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Gesamtkatalog

Catalogue complet

Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

Varios

¿Es válido un contrato por el que las partes se obligan a no ejercitar determinadas acciones judiciales? ¿Lo es un contrato por el que las partes se obligan a no proponer un documento como medio de prueba? ¿Y un contrato por el que las partes se obligan a no recurrir una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Cuál es realmente el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tendría su incumplimiento?&#13;Todos estos contratos tienen un elemento en común: en todos ellos la prestación debida la constituye un comportamiento procesal con trascendencia constitucional. A través de estos contratos las partes se obligan a hacer o no hacer un acto por el que se ejercita alguno de los derechos que integran el derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a usar los medios de prueba pertinentes, el derecho de acceso a los recursos, el derecho a la tutela cautelar o el derecho a la ejecución. Se puede decir, por ello, que son contratos procesales que comportan una disposición contractual del art. 24 CE.&#13;Esta obra estudia en profundidad este tipo de negocios procesales. En la primera parte se analiza la relación entre la autonomía de la voluntad y el derecho a la tutela judicial efectiva. En la segunda parte se desarrolla una teoría general del negocio procesal y en la tercera se examinan contratos procesales específicos. Se aspira, de este modo, a identificar los elementos necesarios para poder fijar su objeto, sus criterios de validez y su eficacia procesal y material.

Guillermo José Schumann Barragán

Derecho a la tutela judicial efectiva y autonomía de la voluntad: los contratos procesales

Proceso y Derecho

Camilo Alberto Quintero Jiménez

Entre verdades y mitos

Fase intermedia y control de los actos acusatorios en el proceso penal

Si preguntamos qué es la Presunción de Inocencia, la mayoría de la gente dirá que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario", una entelequia normativa que el pueblo llano no comprende y que, además, resulta de todo punto ilógica. El Tribunal Constitucional ha señalado que nos hallamos frente a una regla de trato que opera tanto en instrucción como en fase de juicio oral. A su vez, la privación provisional de libertad también se configura como una suerte de batalla de presunciones entre la de Inocencia y las contenidas en la LECrim que se refieren a los fines inherentes a la prisión preventiva, a partir de una presunción de culpabilidad que legitima su determinación en base a los eventuales peligros de huida, de alteración de pruebas o de reincidencia. Así, pues, se evalúan hechos futuros, que encierran un juicio de probabilidad e incerteza, y que funcionan como una verdadera prueba legal negativa.&#13;&#13;La prueba de hechos negativos es la llamada prueba diabólica, un concepto residual que solamente es mencionado a través de referencias y siempre con alusión a la carga de la prueba. Su objeto (los hechos negativos), su proceso lógico (la inferencia) y su conclusión (la carga de la prueba) merecen todo el respeto atendiendo a su relevancia en la estrategia procesal tanto para la defensa como para la acusación. Aunque, sin embargo, su importancia en el Derecho Penal práctico aún no ha sido puesta de manifiesto.&#13;&#13;El presente estudio analiza los llamados procesos de inferencia de los indicios de criminalidad, con el objetivo de vislumbrar su falta de lógica desde el punto de vista del razonamiento, de la verificación y de la motivación. Y ello por cuanto los jueces, en su exégesis, se remiten a la Ley y a la jurisprudencia constitucional en vez de a los hechos objeto de autos. Así, se les ha arrebatado la técnica del razonamiento, y con ello la posibilidad de impugnación y control, lo que supone una usurpación inadmisible de sus funciones. De esta forma, la Presunción de Inocencia parece más bien "un robo que un regalo", pues al examinarse los fines que justifican la prisión preventiva como hechos negativos que son y que, por lo tanto, aún no existen, se está construyendo una verdadera "Probatio diavolica" que no puede ser aceptada en modo alguno.

Antoni Pascual Cadena

Entelequia normativa y prisión preventiva

La prueba diabólica penal

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

Juan Antonio Andino López

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

Jordi Nieva Fenoll

Renzo Cavani

La casación hoy, cien años después de Calamandrei

María de los Ángeles González Coulon

Desafíos de la rendición de los medios de prueba en el proceso y su valoración

Administración Pública y Derecho

El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

César Cierco Seira

Hacia un desarrollo más completo de la intervención en la justicia administrativa

El codemandado en el proceso contencioso-administrativo

Miquel Ángel Serrat Julià

Libro I. Regulación y normativa aplicable a la pericia técnica preventiva

Especialización pericial en prevención laboral y seguridad integral

Informárica

Varios autores

Desconexión digital y seguridad informática en el trabajo

Monografías jurídicas

Las temáticas centrales del Derecho procesal civil (acción, proceso, jurisdicción y garantías constitucionales) pueden ser examinadas desde una perspectiva de eficiencia sin dejar de lado la visión dogmática tradicional.&#13;Desde esa mirada, las instituciones procesales adquieren un nuevo cariz con una mayor preocupación por los costos que generan y por los eventuales incentivos que pueden producir en los litigantes y en el adjudicador estatal. Esto tiene repercusiones sistemáticas porque los gastos asociados a la Administración de Justicia normalmente son regresivos y sus beneficios no necesariamente son compartidos por todos.&#13;Así las cosas, la obra que se presenta pretende entregar una apreciación que complemente la dogmática y la eficiencia (económica), con miras a generar un debate que ha estado ausente tradicionalmente en los países del civil law. En este sentido, su proyección es amplia y no pretende ser reducida al estudio que las materias tratadas pudieran tener en un país determinado.&#13;El contenido del libro que se presenta viene a entregar elementos de análisis que son útiles y pertinentes en un mundo que cambia y enfrenta nuevas realidades y desafíos. En ese panorama es difícil que la ciencia jurídica y la economía no puedan trabajar en conjunto para mejorar nuestros procedimientos judiciales y el entendimiento del Derecho procesal civil.

Raúl Núñez Ojeda

Nicolás Carrasco Delgado

Una introducción al Análisis Económico del Derecho procesal civil

Derecho, proceso y economía

El objetivo de esta obra es presentar y analizar el concepto de cosa juzgada desde una perspectiva amplia que permita apreciar comparativamente a través de ella los modelos de proceso civil de las tradiciones jurídicas más relevantes del mundo occidental, a saber, aquella denominada derecho civil o derecho continental y aquella denominada derecho común -common la- o derecho anglosajón, tomando como muestras las regulaciones de Chile, España e Inglaterra respectivamente.&#13;&#13;Si partimos desde el supuesto de que la litigación sin un punto final deviene en caos para un sistema de justicia, y consecuencialmente para el Estado, aparece entonces de manifiesto la relevancia que las reglas de clausura del sistema toman una vez que se ha dictado una decisión por el órgano jurisdiccional respectivo. Así, la cosa juzgada -entendida en un sentido amplio- es un conjunto de reglas que atribuyen a la decisión judicial la característica distintiva de la impugnabilidad e inalterabilidad en el tiempo. Este efecto propio de los actos estatales realizados a través de sus tribunales de justicia presume de ser la única categoría de actos del Estado que no son modificables en el tiempo, siendo en consecuencia finales.&#13;&#13;Este trabajo sostiene que las reglas de la res judicata constituyen la fórmula de cierre del proceso civil, y que en consecuencia su estudio permite construir la fisonomía de todo el sistema civil de justicia desde atrás hacia adelante. Se trata, entonces, de apuntar a las consecuencias, del resultado de la decisión a la que se ha arribado en el proceso, pero no desde los efectos propios de la decisión, sino desde el efecto que impide que lo contenido en esa sentencia, y que el asunto ya ha sido resuelto, no pueda volver a ser discutido.&#13;&#13;La propuesta pretende entonces comparar modelos de proceso civil desde la res judicata, la imposibilidad de relitigación y la invariabilidad de las sentencias de sus tribunales que están presentes en ambos sistemas. Se tratará, por consiguiente, de comparar las cosas juzgadas y desentrañar si existe entre ellas coincidencias que permitan tender puentes entre dichos sistemas procesales civiles; o si por el contrario existen diferencias irreconciliables propias de tradiciones jurídicas disímiles que parten desde supuestos de justificación distintos para instituciones que, sin embargo, parecen tener un mismo objetivo.&#13;&#13;Lo anterior se tomará en perspectiva a una noción de proceso civil contemporánea, atendido los recientes y concomitantes procesos de reforma en los países estudiados, que pone a la justicia civil como un servicio estatal para la tutela judicial de los intereses de sus ciudadanos.&#13;&#13;Jesús Ezurmendia Álvarez es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado (Universidad de Chile, 2012). Máster en Derecho, con mención en Litigación y Resolución de Disputas (University College of London, 2016) y Doctor en Derecho por la Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (2021).

Jesús Ezurmendia Álvarez

Comparación entre modelos de civil law y common law

Reflexión contemporánea sobre la cosa juzgada

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

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