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Proceso y Derecho

Jordi Nieva Fenoll

Eduardo Oteiza

La independencia judicial: un constante asedio

&amp;quote;Han transcurrido ya mas de cinco anos desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reduccion de carga financiera y otras medidas de orden social. Texto normativo en el cual se defiende que una persona fisica, a pesar de un fracaso economico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podra satisfacer.     Partiendo de este objetivo, el legislador instaur un mecanismo extrajudicial y judicial que sirviese de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situacin de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad.     Sin embargo, si bien la voluntad del legislador result ser loable y &amp;quote;cargada&amp;quote; de buenas intenciones, no es menos cierto que, eran muchas las voces autorizadas que denunciaban que la regulacin de esta institucin, pecaba de inconcrecin y de lagunas legislativas que creaban incerteza e inseguridad jurdica.     La regulacin de la segunda oportunidad es modificada y actualizada en el nuevo texto concursal. As, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, concede una nueva regulacin legislativa al mecanismo de la segunda oportunidad. Ante esta realidad, en el presente trabajo, pretendemos analizar la nueva regulacin y dar soluciones a las cuestiones de mayor problemtica, que en la prctica presenta el mecanismo de la segunda oportunidad.     Finalmente, dedicaremos el ltimo captulo a analizar la regulacin que sobre la segunda oportunidad se contiene en la Directiva UE 2019/1023 y algunos de los cambios ms relevantes que ha de suponer en nuestra regulacin nacional como consecuencia de su necesaria trasposicin que deber realizarse, conforme al artculo 34 Directiva, antes del 17 de julio de 2021.&amp;quote;

Federico Adán Domenech

Carlos Puigcerver Asor

en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal

La segunda oportunidad de las personas naturales

Los paradigmas del relacionamiento entre las instituciones militares y la sociedad evolucionan a un ritmo impulsado por las demandas de más y mejor democracia a lo largo de todo el mundo. Esa dinámica, que podría catalogarse como un proceso de democratización de las funciones de seguridad y defensa, pasa por el análisis de un amplio grupo de variables que, sin abandonar las cuestiones clásicas relativas a la institucionalidad y a los medios para el cumplimiento de las misiones derivadas del ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, abren paso a perspectivas inaplazables, centradas en los ciudadanos que portan el uniforme en tanto miembros iguales de la comunidad política. En esta oportunidad, el Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento Institucional del Ejército -CAEFI- desarrolló investigaciones que, haciendo eco de la independencia que le es característica, se centraron en reflexiones inéditas sobre el mandato constitucional de formación democrática de los miembros de la Fuerza Pública, a propósito de las cuales se profundiza, quizá igualmente por vez primera, respecto de la vigencia y alcance de algunos de los derechos fundamentales de sus miembros, en una propuesta consecuente con los mandatos de libertad, igualdad y dignidad en que se asienta el Estado colombiano. Los textos que conforman este volumen ofrecen una amplia gama de aproximaciones a las cuestiones iusfundamentales que subyacen a la opción de ser parte de la Fuerza Pública en Colombia, analizadas desde los mandatos constitucionales, los desarrollos jurisprudenciales y la más autorizada doctrina en la materia, a partir de un propósito que, lejos de construir verdades incuestionables, invita a la observación rigurosa y a la controversia argumentada.

Andrés Rolando Ciro Gómez

Gerardo Barbosa Castillo

Édgar Solano González

José Luis Martí

Magdalena Correa Henao

María José Viana Cleves

Fundamentos de la democracia y derechos fundamentales de los miembros de la Fuerza Pública

Derecho Penal y Criminología

Alejandra Verde

Delimitación con el encubrimiento. Delito posterior copenado

La receptación como delito contra el mercado formal

Pedro Grández Castro

La constitución que languidece

Serie Intermedia de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho

Los ensayos que componen este libro contienen las piezas mas importantes de la obra de Aharon Barak. En ellos el autor aborda los temas mas dificiles atinentes a la aplicacion de los derechos fundamentales por parte del juez constitucional, la funcion de los jueces es una democracia, la naturaleza de las discrecion judicial la posibilidad de enmiendas constitucionales inconstitucionales, y expone su propia doctrina de la proporcionalidad y su original concepcion dogmatica de la dignidad humana

Aharon Barak

Escritos sobre derechos fundamentales y teoría constitucional

La aplicación judicial de los derechos fundamentales

Estudios jurídicos

El presente trabajo ofrece un análisis de los procesos de reforma constitucional activados en los últimos años que responden a los postulados propios de la democracia deliberativa. La deliberación, entendida como un proceso de interacción comunicativa dirigido a la adopción de las decisiones públicas en el que priman la reflexión crítica y el diálogo constructivo, se presenta desde esta perspectiva teórica como un método idóneo para forjar los amplios consensos sociales y políticos sobre los que deben descansar, necesariamente, los procesos de gestación del Derecho constitucional positivo.&#13;Entre los casos de estudio seleccionados se encuentran: la propuesta de reforma electoral para la Columbia Británica (Canadá) formulada en el año 2004 por una Asamblea Ciudadana; el fallido proceso constituyente en la República de Islandia (2009-2013) en el que se convocan, sucesivamente, dos espacios de deliberación ciudadana (Foro Nacional y Consejo Constitucional); las enmiendas parciales a la Constitución de la República de Irlanda propuestas por la Convención Constitucional (2012-2014) y la Asamblea Ciudadana (2016-2018), que han supuesto el reconocimiento jurídico de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la práctica de la interrupción del embarazo; y los dos últimos proyectos de reemplazo constitucional en Chile: el proceso "Diálogos Ciudadanos" (2015-2017), que sirve de base para la redacción de las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución, propuesta de reforma abandonada tras el relevo de la presidenta Bachelet, y el proceso constituyente abierto actualmente, que debe llevar a la Convención Constitucional a adoptar un proyecto de Constitución debatida en democracia.

Víctor Cuesta López

Espacios de democracia deliberativa en contextos de reforma constitucional

La contratacion bancaria ha sido una de las materias juridicas que mayor numero de modificaciones ha sufrido en los ultimos anos, originando una situacion de inseguridad juridica tanto en el justiciable como en los operadores juridicos.   La presente monografa tiene dos objetivos. En primer lugar, analizar cmo se regulan normativamente las clusulas abusivas en la Ley 5/2019,de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crdito inmobiliario, y, en segundo lugar, examinar la reciente jurisprudencia comunitaria e interna, en relacin a la interpretacin y aplicacin de las clusulas abusivas, y cmo esta incide en el mbito sustantivo y procesal.   Asimismo, debido a la especial importancia del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econmico y social del covid-19 y del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el mbito social y econmico para hacer frente al covid-19, ambos textos normativos, dictados durante el estado de alarma, se analiza la posibilidad de solicitar y conceder la moratoria respecto del pago de las obligaciones econmicas derivadas de los contratos de prstamo, en especial, los hipotecarios.

Federico Adan Domenech

en la ley de crédito inmobiliario y en la jurisprudencia del TS y TJUE

El fin de las cláusulas abusivas hipotecarias

Teoría general del proceso se convierte en un recurso didáctico que aclara conceptos transversales en el estudio del derecho y facilita su comprensión. Este texto brinda un apoyo novedoso para el desarrollo de habilidades argumentativas, interpretativas y cognitivas, necesarias en la formación de los estudiantes de derecho.

Celmira González de Sánchez

Teoría general del proceso

&amp;quote;Los primeros veinte anos de aplicacion de la compleja regulacion de la prueba pericial han planteado infinidad de problemas practicos de todo tipo en los tribunales.   Esta monografa los analiza crticamente y formula soluciones eficaces para resolverlos, as como presenta casi un centenar de propuestas articuladas de mejora normativa. Y ello lo hace de la mano de los verdaderos especialistas de la prueba pericial: desde la visin judicial con los estudios del Magistrado de la Sala 1 del Tribunal Supremo, Jos Luis Seoane Spiegelberg, y de las magistradas Carmen Ortiz Rodrguez y Rosa M Mndez Toms, ambas profesoras ordinarias de la Escuela Judicial del CGPJ; desde la perspectiva cientfica con trabajos de los acadmicos que han dedicado sus tesis doctorales a esta prueba, como los estudios de Pedro M. Garcianda Gonzlez, Ignacio Flores Prada, Carmen Vzquez, Eva Isabel Sanjurjo Ros y Rafael de Orellana Castro; y desde la experiencia del derecho comparado con las aportaciones de expertos en Evidence Law de EEUU, Japn, Alemania, Italia y Brasil. De igual modo, incorpora numerosos estudios que abordan cuestiones problemticas concretas de la prueba pericial, tales como la provisin de fondos y honorarios de los peritos, la tica de los expertos judiciales, la prueba pericial cientfica y digital, las tachas de peritos, etc.   En definitiva, se trata de un libro escrito por autnticos especialistas de la prueba pericial, tanto del mundo acadmico, judicial y profesional -nacional e internacional-, que ofrece propuestas razonadas de mejora de nuestro derecho probatorio.&amp;quote;

Joan Picó i Junoy

Elisabet Cerrato Guri

Juan Antonio Andino López

Propuesta de lege ferenda

La prueba pericial a examen

Administración Pública y Derecho

El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

César Cierco Seira

Hacia un desarrollo más completo de la intervención en la justicia administrativa

El codemandado en el proceso contencioso-administrativo

La conducta procesal de las partes ha sido un tema de importancia fundamental en los estudios del Derecho procesal. Establecer cuál conducta es la adecuada dentro de un debate no es tarea fácil y los ordenamientos jurídicos, la doctrina y la jurisprudencia se preocupan por descubrir la línea divisoria que existe entre la conducta permitida y aquella que no lo es.&#13;&#13;El libro que el lector tiene en sus manos desarrolla este complejo tema, con propuestas de solución. Un análisis histórico y comparado permitirá entender los problemas que las normas sobre buena fe procesal, lealtad y probidad, cooperación procesal y/o abuso procesal, comportan, avanzando ideas para un mejor entendimiento, aplicación y – por qué no – posibles reformas de normas procesales.&#13;&#13;El lector se dará cuenta que la expresión que se utiliza para desarrollar el tema es "corrección procesal", con intenciones de redefinir el fenómeno de la conducta procesal de las partes. Según afirmamos: "…hacemos referencia a la expresión "corrección procesal" para describir el fenómeno de la conducta adecuada de los sujetos procesales, y que preferimos frente a otras expresiones como buena fe, moralidad procesal, cooperación procesal, lealtad y probidad, pues aquella –que consideramos no tiene cargas emotivas ni transplanta valoraciones axiológicas– nos parece una expresión neutra y adecuada para una redefinición, mientras que las últimas consideramos, generan perplejidades, tanto lingüísticas como pragmáticas".&#13;&#13;La identificación y aplicación de la moralidad/buena fe/abuso del derecho está condicionada por los contextos normativos de aplicación. En cuanto respecta al proceso - principio de corrección procesal – podemos encontrar pautas o variables necesarias para su empleo racional y coherente, en miras a la no afectación de derechos y garantías procesales de las partes, pero a su vez cuidando los recursos que insume el proceso, así como su eficacia y celeridad, o el respeto entre los sujetos procesales que debe prevalecer en este método que llamamos proceso, pero además no permitiendo que el instrumento que sirve para resolver conflictos intersubjetivos de intereses se emplee para causar daños injustos.&#13;&#13;Siguiendo el consejo de J. Mª MARTÍNEZ VAL "vivamos el pleito como lo que es: una batalla por un derecho concreto, en que las fintas distraen, pero no resuelven, vivámoslo con vigilancia a la forma y la más profunda atención al fondo y al objetivo final, que es lo que importa".

Jorge I González Carvajal

La conducta procesal de las partes

La prueba, como actividad en la que se pretende convencer al juez sobre la certeza de los hechos controvertidos, es siempre muy compleja. Por ello es fundamental dominar todos los aspectos del derecho probatorio, máxime cuando en ella radica el triunfo o fracaso de uno de los justiciables.&#13;&#13;Esta relevancia judicial de la actividad probatoria ha llevado al moderno constitucionalismo a prever en las Cartas Magnas un precepto dedicado al derecho a la prueba: ello sucede tanto en la Constitución española, con su art. 24.2, como con la más reciente de las constituciones latinoamericanas, la cubana, de 2019, con su art. 94.c). De esta forma, en ambos países, el derecho constitucional a la prueba exige una continua interpretación de la legalidad procesal acorde con el protagonismo que tiene este derecho.&#13;&#13;Esta obra de debate sobre el derecho probatorio es fruto del encuentro de diversos integrantes de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y de la mejor escuela procesalista cubana.

Joan Picó Junoy

Diálogos hispano-cubanos

La prueba a debate

La independencia judicial: un constante asedio

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