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Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

Varios

¿Es válido un contrato por el que las partes se obligan a no ejercitar determinadas acciones judiciales? ¿Lo es un contrato por el que las partes se obligan a no proponer un documento como medio de prueba? ¿Y un contrato por el que las partes se obligan a no recurrir una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Cuál es realmente el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tendría su incumplimiento?&#13;Todos estos contratos tienen un elemento en común: en todos ellos la prestación debida la constituye un comportamiento procesal con trascendencia constitucional. A través de estos contratos las partes se obligan a hacer o no hacer un acto por el que se ejercita alguno de los derechos que integran el derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a usar los medios de prueba pertinentes, el derecho de acceso a los recursos, el derecho a la tutela cautelar o el derecho a la ejecución. Se puede decir, por ello, que son contratos procesales que comportan una disposición contractual del art. 24 CE.&#13;Esta obra estudia en profundidad este tipo de negocios procesales. En la primera parte se analiza la relación entre la autonomía de la voluntad y el derecho a la tutela judicial efectiva. En la segunda parte se desarrolla una teoría general del negocio procesal y en la tercera se examinan contratos procesales específicos. Se aspira, de este modo, a identificar los elementos necesarios para poder fijar su objeto, sus criterios de validez y su eficacia procesal y material.

Guillermo José Schumann Barragán

Derecho a la tutela judicial efectiva y autonomía de la voluntad: los contratos procesales

El objetivo de esta obra es presentar y analizar el concepto de cosa juzgada desde una perspectiva amplia que permita apreciar comparativamente a través de ella los modelos de proceso civil de las tradiciones jurídicas más relevantes del mundo occidental, a saber, aquella denominada derecho civil o derecho continental y aquella denominada derecho común -common la- o derecho anglosajón, tomando como muestras las regulaciones de Chile, España e Inglaterra respectivamente.&#13;&#13;Si partimos desde el supuesto de que la litigación sin un punto final deviene en caos para un sistema de justicia, y consecuencialmente para el Estado, aparece entonces de manifiesto la relevancia que las reglas de clausura del sistema toman una vez que se ha dictado una decisión por el órgano jurisdiccional respectivo. Así, la cosa juzgada -entendida en un sentido amplio- es un conjunto de reglas que atribuyen a la decisión judicial la característica distintiva de la impugnabilidad e inalterabilidad en el tiempo. Este efecto propio de los actos estatales realizados a través de sus tribunales de justicia presume de ser la única categoría de actos del Estado que no son modificables en el tiempo, siendo en consecuencia finales.&#13;&#13;Este trabajo sostiene que las reglas de la res judicata constituyen la fórmula de cierre del proceso civil, y que en consecuencia su estudio permite construir la fisonomía de todo el sistema civil de justicia desde atrás hacia adelante. Se trata, entonces, de apuntar a las consecuencias, del resultado de la decisión a la que se ha arribado en el proceso, pero no desde los efectos propios de la decisión, sino desde el efecto que impide que lo contenido en esa sentencia, y que el asunto ya ha sido resuelto, no pueda volver a ser discutido.&#13;&#13;La propuesta pretende entonces comparar modelos de proceso civil desde la res judicata, la imposibilidad de relitigación y la invariabilidad de las sentencias de sus tribunales que están presentes en ambos sistemas. Se tratará, por consiguiente, de comparar las cosas juzgadas y desentrañar si existe entre ellas coincidencias que permitan tender puentes entre dichos sistemas procesales civiles; o si por el contrario existen diferencias irreconciliables propias de tradiciones jurídicas disímiles que parten desde supuestos de justificación distintos para instituciones que, sin embargo, parecen tener un mismo objetivo.&#13;&#13;Lo anterior se tomará en perspectiva a una noción de proceso civil contemporánea, atendido los recientes y concomitantes procesos de reforma en los países estudiados, que pone a la justicia civil como un servicio estatal para la tutela judicial de los intereses de sus ciudadanos.&#13;&#13;Jesús Ezurmendia Álvarez es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado (Universidad de Chile, 2012). Máster en Derecho, con mención en Litigación y Resolución de Disputas (University College of London, 2016) y Doctor en Derecho por la Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (2021).

Jesús Ezurmendia Álvarez

Comparación entre modelos de civil law y common law

Reflexión contemporánea sobre la cosa juzgada

María de los Ángeles González Coulon

Desafíos de la rendición de los medios de prueba en el proceso y su valoración

Domingo Campos

Derecho procesal laboral

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos


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Este libro Estudios en Homenaje a José Gabriel Sarmiento Núñez, coordinado por Carlos J.  SARMIENTO SOSA y Ramón ESCOVAR LEÓN, es una recolección de estudios jurídicos referidos al Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Internacional Público, Derecho Procesal, Derecho Ambiental y otras áreas del Derecho, escritos por los siguientes profesores: Asdrúbal AGUIAR ARANGUREN; Álvaro BADELL MADRID; Rafael BADELL MADRID; Allan R. BREWER-CARIAS; Diego CASTAGNINO; Javier CREMADES; Román J. DUQUE CORREDOR; Nestor ECARRI ANGOLA; Ramón ESCOVAR LEÓN; Ramsis GHAZZAOUI; José Ignacio HERNÁNDEZ G.; Irma LOVERA DE SOLA; Rodrigo RIVERA MORALES; Hildegard RONDÓN DE SANSO; Gabriel RUAN SANTOS; Carlos J. SARMIENTO SOSA; Cecilia SOSA GÓMEZ; Jose Luis VAZQUEZ SOTELO, y Salvador YANUZZI. El libro a sido publicado por el Capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela, que instituyó la "Cátedra Interacadémica Internacional de Derecho Procesal y Constitucional Dr. José Gabriel SARMIENTO NÚÑEZ," quien fue un destacado jurista venezolano, Magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Consejo de la Judicatura, Presidente de la Asociación Interamericana de Abogados, Presidente del Colegio de Abogados del Distrito Federal y Presidente del Colegio de Abogados del Distrito Federal, cargos que ocupó en el marco del Estado de Derecho regulado por la Constitución de 1961.</p>


Estudios En Homenaje a José Gabriel Sarmiento Núñez

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

Juan Antonio Andino López

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

Álvaro Pérez

Conducción, gestión y gerenciamiento del proceso civil

&amp;quote;Han transcurrido ya mas de cinco anos desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reduccion de carga financiera y otras medidas de orden social. Texto normativo en el cual se defiende que una persona fisica, a pesar de un fracaso economico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podra satisfacer.     Partiendo de este objetivo, el legislador instaur un mecanismo extrajudicial y judicial que sirviese de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situacin de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad.     Sin embargo, si bien la voluntad del legislador result ser loable y &amp;quote;cargada&amp;quote; de buenas intenciones, no es menos cierto que, eran muchas las voces autorizadas que denunciaban que la regulacin de esta institucin, pecaba de inconcrecin y de lagunas legislativas que creaban incerteza e inseguridad jurdica.     La regulacin de la segunda oportunidad es modificada y actualizada en el nuevo texto concursal. As, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, concede una nueva regulacin legislativa al mecanismo de la segunda oportunidad. Ante esta realidad, en el presente trabajo, pretendemos analizar la nueva regulacin y dar soluciones a las cuestiones de mayor problemtica, que en la prctica presenta el mecanismo de la segunda oportunidad.     Finalmente, dedicaremos el ltimo captulo a analizar la regulacin que sobre la segunda oportunidad se contiene en la Directiva UE 2019/1023 y algunos de los cambios ms relevantes que ha de suponer en nuestra regulacin nacional como consecuencia de su necesaria trasposicin que deber realizarse, conforme al artculo 34 Directiva, antes del 17 de julio de 2021.&amp;quote;

Federico Adán Domenech

Carlos Puigcerver Asor

en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal

La segunda oportunidad de las personas naturales

Monografías jurídicas

La confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente es un elemento esencial del derecho a la asistencia letrada. Los abogados solo pueden ejercer su profesión correctamente si los clientes tienen plena confianza en su discreción, en su silencio y en su profesionalidad. La tutela de la confidencialidad a través de las normas sobre secreto profesional cobra especial importancia en el proceso penal. Sin embargo, el contenido y extensión de esa protección no siempre está bien definido y, además, varía mucho en cada ordenamiento jurídico nacional. De ahí que sea necesario y urgente, en un mundo globalizado en el que sofisticadas herramientas informáticas permiten acceder a cantidades ingentes de datos y comunicaciones, sin limitación de fronteras territoriales, aclarar cómo se garantiza el derecho fundamental a la confidencialidad entre el abogado y su cliente, a nivel nacional y supranacional.&#13;El presente libro aborda, desde una perspectiva de Derecho comparado, en primer lugar, la garantía del derecho a la asistencia letrada para, después, adentrarse en temas tan relevantes como la confidencialidad en las investigaciones internas en el ámbito del compliance, la protección de los archivos electrónicos frente a registros de ordenadores de abogados, o el rol de la confidencialidad en la prevención del blanqueo de capitales. Se han analizado regulaciones, prácticas y avances en más de dieciséis países con objeto de identificar áreas problemáticas, así como posibles soluciones. La información y análisis contenidos en este conjunto de estudios son, por ello, de gran utilidad para los profesionales de cualquier ámbito del Derecho, así como para el legislador.

Lorena Bachmaier Winter

Antonio Martínez Santos

Estudio de Derecho comparado

Asistencia letrada, confidencialidad abogado-cliente y proceso penal en la sociedad digital

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

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