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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

Filosofía y Derecho

Jordi Ferrer Beltrán

Estándares de prueba y debido proceso

Prueba sin convicción 2.ª ed.

Varios

¿Es válido un contrato por el que las partes se obligan a no ejercitar determinadas acciones judiciales? ¿Lo es un contrato por el que las partes se obligan a no proponer un documento como medio de prueba? ¿Y un contrato por el que las partes se obligan a no recurrir una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Cuál es realmente el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tendría su incumplimiento?&#13;Todos estos contratos tienen un elemento en común: en todos ellos la prestación debida la constituye un comportamiento procesal con trascendencia constitucional. A través de estos contratos las partes se obligan a hacer o no hacer un acto por el que se ejercita alguno de los derechos que integran el derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a usar los medios de prueba pertinentes, el derecho de acceso a los recursos, el derecho a la tutela cautelar o el derecho a la ejecución. Se puede decir, por ello, que son contratos procesales que comportan una disposición contractual del art. 24 CE.&#13;Esta obra estudia en profundidad este tipo de negocios procesales. En la primera parte se analiza la relación entre la autonomía de la voluntad y el derecho a la tutela judicial efectiva. En la segunda parte se desarrolla una teoría general del negocio procesal y en la tercera se examinan contratos procesales específicos. Se aspira, de este modo, a identificar los elementos necesarios para poder fijar su objeto, sus criterios de validez y su eficacia procesal y material.

Guillermo José Schumann Barragán

Derecho a la tutela judicial efectiva y autonomía de la voluntad: los contratos procesales

La procura es una profesión con una tradición de más de dos mil años, la cual, mostrando gran resiliencia, ha sabido adaptarse a todo tipo de cambio de condiciones y circunstancias, como las que han traído consigo la transformación tecnológica de la administración de justicia y la transformación digital de la sociedad. Durante dicho periodo ha convivido y compartido protagonismo con la abogacía, una convivencia que no siempre ha sido pacífica. El procurador de los tribunales es una figura, en gran medida, desconocida y, en mayor medida, aún, debatida y controvertida. Es a mediados del siglo XIX cuando esta profesión viene a consolidarse y a profesionalizarse. Dicha circunstancia ocurre en un contexto de debate acerca de la necesidad y pertinencia de regular la intervención de este profesional de manera obligatoria para la parte en todo tipo de procesos, debate que sigue vigente a día de hoy. En dicho contexto, la presente obra, dedicada íntegramente a la figura del procurador, no tiene otra finalidad que la de arrojar algo de luz sobre dicho debate, realizando un examen acerca de la necesidad de regular de manera preceptiva la intervención de dicho profesional. En las siguientes líneas, la procura será traída a juicio.

Francisco Javier Fernández Galarreta

La procura a juicio

María de los Ángeles González Coulon

Desafíos de la rendición de los medios de prueba en el proceso y su valoración

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

Juan Antonio Andino López

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

En un caso real un Fiscal propone a la defensa aceptar ser culpable, cuando el cliente no lo es, pero a cambio de ello rebaja una pena inicial de 6 anos de prision a una multa de 1.200 euros.  Aceptaria jugar a la &amp;quote;ruleta rusa&amp;quote; procesal con la incerteza en el fallo o en cambio la oferta de este &amp;quote;suicidio procesal&amp;quote;?. Otro caso, una persona es solicitante de una adopcion internacional que lleva anos tramitando para la cual un antecedente penal implica, casi con seguridad, que le denieguen la misma, por no cumplir los requisitos de idoneidad en la adopcion y es acusado de un delito menor, por ejemplo alcoholemia, aceptaria una conformidad cuando los jueces ignoran los efectos de su sentencia penal en otros ordenes jurisdiccionales. Si llega al contencioso administrativo pasaran varios anos mas. Se produce un &amp;quote;suicidio procesal&amp;quote;. Los efectos que pueden tener un acto muchas veces puede tener en otros derechos como lo son en ambito civil, laboral, administrativo, etc... y que repercuten en la vida del afectado. Se produce cuando un investigado autoriza un acto, prueba o declaracion sin estar informado de todas sus consecuencias perjudiciales. Ese dano, por falta de conocimiento en el mismo sujeto o defensa, supone un verdadero suicidio procesal al considerarlo valido a los efectos del proceso por el mero y simple consentimiento formal. Es un error de consentimiento. El suicidio procesal va de eso y en este libro se muestran y plantean cuestiones que van mas alla del derecho y en todo caso en la vida real.

Antoni Pascual Cadena

Teoría del suicidio procesal

Monografías jurídicas

Las temáticas centrales del Derecho procesal civil (acción, proceso, jurisdicción y garantías constitucionales) pueden ser examinadas desde una perspectiva de eficiencia sin dejar de lado la visión dogmática tradicional.&#13;Desde esa mirada, las instituciones procesales adquieren un nuevo cariz con una mayor preocupación por los costos que generan y por los eventuales incentivos que pueden producir en los litigantes y en el adjudicador estatal. Esto tiene repercusiones sistemáticas porque los gastos asociados a la Administración de Justicia normalmente son regresivos y sus beneficios no necesariamente son compartidos por todos.&#13;Así las cosas, la obra que se presenta pretende entregar una apreciación que complemente la dogmática y la eficiencia (económica), con miras a generar un debate que ha estado ausente tradicionalmente en los países del civil law. En este sentido, su proyección es amplia y no pretende ser reducida al estudio que las materias tratadas pudieran tener en un país determinado.&#13;El contenido del libro que se presenta viene a entregar elementos de análisis que son útiles y pertinentes en un mundo que cambia y enfrenta nuevas realidades y desafíos. En ese panorama es difícil que la ciencia jurídica y la economía no puedan trabajar en conjunto para mejorar nuestros procedimientos judiciales y el entendimiento del Derecho procesal civil.

Raúl Núñez Ojeda

Nicolás Carrasco Delgado

Una introducción al Análisis Económico del Derecho procesal civil

Derecho, proceso y economía

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos

Jurisprudencia

Saray Vanessa Barbosa Salgado

Protección de datos personales en tiempos del big data

La presente obra busca plantear una filosofía del sistema penal, la cual descansa en el principio de imputación y a lo que hemos denominado la pragmática de la imputación penal. En esa inteligencia, y recurriendo a la legislación comparada, hemos explicado que la litis se fija cuando se formula imputación o se formaliza la investigación y no al cierre de la investigación cuando se plantea la acusación; ello por mandato legal y por la siguiente lógica del sistema: la afectación de la libertad personal mediante medidas cautelares o el dictado de decisiones jurisdiccionales de terminación o conclusión anticipada del proceso, exigen de una imputación formulada, a la que incluso la futura acusación, juicio y sentencia están vinculados, a saber, al cuadro fáctico imputado; ello, lo hemos explicado en el capítulo primero a través delo que hemos denominado modelo imputativo.&#13;&#13;Ahora bien, lo que se imputa es un cuadro fáctico y su perfeccionamiento no lo otorga la actual sobrevaloración de los testimonios, sino el recurso a las ciencias forenses (artículo 228° de la norma adjetiva mexicana, artículo 276° de la ley procesal panameña o el artículo 321.2° del Código procesal penal peruano, como ejemplos que la lectura forense, criminalístico y científico de los hechos es la exigencia legal y no una psicología del testimonio); a ello, nos dedicamos en los capítulos segundo y tercero, que por su importancia radica el centro de nuestro estudio. No obstante, el mencionado perfeccionamiento de los hechos nos debe conducir a la afirmación que una persona ha infringido un deber jurídico penal que actualiza tanto la afectación de un bien jurídico legalmente protegido así como un tipo penal; ello nos permite revisar las reglas de imputación objetiva y subjetiva, así como demás categorías de la teoría del delito, pero alejándonos de constructos como la semántica del Derecho penal, la cual no presenta una equivalente potencia con las ciencias forenses; y a ello nos hemos centrado en el capítulo cuarto. Sin embargo, el principio de imputación conlleva a analizar sus consecuencias, como la sanción, la reparación civil y las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, conforme lo desarrollado en el capítulo quinto. &#13;&#13;Finalmente, la imputación requiere de control judicial en audiencia, en razón a los efectos que en los derechos humanos del procesado va a generar, y a ello nos dedicamos en los capítulos sexto y sétimo, con especial referencia a la audiencia inicial regulada en codificaciones como la mexicana; en suma, la imputación es el puente que permite el diálogo entre el Derecho penal y el procesal penal, y a los que nos conducirá a una pragmática (no en su sentido semántico), sino forense, de la imputación.

Hesbert Benavente Chorres

La pragmática de la imputación penal

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

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