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Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

Desde finales del siglo XX ha existido relativo consenso en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos respecto a que la justicia civil se encuentra en un profundo estado de crisis. Ello ha obligado a la comunidad jurídica integrada por académicos, jueces y juezas, abogados y abogadas litigantes y operadores del sistema a replantearse el diseño, estructura y práctica del proceso referido a la reivindicación judicial de intereses de orden civil.&#13;&#13;El primer paso ha sido intentar cambiar el foco desde un proceso civil, de suyo centrado en códigos y leyes procesales que apuntan a la regulación de procedimientos, trámites, actuaciones y recursos, por un concepto panóptico y holístico de justicia civil, en el que se consideran ángulos y prismas más amplios y transversales, que van desde el diseño orgánico hasta el sustento ideológico detrás de las normas procesales. En ese sentido, la necesidad de establecer una visión tridimensional de la justicia se ha erigido como respuesta común en todos los ordenes jurisdiccionales, en los que la búsqueda de la solución correcta debe congeniarse con dimensiones asociadas al tiempo y al costo incurrido.&#13;&#13;Esta obra se propone, con las limitaciones propias de nuestros tiempos y circunstancias, constituir un aporte a esas reflexiones sobre la construcción de un sistema de justicia civil moderno, que pueda dar cabida a las necesidades de los justiciables respecto de una serie amplia y diversa de intereses jurídicos cuyo conocimiento esta entregado a los tribunales con competencia civil.&#13;&#13;En esa liza, se ha ensayado un catálogo de artículos sobre los temas que mayor interés despierta la mencionada tarea de repensar el proceso civil, abarcando desde cuestiones orgánicas estructurales hasta los mecanismos en que la justicia civil cierra el sistema mediante las reglas de definitividad, pasando por críticas económicas y filosóficas al sistema de justicia civil, a su construcción material y teórica, así como un reflejo de un estatuto sustantivo patriarcal y privatista, propio del ideario político, económico y social liberal de siglos pasados.&#13;&#13;En la obra el lector podrá encontrar problemas pocas veces mencionados en la literatura, pero que hoy suponen un andamio insoslayable en la arquitectura del análisis de la justicia civil, tales como el problema de los costos, el acceso, la asistencia jurídica, el rol de la profesión letrada, los mecanismos alternativos de resolución y las facultades y poderes del juez en la conducción del procedimiento. Para ello, se ha contado con la colaboración de un distinguido número de profesores y profesoras que gentilmente han querido colaborar en estas reflexiones, así como noveles estudiantes que han terminado sus estudios de derecho escribiendo sobre materias hasta hace poco desconocidas en los syllabus de pregrado.

Jesús Ezurmendia Álvarez

Principios de Justicia Civil

La conducta procesal de las partes ha sido un tema de importancia fundamental en los estudios del Derecho procesal. Establecer cuál conducta es la adecuada dentro de un debate no es tarea fácil y los ordenamientos jurídicos, la doctrina y la jurisprudencia se preocupan por descubrir la línea divisoria que existe entre la conducta permitida y aquella que no lo es.&#13;&#13;El libro que el lector tiene en sus manos desarrolla este complejo tema, con propuestas de solución. Un análisis histórico y comparado permitirá entender los problemas que las normas sobre buena fe procesal, lealtad y probidad, cooperación procesal y/o abuso procesal, comportan, avanzando ideas para un mejor entendimiento, aplicación y – por qué no – posibles reformas de normas procesales.&#13;&#13;El lector se dará cuenta que la expresión que se utiliza para desarrollar el tema es "corrección procesal", con intenciones de redefinir el fenómeno de la conducta procesal de las partes. Según afirmamos: "…hacemos referencia a la expresión "corrección procesal" para describir el fenómeno de la conducta adecuada de los sujetos procesales, y que preferimos frente a otras expresiones como buena fe, moralidad procesal, cooperación procesal, lealtad y probidad, pues aquella –que consideramos no tiene cargas emotivas ni transplanta valoraciones axiológicas– nos parece una expresión neutra y adecuada para una redefinición, mientras que las últimas consideramos, generan perplejidades, tanto lingüísticas como pragmáticas".&#13;&#13;La identificación y aplicación de la moralidad/buena fe/abuso del derecho está condicionada por los contextos normativos de aplicación. En cuanto respecta al proceso - principio de corrección procesal – podemos encontrar pautas o variables necesarias para su empleo racional y coherente, en miras a la no afectación de derechos y garantías procesales de las partes, pero a su vez cuidando los recursos que insume el proceso, así como su eficacia y celeridad, o el respeto entre los sujetos procesales que debe prevalecer en este método que llamamos proceso, pero además no permitiendo que el instrumento que sirve para resolver conflictos intersubjetivos de intereses se emplee para causar daños injustos.&#13;&#13;Siguiendo el consejo de J. Mª MARTÍNEZ VAL "vivamos el pleito como lo que es: una batalla por un derecho concreto, en que las fintas distraen, pero no resuelven, vivámoslo con vigilancia a la forma y la más profunda atención al fondo y al objetivo final, que es lo que importa".

Jorge I González Carvajal

La conducta procesal de las partes

La presente monografía conmemora el cuarenta aniversario de JUSTICIA, la revista de derecho procesal más antigua que se edita en España, en la que se han publicado 1.033 estudios de 370 juristas.&#13;&#13;JUSTICIA ha visto crecer diversas generaciones de procesalistas españoles, por lo que ha sido testigo de la evolución del derecho procesal. En este libro se constata este proceso evolutivo tanto en las materias que son objeto de estudio como de los autores que publican sus investigaciones.&#13;&#13;En esta obra se publica un índice de autores y otro sistemático de materias publicadas en JUSTICIA durante sus cuarenta años de vida. Y, de igual modo, se reproducen 25 estudios representativos publicados hasta 2000 (por orden alfabético de autores). El objetivo de esta recopilación es facilitar el rápido acceso a estudios de JUSTICIA que no pueden conseguirse de manera digitalizada en las bases de datos, esto es, los anteriores al siglo XXI. Y de éstos, se han elegido estudios generales referentes a la eficacia de la justicia, los principios y garantías constitucionales del proceso y aquellos que constituyen punto de referencia ineludible en la materia.

Joan Picó i Junoy

40 años de historia.

La evolución del Derecho Procesal a la luz de JUSTICIA.

El objetivo de esta obra es presentar y analizar el concepto de cosa juzgada desde una perspectiva amplia que permita apreciar comparativamente a través de ella los modelos de proceso civil de las tradiciones jurídicas más relevantes del mundo occidental, a saber, aquella denominada derecho civil o derecho continental y aquella denominada derecho común -common la- o derecho anglosajón, tomando como muestras las regulaciones de Chile, España e Inglaterra respectivamente.&#13;&#13;Si partimos desde el supuesto de que la litigación sin un punto final deviene en caos para un sistema de justicia, y consecuencialmente para el Estado, aparece entonces de manifiesto la relevancia que las reglas de clausura del sistema toman una vez que se ha dictado una decisión por el órgano jurisdiccional respectivo. Así, la cosa juzgada -entendida en un sentido amplio- es un conjunto de reglas que atribuyen a la decisión judicial la característica distintiva de la impugnabilidad e inalterabilidad en el tiempo. Este efecto propio de los actos estatales realizados a través de sus tribunales de justicia presume de ser la única categoría de actos del Estado que no son modificables en el tiempo, siendo en consecuencia finales.&#13;&#13;Este trabajo sostiene que las reglas de la res judicata constituyen la fórmula de cierre del proceso civil, y que en consecuencia su estudio permite construir la fisonomía de todo el sistema civil de justicia desde atrás hacia adelante. Se trata, entonces, de apuntar a las consecuencias, del resultado de la decisión a la que se ha arribado en el proceso, pero no desde los efectos propios de la decisión, sino desde el efecto que impide que lo contenido en esa sentencia, y que el asunto ya ha sido resuelto, no pueda volver a ser discutido.&#13;&#13;La propuesta pretende entonces comparar modelos de proceso civil desde la res judicata, la imposibilidad de relitigación y la invariabilidad de las sentencias de sus tribunales que están presentes en ambos sistemas. Se tratará, por consiguiente, de comparar las cosas juzgadas y desentrañar si existe entre ellas coincidencias que permitan tender puentes entre dichos sistemas procesales civiles; o si por el contrario existen diferencias irreconciliables propias de tradiciones jurídicas disímiles que parten desde supuestos de justificación distintos para instituciones que, sin embargo, parecen tener un mismo objetivo.&#13;&#13;Lo anterior se tomará en perspectiva a una noción de proceso civil contemporánea, atendido los recientes y concomitantes procesos de reforma en los países estudiados, que pone a la justicia civil como un servicio estatal para la tutela judicial de los intereses de sus ciudadanos.&#13;&#13;Jesús Ezurmendia Álvarez es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado (Universidad de Chile, 2012). Máster en Derecho, con mención en Litigación y Resolución de Disputas (University College of London, 2016) y Doctor en Derecho por la Universidad de País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (2021).

Comparación entre modelos de civil law y common law

Reflexión contemporánea sobre la cosa juzgada

Informárica

Varios autores

Desconexión digital y seguridad informática en el trabajo

Si preguntamos qué es la Presunción de Inocencia, la mayoría de la gente dirá que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario", una entelequia normativa que el pueblo llano no comprende y que, además, resulta de todo punto ilógica. El Tribunal Constitucional ha señalado que nos hallamos frente a una regla de trato que opera tanto en instrucción como en fase de juicio oral. A su vez, la privación provisional de libertad también se configura como una suerte de batalla de presunciones entre la de Inocencia y las contenidas en la LECrim que se refieren a los fines inherentes a la prisión preventiva, a partir de una presunción de culpabilidad que legitima su determinación en base a los eventuales peligros de huida, de alteración de pruebas o de reincidencia. Así, pues, se evalúan hechos futuros, que encierran un juicio de probabilidad e incerteza, y que funcionan como una verdadera prueba legal negativa.&#13;&#13;La prueba de hechos negativos es la llamada prueba diabólica, un concepto residual que solamente es mencionado a través de referencias y siempre con alusión a la carga de la prueba. Su objeto (los hechos negativos), su proceso lógico (la inferencia) y su conclusión (la carga de la prueba) merecen todo el respeto atendiendo a su relevancia en la estrategia procesal tanto para la defensa como para la acusación. Aunque, sin embargo, su importancia en el Derecho Penal práctico aún no ha sido puesta de manifiesto.&#13;&#13;El presente estudio analiza los llamados procesos de inferencia de los indicios de criminalidad, con el objetivo de vislumbrar su falta de lógica desde el punto de vista del razonamiento, de la verificación y de la motivación. Y ello por cuanto los jueces, en su exégesis, se remiten a la Ley y a la jurisprudencia constitucional en vez de a los hechos objeto de autos. Así, se les ha arrebatado la técnica del razonamiento, y con ello la posibilidad de impugnación y control, lo que supone una usurpación inadmisible de sus funciones. De esta forma, la Presunción de Inocencia parece más bien "un robo que un regalo", pues al examinarse los fines que justifican la prisión preventiva como hechos negativos que son y que, por lo tanto, aún no existen, se está construyendo una verdadera "Probatio diavolica" que no puede ser aceptada en modo alguno.

Antoni Pascual Cadena

Entelequia normativa y prisión preventiva

La prueba diabólica penal

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos

Jurisprudencia

Saray Vanessa Barbosa Salgado

Protección de datos personales en tiempos del big data

Álvaro Pérez

Conducción, gestión y gerenciamiento del proceso civil

La presente obra busca plantear una filosofía del sistema penal, la cual descansa en el principio de imputación y a lo que hemos denominado la pragmática de la imputación penal. En esa inteligencia, y recurriendo a la legislación comparada, hemos explicado que la litis se fija cuando se formula imputación o se formaliza la investigación y no al cierre de la investigación cuando se plantea la acusación; ello por mandato legal y por la siguiente lógica del sistema: la afectación de la libertad personal mediante medidas cautelares o el dictado de decisiones jurisdiccionales de terminación o conclusión anticipada del proceso, exigen de una imputación formulada, a la que incluso la futura acusación, juicio y sentencia están vinculados, a saber, al cuadro fáctico imputado; ello, lo hemos explicado en el capítulo primero a través delo que hemos denominado modelo imputativo.&#13;&#13;Ahora bien, lo que se imputa es un cuadro fáctico y su perfeccionamiento no lo otorga la actual sobrevaloración de los testimonios, sino el recurso a las ciencias forenses (artículo 228° de la norma adjetiva mexicana, artículo 276° de la ley procesal panameña o el artículo 321.2° del Código procesal penal peruano, como ejemplos que la lectura forense, criminalístico y científico de los hechos es la exigencia legal y no una psicología del testimonio); a ello, nos dedicamos en los capítulos segundo y tercero, que por su importancia radica el centro de nuestro estudio. No obstante, el mencionado perfeccionamiento de los hechos nos debe conducir a la afirmación que una persona ha infringido un deber jurídico penal que actualiza tanto la afectación de un bien jurídico legalmente protegido así como un tipo penal; ello nos permite revisar las reglas de imputación objetiva y subjetiva, así como demás categorías de la teoría del delito, pero alejándonos de constructos como la semántica del Derecho penal, la cual no presenta una equivalente potencia con las ciencias forenses; y a ello nos hemos centrado en el capítulo cuarto. Sin embargo, el principio de imputación conlleva a analizar sus consecuencias, como la sanción, la reparación civil y las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, conforme lo desarrollado en el capítulo quinto. &#13;&#13;Finalmente, la imputación requiere de control judicial en audiencia, en razón a los efectos que en los derechos humanos del procesado va a generar, y a ello nos dedicamos en los capítulos sexto y sétimo, con especial referencia a la audiencia inicial regulada en codificaciones como la mexicana; en suma, la imputación es el puente que permite el diálogo entre el Derecho penal y el procesal penal, y a los que nos conducirá a una pragmática (no en su sentido semántico), sino forense, de la imputación.

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

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