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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Produkt vom BFSG ausgenommen: Hersteller ist Kleinstunternehmen

Frederic Munné Catarina

Carlos De Miranda

José Luis Seoane Spiegelberg

Ignacio Santo Gargallo

Carmen Ortiz Rodríguez

Berta Pellicer Ortiz

Joan Picó Junoy

Óscar Fernández León

Antonio L. Manzanero

Juan Antonio Andino López

Cristina Vallejo Ros

Xavier Abel Lluch

Carme Adell Artiga

Elisabet Cerrato Guri

Roser Casanova Martí

Olga Arderiu Ripoll

Manuel Richard González

Tiziana Di Ciommo

Pablo Izquierdo Blanco

Rafael Orellana de Castro

Nuria Barcones Agustín

Jordi Muñoz-Sabaté i Carretero

Desafíos de la probática y del derecho probatorio

Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

La procura es una profesión con una tradición de más de dos mil años, la cual, mostrando gran resiliencia, ha sabido adaptarse a todo tipo de cambio de condiciones y circunstancias, como las que han traído consigo la transformación tecnológica de la administración de justicia y la transformación digital de la sociedad. Durante dicho periodo ha convivido y compartido protagonismo con la abogacía, una convivencia que no siempre ha sido pacífica. El procurador de los tribunales es una figura, en gran medida, desconocida y, en mayor medida, aún, debatida y controvertida. Es a mediados del siglo XIX cuando esta profesión viene a consolidarse y a profesionalizarse. Dicha circunstancia ocurre en un contexto de debate acerca de la necesidad y pertinencia de regular la intervención de este profesional de manera obligatoria para la parte en todo tipo de procesos, debate que sigue vigente a día de hoy. En dicho contexto, la presente obra, dedicada íntegramente a la figura del procurador, no tiene otra finalidad que la de arrojar algo de luz sobre dicho debate, realizando un examen acerca de la necesidad de regular de manera preceptiva la intervención de dicho profesional. En las siguientes líneas, la procura será traída a juicio.

Francisco Javier Fernández Galarreta

La procura a juicio

La presente monografía conmemora el cuarenta aniversario de JUSTICIA, la revista de derecho procesal más antigua que se edita en España, en la que se han publicado 1.033 estudios de 370 juristas.&#13;&#13;JUSTICIA ha visto crecer diversas generaciones de procesalistas españoles, por lo que ha sido testigo de la evolución del derecho procesal. En este libro se constata este proceso evolutivo tanto en las materias que son objeto de estudio como de los autores que publican sus investigaciones.&#13;&#13;En esta obra se publica un índice de autores y otro sistemático de materias publicadas en JUSTICIA durante sus cuarenta años de vida. Y, de igual modo, se reproducen 25 estudios representativos publicados hasta 2000 (por orden alfabético de autores). El objetivo de esta recopilación es facilitar el rápido acceso a estudios de JUSTICIA que no pueden conseguirse de manera digitalizada en las bases de datos, esto es, los anteriores al siglo XXI. Y de éstos, se han elegido estudios generales referentes a la eficacia de la justicia, los principios y garantías constitucionales del proceso y aquellos que constituyen punto de referencia ineludible en la materia.

Joan Picó i Junoy

40 años de historia.

La evolución del Derecho Procesal a la luz de JUSTICIA.

Teoría general del proceso se convierte en un recurso didáctico que aclara conceptos transversales en el estudio del derecho y facilita su comprensión. Este texto brinda un apoyo novedoso para el desarrollo de habilidades argumentativas, interpretativas y cognitivas, necesarias en la formación de los estudiantes de derecho.

Celmira González de Sánchez

Teoría general del proceso

María de los Ángeles González Coulon

Desafíos de la rendición de los medios de prueba en el proceso y su valoración

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos

&amp;quote;Han transcurrido ya mas de cinco anos desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reduccion de carga financiera y otras medidas de orden social. Texto normativo en el cual se defiende que una persona fisica, a pesar de un fracaso economico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podra satisfacer.     Partiendo de este objetivo, el legislador instaur un mecanismo extrajudicial y judicial que sirviese de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situacin de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad.     Sin embargo, si bien la voluntad del legislador result ser loable y &amp;quote;cargada&amp;quote; de buenas intenciones, no es menos cierto que, eran muchas las voces autorizadas que denunciaban que la regulacin de esta institucin, pecaba de inconcrecin y de lagunas legislativas que creaban incerteza e inseguridad jurdica.     La regulacin de la segunda oportunidad es modificada y actualizada en el nuevo texto concursal. As, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, concede una nueva regulacin legislativa al mecanismo de la segunda oportunidad. Ante esta realidad, en el presente trabajo, pretendemos analizar la nueva regulacin y dar soluciones a las cuestiones de mayor problemtica, que en la prctica presenta el mecanismo de la segunda oportunidad.     Finalmente, dedicaremos el ltimo captulo a analizar la regulacin que sobre la segunda oportunidad se contiene en la Directiva UE 2019/1023 y algunos de los cambios ms relevantes que ha de suponer en nuestra regulacin nacional como consecuencia de su necesaria trasposicin que deber realizarse, conforme al artculo 34 Directiva, antes del 17 de julio de 2021.&amp;quote;

Federico Adán Domenech

Carlos Puigcerver Asor

en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal

La segunda oportunidad de las personas naturales

Lege ferenda

El Consejo de Ministros de 7 de julio de 2020 aprobó remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, teniendo entrada en el Congreso de los Diputados el 17 de julio.&#13;El libro que el lector tiene en sus manos pretende ofrecer una panorámica sobre esta muy próxima reforma del ordenamiento en materia de apoyo a las personas con discapacidad.&#13;Para que el análisis del apoyo a las personas con discapacidad sea completo, la mejor opción es contemplar esa realidad desde diferentes perspectivas y, en la medida de lo posible, ofreciendo distintos puntos de vista para que, cuando se llegue al final de la lectura de la obra, se puedan sacar las oportunas conclusiones y se pueda valorar el acierto o el error de la propuesta con la suficiente perspectiva.&#13;Con este afán, se incorporan trabajos de reputados autores de distintas disciplinas jurídicas: Filosofía del Derecho (Macario Alemany García y Patricia Cuenca Gómez), Derecho constitucional (Luis Gálvez Muñoz), Derecho penal (Marta Pantaleón Díaz y Leopoldo Puente Rodríguez), Derecho internacional privado (Salomé Adroher Biosca), Derecho procesal (Cristóbal Fábrega Ruiz) y, sobre todo por el contenido de la reforma analizada, Derecho civil (Marina Pérez Monge, Monserrat Pereña Vicente, Inmaculada Vivas Tesón y Pedro A. Munar Bernat). Todos ellos provienen de diferentes universidades, lo cual permite afirmar que se trata de un libro multidisciplinar, plural y diverso.&#13;En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley se afirma que "la reforma normativa impulsada por esta ley debe ir unida, por ello, a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del Derecho -jueces y magistrados, personal al servicio de la administración de justicia, notarios, registradores- que han de prestar sus respectivas funciones". Esta obra pretende ser un medio que contribuya a tan encomiable objetivo.

Pedro A Munar Bernat

El Derecho en el umbral de la política

Principios y preceptos de la reforma legal de la discapacidad

Si preguntamos qué es la Presunción de Inocencia, la mayoría de la gente dirá que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario", una entelequia normativa que el pueblo llano no comprende y que, además, resulta de todo punto ilógica. El Tribunal Constitucional ha señalado que nos hallamos frente a una regla de trato que opera tanto en instrucción como en fase de juicio oral. A su vez, la privación provisional de libertad también se configura como una suerte de batalla de presunciones entre la de Inocencia y las contenidas en la LECrim que se refieren a los fines inherentes a la prisión preventiva, a partir de una presunción de culpabilidad que legitima su determinación en base a los eventuales peligros de huida, de alteración de pruebas o de reincidencia. Así, pues, se evalúan hechos futuros, que encierran un juicio de probabilidad e incerteza, y que funcionan como una verdadera prueba legal negativa.&#13;&#13;La prueba de hechos negativos es la llamada prueba diabólica, un concepto residual que solamente es mencionado a través de referencias y siempre con alusión a la carga de la prueba. Su objeto (los hechos negativos), su proceso lógico (la inferencia) y su conclusión (la carga de la prueba) merecen todo el respeto atendiendo a su relevancia en la estrategia procesal tanto para la defensa como para la acusación. Aunque, sin embargo, su importancia en el Derecho Penal práctico aún no ha sido puesta de manifiesto.&#13;&#13;El presente estudio analiza los llamados procesos de inferencia de los indicios de criminalidad, con el objetivo de vislumbrar su falta de lógica desde el punto de vista del razonamiento, de la verificación y de la motivación. Y ello por cuanto los jueces, en su exégesis, se remiten a la Ley y a la jurisprudencia constitucional en vez de a los hechos objeto de autos. Así, se les ha arrebatado la técnica del razonamiento, y con ello la posibilidad de impugnación y control, lo que supone una usurpación inadmisible de sus funciones. De esta forma, la Presunción de Inocencia parece más bien "un robo que un regalo", pues al examinarse los fines que justifican la prisión preventiva como hechos negativos que son y que, por lo tanto, aún no existen, se está construyendo una verdadera "Probatio diavolica" que no puede ser aceptada en modo alguno.

Antoni Pascual Cadena

Entelequia normativa y prisión preventiva

La prueba diabólica penal

La conducta procesal de las partes ha sido un tema de importancia fundamental en los estudios del Derecho procesal. Establecer cuál conducta es la adecuada dentro de un debate no es tarea fácil y los ordenamientos jurídicos, la doctrina y la jurisprudencia se preocupan por descubrir la línea divisoria que existe entre la conducta permitida y aquella que no lo es.&#13;&#13;El libro que el lector tiene en sus manos desarrolla este complejo tema, con propuestas de solución. Un análisis histórico y comparado permitirá entender los problemas que las normas sobre buena fe procesal, lealtad y probidad, cooperación procesal y/o abuso procesal, comportan, avanzando ideas para un mejor entendimiento, aplicación y – por qué no – posibles reformas de normas procesales.&#13;&#13;El lector se dará cuenta que la expresión que se utiliza para desarrollar el tema es "corrección procesal", con intenciones de redefinir el fenómeno de la conducta procesal de las partes. Según afirmamos: "…hacemos referencia a la expresión "corrección procesal" para describir el fenómeno de la conducta adecuada de los sujetos procesales, y que preferimos frente a otras expresiones como buena fe, moralidad procesal, cooperación procesal, lealtad y probidad, pues aquella –que consideramos no tiene cargas emotivas ni transplanta valoraciones axiológicas– nos parece una expresión neutra y adecuada para una redefinición, mientras que las últimas consideramos, generan perplejidades, tanto lingüísticas como pragmáticas".&#13;&#13;La identificación y aplicación de la moralidad/buena fe/abuso del derecho está condicionada por los contextos normativos de aplicación. En cuanto respecta al proceso - principio de corrección procesal – podemos encontrar pautas o variables necesarias para su empleo racional y coherente, en miras a la no afectación de derechos y garantías procesales de las partes, pero a su vez cuidando los recursos que insume el proceso, así como su eficacia y celeridad, o el respeto entre los sujetos procesales que debe prevalecer en este método que llamamos proceso, pero además no permitiendo que el instrumento que sirve para resolver conflictos intersubjetivos de intereses se emplee para causar daños injustos.&#13;&#13;Siguiendo el consejo de J. Mª MARTÍNEZ VAL "vivamos el pleito como lo que es: una batalla por un derecho concreto, en que las fintas distraen, pero no resuelven, vivámoslo con vigilancia a la forma y la más profunda atención al fondo y al objetivo final, que es lo que importa".

Jorge I González Carvajal

La conducta procesal de las partes

El problema juridco que se plantea en este librotiene que ver con la relacion que existe entre, por una parte, la incorporacionde la carga dinamica de la prueba del proceso penal y, por otra, lorfundamentos normativos de tal proceso y los fundamentos teoricos de la carga dela prueba. En el se hace una clara apuesta por la incompatibilidad  que existe entre esa institucion y estosfundamentos y se evidencian multiples inconsistencias en los desarollosjurisprudenciales de aquella. Ademas, se asume una postura  propia en el marco de una estructuraorganica, metodologica y probatoria  delproceso penal y se explora su rendiemiento en ambitos como la teoria delprecedente judicial, la prueba de las causales de ausencia de laresponsabilidad y la teoria del derecho.

José Joaquín Urbano Martínez

Tesis doctorales Doctorado en Derecho n.º 17 / investigación

¿Dudar y condenar? El impacto de las cargas probatorias dinámicas en el sistema acusatorio colombiano.

Desafíos de la probática y del derecho probatorio

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