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Produkt vom BFSG ausgenommen: Hersteller ist Kleinstunternehmen

Luis Miguel Reyna Alfaro

La carga de la prueba en el proceso penal contra las personas jurídicas

Xavier Tayadella Prat

Male synthesized voice

El código penal explicado para todos

Si el proceso civil se mirara en el espejo del derecho comparado, ¿qué vería? Algunos personajes, como Chiovenda, Millar, Calamandrei, Cappelletti, Denti y Taruffo (centrándonos solo en los autores extranjeros que más influyeron en nuestro procedimiento civil), comparan legislaciones y derechos extranjeros, identifican problemas comunes y buscan soluciones similares, usando explícita o implícitamente una receta para realizar comparaciones jurídicas. Rastrear la relación entre derecho comparado y proceso civil y abordar sus principales temas metodológicos —como objeto, objetivos y métodos— desde una perspectiva cultural son las cuestiones que este libro se propone afrontar.

Victória Pasqualotto

Del derecho procesal comparado a la comparación en el proceso civil

Proceso civil comparado

Alfredo F. Soria Aguilar

Manuel Diego Aramburú Yzaga

José Carlos Taboada Mier

Ana Sofía Vargas Hernández

Natalia M. Ceballos Ríos

Edith Karina Meléndez Pastor

Ana Cecilia Rivasplata Martínez

Sandra Montes Gózar

Fiorella Vanessa Casaverde Cotos

Valentina Alamo Rollandi

Jacqueline López Wismer

Eduardo Lobatón Guzmán

Lucero García Silva.

Laudo arbitral


<p>
Este libro del profesor Allan R. Brewer-Carías, sobre Derecho Constitucional Comparado, es una recopilación de todos sus estudios sobre el tema, publicados durante las últimas décadas, en muchos países y en diferentes fechas. Como tal, se publica como el Tomo XVII de su Treatado de Derecho Constitucional, que comenzó a publicarse en 2014.
El volumen contiene 35 Secciones organizadas en los siguientes Siete Libros:
En el Libro Primero, sobre constitucionalismo contemporáneo, se incluyen trabajos sobre el futuro del Estado democrático y social de derecho en América Latina; los retos para la Constitución del siglo XXI; la cuestión de la escogencia de los jueces de las Cortes Supremas; la aplicación de los Tratados internacionales de derechos humanos en el ámbito interno; las limitaciones a la libertad de información (prensa, cine y televisión); y las protecciones constitucionales y legales contra las tributaciones confiscatorias.
En el Libro Segundo, sobre derecho al sufragio y las elecciones, si incluyen trabajos sobre el derecho a la democracia, la reelección indefinida y la nulidad de los actos electorales..
En el Libro Tercero sobre la descentralización política del Estado, se incluyen estudios sobre descentralización territorial, la autonomía territorial y la regionalización política; la democracia y la participación; el Federalismo, la democracia municipal y el desarrollo local.
En el Libro Cuarto, sobre Justicia Constitucional, se incluyen estudios sobre la justicia constitucional como garantía de la Constitución y su regulación en América Latina; el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, con referencias especificas al sistema mixto o integral de control de la constitucionalidad en Colombia y Venezuela; la acción de inconstitucionalidad en Perú, México y Venezuela y los jueces constitucionales como legisladores positivos. 
En el Libro Quinto, sobre control de convencionalidad, se incluye el estudio sobre el tema, con particular referencia a la garantía del derecho a la protección judicial.
En el Libro Sexto, sobre protección de los derechos humanos y
 el proceso de amparo, se incluyen trabajos sobre el régimen del derecho y acción de amparo en el ámbito latinoamericano, y su consagración en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sobre su presentación escrita y oral; sobre la tutela efectiva en Europa; y sobre la admisión jurisprudencial del amparo en República Dominicana
En el Libro Séptimo, sobre reforma constitucional y Asamblea Constituyente, se incluyen varios estudios sobre el régimen de las mismas en América Latina, la participación popular; en los procesos; el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales, el populismo constitucional y los procesos constituyentes recientes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras y Chile.</p>


DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO. Tomo XVII. Colección Tratado de Derecho Constitucional

Monografías jurídicas

La confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente es un elemento esencial del derecho a la asistencia letrada. Los abogados solo pueden ejercer su profesión correctamente si los clientes tienen plena confianza en su discreción, en su silencio y en su profesionalidad. La tutela de la confidencialidad a través de las normas sobre secreto profesional cobra especial importancia en el proceso penal. Sin embargo, el contenido y extensión de esa protección no siempre está bien definido y, además, varía mucho en cada ordenamiento jurídico nacional. De ahí que sea necesario y urgente, en un mundo globalizado en el que sofisticadas herramientas informáticas permiten acceder a cantidades ingentes de datos y comunicaciones, sin limitación de fronteras territoriales, aclarar cómo se garantiza el derecho fundamental a la confidencialidad entre el abogado y su cliente, a nivel nacional y supranacional.&#13;El presente libro aborda, desde una perspectiva de Derecho comparado, en primer lugar, la garantía del derecho a la asistencia letrada para, después, adentrarse en temas tan relevantes como la confidencialidad en las investigaciones internas en el ámbito del compliance, la protección de los archivos electrónicos frente a registros de ordenadores de abogados, o el rol de la confidencialidad en la prevención del blanqueo de capitales. Se han analizado regulaciones, prácticas y avances en más de dieciséis países con objeto de identificar áreas problemáticas, así como posibles soluciones. La información y análisis contenidos en este conjunto de estudios son, por ello, de gran utilidad para los profesionales de cualquier ámbito del Derecho, así como para el legislador.

Lorena Bachmaier Winter

Antonio Martínez Santos

Estudio de Derecho comparado

Asistencia letrada, confidencialidad abogado-cliente y proceso penal en la sociedad digital

Grenfieth de Jesús Sierra Cadena

Gilles J. Guglielmi

La internacionalización del derecho administrativo

María de los Ángeles González Coulon

Desafíos de la rendición de los medios de prueba en el proceso y su valoración

No hace mucho se hubiera afirmado que la cuestión de la ratio decidendi y el estudio de los precedentes era una cuestión que solo incumbía a la tradición del common law, y que poco tenía que decirse sobre el asunto para la tradición del civil law.&#13;&#13;En la actualidad, la creciente autoridad y vinculatoriedad que se la ha otorgado a las decisiones de las altas cortes en los sistemas del civil law, hacen que el estudio de esta cuestión merezca un estudio cuidadoso para todo operador jurídico.&#13;A partir de la experiencia en Brasil, y más allá de intentar hacer un análisis teórico de lo que es la ratio decidendi, la presente obra busca orientar al lector en la no tan fácil labor de lidiar con los precedentes en la práctica cotidiana.&#13;La primera parte de la obra estudia la historia de la ratio decidendi, el debate sobre su caracterización y sus propósitos. La segunda parte, a partir de la experiencia del common law, busca proponer una compresión de la ratio decidendi capaz de dar cuenta del tratamiento de cuestiones idénticas, semejantes y distintas. La tercera parte toma el bagaje anterior para intentar indicar cómo ello puede colaborar a lo largo del camino del proceso.&#13;El lector, así, tendrá en sus manos una obra que le ayudará no solo a descubrir aspectos relevantes sobre la materia, sino a su aplicación en la resolución de casos.

Daniel Mitidiero

¿Cuándo una cuestión es idéntica, semejante o distinta?

Ratio decidendi

La segunda parte de esta obra esta orientada al examen de los tipos penales en particular, y de las disposiciones a traves de las cuales se efectua la integracion normativa, recurriendo a la evolucion legal del instituto, a los planteamientos doctrinarios, y a los desarrollos que ha efectuado nuestra jurisprudencia, permeadas por el imprescindible cedazo de la critica, cuando ello se hace necesario para fundamentar propuestas hermeneuticas. Tambien se hace referencia a la legislacion espanola, en cuanto muchas de las hipotesis delictivas, que consagra nuestro legislador, se han inspirado, de alguna manera en la referida codificacion, a efectos de que el lector pueda sacar sus propias conclusiones al efectuar los correspondientes cotejos y analisis. Debe destacarse que este segundo acpite, que bien podra denominarse la verdadera parte especial de los delitos contra la administracin pblica, no sigue necesariamente en el anlisis de las diferentes hiptesis delictivas en particular, los estrictos derroteros dogmticos de la estructura tpica en su componente objetivo sujetos, objeto, conducta, elementos normativos, descriptivos- y subjetivo -dolo, culpa, elementos subjetivos distintos del dolo-, no porque se desestimen, sino para evitar repeticiones que resultaran innecesarias y fatigosas, mxime cuando la parte primera, hace precisiones in extenso sobre estos temas. En consecuencia, entender el lector como en el examen de ciertos tipos penales, pareciere prescindirse de esta metodologa recurriendo en su lugar a sealar las caractersticas propias de las hiptesis delictivas, y en otros casos se desarrolla en su integridad, para destacar ante todo los aspectos problemticos de las particulares descripciones comportamentales, en el devenir jurisprudencial y doctrinal.

Cesar Augusto Otálvaro Sánchez

Parte segunda: Delitos en particular

Delitos contra la administración publica (Título XV)

Derecho Procesal

Presente trabajo reflexiona sobre tres temas: SISTEMA DE SANA CRÍTICA RACIONAL, DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD JURÍDICA. Trata de una investigación en torno al debate contemporáneo del Derecho Procesal, la Teoría General del Proceso, el Razonamiento Probatorio y en algunos casos de la Filosofía del Derecho. El sistema de sana crítica racional; es un instrumento razonable de verificación de la verdad, que constriñe al juez a no apreciar la prueba de forma arbitraria, discrecional e irreflexiva, es decir, el juez debe contrastar los hechos objetivos alegados con la prueba a efectos de sistematizar y analizar conforme el umbral de las reglas del sistema de sana critica racional si corresponde con la verdad, o no. Por otro lado, el debido proceso es un derecho fundamental, complejo, de carácter instrumental, continente de numerosas garantías en aras de la protección a las personas y éste, constituye la mayor expresión del derecho procesal. El debido proceso al ser un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto, oportuno y justo proceso judicial o administrativo, consiste, en último término, en una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales. En suma, el autor expone el tránsito de la seguridad jurídica que se efectúa desde su establecimiento como derecho fundamental, hasta su actual matización como principio que sustenta la potestad de impartir justicia. Lo contrario de la seguridad jurídica es la inseguridad jurídica que puede derivar, por ejemplo, en decisiones injustas.

José L Cusi Alanoca

Debido proceso y seguridad jurídica

Sistema de sana crítica racional


<p>
El volumen Coordinado por el profesor Mauro Mazza, profesor asociado de Derecho Público Comparado en el Departamento de Derecho de la Universidad de Bérgamo, ofrece el resultado de una reflexión sobre las características de los sistemas constitucionales de Asia Oriental. En el transcurso del trabajo, además de la profundización de los derechos extranjeros considerados, también se realizaron investigaciones con miras a la comparación interna o areal, es decir, entre los ordenamientos jurídicos orientales, y respecto de los ordenamientos jurídicos públicos pertenecientes a otros tradiciones jurídicas, principalmente a la tradición jurídica occidental. Los sectores de los sistemas examinados se refieren al sistema constitucional, con un análisis separado de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial incluyendo la justicia constitucional (en las experiencias nacionales que la contemplan), las formas de descentralización político-administrativa y el catálogo de derechos fundamentales. De acuerdo con las tendencias ampliamente predominantes en la literatura internacional sobre metodología del derecho comparado (en lo que aquí es relevante, en el campo del derecho constitucional), se han examinado tanto los perfiles diacrónicos como soncrónicos de las leyes nacionales consideradas.</p>


LOS SISTEMAS CONSTITUCIONALES DEL LEJANO ORIENTE

Derecho aplicado a la función policial


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La formación en Derecho penal resulta esencial para la labor diaria de las Policías Locales. A diferencia de otros cuerpos de la Administración Pública, la Policía trabaja a pie de calle, en contacto directo e inmediato con los conflictos que pueden llegar a convertirse en procedimientos penales, como pueden ser peleas en la vía pública, violencia en el ámbito familiar, delitos contra la seguridad vial, delitos contra el patrimonio, desórdenes públicos, etc. Cada identificación, cacheo, detención o atestado tiene consecuencias jurídicas que, si no se ajustan a la Constitución y a la ley, pueden provocar la nulidad de las diligencias, la absolución de personas que sí cometieron un delito o, incluso, la depuración de responsabilidades del propio agente.

En ese contexto, el Derecho penal se estudia aquí como una herramienta de trabajo imprescindible: por un lado, es el instrumento más severo de control social (penas, medidas de seguridad); por otro, es un Derecho de garantías, que limita el poder punitivo del Estado mediante principios como legalidad, culpabilidad o proporcionalidad. La dogmática penal española, recogida en manuales de referencia como Derecho penal. Parte general de Mir Puig o Muñoz Conde, concibe el delito, de forma clásica, como una acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible; esta definición no es solo teórica: ofrece un esquema ordenado para valorar, paso a paso, si los hechos que un agente presencia o documenta son realmente delictivos y qué consecuencias pueden tener. 

La jurisprudencia reciente ofrece además criterios específicos de interés para la Policía Local: decisiones del Tribunal Supremo sobre la valoración del uso de la fuerza en intervenciones policiales, la existencia de un plus de antijuridicidad cuando el agente abusa de su posición, o sobre la diferencia entre dolo eventual e imprudencia consciente en delitos del tráfico y agresiones.  

Este manual, por tanto, no pretende convertir al Policía Local en penalista, sino proporcionarle un lenguaje común con jueces, fiscales y letrados, y las herramientas básicas para trabajar con mayor seguridad jurídica. Cada intervención policial es, en el fondo, un punto de contacto entre la realidad social y el sistema penal: cuanto mejor conozca el agente los conceptos básicos de Derecho penal, más eficaz y más garantista será su actuación al servicio de la comunidad.</p>


Derecho Aplicado a la función policial. Módulo I Derecho Penal (Parte General)

La carga de la prueba en el proceso penal contra las personas jurídicas

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