. Manzanero

Juan Antonio Andino López

Cristina Vallejo Ros

Xavier Abel Lluch

Carme Adell Artiga

Elisabet Cerrato Guri

Roser Casanova Martí

Olga Arderiu Ripoll

Manuel Richard González

Tiziana Di Ciommo

Pablo Izquierdo Blanco

Rafael Orellana de Castro

Nuria Barcones Agustín

Jordi Muñoz-Sabaté i Carretero

Desafíos de la probática y del derecho probatorio

&amp;quote;La presente monografia constituye un estudio de naturaleza dogmatica acerca de la instruccion en la esfera penal. El objeto central de la obra radica en profundizar en los fundamentos teoricos de la referida institucion, trazando un repaso historico de las concepciones fundamentales sostenidas en relacion con el particular por la doctrina procesal espanola. Dicho analisis culmina con el establecimiento de una concepcion personal de la instruccion como proceso penal. Se trata de este modo de establecer, por un lado, un marco teorico integral de la categoria de la instruccion penal y, por otro, de perfilar un diseno de dicha institucion acorde con la realidad legislativa actualmente vigente en Espana al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.     A nivel de estructura, la obra aborda, en primer lugar, la cuestin relativa a la naturaleza jurdica de la instruccin penal, analizando las tesis administrativistas, jurisdiccionales y mixtas formuladas por la doctrina. Sobre dicha base se configura una concepcin personal fundada en el carcter eminentemente jurisdiccional de la institucin, fundamento de la teorizacin que en materia de instruccin penal se procede a llevar a cabo. Como eje central de la tesis sostenida en este punto se encuentra la categora de la imputacin (judicial). Partiendo del conjunto de premisas anteriores se procede al desarrollo de una concepcin partidaria de entender la instruccin como un proceso penal autnomo (y distinto del proceso decisorio), superando as la visin doctrinal mayoritaria favorable a concebirla como una mera fase existente en la primera instancia del proceso penal.&amp;quote;

Arantza Libano Beristain

(Reflexiones de lege lata y propuestas de lege ferenda)

Del sumario como fase a la instrucción como proceso penal

La procura es una profesión con una tradición de más de dos mil años, la cual, mostrando gran resiliencia, ha sabido adaptarse a todo tipo de cambio de condiciones y circunstancias, como las que han traído consigo la transformación tecnológica de la administración de justicia y la transformación digital de la sociedad. Durante dicho periodo ha convivido y compartido protagonismo con la abogacía, una convivencia que no siempre ha sido pacífica. El procurador de los tribunales es una figura, en gran medida, desconocida y, en mayor medida, aún, debatida y controvertida. Es a mediados del siglo XIX cuando esta profesión viene a consolidarse y a profesionalizarse. Dicha circunstancia ocurre en un contexto de debate acerca de la necesidad y pertinencia de regular la intervención de este profesional de manera obligatoria para la parte en todo tipo de procesos, debate que sigue vigente a día de hoy. En dicho contexto, la presente obra, dedicada íntegramente a la figura del procurador, no tiene otra finalidad que la de arrojar algo de luz sobre dicho debate, realizando un examen acerca de la necesidad de regular de manera preceptiva la intervención de dicho profesional. En las siguientes líneas, la procura será traída a juicio.

Francisco Javier Fernández Galarreta

La procura a juicio

En un caso real un Fiscal propone a la defensa aceptar ser culpable, cuando el cliente no lo es, pero a cambio de ello rebaja una pena inicial de 6 anos de prision a una multa de 1.200 euros.  Aceptaria jugar a la &amp;quote;ruleta rusa&amp;quote; procesal con la incerteza en el fallo o en cambio la oferta de este &amp;quote;suicidio procesal&amp;quote;?. Otro caso, una persona es solicitante de una adopcion internacional que lleva anos tramitando para la cual un antecedente penal implica, casi con seguridad, que le denieguen la misma, por no cumplir los requisitos de idoneidad en la adopcion y es acusado de un delito menor, por ejemplo alcoholemia, aceptaria una conformidad cuando los jueces ignoran los efectos de su sentencia penal en otros ordenes jurisdiccionales. Si llega al contencioso administrativo pasaran varios anos mas. Se produce un &amp;quote;suicidio procesal&amp;quote;. Los efectos que pueden tener un acto muchas veces puede tener en otros derechos como lo son en ambito civil, laboral, administrativo, etc... y que repercuten en la vida del afectado. Se produce cuando un investigado autoriza un acto, prueba o declaracion sin estar informado de todas sus consecuencias perjudiciales. Ese dano, por falta de conocimiento en el mismo sujeto o defensa, supone un verdadero suicidio procesal al considerarlo valido a los efectos del proceso por el mero y simple consentimiento formal. Es un error de consentimiento. El suicidio procesal va de eso y en este libro se muestran y plantean cuestiones que van mas alla del derecho y en todo caso en la vida real.

Antoni Pascual Cadena

Teoría del suicidio procesal

Administración Pública y Derecho

El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

César Cierco Seira

Hacia un desarrollo más completo de la intervención en la justicia administrativa

El codemandado en el proceso contencioso-administrativo

La administración de justicia será digital o no será. La pandemia del covid-19 ha vuelto a poner de manifiesto los males y miserias que aquejan a nuestro sistema judicial, que debe superar cuanto antes el debate acerca de la conveniencia de abrazar el avance tecnológico.&#13;&#13;La obra aborda en un ejercicio que compagina teoría y práctica, una cuestión de rabiosa actualidad y de necesidad indubitada como es la aplicación de los sistemas de IA para apoyar, en sentido afirmativo o negativo, la decisión judicial que adopta la prisión provisional, así como sus efectos para los derechos fundamentales en juego.&#13;&#13;Con tal fin, la primera parte de la obra se centra en hacer un diagnóstico revelador, un zum, de lo general a lo particular, analizando con un lenguaje atrevido y un estilo directo, cercano en ocasiones al ensayo, el alcance de la revolución digital y sus efectos sobre la Administración de Justicia y el proceso.&#13;&#13;La segunda parte del trabajo se centra en el análisis de los sistemas expertos de inteligencia artificial judicial de valoración de riesgos (IAJVR) como alternativa a los atávicos heurísticos o atajos intuitivos del juzgador, que hasta la fecha determinan la adopción de medidas cautelares limitativas de derechos, cuyo paradigma es sin lugar a duda la institución de la prisión provisional. Es en este ámbito en el que contar con sistemas de IAJVR puede ayudar a conjurar y objetivar el riesgo real que se pretende enervar con la imposición de tan singular medida.&#13;&#13;Por último, en la tercera parte el autor focaliza su atención en el empleo de los sistemas de IAJVR en el seno del proceso penal y la afectación que de ello puede derivarse sobre los derechos fundamentales en juego, tales como el derecho de defensa, el derecho al juez imparcial, la presunción de inocencia, la dignidad humana, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos o el principio de publicidad procesal, incluyendo propuestas de factis ferenda sobre quién y cómo debe controlar al algoritmo.

Pere Simón Castellano

La alternativa a los atávicos heurísticos judiciales

Justicia cautelar e inteligencia artificial

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

Proceso y Derecho

Camilo Alberto Quintero Jiménez

Entre verdades y mitos

Fase intermedia y control de los actos acusatorios en el proceso penal

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos

&amp;quote;Los primeros veinte anos de aplicacion de la compleja regulacion de la prueba pericial han planteado infinidad de problemas practicos de todo tipo en los tribunales.   Esta monografa los analiza crticamente y formula soluciones eficaces para resolverlos, as como presenta casi un centenar de propuestas articuladas de mejora normativa. Y ello lo hace de la mano de los verdaderos especialistas de la prueba pericial: desde la visin judicial con los estudios del Magistrado de la Sala 1 del Tribunal Supremo, Jos Luis Seoane Spiegelberg, y de las magistradas Carmen Ortiz Rodrguez y Rosa M Mndez Toms, ambas profesoras ordinarias de la Escuela Judicial del CGPJ; desde la perspectiva cientfica con trabajos de los acadmicos que han dedicado sus tesis doctorales a esta prueba, como los estudios de Pedro M. Garcianda Gonzlez, Ignacio Flores Prada, Carmen Vzquez, Eva Isabel Sanjurjo Ros y Rafael de Orellana Castro; y desde la experiencia del derecho comparado con las aportaciones de expertos en Evidence Law de EEUU, Japn, Alemania, Italia y Brasil. De igual modo, incorpora numerosos estudios que abordan cuestiones problemticas concretas de la prueba pericial, tales como la provisin de fondos y honorarios de los peritos, la tica de los expertos judiciales, la prueba pericial cientfica y digital, las tachas de peritos, etc.   En definitiva, se trata de un libro escrito por autnticos especialistas de la prueba pericial, tanto del mundo acadmico, judicial y profesional -nacional e internacional-, que ofrece propuestas razonadas de mejora de nuestro derecho probatorio.&amp;quote;

Joan Picó i Junoy

Propuesta de lege ferenda

La prueba pericial a examen

La presente monografía conmemora el cuarenta aniversario de JUSTICIA, la revista de derecho procesal más antigua que se edita en España, en la que se han publicado 1.033 estudios de 370 juristas.&#13;&#13;JUSTICIA ha visto crecer diversas generaciones de procesalistas españoles, por lo que ha sido testigo de la evolución del derecho procesal. En este libro se constata este proceso evolutivo tanto en las materias que son objeto de estudio como de los autores que publican sus investigaciones.&#13;&#13;En esta obra se publica un índice de autores y otro sistemático de materias publicadas en JUSTICIA durante sus cuarenta años de vida. Y, de igual modo, se reproducen 25 estudios representativos publicados hasta 2000 (por orden alfabético de autores). El objetivo de esta recopilación es facilitar el rápido acceso a estudios de JUSTICIA que no pueden conseguirse de manera digitalizada en las bases de datos, esto es, los anteriores al siglo XXI. Y de éstos, se han elegido estudios generales referentes a la eficacia de la justicia, los principios y garantías constitucionales del proceso y aquellos que constituyen punto de referencia ineludible en la materia.

40 años de historia.

La evolución del Derecho Procesal a la luz de JUSTICIA.

Análisis de la prueba judicial

La contratacion bancaria ha sido una de las materias juridicas que mayor numero de modificaciones ha sufrido en los ultimos anos, originando una situacion de inseguridad juridica tanto en el justiciable como en los operadores juridicos.   La presente monografa tiene dos objetivos. En primer lugar, analizar cmo se regulan normativamente las clusulas abusivas en la Ley 5/2019,de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crdito inmobiliario, y, en segundo lugar, examinar la reciente jurisprudencia comunitaria e interna, en relacin a la interpretacin y aplicacin de las clusulas abusivas, y cmo esta incide en el mbito sustantivo y procesal.   Asimismo, debido a la especial importancia del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econmico y social del covid-19 y del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el mbito social y econmico para hacer frente al covid-19, ambos textos normativos, dictados durante el estado de alarma, se analiza la posibilidad de solicitar y conceder la moratoria respecto del pago de las obligaciones econmicas derivadas de los contratos de prstamo, en especial, los hipotecarios.

Federico Adan Domenech

en la ley de crédito inmobiliario y en la jurisprudencia del TS y TJUE

El fin de las cláusulas abusivas hipotecarias

Desafíos de la probática y del derecho probatorio

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