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Debates Constitucionales

Esther Seijas Villadangos

Sanidad y Constitución

Administración Pública y Derecho

El uso del Derecho extranjero y la comparación jurídica son fenómenos cada vez con mayor relevancia, lo cual requiere cuestionarse: ¿Cómo se define el parámetro para delimitar qué es lo igual y lo diferente al momento de comparar? ¿Cuáles son los supuestos subyacentes a estos ejercicios? ¿Qué es lo que realmente se hace cuando se elaboran estudios jurídicos comparados? ¿Se pretende mostrar innovación, bagaje cultural y conocimientos jurídicos más allá de la frontera nacional? O bien, ¿hay, en la práctica, una introducción silenciosa, pero no azarosa, de dispositivos jerarquizadores de dominio e influencia con fines de uniformidad y estandarización que se disfrazan bajo la apariencia supuestamente neutral de legislaciones, reglas, decisiones, doctrinas e instituciones jurídicas?&#13;Ante organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OCDE, que aconsejan o incluso exigen adoptar ciertas modificaciones constitucionales o legales según supuestos patrones comunes de «países de referencia», ¿qué razones llevan a dichas organizaciones a promover unos modelos y no otros? ¿Hay acaso en dicho ejercicio de armonización, estandarización y emulación implicaciones políticas y éticas no explícitamente evidenciadas?&#13;Algunas respuestas a esas preguntas se encontrarán en la presente obra, que trae a la lengua española trabajos de dos comparatistas de referencia internacional: Günter Frankenberg y Marie-Claire Ponthoreau. Se compiló y tradujo, de cada autor, un estudio en el cual se explicitan sus marcos teóricos; y luego, otro sobre tópicos actuales del comparatismo jurídico en los que ello se materializa.

Günter Frankenberg

Marie-Claire Ponthoreau

Crítica del derecho (público) comparado

Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación

El Derecho regulatorio se está reivindicando y configurando en el mismo espacio en el que se forjaron otras disciplinas jurídicas antes de su reconocimiento académico: el de la práctica profesional más conectada con la realidad (económica y tecnológica en este caso), con la aparición de nuevos sujetos (como son aquí las agencias y organismos reguladores) en una nueva correlación entre Estado y sociedad, entre lo público y lo privado, que se manifiesta en el potenciado protagonismo de los operadores, en la posición garante que adopta el Estado, en el modo de adopción de decisiones, en la consecuente reasignación de responsabilidades y en el grado de la intervención jurisdiccional.&#13;Pero el Derecho regulatorio, y esta es otra de sus señas más marcadas, no solo se atiene a las referencias jurídicas más convencionales (legales, institucionales, jurisprudenciales), sino que incorpora las que proceden de la economía y de la ciencia. Son dos así los frentes en los que se está desarrollando este Derecho: el de la regulación de servicios de interés general, según el modelo imperante de regulación en competencia que mira de continuo a la situación del mercado, y el de la regulación de riesgos, indexado al progreso del conocimiento científico y su aplicación tecnológica. Tal vez no pueda ofrecerse de él todavía un detallado perfil dogmático, pero es un Derecho muy pujante y plenamente operativo en el que bien pueden advertirse sus principios conformadores.

José Esteve Pardo

Sectores económicos de interés general y regulación de riesgos

Principios de Derecho regulatorio

En El medio de control de nulidad por inconstitucionalidad y el problema de su eficacia se analizan los principales puntos que originan su ineficacia, con previsiones históricas sobre su origen, una descripción de la normativa relevante y vigente y un recuento jurisprudencial sobre su evolución y sus matices más importantes. Así, se advierte su necesaria atención y corrección, al tiempo que se propende a que se reasuma la pretendida amplitud que se deriva del texto constitucional en torno a su objeto.&#13;La importancia de la nulidad por inconstitucionalidad resulta de que su existencia y eficacia redundan en la vigencia misma del control constitucional judicial, como consecuencia básica del principio de legalidad regente. De cuánto y cómo se aplique este medio de control dependerán las repercusiones directas que tenga en la actuación del Ejecutivo y que esta se ciña a los postulados de la Constitución vigente, con lo que se define, incontestablemente, a la buena administración.&#13;La obra que el lector tiene en sus manos, además de novedosa en cuanto a su objetivo y única dentro la literatura jurídica nacional, cuenta con la suficiencia investigativa necesaria para permitir una mirada juiciosa sobre la nulidad por inconstitucionalidad y la problemática relacionada con su ineficacia, a partir de la premisa de su indudable y mayúscula relevancia dentro de nuestro Estado de derecho.

Julio Fernando Ariza Granadillo

El medio de control de nulidad por inconstitucionalidad y el problema de su eficacia

Teoría constitucional y derecho

La Constitución no protege ni los sentimientos religiosos ni los dogmas, creencias o símbolos de tal naturaleza. Por este motivo, el legislador no puede prohibir ni sancionar, en modo alguno, la mera ofensa a dichos elementos de la vida social. La única función del Estado en este terreno es garantizar la libertad de la persona de creer o no creer, y de actuar conforme a sus creencias. Salvo en los supuestos de incitación al odio, a la violencia o a la discriminación por razones religiosas, esta libertad se mantiene intacta a pesar de la ofensa, por lo que los poderes públicos no están legitimados para intervenir en el debate abierto en torno a estas cuestiones.&#13;
La aspiración a un tratamiento distinto, frente al ejercicio de la libertad de expresión, de los sentimientos y de las creencias religiosas respecto del que mereciera recibir cualquier otro tipo de sentimientos o creencias solo se explica como un residuo, no suficientemente identificado, de la confesionalidad del Estado o de una concepción de la vida construida en torno a la religión. Ambas posiciones son incompatibles con la previsión en nuestra Constitución de un Estado neutral ante el fenómeno religioso y respetuoso con la libertad de las personas.&#13;
Para sostener esta tesis, se estudia en esta monografía la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la materia y su valor en nuestro ordenamiento jurídico; se analiza el (escaso, hasta la fecha) tratamiento de la cuestión por nuestro Tribunal Constitucional y son abordados críticamente los diferentes argumentos utilizados, tanto por este como por la doctrina científica, para justificar la existencia de la norma sancionadora de dicha ofensa.

Rafael Naranjo de la Cruz

Marco constitucional para futuras decisiones legislativas sobre los sentimientos religiosos

La imposible protección de los sentimientos ofendidos

¿Cómo se sancionan los casos de negligencia, acoso, tráfico de influencias y otras faltas en las entidades del Estado? En Faltas disciplinarias en el servicio civil peruano. Compendio de criterios jurisprudenciales, se desarrolla cada una de las faltas disciplinarias previstas en la Ley 30057 y su reglamento general, así como los tipos infractores y la casuística. Con esta información se podrán aplicar adecuadamente el régimen disciplinario y sus sanciones. Esta obra es el resultado de una compilación, clasificación y selección de entre más de 25 000 resoluciones administrativas emitidas por el Tribunal del Servicio Civil, de 2016 a 2021, en materia de régimen disciplinario. Busca brindar herramientas útiles a los gestores en recursos humanos, a las secretarías técnicas de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario (PAD) y a las autoridades competentes. Un texto que debe ser considerado como el libro de cabecera de todo servidor público.

Junior Pichón De La Cruz.

Compendio de criterios jurisprudenciales

Faltas disciplinarias en el servicio civil peruano

Derecho del Transporte

El sector del transporte se enfrenta en la actualidad a retos de gran calado, entre ellos, el de seguir avanzando en el proceso de liberalización, con la consiguiente sujeción plena al Derecho de la Competencia, y de asimilar la profunda transformación a consecuencia de la irrupción de la innovación tecnológica y de la automatización en este ámbito. Además, la creciente globalización y el correlativo aumento de los participantes en el sector comportan la necesidad de indagar en la llamada aplicación 'extraterritorial' del Derecho europeo en esta materia. Muchos de los interrogantes que los anteriores desafíos plantean desde una perspectiva jurídica son analizados en los catorce trabajos que conforman la presente obra. Entre otras se abordan cuestiones tales como la regulación del transporte espacial realizado por empresas privadas, la responsabilidad y el seguro en relación con los vehículos autónomos y automatizados, el big data en el ámbito de la navegación aérea, los efectos de la COVID-19 sobre la liberalización del sector aéreo, o la jurisdicción de las instituciones europeas en este ámbito, la desregulación del transporte en autobús en la Unión Europea, así como el concepto de ánimo de lucro en la economía colaborativa.

Mª Victoria Petit Lavall

Achim Puetz

Silvia Boboc

Transporte, competencia y nuevas tecnologías

"La pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de resistencia no solo sanitaria y social sino también para el Derecho. El trabajo que nos presenta Joan Ridao realiza un notable esfuerzo de análisis de ese Derecho de crisis y de su impacto en el Estado autonómico. Es un libro oportuno, sistemático y apegado a la actualidad cambiante. La gestión jurídica de las medidas necesarias para evitar la expansión del virus ha generado vivos debates más allá de los foros estrictamente académicos, sobre los pilares centrales de nuestro sistema jurídico: los derechos fundamentales, la distribución competencial o la separación de poderes. Estado de alarma o legislación sanitaria; estado de alarma en versión centralizadora o estado de alarma con cogobernanza; coordinación de medidas o diversidad en la gestión; ratificación judicial de medidas generales de naturaleza reglamentaria o de actos administrativos de aplicación de normas que afectan a derechos fundamentales; desdibujamiento del control parlamentario; vinculación autonómica a las actuaciones coordinadas; toque de queda y vacunación obligatoria autonómica sí o no; suspensión de elecciones o del derecho de sufragio sin previsión normativa; derecho a la salud o derechos fundamentales… La sucesión de polémicas jurídicas que ha acompañado a la gestión sanitaria de la pandemia ha sido incesante y las discrepancias doctrinales, políticas y jurisprudenciales han dibujado un panorama que parecería sugerir un déficit de desarrollo normativo o, cuando menos, de seguridad jurídica para afrontar un problema complejo.&#13;[…] El volumen estudia con detalle cómo se abordó jurídicamente la crisis sanitaria y el uso cambiante de instrumentos jurídicos para hacerle frente por parte del gobierno central y las comunidades autónomas. Ese repaso normativo y jurisprudencial permite apreciar la evolución que, en tan corto espacio de tiempo, experimenta la articulación jurídica de las medidas anti-covid lo que, en definitiva, también sirve para desdramatizar los debates jurídicos apuntados. Nuestro ordenamiento jurídico disponía de una caja de herramientas apta, aunque perfeccionable, para hacer frente a una pandemia desde la legislación sanitaria, pasando por la de protección civil -que muy pronto usaron varias CCAA-, hasta el Derecho de excepción que se deriva del art. 116 de la Constitución. Por eso, a nuestro juicio, la pregunta a la que da respuesta este necesario estudio no es tanto si la pandemia nos encontró desarbolados también jurídicamente, sino con cuáles de esos instrumentos se podía conseguir aunar mejor una gestión eficaz de la crisis con la menor lesión posible para los derechos fundamentales y el reparto competencial".&#13;Del prólogo de Alba Nogueira.

Joan Ridao

Del estado de alarma a la cogobernanza en la gestión de la COVID-19

Derecho de crisis y Estado autonómico

Lege ferenda

El presente volumen ofrece al lector reflexiones y sugerencias interpretativas sobre los aspectos capitales de la nueva Ley Orgánica 3/2021, de Regulación de la Eutanasia, realizadas por especialistas de primer orden en las diferentes vertientes de la materia. Se analizan así la naturaleza jurídica del nuevo derecho en el marco constitucional –íntimamente relacionada con la atribución de su titularidad y el diseño de sus límites y las condiciones para su ejercicio–, o las opciones por las que se ha decantado el legislador español respecto de las cuestiones nucleares a cualquier regulación de las conductas eutanásicas: el régimen administrativo de control del cumplimiento de los requisitos legales, la operatividad de las instrucciones previas en casos de falta de las condiciones mentales necesarias para solicitar la prestación, las responsabilidades penales derivadas de una práctica no acorde con las exigencias legales o el reconocimiento de la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios; y no se olvida, como aspecto no abordado por la LORE pero que sin duda está llamado a plantearse, el problema del trasplante de órganos subsiguiente a una práctica eutanásica. El volumen se cierra, por último, con una reflexión de conjunto sobre el papel de los profesionales de la medicina en este nuevo contexto.

Carmen Tomás-Valiente Lanuza

Primeras reflexiones sobre la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia

La eutanasia a debate

El fenómeno de la colaboración público-privada en la gestión de servicios sociales y asistenciales alude a una realidad extremadamente compleja que no solo afecta a las estructuras, sino que alcanza a los cimientos del Estado social. La distribución de responsabilidades y funciones entre el Estado y la sociedad en la satisfacción de las necesidades reales de las personas y de los colectivos más vulnerables es un tema que tiene profundas raíces históricas y filosóficas, que entronca con la dignidad de la persona y que atañe al papel de la familia y de la mujer, como tradicional proveedora de cuidados, en la sociedad.&#13;Este libro tiene por objeto analizar los instrumentos jurídicos de colaboración público-privada que se han articulado, o que pueden articularse en un futuro, para cubrir las prestaciones y servicios a las personas desfavorecidas de las que se han responsabilizado los poderes públicos. Entre dichos instrumentos jurídicos se constata que el contrato, a pesar de ser el negocio jurídico aparentemente más adecuado para articular dicha colaboración, se ha tornado enormemente problemático y está siendo desplazado progresivamente por otras modalidades de colaboración, de dudosa naturaleza jurídica, como el convenio y el concierto social. Junto al análisis de los puntos débiles y los puntos fuertes de estas modalidades de colaboración público-privada, esta obra ofrece un esbozo de diversas fórmulas jurídicas alternativas, que pueden resultar de enorme utilidad para los operadores jurídicos. En concreto, entre otros, se analizan las posibilidades de implantación de sistemas organizativos basados en la elección de los prestadores de servicio por parte de los usuarios o en la imposición de obligaciones tuitivas entre sujetos privados, como manifestación de la externalización del Estado social.

Mercé Darnaculleta Gardella

Jorge García-Andrade Gómez

Rosario Leñero Bohórquez

María Amparo Salvador Armendáriz

La colaboración público-privada en la gestión de servicios sociales

Introducción. I. ¿A quién le corresponde delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en un Estado en que las normas concebidas para ello no son nada claras? II. La ficción de una jurisdicción de lo contencioso administrativo concebida para decidir en derecho administrativo, y la de limitación de su objeto a partir del reconocimiento de decisiones con fundamento en el derecho civil y comercial. III. Consideraciones finales. Biografía.&#13;&#13;En el pasado he manifestado, insistentemente, mi preocupación por la necesidad de delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en nuestro país. Ello ha tenido una motivación de doble vía: una conceptual y de comprensión institucional, y otra de perplejidad por el sinnúmero de dudas de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo.&#13; La razón de la primera tiene una altísima carga académica: vivir en un Estado con una rara configuración institucional de la rama judicial, donde en el contexto de una pluralidad de jurisdicciones se esboza desde hace casi ciento diez años una jurisdicción de lo contencioso administrativo poco común en el derecho comparado, con un indiscutible referente foráneo que le sirvió de impulso, pero, también, fruto de acontecimientos históricos propios y precisos, lo cual supone de manera bastante natural y con tintes de pretensiones lógicas, preguntarse por su esencia, naturaleza y razón de ser. Este enfoque necesariamente ha llevado a interrogarme en el pasado, de manera puntual, el porqué de su existencia.

Andres Fernando Ospina Garzón

Tomo II  El Contencioso Administrativo jurisdiccional. Volumen II: El contencioso administrativo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Horizontes del contencioso administrativo

En este libro, los autores destacan que México es una república representativa, democrática, laica y federal; dan énfasis en que la salvaguarda de la Constitución federal no es solamente obligación de la federación, sino que los estados cuentan  igualmente con la obligación de protegerla y preservarla. Además, rescatan y subrayan algunas de las instituciones constitucionales de los estados y explican, a la luz del examen jurídico, la manera en que los textos fundamentales de los estados se han adaptado y anticipado, y cómo han aportado a la protección de los derechos humanos, la organización y el control de los poderes a lo largo de la historia constitucional de México.&#13;&#13;A partir del origen y análisis del artículo 133 constitucional y la explicación, hondura y trascendencia del federalismo como forma de estado, los autores revelan al lector el nacimiento de las constituciones de las entidades federativas, los sistemas de protección de los derechos humanos, los controles constitucionales locales, sin dejar de lado la institución municipal  en el constitucionalismo estatal. A través de una minuciosa explicación jurídica exponen los pormenores constitucionales de los estados mexicanos en relación con la Constitución Federal, así como explicaciones en cada uno de los capítulos para ensanchar la perspectiva sobre el constitucionalismo de las entidades federativas de cara al siglo XXI, de la transición de un federalismo originario a uno de innovaciones normativas en el ámbito del régimen interior de los estados, basado en un control interno de la constitucionalidad.&#13; &#13;La obra es a un tiempo, repaso y prospectiva de una de las  decisiones políticas fundamentales, su evolución y potencial: el tan arraigado federalismo  y su esperanzador horizonte. El objetivo de la obra es recuperar las instituciones constitucionales de los estados, frente a la unificación y estandarización de conceptos que la Constitución federal ha propiciado, sobre todo, porque las entidades federativas tienen mucho que decir y aportar sobre los derechos humanos y la organización de poderes que se han dado en el marco de su autonomía.

César Camacho

Manuel González Oropeza

Constitucionalismo mexicano de las entidades federativas

Se considera una obra integral que contiene las sentencias más relevantes del Consejo de Estado, Sección Tercera, Corte Suprema de Justicia Salas Civil, Penal y Laboral y la Corte Constitucional, relacionadas con la responsabilidad y el tema de daños, durante los últimos años (2016-2019), ya que, por circunstancias ajenas, incluso el fenómeno de la pandemia COVID-19, impidieron la publicación del número cuatro del Anuario. Además, contiene artículos de doctrina relacionados con la responsabilidad civil y del Estado, algunos de autoría de docentes de la especialización.

Saúl Uribe García

Anuario de responsabilidad civil y del estado No 4

Sanidad y Constitución

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