Evidencia empírica y populismo punitivo el diseño de la política criminal

Que le lleva al legislador a incorporar al Codigo Penal la pena de prision permanente revisable? Que le lleva a castigar con cuatro anos de prision el hecho de abandonarel lugar de un accidente, existiendo ya el delito de omision del deber de socorro? Que le lleva a convertir en delito las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes? La respuesta nos la ofrece el propio legislador. En su opinion, la sociedad lo demanda. Sin embargo, esa demanda social no ha sido probada, y se sorprenderia el legislador al saber que la ciudadania - bien informada - no es tan punitivista como pudiera pensarse. Ademas,incluso aunque existiera tal demanda social, este no es un argumento valido para legitimar una determina politica. Acaso entenderiamos como legitima en un Estado democratico y de Derecho una decision adoptada por la mayoriaque decidiera restringir derechos de los demas? Es evidente que no. La demanda social es un argumento insostenible para justificar una poltica criminal. Por eso esta obra pretende erigirse en crtica constructiva al legislador penal, que no puede continuar amparndose en dicho argumento para intensificar, cada vez ms, la intervencin del Derecho penal. Es el momento de que el legislador, en lnea con lo que exige la normativa de la UE, abandone el populismo punitivo y elabore polticas basadas en la evidencia. Solo as se podr valorar la eficacia de una poltica y solo as se podr exigir una rendicin de cuentas. En ltimo trmino, esta obra defiende que la evidencia emprica no puede ser el nico argumento para llevar a cabo una poltica criminal. No sera aceptable, por ejemplo, la asignacin de una pena de prisin perpetua para el delito de robo, por mucho que eso hiciera descender el nmero de esos delitos. El Derecho penal es, y debe seguir siendo, la ultima ratio del Estado. Existen otros mecanismos previos al Derecho penal, menos lesivos con los derechos de los ciudadanos, a los que se puede recurrir. Adems, todapoltica criminal encuentrasiempre un lmite infranqueable en los principios legitimadores del Derecho penal, hoy con reconocimiento constitucional, que tienen como trasfondo ltimo la dignidad del ser humano. Luego por muy eficaz que pudiera ser una poltica criminal, no podr implementarse si la misma vulnera principios como el de legalidad o el de proporcionalidad, o garantas como la presuncin de inocencia.