Über uns

À propos de nous

Nachhaltigkeit

Durabilité

Open Access

Karriere

Carrière

Datenschutz

Protection des données

Impressum

Mentions légales

Zahlung und Lieferung

Paiement et livraison

LEXIA

LEXIA Arbeitsrecht

Was ist LEXIA?

C'est quoi LEXIA ?

LEXIA Familienrecht

Zeitschriften

Revues

recht

Pflegerecht

ZBJV

forumpoenale

ZStrR

Anwaltsrevue

Revue de l'avocat

RSAS

FamPra.ch

ASYL

Life Science Recht

BlAR

Sachbuch

Livres spécialisés

LOKI

Semaphor

Fokusthemen

Focus

Thema

Recht studieren

Arbeitsrecht

Droit du travail

Studium

Études

Familienrecht

Droit de la famille

Sozialversicherungsrecht

Droit des assurances sociales

Strafrecht

Droit pénal

Publikationen

Publications

Literatur

Onlinemodule LEXIA

Modules en ligne LEXIA

Bücher

Livres

Buchreihen

Collections

Datenbanken

recht.ch

Studienliteratur

Littérature pour les études

Services

Dienstleistungen für

Corporate Books

Publishing Lösungen

Aktuelles

Geschäftskunden

Professionnels

Corporate Publishing

Content solutions

Buchhandlungen

Librairies

Veranstaltungen

Événements

Presse

Dozierende

Enseignants

Studierende

Étudiants

Inserierende

Annonceurs

Newsletter

Blog

Autorinnen/Autoren

Auteurs

Unsere Schreibenden

Hilfe

Unsere Autorinnen und Autoren

Liste

Autorenlounge

Espace des auteurs

Bei uns publizieren

Publier chez nous

Autorenstimmen

Témoignages

Verlag

Éditions

Themen

Mehr wissen

Mitarbeitende

Collaborateurs

Geschichte

Histoire

Vision und Mission

Vision et mission

Unser Magazin

Notre magazine

Unternehmenskultur

Culture d'entreprise

Partner

Partenaires

Kontakt

Contact

Shop

Schweizer Recht

Ausländisches Recht

Über unseren Shop

Neuerscheinungen

Nouveautés

Unsere Funktionen

Nos fonctions

Vorankündigungen

À paraître

Nach Rechtsgebiet

Par domaine juridique

Kommentare

Commentaires

Gesamtkatalog

Catalogue complet

Carlos Mario Montiel Fuentes

La Teoría de los Principios y los Principios del Derecho Concursal

Teoría constitucional y derecho

En este libro se propone efectuar un recorrido por una de las construcciones más citadas, pero paradójicamente menos estudiadas en profundidad, de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos: el Clear and Present Danger test, que diseña una original solución para el problema universal de cuáles han de ser los límites de la libertad de expresión en un Estado democrático, sobre todo cuando lo que se cuestiona es el propio orden democrático. En este libro se sostienen, al respecto, dos tesis principales. La primera es que más que una teoría única que se haya ido depurando o perfeccionando por la Corte Suprema, es posible identificar varios modelos autónomos e independientes de Clear and Present Danger test. La segunda es que para entender adecuadamente esta teoría no debemos conceptuarla como únicamente un test, esto es, como una herramienta procesal, sino también como una doctrina que propone una determinada concepción constitucional sobre la libertad de expresión en los límites de la democracia.

Abel Arias Castaño

Clear and Present Danger test. La libertad de expresión en los límites de la democracia

Andrej Kristan

Antimanual

Desde el Estado hasta la ideología judicial

Derecho Procesal

Presente trabajo reflexiona sobre tres temas: SISTEMA DE SANA CRÍTICA RACIONAL, DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD JURÍDICA. Trata de una investigación en torno al debate contemporáneo del Derecho Procesal, la Teoría General del Proceso, el Razonamiento Probatorio y en algunos casos de la Filosofía del Derecho. El sistema de sana crítica racional; es un instrumento razonable de verificación de la verdad, que constriñe al juez a no apreciar la prueba de forma arbitraria, discrecional e irreflexiva, es decir, el juez debe contrastar los hechos objetivos alegados con la prueba a efectos de sistematizar y analizar conforme el umbral de las reglas del sistema de sana critica racional si corresponde con la verdad, o no. Por otro lado, el debido proceso es un derecho fundamental, complejo, de carácter instrumental, continente de numerosas garantías en aras de la protección a las personas y éste, constituye la mayor expresión del derecho procesal. El debido proceso al ser un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto, oportuno y justo proceso judicial o administrativo, consiste, en último término, en una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales. En suma, el autor expone el tránsito de la seguridad jurídica que se efectúa desde su establecimiento como derecho fundamental, hasta su actual matización como principio que sustenta la potestad de impartir justicia. Lo contrario de la seguridad jurídica es la inseguridad jurídica que puede derivar, por ejemplo, en decisiones injustas.

José L Cusi Alanoca

Debido proceso y seguridad jurídica

Sistema de sana crítica racional

Luis Miguel Reyna Alfaro

La carga de la prueba en el proceso penal contra las personas jurídicas

Este libro pretende realizar un aporte dogmático que sirva para identificar los estándares que debe cumplir un sistema de ejecución de las resoluciones judiciales que sea eficaz y respetuoso de los derechos fundamentales. La hipótesis que se pretende demostrar es que, en el marco de sistemas procesales modernos, la ejecución de las resoluciones judiciales es un derecho fundamental que atañe tanto a los acreedores como a los deudores, y que obliga a los Estados a proveer a sus ciudadanos sistemas de ejecución eficaces en términos de oportunidad y que permitan el equilibrio de los derechos que están en juego. La obra se divide en seis capítulos.

Macarena Vargas Pavez

Noción e implicancias a partir de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos

El derecho a la ejecución forzada

Derecho aplicado a la función policial


<p>
La formación en Derecho penal resulta esencial para la labor diaria de las Policías Locales. A diferencia de otros cuerpos de la Administración Pública, la Policía trabaja a pie de calle, en contacto directo e inmediato con los conflictos que pueden llegar a convertirse en procedimientos penales, como pueden ser peleas en la vía pública, violencia en el ámbito familiar, delitos contra la seguridad vial, delitos contra el patrimonio, desórdenes públicos, etc. Cada identificación, cacheo, detención o atestado tiene consecuencias jurídicas que, si no se ajustan a la Constitución y a la ley, pueden provocar la nulidad de las diligencias, la absolución de personas que sí cometieron un delito o, incluso, la depuración de responsabilidades del propio agente.

En ese contexto, el Derecho penal se estudia aquí como una herramienta de trabajo imprescindible: por un lado, es el instrumento más severo de control social (penas, medidas de seguridad); por otro, es un Derecho de garantías, que limita el poder punitivo del Estado mediante principios como legalidad, culpabilidad o proporcionalidad. La dogmática penal española, recogida en manuales de referencia como Derecho penal. Parte general de Mir Puig o Muñoz Conde, concibe el delito, de forma clásica, como una acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible; esta definición no es solo teórica: ofrece un esquema ordenado para valorar, paso a paso, si los hechos que un agente presencia o documenta son realmente delictivos y qué consecuencias pueden tener. 

La jurisprudencia reciente ofrece además criterios específicos de interés para la Policía Local: decisiones del Tribunal Supremo sobre la valoración del uso de la fuerza en intervenciones policiales, la existencia de un plus de antijuridicidad cuando el agente abusa de su posición, o sobre la diferencia entre dolo eventual e imprudencia consciente en delitos del tráfico y agresiones.  

Este manual, por tanto, no pretende convertir al Policía Local en penalista, sino proporcionarle un lenguaje común con jueces, fiscales y letrados, y las herramientas básicas para trabajar con mayor seguridad jurídica. Cada intervención policial es, en el fondo, un punto de contacto entre la realidad social y el sistema penal: cuanto mejor conozca el agente los conceptos básicos de Derecho penal, más eficaz y más garantista será su actuación al servicio de la comunidad.</p>


Derecho Aplicado a la función policial. Módulo I Derecho Penal (Parte General)

Jurisprudencia

A partir de la experiencia colombiana (2014-2018), este libro presenta los principales retos existentes en los paises receptores de poblacion migrante al construir politicas publicas, institucionalidad de respuesta y regulaciones internas cuyas exigencias internas e internacionales implican la aplicacion de un enfoque de derechos humanos.   Se trata de una propuesta de investigacin que surge al interior de la Red Sociojurdica en el ao 2017 y que compromete a veintin universidades colombianas y cuarenta y cinco investigadores bajo el liderazgo de la Universidad del Rosario, en la construccin de un diagnstico que da cuenta desde la mirada nacional y desde las regiones, de lo que ha sucedido en respuesta a los derechos a la salud, educacin, trabajo y acceso a la justicia de los migrantes en los ltimos cuatro aos en Colombia.   La obra inicia con una reflexin sobre el rol de las instituciones nacionales frente a la migracin venezolana, se estudia luego la situacin en las zonas de frontera del pas, se examina adems la respuesta en la zona centro, en la regin de Antioquia y el Eje Cafetero. El captulo de cierre desarrolla uno de los problemas ms graves resultado del diagnstico: el tema de la apatridia de miles de nios y nias, hijos de mujeres venezolanas en condicin migratoria irregular, nacidos en todas las regiones del pas en este perodo.

María Teresa Palacios Sanabria

Beatriz Londoño Toro

Migración y Derechos Humanos: el caso colombiano, 2014-2018

Introducción. I. ¿A quién le corresponde delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en un Estado en que las normas concebidas para ello no son nada claras? II. La ficción de una jurisdicción de lo contencioso administrativo concebida para decidir en derecho administrativo, y la de limitación de su objeto a partir del reconocimiento de decisiones con fundamento en el derecho civil y comercial. III. Consideraciones finales. Biografía.&#13;&#13;En el pasado he manifestado, insistentemente, mi preocupación por la necesidad de delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en nuestro país. Ello ha tenido una motivación de doble vía: una conceptual y de comprensión institucional, y otra de perplejidad por el sinnúmero de dudas de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo.&#13; La razón de la primera tiene una altísima carga académica: vivir en un Estado con una rara configuración institucional de la rama judicial, donde en el contexto de una pluralidad de jurisdicciones se esboza desde hace casi ciento diez años una jurisdicción de lo contencioso administrativo poco común en el derecho comparado, con un indiscutible referente foráneo que le sirvió de impulso, pero, también, fruto de acontecimientos históricos propios y precisos, lo cual supone de manera bastante natural y con tintes de pretensiones lógicas, preguntarse por su esencia, naturaleza y razón de ser. Este enfoque necesariamente ha llevado a interrogarme en el pasado, de manera puntual, el porqué de su existencia.

Andres Fernando Ospina Garzón

Tomo II  El Contencioso Administrativo jurisdiccional. Volumen II: El contencioso administrativo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Horizontes del contencioso administrativo

En los últimos años se vive en España una etapa en la que una parte nada desdeñable de la opinión pública demanda revisar la forma de organizar la toma de decisiones colectivas, comportando que la democracia representativa esté en el punto de mira. Fruto de ello, el presente libro tiene cuatro objetivos. El primero es explicitar tanto la teoría político-constitucional hegemónica sobre la representación política como las alternativas, vislumbrando tanto las diferencias que estas últimas poseen en relación con la primera como las problemáticas que pueden acabar generando dichos postulados jurídico-políticos alternativos. El segundo es defender la democracia representativa como la mejor forma de Estado que hasta el presente ha sido conceptualizada y aplicada en el marco de las sociedades complejas. El tercer objetivo es realizar una interpretación constitucional de la representación política y la relación representativa en la Constitución española, determinando cuáles son las bases de su sistema de representación política, qué teorías se asumen para construirlo constitucionalmente, sobre quién recae la relación representativa, cuál es la interpretación sistemática que nos permiten los diferentes artículos que desarrollan la democracia representativa y qué papel ha jugado en dicha construcción la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El cuarto y último objetivo es tratar de inferir algunas consecuencias prácticas de dicha interpretación constitucional.&#13;
&#13;


Daniel Fernández Cañueto

Representación política y Constitución española

Por diversas causas que no es conveniente considerar aquí, la enseñanza universitaria del derecho en los países de tradición civilística, como México, se ha reducido a una enseñanza meramente teórica de las nociones y las reglas, con olvido de la formación del hábito intelectual más propio del jurista, que es la jurisprudencia; esto es, el hábito de discernir lo justo en los casos concretos. El objetivo de este libro es precisamente, ayudar en la formación del hábito intelectual en los estudiantes de derecho romano, el cual, fue un derecho que se formó casuísticamente, a partir de las respuestas que daban los juristas a los casos que se les consultaban.

Jorge Adame Goddard

Cuatrocientos casos y respuestas de los juristas romanos

Esta obra busca ser un apoyo para jueces, abogados en ejercicio, estudiantes y academicos, pues abarca los principales problemas teoricos y practicos que la responsabilidad civil enfrenta en nuestro tiempo. La idea de una segunda edicion tiene su origen en la gran acogida que los abogados, jueces, academicos y estudiantes le brindaron a esta modesta obra. Asimismo, la segunda edicion surge de la necesidad de presentar al lector cambios relevantes que del ano 2009 a la fecha ha tenido la legislacion y la jurisprudencia.

Obdulio Velásquez Posada

Segunda Edición

Responsabilidad civil extracontractual

La Constitución reserva al Estado la competencia para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, lo que debería haber posibilitado a las CCAA la regulación de estas consultas en su ámbito territorial. Debido a los intentos del País Vasco y Cataluña de celebrar referéndums de secesión territorial, el Tribunal Constitucional realizó, sin embargo, una interpretación restrictiva de las posibles competencias autonómicas en la materia, al considerar que la competencia estatal debía ""extenderse a la entera disciplina de la institución"", porque solo la ley orgánica puede regular ""las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum"" (art. 92.3 CE) y el ejercicio del derecho fundamental a participar directamente en los asuntos públicos (art. 23 CE).&#13;
En los últimos años, el Tribunal Constitucional ha corregido su criterio estimando compatible con la Constitución la competencia autonómica sobre consultas populares referendarias al amparo de un título competencial explícito en el Estatuto y en el marco de una eventual regulación orgánica del derecho de participación política que lo permita. Y ello ha reabierto el debate sobre la posibilidad de la democracia directa en los ámbitos autonómicos.&#13;
En este libro varios constitucionalistas reproducen los fundamentos y los límites de dicho debate. Tras un riguroso análisis de la funcionalidad de los referéndums territoriales en los Estados compuestos, la primera parte de la obra se dedica al estudio del precario marco normativo de los referéndums y las consultas populares en el Estado autonómico español y de las controversias suscitadas por la citada evolución jurisprudencial. La segunda parte de la obra profundiza en los excesos de algunos legislativos y ejecutivos autonómicos, quienes han abusado de sus facultades para convocar referéndums de secesión o para consultar sobre cuestiones ajenas a sus competencias, condicionando con ello las posibilidades de normalización del referéndum autonómico en nuestro país.

Carlos Garrido López

Eva Sáenz Royo

Referéndums y consultas populares en el Estado autonómico

La Teoría de los Principios y los Principios del Derecho Concursal

Weitere Titel zum Thema