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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

Si preguntamos qué es la Presunción de Inocencia, la mayoría de la gente dirá que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario", una entelequia normativa que el pueblo llano no comprende y que, además, resulta de todo punto ilógica. El Tribunal Constitucional ha señalado que nos hallamos frente a una regla de trato que opera tanto en instrucción como en fase de juicio oral. A su vez, la privación provisional de libertad también se configura como una suerte de batalla de presunciones entre la de Inocencia y las contenidas en la LECrim que se refieren a los fines inherentes a la prisión preventiva, a partir de una presunción de culpabilidad que legitima su determinación en base a los eventuales peligros de huida, de alteración de pruebas o de reincidencia. Así, pues, se evalúan hechos futuros, que encierran un juicio de probabilidad e incerteza, y que funcionan como una verdadera prueba legal negativa.&#13;&#13;La prueba de hechos negativos es la llamada prueba diabólica, un concepto residual que solamente es mencionado a través de referencias y siempre con alusión a la carga de la prueba. Su objeto (los hechos negativos), su proceso lógico (la inferencia) y su conclusión (la carga de la prueba) merecen todo el respeto atendiendo a su relevancia en la estrategia procesal tanto para la defensa como para la acusación. Aunque, sin embargo, su importancia en el Derecho Penal práctico aún no ha sido puesta de manifiesto.&#13;&#13;El presente estudio analiza los llamados procesos de inferencia de los indicios de criminalidad, con el objetivo de vislumbrar su falta de lógica desde el punto de vista del razonamiento, de la verificación y de la motivación. Y ello por cuanto los jueces, en su exégesis, se remiten a la Ley y a la jurisprudencia constitucional en vez de a los hechos objeto de autos. Así, se les ha arrebatado la técnica del razonamiento, y con ello la posibilidad de impugnación y control, lo que supone una usurpación inadmisible de sus funciones. De esta forma, la Presunción de Inocencia parece más bien "un robo que un regalo", pues al examinarse los fines que justifican la prisión preventiva como hechos negativos que son y que, por lo tanto, aún no existen, se está construyendo una verdadera "Probatio diavolica" que no puede ser aceptada en modo alguno.

Antoni Pascual Cadena

Entelequia normativa y prisión preventiva

La prueba diabólica penal

El objetivo de esta obra es presentar y analizar el concepto de cosa juzgada desde una perspectiva amplia que permita apreciar comparativamente a través de ella los modelos de proceso civil de las tradiciones jurídicas más relevantes del mundo occidental, a saber, aquella denominada derecho civil o derecho continental y aquella denominada derecho común -common la- o derecho anglosajón, tomando como muestras las regulaciones de Chile, España e Inglaterra respectivamente.&#13;&#13;Si partimos desde el supuesto de que la litigación sin un punto final deviene en caos para un sistema de justicia, y consecuencialmente para el Estado, aparece entonces de manifiesto la relevancia que las reglas de clausura del sistema toman una vez que se ha dictado una decisión por el órgano jurisdiccional respectivo. Así, la cosa juzgada -entendida en un sentido amplio- es un conjunto de reglas que atribuyen a la decisión judicial la característica distintiva de la impugnabilidad e inalterabilidad en el tiempo. Este efecto propio de los actos estatales realizados a través de sus tribunales de justicia presume de ser la única categoría de actos del Estado que no son modificables en el tiempo, siendo en consecuencia finales.&#13;&#13;Este trabajo sostiene que las reglas de la res judicata constituyen la fórmula de cierre del proceso civil, y que en consecuencia su estudio permite construir la fisonomía de todo el sistema civil de justicia desde atrás hacia adelante. Se trata, entonces, de apuntar a las consecuencias, del resultado de la decisión a la que se ha arribado en el proceso, pero no desde los efectos propios de la decisión, sino desde el efecto que impide que lo contenido en esa sentencia, y que el asunto ya ha sido resuelto, no pueda volver a ser discutido.&#13;&#13;La propuesta pretende entonces comparar modelos de proceso civil desde la res judicata, la imposibilidad de relitigación y la invariabilidad de las sentencias de sus tribunales que están presentes en ambos sistemas. Se tratará, por consiguiente, de comparar las cosas juzgadas y desentrañar si existe entre ellas coincidencias que permitan tender puentes entre dichos sistemas procesales civiles; o si por el contrario existen diferencias irreconciliables propias de tradiciones jurídicas disímiles que parten desde supuestos de justificación distintos para instituciones que, sin embargo, parecen tener un mismo objetivo.&#13;&#13;Lo anterior se tomará en perspectiva a una noción de proceso civil contemporánea, atendido los recientes y concomitantes procesos de reforma en los países estudiados, que pone a la justicia civil como un servicio estatal para la tutela judicial de los intereses de sus ciudadanos.&#13;&#13;Jesús Ezurmendia Álvarez es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado (Universidad de Chile, 2012). Máster en Derecho, con mención en Litigación y Resolución de Disputas (University College of London, 2016) y Doctor en Derecho por la Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (2021).

Jesús Ezurmendia Álvarez

Comparación entre modelos de civil law y common law

Reflexión contemporánea sobre la cosa juzgada

En un caso real un Fiscal propone a la defensa aceptar ser culpable, cuando el cliente no lo es, pero a cambio de ello rebaja una pena inicial de 6 anos de prision a una multa de 1.200 euros.  Aceptaria jugar a la &amp;quote;ruleta rusa&amp;quote; procesal con la incerteza en el fallo o en cambio la oferta de este &amp;quote;suicidio procesal&amp;quote;?. Otro caso, una persona es solicitante de una adopcion internacional que lleva anos tramitando para la cual un antecedente penal implica, casi con seguridad, que le denieguen la misma, por no cumplir los requisitos de idoneidad en la adopcion y es acusado de un delito menor, por ejemplo alcoholemia, aceptaria una conformidad cuando los jueces ignoran los efectos de su sentencia penal en otros ordenes jurisdiccionales. Si llega al contencioso administrativo pasaran varios anos mas. Se produce un &amp;quote;suicidio procesal&amp;quote;. Los efectos que pueden tener un acto muchas veces puede tener en otros derechos como lo son en ambito civil, laboral, administrativo, etc... y que repercuten en la vida del afectado. Se produce cuando un investigado autoriza un acto, prueba o declaracion sin estar informado de todas sus consecuencias perjudiciales. Ese dano, por falta de conocimiento en el mismo sujeto o defensa, supone un verdadero suicidio procesal al considerarlo valido a los efectos del proceso por el mero y simple consentimiento formal. Es un error de consentimiento. El suicidio procesal va de eso y en este libro se muestran y plantean cuestiones que van mas alla del derecho y en todo caso en la vida real.

Teoría del suicidio procesal

La presente monografía conmemora el cuarenta aniversario de JUSTICIA, la revista de derecho procesal más antigua que se edita en España, en la que se han publicado 1.033 estudios de 370 juristas.&#13;&#13;JUSTICIA ha visto crecer diversas generaciones de procesalistas españoles, por lo que ha sido testigo de la evolución del derecho procesal. En este libro se constata este proceso evolutivo tanto en las materias que son objeto de estudio como de los autores que publican sus investigaciones.&#13;&#13;En esta obra se publica un índice de autores y otro sistemático de materias publicadas en JUSTICIA durante sus cuarenta años de vida. Y, de igual modo, se reproducen 25 estudios representativos publicados hasta 2000 (por orden alfabético de autores). El objetivo de esta recopilación es facilitar el rápido acceso a estudios de JUSTICIA que no pueden conseguirse de manera digitalizada en las bases de datos, esto es, los anteriores al siglo XXI. Y de éstos, se han elegido estudios generales referentes a la eficacia de la justicia, los principios y garantías constitucionales del proceso y aquellos que constituyen punto de referencia ineludible en la materia.

Joan Picó i Junoy

40 años de historia.

La evolución del Derecho Procesal a la luz de JUSTICIA.

Desde finales del siglo XX ha existido relativo consenso en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos respecto a que la justicia civil se encuentra en un profundo estado de crisis. Ello ha obligado a la comunidad jurídica integrada por académicos, jueces y juezas, abogados y abogadas litigantes y operadores del sistema a replantearse el diseño, estructura y práctica del proceso referido a la reivindicación judicial de intereses de orden civil.&#13;&#13;El primer paso ha sido intentar cambiar el foco desde un proceso civil, de suyo centrado en códigos y leyes procesales que apuntan a la regulación de procedimientos, trámites, actuaciones y recursos, por un concepto panóptico y holístico de justicia civil, en el que se consideran ángulos y prismas más amplios y transversales, que van desde el diseño orgánico hasta el sustento ideológico detrás de las normas procesales. En ese sentido, la necesidad de establecer una visión tridimensional de la justicia se ha erigido como respuesta común en todos los ordenes jurisdiccionales, en los que la búsqueda de la solución correcta debe congeniarse con dimensiones asociadas al tiempo y al costo incurrido.&#13;&#13;Esta obra se propone, con las limitaciones propias de nuestros tiempos y circunstancias, constituir un aporte a esas reflexiones sobre la construcción de un sistema de justicia civil moderno, que pueda dar cabida a las necesidades de los justiciables respecto de una serie amplia y diversa de intereses jurídicos cuyo conocimiento esta entregado a los tribunales con competencia civil.&#13;&#13;En esa liza, se ha ensayado un catálogo de artículos sobre los temas que mayor interés despierta la mencionada tarea de repensar el proceso civil, abarcando desde cuestiones orgánicas estructurales hasta los mecanismos en que la justicia civil cierra el sistema mediante las reglas de definitividad, pasando por críticas económicas y filosóficas al sistema de justicia civil, a su construcción material y teórica, así como un reflejo de un estatuto sustantivo patriarcal y privatista, propio del ideario político, económico y social liberal de siglos pasados.&#13;&#13;En la obra el lector podrá encontrar problemas pocas veces mencionados en la literatura, pero que hoy suponen un andamio insoslayable en la arquitectura del análisis de la justicia civil, tales como el problema de los costos, el acceso, la asistencia jurídica, el rol de la profesión letrada, los mecanismos alternativos de resolución y las facultades y poderes del juez en la conducción del procedimiento. Para ello, se ha contado con la colaboración de un distinguido número de profesores y profesoras que gentilmente han querido colaborar en estas reflexiones, así como noveles estudiantes que han terminado sus estudios de derecho escribiendo sobre materias hasta hace poco desconocidas en los syllabus de pregrado.

Principios de Justicia Civil

&amp;quote;Han transcurrido ya mas de cinco anos desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reduccion de carga financiera y otras medidas de orden social. Texto normativo en el cual se defiende que una persona fisica, a pesar de un fracaso economico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podra satisfacer.     Partiendo de este objetivo, el legislador instaur un mecanismo extrajudicial y judicial que sirviese de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situacin de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad.     Sin embargo, si bien la voluntad del legislador result ser loable y &amp;quote;cargada&amp;quote; de buenas intenciones, no es menos cierto que, eran muchas las voces autorizadas que denunciaban que la regulacin de esta institucin, pecaba de inconcrecin y de lagunas legislativas que creaban incerteza e inseguridad jurdica.     La regulacin de la segunda oportunidad es modificada y actualizada en el nuevo texto concursal. As, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, concede una nueva regulacin legislativa al mecanismo de la segunda oportunidad. Ante esta realidad, en el presente trabajo, pretendemos analizar la nueva regulacin y dar soluciones a las cuestiones de mayor problemtica, que en la prctica presenta el mecanismo de la segunda oportunidad.     Finalmente, dedicaremos el ltimo captulo a analizar la regulacin que sobre la segunda oportunidad se contiene en la Directiva UE 2019/1023 y algunos de los cambios ms relevantes que ha de suponer en nuestra regulacin nacional como consecuencia de su necesaria trasposicin que deber realizarse, conforme al artculo 34 Directiva, antes del 17 de julio de 2021.&amp;quote;

Federico Adán Domenech

Carlos Puigcerver Asor

en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal

La segunda oportunidad de las personas naturales

Varios

¿Es válido un contrato por el que las partes se obligan a no ejercitar determinadas acciones judiciales? ¿Lo es un contrato por el que las partes se obligan a no proponer un documento como medio de prueba? ¿Y un contrato por el que las partes se obligan a no recurrir una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Cuál es realmente el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tendría su incumplimiento?&#13;Todos estos contratos tienen un elemento en común: en todos ellos la prestación debida la constituye un comportamiento procesal con trascendencia constitucional. A través de estos contratos las partes se obligan a hacer o no hacer un acto por el que se ejercita alguno de los derechos que integran el derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a usar los medios de prueba pertinentes, el derecho de acceso a los recursos, el derecho a la tutela cautelar o el derecho a la ejecución. Se puede decir, por ello, que son contratos procesales que comportan una disposición contractual del art. 24 CE.&#13;Esta obra estudia en profundidad este tipo de negocios procesales. En la primera parte se analiza la relación entre la autonomía de la voluntad y el derecho a la tutela judicial efectiva. En la segunda parte se desarrolla una teoría general del negocio procesal y en la tercera se examinan contratos procesales específicos. Se aspira, de este modo, a identificar los elementos necesarios para poder fijar su objeto, sus criterios de validez y su eficacia procesal y material.

Guillermo José Schumann Barragán

Derecho a la tutela judicial efectiva y autonomía de la voluntad: los contratos procesales

Lege ferenda

El Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020 aprobó remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, teniendo entrada en el Congreso de los Diputados el 17 de julio.&#13;El libro que el lector tiene en sus manos pretende ofrecer una panorámica sobre esta muy próxima reforma del ordenamiento en materia de apoyo a las personas con discapacidad.&#13;Para que el análisis del apoyo a las personas con discapacidad sea completo, la mejor opción es contemplar esa realidad desde diferentes perspectivas y, en la medida de lo posible, ofreciendo distintos puntos de vista para que, cuando se llegue al final de la lectura de la obra, se puedan sacar las oportunas conclusiones y se pueda valorar el acierto o el error de la propuesta con la suficiente perspectiva.&#13;Con este afán, se incorporan trabajos de reputados autores de distintas disciplinas jurídicas: Filosofía del Derecho (Macario Alemany García y Patricia Cuenca Gómez), Derecho constitucional (Luis Gálvez Muñoz), Derecho penal (Marta Pantaleón Díaz y Leopoldo Puente Rodríguez), Derecho internacional privado (Salomé Adroher Biosca), Derecho procesal (Cristóbal Fábrega Ruiz) y, sobre todo por el contenido de la reforma analizada, Derecho civil (Marina Pérez Monge, Monserrat Pereña Vicente, Inmaculada Vivas Tesón y Pedro A. Munar Bernat). Todos ellos provienen de diferentes universidades, lo cual permite afirmar que se trata de un libro multidisciplinar, plural y diverso.&#13;En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley se afirma que "la reforma normativa impulsada por esta ley debe ir unida, por ello, a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del Derecho -jueces y magistrados, personal al servicio de la administración de justicia, notarios, registradores- que han de prestar sus respectivas funciones". Esta obra pretende ser un medio que contribuya a tan encomiable objetivo.

Pedro A Munar Bernat

El Derecho en el umbral de la política

Principios y preceptos de la reforma legal de la discapacidad

Teoría general del proceso se convierte en un recurso didáctico que aclara conceptos transversales en el estudio del derecho y facilita su comprensión. Este texto brinda un apoyo novedoso para el desarrollo de habilidades argumentativas, interpretativas y cognitivas, necesarias en la formación de los estudiantes de derecho.

Celmira González de Sánchez

Teoría general del proceso

La presente obra busca plantear una filosofía del sistema penal, la cual descansa en el principio de imputación y a lo que hemos denominado la pragmática de la imputación penal. En esa inteligencia, y recurriendo a la legislación comparada, hemos explicado que la litis se fija cuando se formula imputación o se formaliza la investigación y no al cierre de la investigación cuando se plantea la acusación; ello por mandato legal y por la siguiente lógica del sistema: la afectación de la libertad personal mediante medidas cautelares o el dictado de decisiones jurisdiccionales de terminación o conclusión anticipada del proceso, exigen de una imputación formulada, a la que incluso la futura acusación, juicio y sentencia están vinculados, a saber, al cuadro fáctico imputado; ello, lo hemos explicado en el capítulo primero a través delo que hemos denominado modelo imputativo.&#13;&#13;Ahora bien, lo que se imputa es un cuadro fáctico y su perfeccionamiento no lo otorga la actual sobrevaloración de los testimonios, sino el recurso a las ciencias forenses (artículo 228° de la norma adjetiva mexicana, artículo 276° de la ley procesal panameña o el artículo 321.2° del Código procesal penal peruano, como ejemplos que la lectura forense, criminalístico y científico de los hechos es la exigencia legal y no una psicología del testimonio); a ello, nos dedicamos en los capítulos segundo y tercero, que por su importancia radica el centro de nuestro estudio. No obstante, el mencionado perfeccionamiento de los hechos nos debe conducir a la afirmación que una persona ha infringido un deber jurídico penal que actualiza tanto la afectación de un bien jurídico legalmente protegido así como un tipo penal; ello nos permite revisar las reglas de imputación objetiva y subjetiva, así como demás categorías de la teoría del delito, pero alejándonos de constructos como la semántica del Derecho penal, la cual no presenta una equivalente potencia con las ciencias forenses; y a ello nos hemos centrado en el capítulo cuarto. Sin embargo, el principio de imputación conlleva a analizar sus consecuencias, como la sanción, la reparación civil y las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, conforme lo desarrollado en el capítulo quinto. &#13;&#13;Finalmente, la imputación requiere de control judicial en audiencia, en razón a los efectos que en los derechos humanos del procesado va a generar, y a ello nos dedicamos en los capítulos sexto y sétimo, con especial referencia a la audiencia inicial regulada en codificaciones como la mexicana; en suma, la imputación es el puente que permite el diálogo entre el Derecho penal y el procesal penal, y a los que nos conducirá a una pragmática (no en su sentido semántico), sino forense, de la imputación.

Hesbert Benavente Chorres

La pragmática de la imputación penal

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

Juan Antonio Andino López

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

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