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Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

Osvaldo A. Gozaíni

La actualidad de Giuseppe Chiovenda o replanteo de la teoría

Nuevos principios procesales

Germán Ortega Rivero

Diccionario del sistema penal acusatorio

Si preguntamos qué es la Presunción de Inocencia, la mayoría de la gente dirá que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario", una entelequia normativa que el pueblo llano no comprende y que, además, resulta de todo punto ilógica. El Tribunal Constitucional ha señalado que nos hallamos frente a una regla de trato que opera tanto en instrucción como en fase de juicio oral. A su vez, la privación provisional de libertad también se configura como una suerte de batalla de presunciones entre la de Inocencia y las contenidas en la LECrim que se refieren a los fines inherentes a la prisión preventiva, a partir de una presunción de culpabilidad que legitima su determinación en base a los eventuales peligros de huida, de alteración de pruebas o de reincidencia. Así, pues, se evalúan hechos futuros, que encierran un juicio de probabilidad e incerteza, y que funcionan como una verdadera prueba legal negativa.&#13;&#13;La prueba de hechos negativos es la llamada prueba diabólica, un concepto residual que solamente es mencionado a través de referencias y siempre con alusión a la carga de la prueba. Su objeto (los hechos negativos), su proceso lógico (la inferencia) y su conclusión (la carga de la prueba) merecen todo el respeto atendiendo a su relevancia en la estrategia procesal tanto para la defensa como para la acusación. Aunque, sin embargo, su importancia en el Derecho Penal práctico aún no ha sido puesta de manifiesto.&#13;&#13;El presente estudio analiza los llamados procesos de inferencia de los indicios de criminalidad, con el objetivo de vislumbrar su falta de lógica desde el punto de vista del razonamiento, de la verificación y de la motivación. Y ello por cuanto los jueces, en su exégesis, se remiten a la Ley y a la jurisprudencia constitucional en vez de a los hechos objeto de autos. Así, se les ha arrebatado la técnica del razonamiento, y con ello la posibilidad de impugnación y control, lo que supone una usurpación inadmisible de sus funciones. De esta forma, la Presunción de Inocencia parece más bien "un robo que un regalo", pues al examinarse los fines que justifican la prisión preventiva como hechos negativos que son y que, por lo tanto, aún no existen, se está construyendo una verdadera "Probatio diavolica" que no puede ser aceptada en modo alguno.

Antoni Pascual Cadena

Entelequia normativa y prisión preventiva

La prueba diabólica penal

Filosofía y Derecho

Rafael Hernández Marín

Teoría general de las decisiones judiciales

La presente obra busca plantear una filosofía del sistema penal, la cual descansa en el principio de imputación y a lo que hemos denominado la pragmática de la imputación penal. En esa inteligencia, y recurriendo a la legislación comparada, hemos explicado que la litis se fija cuando se formula imputación o se formaliza la investigación y no al cierre de la investigación cuando se plantea la acusación; ello por mandato legal y por la siguiente lógica del sistema: la afectación de la libertad personal mediante medidas cautelares o el dictado de decisiones jurisdiccionales de terminación o conclusión anticipada del proceso, exigen de una imputación formulada, a la que incluso la futura acusación, juicio y sentencia están vinculados, a saber, al cuadro fáctico imputado; ello, lo hemos explicado en el capítulo primero a través delo que hemos denominado modelo imputativo.&#13;&#13;Ahora bien, lo que se imputa es un cuadro fáctico y su perfeccionamiento no lo otorga la actual sobrevaloración de los testimonios, sino el recurso a las ciencias forenses (artículo 228° de la norma adjetiva mexicana, artículo 276° de la ley procesal panameña o el artículo 321.2° del Código procesal penal peruano, como ejemplos que la lectura forense, criminalístico y científico de los hechos es la exigencia legal y no una psicología del testimonio); a ello, nos dedicamos en los capítulos segundo y tercero, que por su importancia radica el centro de nuestro estudio. No obstante, el mencionado perfeccionamiento de los hechos nos debe conducir a la afirmación que una persona ha infringido un deber jurídico penal que actualiza tanto la afectación de un bien jurídico legalmente protegido así como un tipo penal; ello nos permite revisar las reglas de imputación objetiva y subjetiva, así como demás categorías de la teoría del delito, pero alejándonos de constructos como la semántica del Derecho penal, la cual no presenta una equivalente potencia con las ciencias forenses; y a ello nos hemos centrado en el capítulo cuarto. Sin embargo, el principio de imputación conlleva a analizar sus consecuencias, como la sanción, la reparación civil y las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, conforme lo desarrollado en el capítulo quinto. &#13;&#13;Finalmente, la imputación requiere de control judicial en audiencia, en razón a los efectos que en los derechos humanos del procesado va a generar, y a ello nos dedicamos en los capítulos sexto y sétimo, con especial referencia a la audiencia inicial regulada en codificaciones como la mexicana; en suma, la imputación es el puente que permite el diálogo entre el Derecho penal y el procesal penal, y a los que nos conducirá a una pragmática (no en su sentido semántico), sino forense, de la imputación.

Hesbert Benavente Chorres

La pragmática de la imputación penal

Joan Picó i Junoy

Nuevos retos del Derecho Probatorio

Álvaro Pérez

Conducción, gestión y gerenciamiento del proceso civil

Jordi Ferrer Beltrán

Estándares de prueba y debido proceso

Prueba sin convicción 2.ª ed.

Varios

¿Es válido un contrato por el que las partes se obligan a no ejercitar determinadas acciones judiciales? ¿Lo es un contrato por el que las partes se obligan a no proponer un documento como medio de prueba? ¿Y un contrato por el que las partes se obligan a no recurrir una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Cuál es realmente el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tendría su incumplimiento?&#13;Todos estos contratos tienen un elemento en común: en todos ellos la prestación debida la constituye un comportamiento procesal con trascendencia constitucional. A través de estos contratos las partes se obligan a hacer o no hacer un acto por el que se ejercita alguno de los derechos que integran el derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a usar los medios de prueba pertinentes, el derecho de acceso a los recursos, el derecho a la tutela cautelar o el derecho a la ejecución. Se puede decir, por ello, que son contratos procesales que comportan una disposición contractual del art. 24 CE.&#13;Esta obra estudia en profundidad este tipo de negocios procesales. En la primera parte se analiza la relación entre la autonomía de la voluntad y el derecho a la tutela judicial efectiva. En la segunda parte se desarrolla una teoría general del negocio procesal y en la tercera se examinan contratos procesales específicos. Se aspira, de este modo, a identificar los elementos necesarios para poder fijar su objeto, sus criterios de validez y su eficacia procesal y material.

Guillermo José Schumann Barragán

Derecho a la tutela judicial efectiva y autonomía de la voluntad: los contratos procesales

Kai Ambos

Procedimiento de la ley de justicia y paz ley 975 de 2005 y derecho penal internacional


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Este libro, editado por el profesor Allan R. Brewer-Carías, y publicado por la Firma de Abogados Baumeister &amp; Brewer y la Editorial Jurídica venezolana, es la primera compilación de la Obra Jurídica del Profesor Alberto Baumeister Toledo , en la cual se han  incluido 60 estudios de su autoría, que se han agrupado en las materias fundamentales sobre las cuales escribió: (i) derecho constitucional, en los cuales estudió los aportes más relevantes de la nueva Constitución de 1999 en materia de tutela judicial, procedimiento y procesos, interpretación constitucional, defensoría y justicia; (ii) derecho procesal, en los cuales estudió el fin del proceso y la prueba, el traslado de pruebas, la oralidad en los procesos, nuevas tendencias del derecho procesal, el juicio de rendición de cuentas, el juicio ejecutivo, la hipoteca judicial, y los nuevos procedimientos en materia laboral, en materia de protección del niño y adolescente, de violencia contra la mujer, en materia marítima y en materia agraria; (iii)  derecho de familia, con un estudio sobre el divorcio en derecho venezolano; (iv) derecho de arbitraje, en los cuales estudió diversos tema con ocasión de la promulgación de la ley de arbitraje comercial; (v) derecho de seguros, en los cuales estudió las nuevas instituciones en la materia, los reaseguros financieros, el seguro de crédito, la mutualidad empresarial para la prestación de seguro, el régimen de los reaseguros, la actividad aseguradora y los ilícitos cambiarios, sobre la reforma de la ley en especial sobre el contrato de seguro, y seguros marítimos; (vi) derecho de propiedad, con estudios sobre la multipropiedad y de tiempo compartido, propiedad horizontal, tercerización y el régimen de la ley de tierras; (vii) derecho mercantil, con estudios sobre sociedades anónimas, la insolvencia y el sistema concursal, la disolución y liquidación de sociedades y los convenios entre deudores en el proceso concursal; (viii) derecho tributario, con un estudio sobre el impuesto sobre tierras ociosas y otro sobre el pago de tributos por terceros; y (ix) derecho administrativo, en el cual estudio el régimen contencioso administrativo de los actos cumplidos en ejecución de la actividad agroalimentaria.</p>


OBRA JURÍDICA DEL PROFESOR ALBERTO BAUMEISTER TOLEDO

La expedición del Código General del Proceso y el nuevo estatuto arbitral nacional e internacional generaron profundos cambios en la legislación procesal civil y el modelo de enjuiciamiento en Colombia. A partir de este contexto, Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el Proceso Arbitral en Colombia estudia la naturaleza del proceso arbitral, analiza la aplicabilidad del Código General del Proceso al trámite especial y examina en detalle determinadas instituciones procesales, tales como la jurisdicción, la conciliación extrajudicial, la demanda, la integración de las partes, entre otras. &#13; &#13;Esta obra es producto de una investigación que involucró a jueces y árbitros, a quienes se consultó sobre la aplicabilidad de las normas que regulan la sustanciación y ritualidad de los juicios. En sus páginas se presentan conclusiones bajo una metodología que reflejó un enfoque cualitativo y, al mismo tiempo, de investigación social. Como lo señala Nattan Nisimblat en el prólogo, "un trabajo como este solo tiene vocación dies a quo, "desde este día", por lo que su presentación y lectura solo podrán, en gerundio, realizarse como lo que en suma es, algo que apenas se está construyendo".

Cindy Charlotte Reyes Sinisterra

María del Socorro Rueda Fonseca

Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

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