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Gesamtkatalog

Catalogue complet

Frederic Munné Catarina

Carlos De Miranda

José Luis Seoane Spiegelberg

Ignacio Santo Gargallo

Carmen Ortiz Rodríguez

Berta Pellicer Ortiz

Joan Picó Junoy

Óscar Fernández León

Antonio L. Manzanero

Juan Antonio Andino López

Cristina Vallejo Ros

Xavier Abel Lluch

Carme Adell Artiga

Elisabet Cerrato Guri

Roser Casanova Martí

Olga Arderiu Ripoll

Manuel Richard González

Tiziana Di Ciommo

Pablo Izquierdo Blanco

Rafael Orellana de Castro

Nuria Barcones Agustín

Jordi Muñoz-Sabaté i Carretero

Desafíos de la probática y del derecho probatorio

Administración Pública y Derecho

El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

César Cierco Seira

Hacia un desarrollo más completo de la intervención en la justicia administrativa

El codemandado en el proceso contencioso-administrativo

Kai Ambos

Procedimiento de la ley de justicia y paz ley 975 de 2005 y derecho penal internacional

La prueba, como actividad en la que se pretende convencer al juez sobre la certeza de los hechos controvertidos, es siempre muy compleja. Por ello es fundamental dominar todos los aspectos del derecho probatorio, máxime cuando en ella radica el triunfo o fracaso de uno de los justiciables.&#13;&#13;Esta relevancia judicial de la actividad probatoria ha llevado al moderno constitucionalismo a prever en las Cartas Magnas un precepto dedicado al derecho a la prueba: ello sucede tanto en la Constitución española, con su art. 24.2, como con la más reciente de las constituciones latinoamericanas, la cubana, de 2019, con su art. 94.c). De esta forma, en ambos países, el derecho constitucional a la prueba exige una continua interpretación de la legalidad procesal acorde con el protagonismo que tiene este derecho.&#13;&#13;Esta obra de debate sobre el derecho probatorio es fruto del encuentro de diversos integrantes de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y de la mejor escuela procesalista cubana.

Diálogos hispano-cubanos

La prueba a debate

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

La administración de justicia será digital o no será. La pandemia del covid-19 ha vuelto a poner de manifiesto los males y miserias que aquejan a nuestro sistema judicial, que debe superar cuanto antes el debate acerca de la conveniencia de abrazar el avance tecnológico.&#13;&#13;La obra aborda en un ejercicio que compagina teoría y práctica, una cuestión de rabiosa actualidad y de necesidad indubitada como es la aplicación de los sistemas de IA para apoyar, en sentido afirmativo o negativo, la decisión judicial que adopta la prisión provisional, así como sus efectos para los derechos fundamentales en juego.&#13;&#13;Con tal fin, la primera parte de la obra se centra en hacer un diagnóstico revelador, un zum, de lo general a lo particular, analizando con un lenguaje atrevido y un estilo directo, cercano en ocasiones al ensayo, el alcance de la revolución digital y sus efectos sobre la Administración de Justicia y el proceso.&#13;&#13;La segunda parte del trabajo se centra en el análisis de los sistemas expertos de inteligencia artificial judicial de valoración de riesgos (IAJVR) como alternativa a los atávicos heurísticos o atajos intuitivos del juzgador, que hasta la fecha determinan la adopción de medidas cautelares limitativas de derechos, cuyo paradigma es sin lugar a duda la institución de la prisión provisional. Es en este ámbito en el que contar con sistemas de IAJVR puede ayudar a conjurar y objetivar el riesgo real que se pretende enervar con la imposición de tan singular medida.&#13;&#13;Por último, en la tercera parte el autor focaliza su atención en el empleo de los sistemas de IAJVR en el seno del proceso penal y la afectación que de ello puede derivarse sobre los derechos fundamentales en juego, tales como el derecho de defensa, el derecho al juez imparcial, la presunción de inocencia, la dignidad humana, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos o el principio de publicidad procesal, incluyendo propuestas de factis ferenda sobre quién y cómo debe controlar al algoritmo.

Pere Simón Castellano

La alternativa a los atávicos heurísticos judiciales

Justicia cautelar e inteligencia artificial

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos

Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

La expedición del Código General del Proceso y el nuevo estatuto arbitral nacional e internacional generaron profundos cambios en la legislación procesal civil y el modelo de enjuiciamiento en Colombia. A partir de este contexto, Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el Proceso Arbitral en Colombia estudia la naturaleza del proceso arbitral, analiza la aplicabilidad del Código General del Proceso al trámite especial y examina en detalle determinadas instituciones procesales, tales como la jurisdicción, la conciliación extrajudicial, la demanda, la integración de las partes, entre otras. &#13; &#13;Esta obra es producto de una investigación que involucró a jueces y árbitros, a quienes se consultó sobre la aplicabilidad de las normas que regulan la sustanciación y ritualidad de los juicios. En sus páginas se presentan conclusiones bajo una metodología que reflejó un enfoque cualitativo y, al mismo tiempo, de investigación social. Como lo señala Nattan Nisimblat en el prólogo, "un trabajo como este solo tiene vocación dies a quo, "desde este día", por lo que su presentación y lectura solo podrán, en gerundio, realizarse como lo que en suma es, algo que apenas se está construyendo".

Cindy Charlotte Reyes Sinisterra

María del Socorro Rueda Fonseca

Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia

La procura es una profesión con una tradición de más de dos mil años, la cual, mostrando gran resiliencia, ha sabido adaptarse a todo tipo de cambio de condiciones y circunstancias, como las que han traído consigo la transformación tecnológica de la administración de justicia y la transformación digital de la sociedad. Durante dicho periodo ha convivido y compartido protagonismo con la abogacía, una convivencia que no siempre ha sido pacífica. El procurador de los tribunales es una figura, en gran medida, desconocida y, en mayor medida, aún, debatida y controvertida. Es a mediados del siglo XIX cuando esta profesión viene a consolidarse y a profesionalizarse. Dicha circunstancia ocurre en un contexto de debate acerca de la necesidad y pertinencia de regular la intervención de este profesional de manera obligatoria para la parte en todo tipo de procesos, debate que sigue vigente a día de hoy. En dicho contexto, la presente obra, dedicada íntegramente a la figura del procurador, no tiene otra finalidad que la de arrojar algo de luz sobre dicho debate, realizando un examen acerca de la necesidad de regular de manera preceptiva la intervención de dicho profesional. En las siguientes líneas, la procura será traída a juicio.

Francisco Javier Fernández Galarreta

La procura a juicio

La presente monografía conmemora el cuarenta aniversario de JUSTICIA, la revista de derecho procesal más antigua que se edita en España, en la que se han publicado 1.033 estudios de 370 juristas.&#13;&#13;JUSTICIA ha visto crecer diversas generaciones de procesalistas españoles, por lo que ha sido testigo de la evolución del derecho procesal. En este libro se constata este proceso evolutivo tanto en las materias que son objeto de estudio como de los autores que publican sus investigaciones.&#13;&#13;En esta obra se publica un índice de autores y otro sistemático de materias publicadas en JUSTICIA durante sus cuarenta años de vida. Y, de igual modo, se reproducen 25 estudios representativos publicados hasta 2000 (por orden alfabético de autores). El objetivo de esta recopilación es facilitar el rápido acceso a estudios de JUSTICIA que no pueden conseguirse de manera digitalizada en las bases de datos, esto es, los anteriores al siglo XXI. Y de éstos, se han elegido estudios generales referentes a la eficacia de la justicia, los principios y garantías constitucionales del proceso y aquellos que constituyen punto de referencia ineludible en la materia.

Joan Picó i Junoy

40 años de historia.

La evolución del Derecho Procesal a la luz de JUSTICIA.

Desafíos de la probática y del derecho probatorio

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