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Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

La conducta procesal de las partes ha sido un tema de importancia fundamental en los estudios del Derecho procesal. Establecer cuál conducta es la adecuada dentro de un debate no es tarea fácil y los ordenamientos jurídicos, la doctrina y la jurisprudencia se preocupan por descubrir la línea divisoria que existe entre la conducta permitida y aquella que no lo es.&#13;&#13;El libro que el lector tiene en sus manos desarrolla este complejo tema, con propuestas de solución. Un análisis histórico y comparado permitirá entender los problemas que las normas sobre buena fe procesal, lealtad y probidad, cooperación procesal y/o abuso procesal, comportan, avanzando ideas para un mejor entendimiento, aplicación y – por qué no – posibles reformas de normas procesales.&#13;&#13;El lector se dará cuenta que la expresión que se utiliza para desarrollar el tema es "corrección procesal", con intenciones de redefinir el fenómeno de la conducta procesal de las partes. Según afirmamos: "…hacemos referencia a la expresión "corrección procesal" para describir el fenómeno de la conducta adecuada de los sujetos procesales, y que preferimos frente a otras expresiones como buena fe, moralidad procesal, cooperación procesal, lealtad y probidad, pues aquella –que consideramos no tiene cargas emotivas ni transplanta valoraciones axiológicas– nos parece una expresión neutra y adecuada para una redefinición, mientras que las últimas consideramos, generan perplejidades, tanto lingüísticas como pragmáticas".&#13;&#13;La identificación y aplicación de la moralidad/buena fe/abuso del derecho está condicionada por los contextos normativos de aplicación. En cuanto respecta al proceso - principio de corrección procesal – podemos encontrar pautas o variables necesarias para su empleo racional y coherente, en miras a la no afectación de derechos y garantías procesales de las partes, pero a su vez cuidando los recursos que insume el proceso, así como su eficacia y celeridad, o el respeto entre los sujetos procesales que debe prevalecer en este método que llamamos proceso, pero además no permitiendo que el instrumento que sirve para resolver conflictos intersubjetivos de intereses se emplee para causar daños injustos.&#13;&#13;Siguiendo el consejo de J. Mª MARTÍNEZ VAL "vivamos el pleito como lo que es: una batalla por un derecho concreto, en que las fintas distraen, pero no resuelven, vivámoslo con vigilancia a la forma y la más profunda atención al fondo y al objetivo final, que es lo que importa".

Jorge I González Carvajal

La conducta procesal de las partes

Filosofía y Derecho

Jordi Ferrer Beltrán

Estándares de prueba y debido proceso

Prueba sin convicción 2.ª ed.

Jurisprudencia

Saray Vanessa Barbosa Salgado

Protección de datos personales en tiempos del big data

El problema juridco que se plantea en este librotiene que ver con la relacion que existe entre, por una parte, la incorporacionde la carga dinamica de la prueba del proceso penal y, por otra, lorfundamentos normativos de tal proceso y los fundamentos teoricos de la carga dela prueba. En el se hace una clara apuesta por la incompatibilidad  que existe entre esa institucion y estosfundamentos y se evidencian multiples inconsistencias en los desarollosjurisprudenciales de aquella. Ademas, se asume una postura  propia en el marco de una estructuraorganica, metodologica y probatoria  delproceso penal y se explora su rendiemiento en ambitos como la teoria delprecedente judicial, la prueba de las causales de ausencia de laresponsabilidad y la teoria del derecho.

José Joaquín Urbano Martínez

Tesis doctorales Doctorado en Derecho n.º 17 / investigación

¿Dudar y condenar? El impacto de las cargas probatorias dinámicas en el sistema acusatorio colombiano.


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Este libro Estudios en Homenaje a José Gabriel Sarmiento Núñez, coordinado por Carlos J.  SARMIENTO SOSA y Ramón ESCOVAR LEÓN, es una recolección de estudios jurídicos referidos al Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Internacional Público, Derecho Procesal, Derecho Ambiental y otras áreas del Derecho, escritos por los siguientes profesores: Asdrúbal AGUIAR ARANGUREN; Álvaro BADELL MADRID; Rafael BADELL MADRID; Allan R. BREWER-CARIAS; Diego CASTAGNINO; Javier CREMADES; Román J. DUQUE CORREDOR; Nestor ECARRI ANGOLA; Ramón ESCOVAR LEÓN; Ramsis GHAZZAOUI; José Ignacio HERNÁNDEZ G.; Irma LOVERA DE SOLA; Rodrigo RIVERA MORALES; Hildegard RONDÓN DE SANSO; Gabriel RUAN SANTOS; Carlos J. SARMIENTO SOSA; Cecilia SOSA GÓMEZ; Jose Luis VAZQUEZ SOTELO, y Salvador YANUZZI. El libro a sido publicado por el Capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela, que instituyó la "Cátedra Interacadémica Internacional de Derecho Procesal y Constitucional Dr. José Gabriel SARMIENTO NÚÑEZ," quien fue un destacado jurista venezolano, Magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Consejo de la Judicatura, Presidente de la Asociación Interamericana de Abogados, Presidente del Colegio de Abogados del Distrito Federal y Presidente del Colegio de Abogados del Distrito Federal, cargos que ocupó en el marco del Estado de Derecho regulado por la Constitución de 1961.</p>


Estudios En Homenaje a José Gabriel Sarmiento Núñez

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

Juan Antonio Andino López

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

Varios

¿Es válido un contrato por el que las partes se obligan a no ejercitar determinadas acciones judiciales? ¿Lo es un contrato por el que las partes se obligan a no proponer un documento como medio de prueba? ¿Y un contrato por el que las partes se obligan a no recurrir una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Cuál es realmente el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tendría su incumplimiento?&#13;Todos estos contratos tienen un elemento en común: en todos ellos la prestación debida la constituye un comportamiento procesal con trascendencia constitucional. A través de estos contratos las partes se obligan a hacer o no hacer un acto por el que se ejercita alguno de los derechos que integran el derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a usar los medios de prueba pertinentes, el derecho de acceso a los recursos, el derecho a la tutela cautelar o el derecho a la ejecución. Se puede decir, por ello, que son contratos procesales que comportan una disposición contractual del art. 24 CE.&#13;Esta obra estudia en profundidad este tipo de negocios procesales. En la primera parte se analiza la relación entre la autonomía de la voluntad y el derecho a la tutela judicial efectiva. En la segunda parte se desarrolla una teoría general del negocio procesal y en la tercera se examinan contratos procesales específicos. Se aspira, de este modo, a identificar los elementos necesarios para poder fijar su objeto, sus criterios de validez y su eficacia procesal y material.

Guillermo José Schumann Barragán

Derecho a la tutela judicial efectiva y autonomía de la voluntad: los contratos procesales

Jesús Enrique Archila Guío

Henry Torres Vásquez

Principio de oportunidad y política criminal sistémica

La expedición del Código General del Proceso y el nuevo estatuto arbitral nacional e internacional generaron profundos cambios en la legislación procesal civil y el modelo de enjuiciamiento en Colombia. A partir de este contexto, Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el Proceso Arbitral en Colombia estudia la naturaleza del proceso arbitral, analiza la aplicabilidad del Código General del Proceso al trámite especial y examina en detalle determinadas instituciones procesales, tales como la jurisdicción, la conciliación extrajudicial, la demanda, la integración de las partes, entre otras. &#13; &#13;Esta obra es producto de una investigación que involucró a jueces y árbitros, a quienes se consultó sobre la aplicabilidad de las normas que regulan la sustanciación y ritualidad de los juicios. En sus páginas se presentan conclusiones bajo una metodología que reflejó un enfoque cualitativo y, al mismo tiempo, de investigación social. Como lo señala Nattan Nisimblat en el prólogo, "un trabajo como este solo tiene vocación dies a quo, "desde este día", por lo que su presentación y lectura solo podrán, en gerundio, realizarse como lo que en suma es, algo que apenas se está construyendo".

Cindy Charlotte Reyes Sinisterra

María del Socorro Rueda Fonseca

Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia

Frederic Munné Catarina

Carlos De Miranda

José Luis Seoane Spiegelberg

Ignacio Santo Gargallo

Carmen Ortiz Rodríguez

Berta Pellicer Ortiz

Joan Picó Junoy

Óscar Fernández León

Antonio L. Manzanero

Cristina Vallejo Ros

Xavier Abel Lluch

Carme Adell Artiga

Elisabet Cerrato Guri

Roser Casanova Martí

Olga Arderiu Ripoll

Manuel Richard González

Tiziana Di Ciommo

Pablo Izquierdo Blanco

Rafael Orellana de Castro

Nuria Barcones Agustín

Jordi Muñoz-Sabaté i Carretero

Desafíos de la probática y del derecho probatorio

La presente obra busca plantear una filosofía del sistema penal, la cual descansa en el principio de imputación y a lo que hemos denominado la pragmática de la imputación penal. En esa inteligencia, y recurriendo a la legislación comparada, hemos explicado que la litis se fija cuando se formula imputación o se formaliza la investigación y no al cierre de la investigación cuando se plantea la acusación; ello por mandato legal y por la siguiente lógica del sistema: la afectación de la libertad personal mediante medidas cautelares o el dictado de decisiones jurisdiccionales de terminación o conclusión anticipada del proceso, exigen de una imputación formulada, a la que incluso la futura acusación, juicio y sentencia están vinculados, a saber, al cuadro fáctico imputado; ello, lo hemos explicado en el capítulo primero a través delo que hemos denominado modelo imputativo.&#13;&#13;Ahora bien, lo que se imputa es un cuadro fáctico y su perfeccionamiento no lo otorga la actual sobrevaloración de los testimonios, sino el recurso a las ciencias forenses (artículo 228° de la norma adjetiva mexicana, artículo 276° de la ley procesal panameña o el artículo 321.2° del Código procesal penal peruano, como ejemplos que la lectura forense, criminalístico y científico de los hechos es la exigencia legal y no una psicología del testimonio); a ello, nos dedicamos en los capítulos segundo y tercero, que por su importancia radica el centro de nuestro estudio. No obstante, el mencionado perfeccionamiento de los hechos nos debe conducir a la afirmación que una persona ha infringido un deber jurídico penal que actualiza tanto la afectación de un bien jurídico legalmente protegido así como un tipo penal; ello nos permite revisar las reglas de imputación objetiva y subjetiva, así como demás categorías de la teoría del delito, pero alejándonos de constructos como la semántica del Derecho penal, la cual no presenta una equivalente potencia con las ciencias forenses; y a ello nos hemos centrado en el capítulo cuarto. Sin embargo, el principio de imputación conlleva a analizar sus consecuencias, como la sanción, la reparación civil y las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, conforme lo desarrollado en el capítulo quinto. &#13;&#13;Finalmente, la imputación requiere de control judicial en audiencia, en razón a los efectos que en los derechos humanos del procesado va a generar, y a ello nos dedicamos en los capítulos sexto y sétimo, con especial referencia a la audiencia inicial regulada en codificaciones como la mexicana; en suma, la imputación es el puente que permite el diálogo entre el Derecho penal y el procesal penal, y a los que nos conducirá a una pragmática (no en su sentido semántico), sino forense, de la imputación.

Hesbert Benavente Chorres

La pragmática de la imputación penal

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

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