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Estudios jurídicos

Joseba Fernández Gaztea

La función administrativa

Concepto y aplicaciones

Administración Pública y Derecho

El objeto de esta monografía no consiste en abordar el estudio de la jurisprudencia en cuanto fuente formal del Derecho -cuestión sobre la que existen abundantes y exhaustivos trabajos-, sino que en ella se asume su condición de fuente complementaria del ordenamiento jurídico, en el sentido del art. 1.6 del Código Civil. Desde dicho enfoque, este estudio se circunscribe al ámbito contencioso-administrativo, dada la escasez de trabajos específicos sobre el valor de la jurisprudencia, tema que se ha abordado, casi siempre, desde la perspectiva civilista, procesalista o de la teoría general del Derecho y, sobre todo, debido a las peculiaridades de esta rama del ordenamiento jurídico, que pueden justificar, eventualmente, una respuesta distinta en este ámbito.&#13;Así las cosas, en este trabajo se comienza por delimitar el concepto de jurisprudencia para a continuación analizar, de un lado, su eficacia -carácter vinculante, absoluto o relativo, o valor meramente persuasivo, tanto respecto de los órganos judiciales inferiores como de aquellos que la emanan- y, de otro lado, su función en el ordenamiento jurídico administrativo -protección de la norma y, en su caso, creación de Derecho-, examinando no solo aquellas que le corresponde desempeñar a la luz del ordenamiento vigente, sino también las que debería cumplir desde la óptica de los principios de igualdad y seguridad jurídica enunciados en la Constitución.

Diana Santiago Iglesias

Un estudio desde la óptica de los principios de igualdad y seguridad jurídica

La jurisprudencia y su función en el ordenamiento jurídico administrativo

 Fernando

Los bienes públicos

Paula Robledo Silva

Bernardo Carvajal Sánchez

Daniel Rivas-Ramírez

Crónicas jurisprudenciales de 2023

Justicia de lo contencioso administrativo a debate

Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación

El Derecho regulatorio se está reivindicando y configurando en el mismo espacio en el que se forjaron otras disciplinas jurídicas antes de su reconocimiento académico: el de la práctica profesional más conectada con la realidad (económica y tecnológica en este caso), con la aparición de nuevos sujetos (como son aquí las agencias y organismos reguladores) en una nueva correlación entre Estado y sociedad, entre lo público y lo privado, que se manifiesta en el potenciado protagonismo de los operadores, en la posición garante que adopta el Estado, en el modo de adopción de decisiones, en la consecuente reasignación de responsabilidades y en el grado de la intervención jurisdiccional.&#13;Pero el Derecho regulatorio, y esta es otra de sus señas más marcadas, no solo se atiene a las referencias jurídicas más convencionales (legales, institucionales, jurisprudenciales), sino que incorpora las que proceden de la economía y de la ciencia. Son dos así los frentes en los que se está desarrollando este Derecho: el de la regulación de servicios de interés general, según el modelo imperante de regulación en competencia que mira de continuo a la situación del mercado, y el de la regulación de riesgos, indexado al progreso del conocimiento científico y su aplicación tecnológica. Tal vez no pueda ofrecerse de él todavía un detallado perfil dogmático, pero es un Derecho muy pujante y plenamente operativo en el que bien pueden advertirse sus principios conformadores.

José Esteve Pardo

Sectores económicos de interés general y regulación de riesgos

Principios de Derecho regulatorio

El fenómeno de la colaboración público-privada en la gestión de servicios sociales y asistenciales alude a una realidad extremadamente compleja que no solo afecta a las estructuras, sino que alcanza a los cimientos del Estado social. La distribución de responsabilidades y funciones entre el Estado y la sociedad en la satisfacción de las necesidades reales de las personas y de los colectivos más vulnerables es un tema que tiene profundas raíces históricas y filosóficas, que entronca con la dignidad de la persona y que atañe al papel de la familia y de la mujer, como tradicional proveedora de cuidados, en la sociedad.&#13;Este libro tiene por objeto analizar los instrumentos jurídicos de colaboración público-privada que se han articulado, o que pueden articularse en un futuro, para cubrir las prestaciones y servicios a las personas desfavorecidas de las que se han responsabilizado los poderes públicos. Entre dichos instrumentos jurídicos se constata que el contrato, a pesar de ser el negocio jurídico aparentemente más adecuado para articular dicha colaboración, se ha tornado enormemente problemático y está siendo desplazado progresivamente por otras modalidades de colaboración, de dudosa naturaleza jurídica, como el convenio y el concierto social. Junto al análisis de los puntos débiles y los puntos fuertes de estas modalidades de colaboración público-privada, esta obra ofrece un esbozo de diversas fórmulas jurídicas alternativas, que pueden resultar de enorme utilidad para los operadores jurídicos. En concreto, entre otros, se analizan las posibilidades de implantación de sistemas organizativos basados en la elección de los prestadores de servicio por parte de los usuarios o en la imposición de obligaciones tuitivas entre sujetos privados, como manifestación de la externalización del Estado social.

Mercé Darnaculleta Gardella

Jorge García-Andrade Gómez

Rosario Leñero Bohórquez

María Amparo Salvador Armendáriz

La colaboración público-privada en la gestión de servicios sociales

Comentarios y Estudios Jurídicos

Ese libro está pensado inicialmente para apoyar la enseñanza del Derecho urbanístico en los planes de estudio de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Por largo tiempo, hasta finales de los años noventa, el Derecho urbanístico fue fundamentalmente estatal, con desarrollos más o menos innovadores en algunas comunidades autónomas. Tras la STC 61/1997, que declaró inconstitucional una buena parte del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, el Derecho urbanístico pasó a ser básicamente autonómico (y municipal), si bien sometido a ciertas "condiciones básicas" estatales que impiden divergencias sustanciales entre los distintos Derechos autonómicos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el estatuto de la propiedad urbana.&#13;En la Comunidad de Madrid, el Derecho urbanístico general se contiene en la Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, del Suelo (LSM), reformada muchas veces. A esta regulación autonómica se han superpuesto, de forma muchas veces problemática, varias leyes estatales de suelo, fundamentalmente el Texto Refundido estatal de 2008, la posterior Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas y, finalmente, el vigente Texto Refundido estatal de 2015. Las contradicciones estructurales entre la LSM y el Derecho estatal de suelo son cada vez más notorias. Mientras que la LSM sigue teniendo como perspectiva reguladora la expansión de las ciudades, el Texto Refundido estatal de 2015 ya opta claramente por la recuperación y renovación de la ciudad consolidada. Es bien posible que, a no mucho tardar, la LSM se acomode a la perspectiva legislativa estatal. Mientras tanto, la explicación del Derecho urbanístico en la Comunidad de Madrid ha de centrarse en la LSM, si bien una buena parte de sus preceptos han de completarse e interpretarse de conformidad con la legislación estatal de suelo. Tal es el patrón expositivo seguido en este libro.

Francisco Velasco Caballero

Segunda edición (adaptada a la reforma del régimen de licencias urbanísticas en la Ley madrileña 1/2020, de 8 de octubre)

Derecho urbanístico en la Comunidad de Madrid

Varios

Rafael Gómez-Ferrer Rincón

Tomo I: Del recurso de nulidad (1812) al recurso de casación para la formación de jurisprudencia (2015)

Función constitucional del Tribunal Supremo y recurso de casación contencioso-administrativo.

Monografías jurídicas

La monografía que el lector tiene en sus manos constituye una obra de ineludible referencia que analiza la idoneidad de la autorregulación, en materia de contratación electrónica y publicidad interactiva, estudiando, de manera minuciosa, la aplicación de tal herramienta. Necesitada la cuestión anterior de exhaustiva regulación, no puede desconocerse que, si en todas las materias el legislador siempre va a remolque de la realidad, en ésta, por su propia naturaleza, la legislación difícilmente puede estar al día en los desafíos que derivan de su desarrollo. Por tanto, es la doctrina y la propia autodisciplina del sector la que tendrá que ir dando solución a las nuevas e imprevistas situaciones que cotidianamente surgen, siempre revisitando las categorías jurídicas tradicionales, pero adaptadas a las nuevas realidades.El recurso a la autodisciplina, que se estudia detenidamente, es de especial conveniencia en aquellos ámbitos de contratación en los que concurre algún déficit en la tutela del generalmente contratante débil. La colaboración voluntaria, en estos supuestos, de los propios agentes que participan en el procedimiento de elaboración y comercialización de bienes como de los prestadores de servicios, se erige en un presupuesto prioritario para garantizar el amparo del consumidor. Esta última cooperación, que es susceptible de manifestarse en la asunción facultativa de ciertas herramientas de autodisciplina, en base al principio de la autonomía privada, se erige en una sugerente técnica privada de protección que permite complementar –que no sustituir– a los restantes instrumentos públicos de carácter normativo.Todo ello redunda en una mayor salvaguarda del consumidor.

David López Jiménez

Nuevas coordenadas para el derecho de obligaciones

Textos de jurisprudencia

La primera edicion del libro Gerencia publica y control fiscal se publico en 2007. Los cambios institucionales y normativos originaron esta nueva edicion, compuesta por siete capitulos: &amp;quote;El Estado y las politicas publicas&amp;quote;, &amp;quote;Administracion y gerencia publica&amp;quote;, &amp;quote;Gestion financiera desde la perspectiva del Estado&amp;quote;, &amp;quote;Agregados macroeconomicos&amp;quote;; &amp;quote;Indicadores de gestion y resultados en las entidades del Estado&amp;quote;, &amp;quote;Control fiscal&amp;quote; y, finalmente, el &amp;quote;Proceso de responsabilidad fiscal&amp;quote;, tanto ordinario como verbal. Esta obra sienta una posicion academica y de preocupacion por parte del autor frente a la importancia y especial relevancia que adquirio la figura de la funcion de advertencia en el ejercicio del control fiscal, y que desafortunadamente mediante Sentencia C-103 de 2015 de la Corte Constitucional se declaro inexequible el numeral 7 del articulo 5 del Decreto Ley 267 de 2000. Asi, el presente libro ofrece plan de ruta para estudiar la gerencia publica, la gestion financiera y el control fiscal desde una perspectiva aplicada, asi como un apoyo para revisar la literatura especializada y profundizar en cada tema tratado.

Jairo Gómez Buitrago

Segunda edición

Gerencia pública y control fiscal

¿Residuos o recursos? Los residuos contienen recursos aprovechables, con más valor conforme van escaseando, y que la técnica permite recuperar a costes asumibles. Así, hemos de entender que muchas veces despilfarramos recursos cuando eliminamos residuos y que una adecuada gestión de estos permitiría recuperar esos recursos.&#13;
Hasta hace poco, la normativa sobre residuos ha tenido como fundamento único o principal el ambiental y sanitario. Y, consecuentemente, como objetivo de su gestión, la eliminación de la problemática que estos podrían conllevar para la salud o el medio ambiente. Pero los avances técnicos y los progresos del contexto estratégico y normativo, abierto a otras perspectivas y problemáticas, fundamentalmente concretadas en el paradigma de la economía circular, imponen un replanteamiento de esta normativa y del actual modelo de gestión de los residuos para lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos que desechamos. Este replanteamiento actual confronta con una normativa que arrastra otros fundamentos y que está basada en conceptos y categorías jurídicas configuradas en torno a dichos fundamentos. ¿Por qué no plantearnos entonces que, en tanto que una cosa pueda mantenerse dentro de un ciclo económico de vida, podemos tratarla como un producto o recurso de forma tal que evitemos que se convierta en residuo?&#13;
En este libro planteamos la opción de este cambio de perspectiva normativa, analizando las posibles disfunciones del modelo actual de gestión de residuos, y la posibilidad de entender esta gestión como una actividad de interés general económica sujeta a la regulación administrativa.

La función administrativa

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