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Estudios jurídicos

Joseba Fernández Gaztea

La función administrativa

Concepto y aplicaciones

Monografías jurídicas

La retribución de los administradores sociales es una pieza fundamental en el gobierno corporativo de las compañías capitalistas. Representa la compensación económica de la labor de gestión y representación y permite, al tiempo, canalizar la actividad de las sociedades hacia fines concretos. Las recientes modificaciones legislativas y algunos pronunciamientos judiciales han dotado a la institución de renovada actualidad. La reforma de la Ley 31/2014 abordó algunos de los debates doctrinales tradicionales y dio lugar a nuevas controversias. Las especialidades referidas a la política y al informe de remuneraciones en sede de sociedades cotizadas completan el complejo normativo.&#13;En la presente monografía, el autor lleva a cabo un estudio sistemático de los diferentes sistemas de retribución del catálogo legal y de los que se derivan de las amplias posibilidades de la autonomía estatutaria (art. 217.2 LSC). El desarrollo del régimen jurídico parte de un análisis general de los mecanismos de control de la retribución, que tiene en cuenta los elementos de transparencia, las competencias orgánicas en la materia y los criterios de adecuación. Tras ello, se da encaje legal a cada uno de los conceptos y sistemas remuneratorios atendiendo a sus respectivas singularidades.&#13;El tratamiento presenta mayores particularidades en aquellas fórmulas que cuentan con un régimen especial, esto es, las que consisten en una participación en beneficios y las que se encuentran vinculadas a la evolución de las acciones (arts. 218 y 219 LSC). Finalmente, se exploran las posibilidades de actuación frente a las compensaciones económicas que contravengan las reglas en la materia.

Miguel Gimeno Ribes

Régimen jurídico de los sistemas de retribución de los administradores sociales

Administración Pública y Derecho

Flavio Quezada Rodríguez

Historia comparada de su formación en el Derecho chileno, español y francés

La noción de servicio público

Consejo Superior de la Judicatura - CENDOJ

&amp;quote;La obra que el lector tiene en sus manos expresa el afecto, el respeto y la admiracion de jueces, abogados y academicos a uno de los maestros del derecho publico colombiano. Ello explica su naturaleza como liber amicorum y la existencia de un capitulo que destaca los aportes que ha hecho el doctor Carlos Betancur Jaramillo al derecho publico y al derecho privado.    Las contribuciones de los autores desarrollan una amplia gama de temticas y presentan con profundidad y rigor diversas perspectivas, reflexiones y conclusiones sobre el control judicial en el Estado social de derecho, as como la entronizacin de los derechos constitucional y administrativo en el contexto general de la Ley 1437 de 2011, en el procedimiento administrativo sancionador y desde la perspectiva de la concurrencia de funciones jurisdiccionales y administrativas.    Esta publicacin expone debates vigentes sobre la aplicacin de instituciones jurdicas en la contratacin estatal, como el enriquecimiento sin causa, el concepto de inters pblico, las facultades unilaterales de la Administracin y el seguro de cumplimiento, y de institutos procesales como la nulidad y sus efectos, las medidas cautelares y el recurso de casacin en la jurisdiccin contencioso administrativa; tambin visibiliza y analiza asuntos de trascendencia y actualidad, como la proteccin ambiental, los Acuerdos de paz, la prdida de investidura y la responsabilidad estatal en contextos de guerra y paz, as como las dificultades y los retos que estos conllevan para la sociedad, el derecho y los jueces.    En suma, se trata de una obra de homenaje a un maestro de maestros, cuyo contenido refleja el legado del doctor Carlos Betancur Jaramillo y la cuidadosa seleccin de cuestiones jurdicas relevantes y actuales cuya discusin, investigacin y anlisis resulta de gran utilidad para toda la comunidad judicial, acadmica y jurdica.&amp;quote;

Rocio Araújo Oñate

Liber amicorum en homenaje a Carlos Betancur Jaramillo. Tomo I

Estudios en derecho público

Álvaro Namén Vargas

Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Jorge Enrique Ibáñez Najar

Allan R. Brewer-Carías

Carmenza Mejía Martínez

Hernán Andrade Rincón:

Lola Elisa Benavides López

Laura Ospina Mejía

Ramiro Pazos Guerrero

Ruth Stella Correa Palacio

Guillermo Sánchez Luque

José Armando Bonivento

Fabián Gonzalo Marín

Jorge Humberto Calle López

Liber amicorum en homenaje a Carlos Betancur Jaramillo. Tomo II

Introducción. I. ¿A quién le corresponde delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en un Estado en que las normas concebidas para ello no son nada claras? II. La ficción de una jurisdicción de lo contencioso administrativo concebida para decidir en derecho administrativo, y la de limitación de su objeto a partir del reconocimiento de decisiones con fundamento en el derecho civil y comercial. III. Consideraciones finales. Biografía.&#13;&#13;En el pasado he manifestado, insistentemente, mi preocupación por la necesidad de delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en nuestro país. Ello ha tenido una motivación de doble vía: una conceptual y de comprensión institucional, y otra de perplejidad por el sinnúmero de dudas de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo.&#13; La razón de la primera tiene una altísima carga académica: vivir en un Estado con una rara configuración institucional de la rama judicial, donde en el contexto de una pluralidad de jurisdicciones se esboza desde hace casi ciento diez años una jurisdicción de lo contencioso administrativo poco común en el derecho comparado, con un indiscutible referente foráneo que le sirvió de impulso, pero, también, fruto de acontecimientos históricos propios y precisos, lo cual supone de manera bastante natural y con tintes de pretensiones lógicas, preguntarse por su esencia, naturaleza y razón de ser. Este enfoque necesariamente ha llevado a interrogarme en el pasado, de manera puntual, el porqué de su existencia.

Andres Fernando Ospina Garzón

Tomo II  El Contencioso Administrativo jurisdiccional. Volumen II: El contencioso administrativo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Horizontes del contencioso administrativo

Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación

¿Residuos o recursos? Los residuos contienen recursos aprovechables, con más valor conforme van escaseando, y que la técnica permite recuperar a costes asumibles. Así, hemos de entender que muchas veces despilfarramos recursos cuando eliminamos residuos y que una adecuada gestión de estos permitiría recuperar esos recursos.&#13;
Hasta hace poco, la normativa sobre residuos ha tenido como fundamento único o principal el ambiental y sanitario. Y, consecuentemente, como objetivo de su gestión, la eliminación de la problemática que estos podrían conllevar para la salud o el medio ambiente. Pero los avances técnicos y los progresos del contexto estratégico y normativo, abierto a otras perspectivas y problemáticas, fundamentalmente concretadas en el paradigma de la economía circular, imponen un replanteamiento de esta normativa y del actual modelo de gestión de los residuos para lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos que desechamos. Este replanteamiento actual confronta con una normativa que arrastra otros fundamentos y que está basada en conceptos y categorías jurídicas configuradas en torno a dichos fundamentos. ¿Por qué no plantearnos entonces que, en tanto que una cosa pueda mantenerse dentro de un ciclo económico de vida, podemos tratarla como un producto o recurso de forma tal que evitemos que se convierta en residuo?&#13;
En este libro planteamos la opción de este cambio de perspectiva normativa, analizando las posibles disfunciones del modelo actual de gestión de residuos, y la posibilidad de entender esta gestión como una actividad de interés general económica sujeta a la regulación administrativa.

Jesús Conde Antequera

La gestión de residuos. Del servicio público a la regulación

Las plataformas digitales están ocupando una posición central y determinante en el creciente flujo de relaciones jurídicas y comerciales que en torno a ellas se articulan. Servicios tradicionalmente considerados públicos se ofrecen también a través de plataformas, que dejan por ello una peculiar impronta en las relaciones con los usuarios. Si antes se identificaron y caracterizaron con rasgos precisos los llamados servicios en red, asistimos ahora a la eclosión de los servicios en plataforma. Los retos que se plantean a efectos regulatorios en ese nuevo entorno tecnológico son, fundamentalmente, dos: uno es mantener, o recomponer en su caso el cuadro de garantías del tráfico jurídico que resulta exigible por los sujetos diversos que entablan su relación a través de las plataformas; el otro, garantizar la adecuada atención a los intereses generales en juego.&#13;Requiere ello afrontar como primera cuestión la de la naturaleza misma de las plataformas: si se trata de proveedores de contenidos o son ellas mismas sujetos de intermediación, una cuestión, como otras que pueden plantearse, que no tiene una solución unívoca dada la variada tipología de plataformas, según reconoce la Unión Europea en sus primeras aproximaciones. También habrá de plantearse la naturaleza y alcance de una regulación pública, en atención a los intereses generales presentes, que habrá de encauzar con tino el natural impulso autorregulador del primer momento en el que estamos.

Esther Arroyo i Amayuelas

Yolanda Martínez Mata

Mariola Rodríguez Font

Marc Tarrés Vives

Estrategias regulatorias

Servicios en plataforma

 Fernando

Los bienes públicos

La relevancia que, en la era de la globalización, adquieren los puertos de interés general resulta indiscutible para el crecimiento de la economía. No en vano, el comercio exterior español se desarrolla abrumadoramente a través de sus instalaciones. La incesante llegada y salida de buques con pasajeros y carga nos conecta con los principales destinos marítimos del mundo.&#13;Pero, aparte de la trascendencia general para la actividad económica de su flujo marítimo, vinculada a su no menos significativa relevancia social, los recintos portuarios constituyen, al mismo tiempo, una realidad compleja en la que se entremezclan una multiplicidad de actividades que giran en torno al mejor servicio del tráfico portuario. Conjunto de espacios y funciones que los convierten en uno de los ámbitos más desarrollados y estratégicos del territorio.&#13;El carácter poliédrico de los puertos con proyección exterior, como no podía ser de otra manera, tiene su reflejo en la presencia y atención que le prestan las distintas Administraciones públicas. Procedía pues, en buena lógica, abordar un estudio amplio que intentara iluminar cuáles son las principales notas de la vigente política portuaria de interés general; cómo se desarrollan las relaciones entre sus sujetos; y qué parámetros, en fin, condicionan y reflejan el momento presente y su proyección futura.

Manuel Estepa Montero

Análisis de la política pública sobre los puertos de interés general

"La pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de resistencia no solo sanitaria y social sino también para el Derecho. El trabajo que nos presenta Joan Ridao realiza un notable esfuerzo de análisis de ese Derecho de crisis y de su impacto en el Estado autonómico. Es un libro oportuno, sistemático y apegado a la actualidad cambiante. La gestión jurídica de las medidas necesarias para evitar la expansión del virus ha generado vivos debates más allá de los foros estrictamente académicos, sobre los pilares centrales de nuestro sistema jurídico: los derechos fundamentales, la distribución competencial o la separación de poderes. Estado de alarma o legislación sanitaria; estado de alarma en versión centralizadora o estado de alarma con cogobernanza; coordinación de medidas o diversidad en la gestión; ratificación judicial de medidas generales de naturaleza reglamentaria o de actos administrativos de aplicación de normas que afectan a derechos fundamentales; desdibujamiento del control parlamentario; vinculación autonómica a las actuaciones coordinadas; toque de queda y vacunación obligatoria autonómica sí o no; suspensión de elecciones o del derecho de sufragio sin previsión normativa; derecho a la salud o derechos fundamentales… La sucesión de polémicas jurídicas que ha acompañado a la gestión sanitaria de la pandemia ha sido incesante y las discrepancias doctrinales, políticas y jurisprudenciales han dibujado un panorama que parecería sugerir un déficit de desarrollo normativo o, cuando menos, de seguridad jurídica para afrontar un problema complejo.&#13;[…] El volumen estudia con detalle cómo se abordó jurídicamente la crisis sanitaria y el uso cambiante de instrumentos jurídicos para hacerle frente por parte del gobierno central y las comunidades autónomas. Ese repaso normativo y jurisprudencial permite apreciar la evolución que, en tan corto espacio de tiempo, experimenta la articulación jurídica de las medidas anti-covid lo que, en definitiva, también sirve para desdramatizar los debates jurídicos apuntados. Nuestro ordenamiento jurídico disponía de una caja de herramientas apta, aunque perfeccionable, para hacer frente a una pandemia desde la legislación sanitaria, pasando por la de protección civil -que muy pronto usaron varias CCAA-, hasta el Derecho de excepción que se deriva del art. 116 de la Constitución. Por eso, a nuestro juicio, la pregunta a la que da respuesta este necesario estudio no es tanto si la pandemia nos encontró desarbolados también jurídicamente, sino con cuáles de esos instrumentos se podía conseguir aunar mejor una gestión eficaz de la crisis con la menor lesión posible para los derechos fundamentales y el reparto competencial".&#13;Del prólogo de Alba Nogueira.

Joan Ridao

Del estado de alarma a la cogobernanza en la gestión de la COVID-19

Derecho de crisis y Estado autonómico

La función administrativa

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