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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Estudios jurídicos

Joseba Fernández Gaztea

La función administrativa

Concepto y aplicaciones

Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación

Las plataformas digitales están ocupando una posición central y determinante en el creciente flujo de relaciones jurídicas y comerciales que en torno a ellas se articulan. Servicios tradicionalmente considerados públicos se ofrecen también a través de plataformas, que dejan por ello una peculiar impronta en las relaciones con los usuarios. Si antes se identificaron y caracterizaron con rasgos precisos los llamados servicios en red, asistimos ahora a la eclosión de los servicios en plataforma. Los retos que se plantean a efectos regulatorios en ese nuevo entorno tecnológico son, fundamentalmente, dos: uno es mantener, o recomponer en su caso el cuadro de garantías del tráfico jurídico que resulta exigible por los sujetos diversos que entablan su relación a través de las plataformas; el otro, garantizar la adecuada atención a los intereses generales en juego.&#13;Requiere ello afrontar como primera cuestión la de la naturaleza misma de las plataformas: si se trata de proveedores de contenidos o son ellas mismas sujetos de intermediación, una cuestión, como otras que pueden plantearse, que no tiene una solución unívoca dada la variada tipología de plataformas, según reconoce la Unión Europea en sus primeras aproximaciones. También habrá de plantearse la naturaleza y alcance de una regulación pública, en atención a los intereses generales presentes, que habrá de encauzar con tino el natural impulso autorregulador del primer momento en el que estamos.

Esther Arroyo i Amayuelas

Yolanda Martínez Mata

Mariola Rodríguez Font

Marc Tarrés Vives

Estrategias regulatorias

Servicios en plataforma

En El medio de control de nulidad por inconstitucionalidad y el problema de su eficacia se analizan los principales puntos que originan su ineficacia, con previsiones históricas sobre su origen, una descripción de la normativa relevante y vigente y un recuento jurisprudencial sobre su evolución y sus matices más importantes. Así, se advierte su necesaria atención y corrección, al tiempo que se propende a que se reasuma la pretendida amplitud que se deriva del texto constitucional en torno a su objeto.&#13;La importancia de la nulidad por inconstitucionalidad resulta de que su existencia y eficacia redundan en la vigencia misma del control constitucional judicial, como consecuencia básica del principio de legalidad regente. De cuánto y cómo se aplique este medio de control dependerán las repercusiones directas que tenga en la actuación del Ejecutivo y que esta se ciña a los postulados de la Constitución vigente, con lo que se define, incontestablemente, a la buena administración.&#13;La obra que el lector tiene en sus manos, además de novedosa en cuanto a su objetivo y única dentro la literatura jurídica nacional, cuenta con la suficiencia investigativa necesaria para permitir una mirada juiciosa sobre la nulidad por inconstitucionalidad y la problemática relacionada con su ineficacia, a partir de la premisa de su indudable y mayúscula relevancia dentro de nuestro Estado de derecho.

Julio Fernando Ariza Granadillo

El medio de control de nulidad por inconstitucionalidad y el problema de su eficacia

Textos de jurisprudencia

La primera edicion del libro Gerencia publica y control fiscal se publico en 2007. Los cambios institucionales y normativos originaron esta nueva edicion, compuesta por siete capitulos: &amp;quote;El Estado y las politicas publicas&amp;quote;, &amp;quote;Administracion y gerencia publica&amp;quote;, &amp;quote;Gestion financiera desde la perspectiva del Estado&amp;quote;, &amp;quote;Agregados macroeconomicos&amp;quote;; &amp;quote;Indicadores de gestion y resultados en las entidades del Estado&amp;quote;, &amp;quote;Control fiscal&amp;quote; y, finalmente, el &amp;quote;Proceso de responsabilidad fiscal&amp;quote;, tanto ordinario como verbal. Esta obra sienta una posicion academica y de preocupacion por parte del autor frente a la importancia y especial relevancia que adquirio la figura de la funcion de advertencia en el ejercicio del control fiscal, y que desafortunadamente mediante Sentencia C-103 de 2015 de la Corte Constitucional se declaro inexequible el numeral 7 del articulo 5 del Decreto Ley 267 de 2000. Asi, el presente libro ofrece plan de ruta para estudiar la gerencia publica, la gestion financiera y el control fiscal desde una perspectiva aplicada, asi como un apoyo para revisar la literatura especializada y profundizar en cada tema tratado.

Jairo Gómez Buitrago

Segunda edición

Gerencia pública y control fiscal

Debates Constitucionales

Esther Seijas Villadangos

Sanidad y Constitución

Comentarios y Estudios Jurídicos

Ese libro está pensado inicialmente para apoyar la enseñanza del Derecho urbanístico en los planes de estudio de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Por largo tiempo, hasta finales de los años noventa, el Derecho urbanístico fue fundamentalmente estatal, con desarrollos más o menos innovadores en algunas comunidades autónomas. Tras la STC 61/1997, que declaró inconstitucional una buena parte del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, el Derecho urbanístico pasó a ser básicamente autonómico (y municipal), si bien sometido a ciertas "condiciones básicas" estatales que impiden divergencias sustanciales entre los distintos Derechos autonómicos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el estatuto de la propiedad urbana.&#13;En la Comunidad de Madrid, el Derecho urbanístico general se contiene en la Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, del Suelo (LSM), reformada muchas veces. A esta regulación autonómica se han superpuesto, de forma muchas veces problemática, varias leyes estatales de suelo, fundamentalmente el Texto Refundido estatal de 2008, la posterior Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas y, finalmente, el vigente Texto Refundido estatal de 2015. Las contradicciones estructurales entre la LSM y el Derecho estatal de suelo son cada vez más notorias. Mientras que la LSM sigue teniendo como perspectiva reguladora la expansión de las ciudades, el Texto Refundido estatal de 2015 ya opta claramente por la recuperación y renovación de la ciudad consolidada. Es bien posible que, a no mucho tardar, la LSM se acomode a la perspectiva legislativa estatal. Mientras tanto, la explicación del Derecho urbanístico en la Comunidad de Madrid ha de centrarse en la LSM, si bien una buena parte de sus preceptos han de completarse e interpretarse de conformidad con la legislación estatal de suelo. Tal es el patrón expositivo seguido en este libro.

Francisco Velasco Caballero

Segunda edición (adaptada a la reforma del régimen de licencias urbanísticas en la Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre)

Derecho urbanístico en la Comunidad de Madrid

Varios

La presente obra tiene por objeto principal el estudio y análisis del conjunto actual de propuestas de reforma de las instituciones, administraciones y políticas públicas de cara a una mejor cohesión territorial de España.&#13;Se trata de una obra colectiva en la que participan reconocidos académicos, profesores o técnicos de diversas universidades y partes del país; voces plurales, de diferentes disciplinas que se han aunado, bajo el impulso del Ministerio de Política Territorial, para proponer cambios concretos en el ámbito territorial destinados a mejorar y profundizar el modelo democrático y constitucional que nos dimos en 1978.

Gabriel Moreno González

Reformas para la cohesión territorial de España

Francisco Sosa Wagner

Mercedes Fuertes López

Biblioteca básica para estudiosos y curiosos

Clásicos del Derecho público (II)

Paula Robledo Silva

Bernardo Carvajal Sánchez

Daniel Rivas-Ramírez

Crónicas jurisprudenciales de 2023

Justicia de lo contencioso administrativo a debate

Administración Pública y Derecho

Este libro aborda una cuestión pendiente en el Derecho administrativo, como es la actuación administrativa sin procedimiento: Diariamente, la Administración lleva a cabo inspecciones; hace comparecer a los ciudadanos en dependencias públicas; les dirige requerimientos de información; los supervisores dirigen instrucciones a las empresas supervisadas; la policía obliga a que los ciudadanos se identifiquen o acudan a la comisaría e incluso emplea la fuerza con ellos; los servicios de protección civil requisan vehículos, y el personal sanitario prescribe medicamentos, tratamientos y decide sobre la derivación de los pacientes al especialista, por poner algunos ejemplos.&#13;Todas estas actuaciones administrativas sin procedimiento, y otras muchas, constituyen un problema para el Derecho administrativo, porque su teoría general y sus grandes leyes se han vertebrado en torno al procedimiento administrativo que concluye con la adopción de un acto, la aprobación de un reglamento o la adjudicación de un contrato, pero han desatendido ese otro actuar administrativo al que se dedica este trabajo y que tanta importancia ha cobrado en la actualidad. Como resultado de esta omisión, el Derecho administrativo no cuenta con categorías con las que explicar todas aquellas actuaciones, ni sus leyes prevén la posibilidad de que los ciudadanos puedan impugnarlas cuando discrepen de ellas, como sería exigible en un Estado de Derecho.&#13;Frente a esta situación, el presente estudio acude a la figura de la relación jurídica para ofrecer una sistematización de las actuaciones administrativas sin procedimiento, permitiendo así integrarlas en la teoría general del Derecho administrativo, conciliarlas con las exigencias constitucionales y, sobre todo, impugnarlas por aquellos ciudadanos que se vean afectados en sus derechos o intereses legítimos.

Jorge García-Andrade Gómez

Relaciones jurídicas en el Estado de Derecho

Las actuaciones administrativas sin procedimiento

Monografías jurídicas

La monografía que el lector tiene en sus manos aborda el estudio de la autorización judicial de entrada con el objeto principal de exponer de forma sistemática, ordenada y completa el régimen jurídico que disciplina esta institución. Con ello se vienen a paliar las deficiencias de que adolece el marco legislativo que regula la autorización judicial de entrada –parco, disperso y confuso en ocasiones–, y asimismo se cubre un vacío de la literatura administrativa, puesto que la doctrina sólo se ha ocupado de forma fragmentaria de esta figura jurídica. El trabajo, basado en la legislación y la doctrina, pero, en especial, en un exhaustivo análisis de la jurisprudencia más relevante y reciente en la materia, se estructura a través de tres ejes principales. De un lado, se estudian los ámbitos de la actuación administrativa en los que la autorización judicial de entrada es susceptible de tener encaje, y los criterios que ordenan su exigencia. De otro lado, se discurre sobre los bienes jurídicos que quedan protegidos por dicha autorización; a saber, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada. Y, junto a lo anterior, se examinan cuestiones de índole competencial, relativas a la determinación de la competencia objetiva, territorial y funcional; así como de índole procesal, tocantes al cauce por el que debe sustanciarse el despacho de la autorización en sede contencioso-administrativa, y a los criterios que el órgano judicial debe tener en cuenta para conceder o denegar la autorización de entrada. A modo conclusivo, la monografía incluye una propuesta de lege ferenda para la completa regulación de la autorización de entrada, con el fin de ofrecer respuestas a las principales cuestiones problemáticas que suscita la práctica judicial, y dotar de mayor sistematicidad y coherencia a esta institución jurídica.

Laura Salamero Teixidó

La autorización judicial de entrada en el marco de la actividad administrativa

Para la gestión de servicios públicos, y en general para el cumplimiento de muchos de sus cometidos, las Administraciones Públicas se desenvuelven en el espacio que se abre entre su potestad de autoorganización y la opción por la contratación, inexcusablemente sometida al principio de concurrencia en la adjudicación. En ese espacio se están suscitando diversas controversias, derivadas sobre todo de la débil y compleja delimitación de las fórmulas que pueden utilizarse para la autoprovisión y los requisitos, necesariamente estrictos, que han de concurrir para su operatividad.&#13;En este libro se ofrece una categorización rigurosa de esas fórmulas a partir de la doble matriz que se conforma desde la cooperación vertical, con el recurso a medios propios, a la cooperación horizontal, que se articula sobre convenios entre Administraciones. Especial atención se presta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamental en esta materia, y a las posiciones que están adoptando las autoridades de defensa de la competencia, con un creciente protagonismo en este tema.

La función administrativa

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