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Proceso y Derecho

Jordi Nieva Fenoll

Eduardo Oteiza

La independencia judicial: un constante asedio

El problema juridco que se plantea en este librotiene que ver con la relacion que existe entre, por una parte, la incorporacionde la carga dinamica de la prueba del proceso penal y, por otra, lorfundamentos normativos de tal proceso y los fundamentos teoricos de la carga dela prueba. En el se hace una clara apuesta por la incompatibilidad  que existe entre esa institucion y estosfundamentos y se evidencian multiples inconsistencias en los desarollosjurisprudenciales de aquella. Ademas, se asume una postura  propia en el marco de una estructuraorganica, metodologica y probatoria  delproceso penal y se explora su rendiemiento en ambitos como la teoria delprecedente judicial, la prueba de las causales de ausencia de laresponsabilidad y la teoria del derecho.

José Joaquín Urbano Martínez

Tesis doctorales Doctorado en Derecho n.º 17 / investigación

¿Dudar y condenar? El impacto de las cargas probatorias dinámicas en el sistema acusatorio colombiano.

Desde finales del siglo XX ha existido relativo consenso en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos respecto a que la justicia civil se encuentra en un profundo estado de crisis. Ello ha obligado a la comunidad jurídica integrada por académicos, jueces y juezas, abogados y abogadas litigantes y operadores del sistema a replantearse el diseño, estructura y práctica del proceso referido a la reivindicación judicial de intereses de orden civil.&#13;&#13;El primer paso ha sido intentar cambiar el foco desde un proceso civil, de suyo centrado en códigos y leyes procesales que apuntan a la regulación de procedimientos, trámites, actuaciones y recursos, por un concepto panóptico y holístico de justicia civil, en el que se consideran ángulos y prismas más amplios y transversales, que van desde el diseño orgánico hasta el sustento ideológico detrás de las normas procesales. En ese sentido, la necesidad de establecer una visión tridimensional de la justicia se ha erigido como respuesta común en todos los ordenes jurisdiccionales, en los que la búsqueda de la solución correcta debe congeniarse con dimensiones asociadas al tiempo y al costo incurrido.&#13;&#13;Esta obra se propone, con las limitaciones propias de nuestros tiempos y circunstancias, constituir un aporte a esas reflexiones sobre la construcción de un sistema de justicia civil moderno, que pueda dar cabida a las necesidades de los justiciables respecto de una serie amplia y diversa de intereses jurídicos cuyo conocimiento esta entregado a los tribunales con competencia civil.&#13;&#13;En esa liza, se ha ensayado un catálogo de artículos sobre los temas que mayor interés despierta la mencionada tarea de repensar el proceso civil, abarcando desde cuestiones orgánicas estructurales hasta los mecanismos en que la justicia civil cierra el sistema mediante las reglas de definitividad, pasando por críticas económicas y filosóficas al sistema de justicia civil, a su construcción material y teórica, así como un reflejo de un estatuto sustantivo patriarcal y privatista, propio del ideario político, económico y social liberal de siglos pasados.&#13;&#13;En la obra el lector podrá encontrar problemas pocas veces mencionados en la literatura, pero que hoy suponen un andamio insoslayable en la arquitectura del análisis de la justicia civil, tales como el problema de los costos, el acceso, la asistencia jurídica, el rol de la profesión letrada, los mecanismos alternativos de resolución y las facultades y poderes del juez en la conducción del procedimiento. Para ello, se ha contado con la colaboración de un distinguido número de profesores y profesoras que gentilmente han querido colaborar en estas reflexiones, así como noveles estudiantes que han terminado sus estudios de derecho escribiendo sobre materias hasta hace poco desconocidas en los syllabus de pregrado.

Jesús Ezurmendia Álvarez

Principios de Justicia Civil

Biblioteca de Gobernanza y Derechos Humanos

Al preguntarse por el qué y el cómo del proceso paritista latinoamericano, la autora explora un análisis conceptual y contextual de las causas, factores y actores que han intervenido en la amplia movilización hacia la democracia paritaria en América Latina. Su pasión y convencimiento son el reflejo de su propia trayectoria profesional y personal.&#13;En América Latina la sororidad entre el amplio y diverso movimiento de mujeres en red, entendido a la luz de un proceso ideológico participativo, ha generado una acumulación de aprendizajes para superar las continuas trampas y resistencias a la paridad.&#13;La autora recurre a la figura geométrica de múltiples caras, voces y caminos, como el poliedro, en referencia "a los múltiples agentes y las fuentes de construcción que impulsan el proceso paritista latinoamericano". Los conceptos viajan y se adaptan. La movilización por la democracia paritaria que impulsan las europeas en Atenas en 1992 se expande en América Latina con connotaciones conceptuales y estratégicas ante los desafíos específicos que sufren las mujeres en la región con la mayor inequidad social y económica del mundo, en una búsqueda incesante por ampliar la definición de la paridad, vertical, horizontal y, ahora, transversal.&#13;La autora argumenta que no habrá paridad sustantiva sin un nuevo modelo sostenible de democracias feministas, con un Estado Social basado en la cultura de la igualdad sustantiva. Reivindica hacer efectiva la ciudadanía política y social de las mujeres: "lo social es paritario" es democrático y sostenible.

Irune Aguirrezabal Quijera

Tres dimensiones explicativas

La democracia paritaria en América Latina

La administración de justicia será digital o no será. La pandemia del covid-19 ha vuelto a poner de manifiesto los males y miserias que aquejan a nuestro sistema judicial, que debe superar cuanto antes el debate acerca de la conveniencia de abrazar el avance tecnológico.&#13;&#13;La obra aborda en un ejercicio que compagina teoría y práctica, una cuestión de rabiosa actualidad y de necesidad indubitada como es la aplicación de los sistemas de IA para apoyar, en sentido afirmativo o negativo, la decisión judicial que adopta la prisión provisional, así como sus efectos para los derechos fundamentales en juego.&#13;&#13;Con tal fin, la primera parte de la obra se centra en hacer un diagnóstico revelador, un zum, de lo general a lo particular, analizando con un lenguaje atrevido y un estilo directo, cercano en ocasiones al ensayo, el alcance de la revolución digital y sus efectos sobre la Administración de Justicia y el proceso.&#13;&#13;La segunda parte del trabajo se centra en el análisis de los sistemas expertos de inteligencia artificial judicial de valoración de riesgos (IAJVR) como alternativa a los atávicos heurísticos o atajos intuitivos del juzgador, que hasta la fecha determinan la adopción de medidas cautelares limitativas de derechos, cuyo paradigma es sin lugar a duda la institución de la prisión provisional. Es en este ámbito en el que contar con sistemas de IAJVR puede ayudar a conjurar y objetivar el riesgo real que se pretende enervar con la imposición de tan singular medida.&#13;&#13;Por último, en la tercera parte el autor focaliza su atención en el empleo de los sistemas de IAJVR en el seno del proceso penal y la afectación que de ello puede derivarse sobre los derechos fundamentales en juego, tales como el derecho de defensa, el derecho al juez imparcial, la presunción de inocencia, la dignidad humana, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos o el principio de publicidad procesal, incluyendo propuestas de factis ferenda sobre quién y cómo debe controlar al algoritmo.

Pere Simón Castellano

La alternativa a los atávicos heurísticos judiciales

Justicia cautelar e inteligencia artificial

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

Juan Antonio Andino López

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

La prueba digital es aquella informacion obtenida o transmitida a traves de un medio electronico o dispositivo digital que sirve para acreditar la evidencia de un hecho de relevancia en cualquier orden jurisdiccional.   Los tiempos cambian, la sociedad evoluciona y las formas de comunicacin entre los humanos tambin. Lo que antes se haca a mano, ahora se hace a travs de un Smartphone, de una Tablet o de un ordenador. Y por tanto, las conversaciones que se tienen actualmente tambin adquieren este formato. Es por ello que el sistema judicial ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologas, admitiendo como pruebas las que provenan de este tipo de terminales o aparatos, eso s, siempre y cuando no fuera impugnado su origen o an sindolo, se presentara pericial que la acreditase.   En cuanto al resto de pruebas admitidas tanto en la va civil como en la penal, la Sala Primera y Segunda van sentando cada ao la nueva doctrina, tambin adaptada a los nuevos tiempos y actualizada, que ser de aplicacin en las decisiones judiciales de todos los tribunales. Todo ello lo podremos encontrar en este manual.

Salud De Aguilar Gualda

Ámbito civil y penal

La Prueba Digital en el proceso judicial

Juan Cumiz

Diego Dei Vecchi

Una aproximación a partir de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional

Estándares de suficiencia probatoria y ponderación de derechos

La presente obra busca plantear una filosofía del sistema penal, la cual descansa en el principio de imputación y a lo que hemos denominado la pragmática de la imputación penal. En esa inteligencia, y recurriendo a la legislación comparada, hemos explicado que la litis se fija cuando se formula imputación o se formaliza la investigación y no al cierre de la investigación cuando se plantea la acusación; ello por mandato legal y por la siguiente lógica del sistema: la afectación de la libertad personal mediante medidas cautelares o el dictado de decisiones jurisdiccionales de terminación o conclusión anticipada del proceso, exigen de una imputación formulada, a la que incluso la futura acusación, juicio y sentencia están vinculados, a saber, al cuadro fáctico imputado; ello, lo hemos explicado en el capítulo primero a través delo que hemos denominado modelo imputativo.&#13;&#13;Ahora bien, lo que se imputa es un cuadro fáctico y su perfeccionamiento no lo otorga la actual sobrevaloración de los testimonios, sino el recurso a las ciencias forenses (artículo 228° de la norma adjetiva mexicana, artículo 276° de la ley procesal panameña o el artículo 321.2° del Código procesal penal peruano, como ejemplos que la lectura forense, criminalístico y científico de los hechos es la exigencia legal y no una psicología del testimonio); a ello, nos dedicamos en los capítulos segundo y tercero, que por su importancia radica el centro de nuestro estudio. No obstante, el mencionado perfeccionamiento de los hechos nos debe conducir a la afirmación que una persona ha infringido un deber jurídico penal que actualiza tanto la afectación de un bien jurídico legalmente protegido así como un tipo penal; ello nos permite revisar las reglas de imputación objetiva y subjetiva, así como demás categorías de la teoría del delito, pero alejándonos de constructos como la semántica del Derecho penal, la cual no presenta una equivalente potencia con las ciencias forenses; y a ello nos hemos centrado en el capítulo cuarto. Sin embargo, el principio de imputación conlleva a analizar sus consecuencias, como la sanción, la reparación civil y las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, conforme lo desarrollado en el capítulo quinto. &#13;&#13;Finalmente, la imputación requiere de control judicial en audiencia, en razón a los efectos que en los derechos humanos del procesado va a generar, y a ello nos dedicamos en los capítulos sexto y sétimo, con especial referencia a la audiencia inicial regulada en codificaciones como la mexicana; en suma, la imputación es el puente que permite el diálogo entre el Derecho penal y el procesal penal, y a los que nos conducirá a una pragmática (no en su sentido semántico), sino forense, de la imputación.

Hesbert Benavente Chorres

La pragmática de la imputación penal

Teoría general del proceso se convierte en un recurso didáctico que aclara conceptos transversales en el estudio del derecho y facilita su comprensión. Este texto brinda un apoyo novedoso para el desarrollo de habilidades argumentativas, interpretativas y cognitivas, necesarias en la formación de los estudiantes de derecho.

Celmira González de Sánchez

Teoría general del proceso

En un caso real un Fiscal propone a la defensa aceptar ser culpable, cuando el cliente no lo es, pero a cambio de ello rebaja una pena inicial de 6 anos de prision a una multa de 1.200 euros.  Aceptaria jugar a la &amp;quote;ruleta rusa&amp;quote; procesal con la incerteza en el fallo o en cambio la oferta de este &amp;quote;suicidio procesal&amp;quote;?. Otro caso, una persona es solicitante de una adopcion internacional que lleva anos tramitando para la cual un antecedente penal implica, casi con seguridad, que le denieguen la misma, por no cumplir los requisitos de idoneidad en la adopcion y es acusado de un delito menor, por ejemplo alcoholemia, aceptaria una conformidad cuando los jueces ignoran los efectos de su sentencia penal en otros ordenes jurisdiccionales. Si llega al contencioso administrativo pasaran varios anos mas. Se produce un &amp;quote;suicidio procesal&amp;quote;. Los efectos que pueden tener un acto muchas veces puede tener en otros derechos como lo son en ambito civil, laboral, administrativo, etc... y que repercuten en la vida del afectado. Se produce cuando un investigado autoriza un acto, prueba o declaracion sin estar informado de todas sus consecuencias perjudiciales. Ese dano, por falta de conocimiento en el mismo sujeto o defensa, supone un verdadero suicidio procesal al considerarlo valido a los efectos del proceso por el mero y simple consentimiento formal. Es un error de consentimiento. El suicidio procesal va de eso y en este libro se muestran y plantean cuestiones que van mas alla del derecho y en todo caso en la vida real.

Antoni Pascual Cadena

Teoría del suicidio procesal

Si preguntamos qué es la Presunción de Inocencia, la mayoría de la gente dirá que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario", una entelequia normativa que el pueblo llano no comprende y que, además, resulta de todo punto ilógica. El Tribunal Constitucional ha señalado que nos hallamos frente a una regla de trato que opera tanto en instrucción como en fase de juicio oral. A su vez, la privación provisional de libertad también se configura como una suerte de batalla de presunciones entre la de Inocencia y las contenidas en la LECrim que se refieren a los fines inherentes a la prisión preventiva, a partir de una presunción de culpabilidad que legitima su determinación en base a los eventuales peligros de huida, de alteración de pruebas o de reincidencia. Así, pues, se evalúan hechos futuros, que encierran un juicio de probabilidad e incerteza, y que funcionan como una verdadera prueba legal negativa.&#13;&#13;La prueba de hechos negativos es la llamada prueba diabólica, un concepto residual que solamente es mencionado a través de referencias y siempre con alusión a la carga de la prueba. Su objeto (los hechos negativos), su proceso lógico (la inferencia) y su conclusión (la carga de la prueba) merecen todo el respeto atendiendo a su relevancia en la estrategia procesal tanto para la defensa como para la acusación. Aunque, sin embargo, su importancia en el Derecho Penal práctico aún no ha sido puesta de manifiesto.&#13;&#13;El presente estudio analiza los llamados procesos de inferencia de los indicios de criminalidad, con el objetivo de vislumbrar su falta de lógica desde el punto de vista del razonamiento, de la verificación y de la motivación. Y ello por cuanto los jueces, en su exégesis, se remiten a la Ley y a la jurisprudencia constitucional en vez de a los hechos objeto de autos. Así, se les ha arrebatado la técnica del razonamiento, y con ello la posibilidad de impugnación y control, lo que supone una usurpación inadmisible de sus funciones. De esta forma, la Presunción de Inocencia parece más bien "un robo que un regalo", pues al examinarse los fines que justifican la prisión preventiva como hechos negativos que son y que, por lo tanto, aún no existen, se está construyendo una verdadera "Probatio diavolica" que no puede ser aceptada en modo alguno.

Entelequia normativa y prisión preventiva

La prueba diabólica penal

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos

La independencia judicial: un constante asedio

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