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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Estudios jurídicos

Joseba Fernández Gaztea

La función administrativa

Concepto y aplicaciones

Administración Pública y Derecho

El objeto de esta monografía no consiste en abordar el estudio de la jurisprudencia en cuanto fuente formal del Derecho -cuestión sobre la que existen abundantes y exhaustivos trabajos-, sino que en ella se asume su condición de fuente complementaria del ordenamiento jurídico, en el sentido del art. 1.6 del Código Civil. Desde dicho enfoque, este estudio se circunscribe al ámbito contencioso-administrativo, dada la escasez de trabajos específicos sobre el valor de la jurisprudencia, tema que se ha abordado, casi siempre, desde la perspectiva civilista, procesalista o de la teoría general del Derecho y, sobre todo, debido a las peculiaridades de esta rama del ordenamiento jurídico, que pueden justificar, eventualmente, una respuesta distinta en este ámbito.&#13;Así las cosas, en este trabajo se comienza por delimitar el concepto de jurisprudencia para a continuación analizar, de un lado, su eficacia -carácter vinculante, absoluto o relativo, o valor meramente persuasivo, tanto respecto de los órganos judiciales inferiores como de aquellos que la emanan- y, de otro lado, su función en el ordenamiento jurídico administrativo -protección de la norma y, en su caso, creación de Derecho-, examinando no solo aquellas que le corresponde desempeñar a la luz del ordenamiento vigente, sino también las que debería cumplir desde la óptica de los principios de igualdad y seguridad jurídica enunciados en la Constitución.

Diana Santiago Iglesias

Un estudio desde la óptica de los principios de igualdad y seguridad jurídica

La jurisprudencia y su función en el ordenamiento jurídico administrativo

Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación

El Derecho regulatorio se está reivindicando y configurando en el mismo espacio en el que se forjaron otras disciplinas jurídicas antes de su reconocimiento académico: el de la práctica profesional más conectada con la realidad (económica y tecnológica en este caso), con la aparición de nuevos sujetos (como son aquí las agencias y organismos reguladores) en una nueva correlación entre Estado y sociedad, entre lo público y lo privado, que se manifiesta en el potenciado protagonismo de los operadores, en la posición garante que adopta el Estado, en el modo de adopción de decisiones, en la consecuente reasignación de responsabilidades y en el grado de la intervención jurisdiccional.&#13;Pero el Derecho regulatorio, y esta es otra de sus señas más marcadas, no solo se atiene a las referencias jurídicas más convencionales (legales, institucionales, jurisprudenciales), sino que incorpora las que proceden de la economía y de la ciencia. Son dos así los frentes en los que se está desarrollando este Derecho: el de la regulación de servicios de interés general, según el modelo imperante de regulación en competencia que mira de continuo a la situación del mercado, y el de la regulación de riesgos, indexado al progreso del conocimiento científico y su aplicación tecnológica. Tal vez no pueda ofrecerse de él todavía un detallado perfil dogmático, pero es un Derecho muy pujante y plenamente operativo en el que bien pueden advertirse sus principios conformadores.

José Esteve Pardo

Sectores económicos de interés general y regulación de riesgos

Principios de Derecho regulatorio

Monografías jurídicas

La monografía que el lector tiene en sus manos constituye una obra de ineludible referencia que analiza la idoneidad de la autorregulación, en materia de contratación electrónica y publicidad interactiva, estudiando, de manera minuciosa, la aplicación de tal herramienta. Necesitada la cuestión anterior de exhaustiva regulación, no puede desconocerse que, si en todas las materias el legislador siempre va a remolque de la realidad, en ésta, por su propia naturaleza, la legislación difícilmente puede estar al día en los desafíos que derivan de su desarrollo. Por tanto, es la doctrina y la propia autodisciplina del sector la que tendrá que ir dando solución a las nuevas e imprevistas situaciones que cotidianamente surgen, siempre revisitando las categorías jurídicas tradicionales, pero adaptadas a las nuevas realidades.El recurso a la autodisciplina, que se estudia detenidamente, es de especial conveniencia en aquellos ámbitos de contratación en los que concurre algún déficit en la tutela del generalmente contratante débil. La colaboración voluntaria, en estos supuestos, de los propios agentes que participan en el procedimiento de elaboración y comercialización de bienes como de los prestadores de servicios, se erige en un presupuesto prioritario para garantizar el amparo del consumidor. Esta última cooperación, que es susceptible de manifestarse en la asunción facultativa de ciertas herramientas de autodisciplina, en base al principio de la autonomía privada, se erige en una sugerente técnica privada de protección que permite complementar –que no sustituir– a los restantes instrumentos públicos de carácter normativo.Todo ello redunda en una mayor salvaguarda del consumidor.

David López Jiménez

Nuevas coordenadas para el derecho de obligaciones

"La pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de resistencia no solo sanitaria y social sino también para el Derecho. El trabajo que nos presenta Joan Ridao realiza un notable esfuerzo de análisis de ese Derecho de crisis y de su impacto en el Estado autonómico. Es un libro oportuno, sistemático y apegado a la actualidad cambiante. La gestión jurídica de las medidas necesarias para evitar la expansión del virus ha generado vivos debates más allá de los foros estrictamente académicos, sobre los pilares centrales de nuestro sistema jurídico: los derechos fundamentales, la distribución competencial o la separación de poderes. Estado de alarma o legislación sanitaria; estado de alarma en versión centralizadora o estado de alarma con cogobernanza; coordinación de medidas o diversidad en la gestión; ratificación judicial de medidas generales de naturaleza reglamentaria o de actos administrativos de aplicación de normas que afectan a derechos fundamentales; desdibujamiento del control parlamentario; vinculación autonómica a las actuaciones coordinadas; toque de queda y vacunación obligatoria autonómica sí o no; suspensión de elecciones o del derecho de sufragio sin previsión normativa; derecho a la salud o derechos fundamentales… La sucesión de polémicas jurídicas que ha acompañado a la gestión sanitaria de la pandemia ha sido incesante y las discrepancias doctrinales, políticas y jurisprudenciales han dibujado un panorama que parecería sugerir un déficit de desarrollo normativo o, cuando menos, de seguridad jurídica para afrontar un problema complejo.&#13;[…] El volumen estudia con detalle cómo se abordó jurídicamente la crisis sanitaria y el uso cambiante de instrumentos jurídicos para hacerle frente por parte del gobierno central y las comunidades autónomas. Ese repaso normativo y jurisprudencial permite apreciar la evolución que, en tan corto espacio de tiempo, experimenta la articulación jurídica de las medidas anti-covid lo que, en definitiva, también sirve para desdramatizar los debates jurídicos apuntados. Nuestro ordenamiento jurídico disponía de una caja de herramientas apta, aunque perfeccionable, para hacer frente a una pandemia desde la legislación sanitaria, pasando por la de protección civil -que muy pronto usaron varias CCAA-, hasta el Derecho de excepción que se deriva del art. 116 de la Constitución. Por eso, a nuestro juicio, la pregunta a la que da respuesta este necesario estudio no es tanto si la pandemia nos encontró desarbolados también jurídicamente, sino con cuáles de esos instrumentos se podía conseguir aunar mejor una gestión eficaz de la crisis con la menor lesión posible para los derechos fundamentales y el reparto competencial".&#13;Del prólogo de Alba Nogueira.

Joan Ridao

Del estado de alarma a la cogobernanza en la gestión de la COVID-19

Derecho de crisis y Estado autonómico

Derecho - Estado y Sociedad

José Alberto Magariños Yánez

Emilio Guichot Reina

Análisis crítico de la Ley 2/2023 y perspectivas de futuro. III Premio Internacional de Investigación Instituto Clavero Arévalo

La denuncia y la protección de las personas denunciantes

Para la gestión de servicios públicos, y en general para el cumplimiento de muchos de sus cometidos, las Administraciones Públicas se desenvuelven en el espacio que se abre entre su potestad de autoorganización y la opción por la contratación, inexcusablemente sometida al principio de concurrencia en la adjudicación. En ese espacio se están suscitando diversas controversias, derivadas sobre todo de la débil y compleja delimitación de las fórmulas que pueden utilizarse para la autoprovisión y los requisitos, necesariamente estrictos, que han de concurrir para su operatividad.&#13;En este libro se ofrece una categorización rigurosa de esas fórmulas a partir de la doble matriz que se conforma desde la cooperación vertical, con el recurso a medios propios, a la cooperación horizontal, que se articula sobre convenios entre Administraciones. Especial atención se presta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamental en esta materia, y a las posiciones que están adoptando las autoridades de defensa de la competencia, con un creciente protagonismo en este tema.

Esteban Arimany Lamoglia

Susana Grau

José Alberto Navarro

Belén Noguera de la Muela

La autoprovisión administrativa en la gestión de servicios públicos

La obra presenta los resultados de investigación cuyo propósito fue identificar en qué medida los elementos que configuran las reglas de organización de la justicia administrativa, para garantizar su independencia en el caso colombiano, inciden en su legitimidad.Con base en los resultados de esta indagación, se proponen medidas encaminadas a un mejoramiento de su sistema de justicia administrativa para contribuir al incremento de su legitimidad. Para este efecto, a partir de la comprensión de las características del diseño institucional de la justicia administrativa colombiana, descritas en la primera parte, se realizó un estudio empírico empleando la técnica de la entrevista, mediante la aplicación de un cuestionario estructurado de dieciséis preguntas que se derivan de un cuestionamiento que las engloba: ¿las reglas constitucionales y legales que establecen y garantizan la independencia de la justicia administrativa en Colombia propician su funcionamiento efectivo?, el cual fue aplicado a diecisiete actores clave del sistema colombiano de justicia administrativa y cuyos resultados se presentan en la segunda parte del texto.Adicionalmente, con el fin de contar con elementos de juicio adicionales para la identificación de propuestas de mejora del sistema indagado, se incluyó una descripción del modelo de justicia francés. Dado que este modelo ha sido un referente permanente de sus instituciones homólogas en Colombia. Finalmente, se realizó una revisión de otras experiencias, atendiendo trabajos de investigación e informes de instituciones especializadas que han abordado esta temática en diferentes latitudes, de manera que estas fuentes secundarias de información sirvieron para complementar de manera propositiva los hallazgos del trabajo de campo realizado.

Manuel Alberto Restrepo Medina

Natalia Soledad Aprile

Una mirada desde la percepción de su diseño institucional

Legitimidad de la justicia administrativa colombiana

Instituto de Estudios Latinoamericanos

El entorno económico en el que hasta ahora se habían desenvuelto las inversiones en energías renovables era tremendamente favorable, con mucho apetito inversor, financiador y un apoyo incondicional por parte de los Estados. Sin embargo, el entorno ha cambiado en los últimos años de forma radical. Ahora nos enfrentamos a restricciones en la financiación, a costes de fondeo realmente elevados que estrechan notablemente los diferenciales entre los retornos de los proyectos y los costes de su estructura de capital. Pero una vez puntualizado lo anterior, en la comunidad industrial y financiera subyace un enorme interés estructural en el sector, como demuestra el enorme número de transacciones recientes de activos renovables. La primera reacción de cualquiera que esté relacionado de forma más o menos cercana con las inversiones en el campo de las energías renovables es preguntarse el porqué de tanto interés. Cuáles son las razones que empujan a tantos inversores a destinar cientos de millones de euros a su adquisición y a demandar continuamente profesionales cualificados y con conocimientos en el sector. Como suele ser habitual, la respuesta es casi más sencilla que la pregunta. Como se defiende en el presente libro, las inversiones en energías renovables son una buena alternativa que compara bien en términos de riesgo y rentabilidad con otras alternativas como las acciones, los bonos, el activo inmobiliario, los fondos de inversión e incluso las nuevas formas de gestión que buscan retornos absolutos (hedge funds).

José I Morales Plaza

Las claves del éxito de la inversión en energías renovables

Consejo Superior de la Judicatura - CENDOJ

&amp;quote;La obra que el lector tiene en sus manos expresa el afecto, el respeto y la admiracion de jueces, abogados y academicos a uno de los maestros del derecho publico colombiano. Ello explica su naturaleza como liber amicorum y la existencia de un capitulo que destaca los aportes que ha hecho el doctor Carlos Betancur Jaramillo al derecho publico y al derecho privado.    Las contribuciones de los autores desarrollan una amplia gama de temticas y presentan con profundidad y rigor diversas perspectivas, reflexiones y conclusiones sobre el control judicial en el Estado social de derecho, as como la entronizacin de los derechos constitucional y administrativo en el contexto general de la Ley 1437 de 2011, en el procedimiento administrativo sancionador y desde la perspectiva de la concurrencia de funciones jurisdiccionales y administrativas.    Esta publicacin expone debates vigentes sobre la aplicacin de instituciones jurdicas en la contratacin estatal, como el enriquecimiento sin causa, el concepto de inters pblico, las facultades unilaterales de la Administracin y el seguro de cumplimiento, y de institutos procesales como la nulidad y sus efectos, las medidas cautelares y el recurso de casacin en la jurisdiccin contencioso administrativa; tambin visibiliza y analiza asuntos de trascendencia y actualidad, como la proteccin ambiental, los Acuerdos de paz, la prdida de investidura y la responsabilidad estatal en contextos de guerra y paz, as como las dificultades y los retos que estos conllevan para la sociedad, el derecho y los jueces.    En suma, se trata de una obra de homenaje a un maestro de maestros, cuyo contenido refleja el legado del doctor Carlos Betancur Jaramillo y la cuidadosa seleccin de cuestiones jurdicas relevantes y actuales cuya discusin, investigacin y anlisis resulta de gran utilidad para toda la comunidad judicial, acadmica y jurdica.&amp;quote;

Álvaro Namén Vargas

Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Jorge Enrique Ibáñez Najar

Allan R. Brewer-Carías

Carmenza Mejía Martínez

Hernán Andrade Rincón:

Lola Elisa Benavides López

Laura Ospina Mejía

Ramiro Pazos Guerrero

Ruth Stella Correa Palacio

Guillermo Sánchez Luque

José Armando Bonivento

Fabián Gonzalo Marín

Jorge Humberto Calle López

Rocio Araújo Oñate

Liber amicorum en homenaje a Carlos Betancur Jaramillo. Tomo II

Estudios en derecho público

La monografía que el lector tiene en sus manos aborda el estudio de la autorización judicial de entrada con el objeto principal de exponer de forma sistemática, ordenada y completa el régimen jurídico que disciplina esta institución. Con ello se vienen a paliar las deficiencias de que adolece el marco legislativo que regula la autorización judicial de entrada –parco, disperso y confuso en ocasiones–, y asimismo se cubre un vacío de la literatura administrativa, puesto que la doctrina sólo se ha ocupado de forma fragmentaria de esta figura jurídica. El trabajo, basado en la legislación y la doctrina, pero, en especial, en un exhaustivo análisis de la jurisprudencia más relevante y reciente en la materia, se estructura a través de tres ejes principales. De un lado, se estudian los ámbitos de la actuación administrativa en los que la autorización judicial de entrada es susceptible de tener encaje, y los criterios que ordenan su exigencia. De otro lado, se discurre sobre los bienes jurídicos que quedan protegidos por dicha autorización; a saber, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada. Y, junto a lo anterior, se examinan cuestiones de índole competencial, relativas a la determinación de la competencia objetiva, territorial y funcional; así como de índole procesal, tocantes al cauce por el que debe sustanciarse el despacho de la autorización en sede contencioso-administrativa, y a los criterios que el órgano judicial debe tener en cuenta para conceder o denegar la autorización de entrada. A modo conclusivo, la monografía incluye una propuesta de lege ferenda para la completa regulación de la autorización de entrada, con el fin de ofrecer respuestas a las principales cuestiones problemáticas que suscita la práctica judicial, y dotar de mayor sistematicidad y coherencia a esta institución jurídica.

Laura Salamero Teixidó

La autorización judicial de entrada en el marco de la actividad administrativa

Este libro no se plantea ni como una biografía de Luis Bolín, ni como un estudio prosopográfico. Más bien trata de analizar su contribución al turismo español en los años en los que tuvo alguna responsabilidad en los órganos oficiales del turismo: en el Patronato Nacional de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo y la Dirección Nacional de Turismo, es decir, entre 1928 y 1952, con el paréntesis de la Segunda República. Sin duda, Bolín fue un personaje importante en el campo del turismo, aunque no fue el único, por supuesto. De hecho, estuvo al frente de la Administración turística española ininterrumpidamente entre 1938 y 1952. Y aunque no fueron los años más brillantes del turismo español, por un lado, se aprobó una abundante legislación, que marcó la actividad turística del primer franquismo, y, por otro, para finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, empezaron a sentarse las primeras bases de la expansión turística posterior.

Carlos Larrinaga

Luis Bolín y el turismo en España entre 1928 y 1952

El objetivo y la finalidad de este libro, es el analisis y la defensa a ultranza del deber de imparcialidad de los funcionarios publicos, como anverso de una moneda en la que el reverso esta representado el derecho de los ciudadanos a una Administracion neutral , en una especie de conmixtion o compenetracion de ambos conceptos, de manera que no es posible su separacion, en cuanto que los dos son cosas principales.

Miguel Yaben Peral

El deber de imparcialidad en el ejercicio de la función pública

La función administrativa

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