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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Sin prejuicios

Dulce Xerach Pérez

Yolanda Ortega Sanz

gráfica futura

Arquitectura con derecho(s)

Sinergias para la defensa legal de una arquitectura de calidad

Índice&#13;
Prefacio&#13;
[9]&#13;
Introducción&#13;
[13]&#13;
Respeto y reconocimiento profesional&#13;
La crisis de una arquitectura de calidad&#13;
Derecho urbanístico y el modelo de ciudad ideal europea: equilibrio entre lo público y lo privado&#13;
Derecho de protección del patrimonio histórico&#13;
La ciudad presente y la ciudad compacta&#13;
Políticas urbanas para una ciudad futura&#13;
Arquitectura con derechos&#13;
[25]&#13;
&#13;
1. El derecho a una arquitectura de calidad&#13;
1.1. Nivel o altura creativa de las obras arquitectónicas&#13;
1.2. Realismo y compromiso social&#13;
1.3. La calidad del entorno construido: cultura y ética arquitectónica&#13;
1.4. El talento de los profesionales: la ciudad como proceso&#13;
2. Los concursos de proyectos de arquitectura&#13;
2.1. La política, la ciudad y los concursos de arquitectura&#13;
2.2. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP): la contratación&#13;
pública y los pliegos administrativos y técnicos&#13;
2.2.1. La solvencia técnica y los plazos de duración y ejecución&#13;
del proyecto&#13;
2.2.2. Los concursos de proyectos como prestaciones de carácter&#13;
intelectual&#13;
2.2.3. El jurado del concurso&#13;
2.2.4. Honorarios o coste de la prestación de servicios&#13;
2.3. Buenas prácticas. Los concursos en Alemania, Holanda o China&#13;
2.4. Jurisprudencia y doctrina a favor de la profesión&#13;
Derecho con arquitectura&#13;
[51]&#13;
3.Defensa legal de una arquitectura de calidad&#13;
3.1. Derecho, creatividad y sentido común&#13;
3.2. Derecho del patrimonio histórico&#13;
3.2.1. Los bienes de interés cultural (BIC)&#13;
3.2.2. Cultura y protección BIC: Espacio Cultural El Tanque&#13;
3.2.3. Recuperación del legado arquitectónico: el Pabellón alemán de Barcelona de Ludwig Mies van der Rohe&#13;
3.3. Derecho de propiedad intelectual y derechos de autor&#13;
3.3.1. Defensa de la propiedad intelectual: inspiración, copia o plagio&#13;
3.3.2. Derechos de reproducción: imagen y marca de una obra&#13;
arquitectónica&#13;
3.3.3. Derechos de integridad de la obra y derechos morales&#13;
3.4. Do ut des: honorarios profesionales de referencia&#13;
Sinergias para la defensa legal de la arquitectura&#13;
[75]&#13;
4. La cultura del «nosotros»: arquitectura y derecho&#13;
4.1. La comprensión de la arquitectura: derecho, diseño y política&#13;
4.2. Retos y decretos conjuntos&#13;
4.2.1. El reto de los nuevos planes urbanísticos versus la ciudad ideal&#13;
4.2.2. El reto de la continuidad histórica y la cultura arquitectónica&#13;
4.2.3. El reto de la arquitectura en las nuevas leyes&#13;
4.2.4. El reto de una nueva ley de la arquitectura&#13;
Posfacio. Arquitecturas de pandemia&#13;
[83]&#13;
Arquitectura poscovid-19&#13;
Algunas ideas poscoronavirus&#13;
Aprovechar la oportunidad pandémica para repensar&#13;
Habitar: la arquitectura es para las personas&#13;
Políticas de emergencia, contratos y presupuesto público&#13;
Concursos y oportunidades de la pandemia&#13;
Una arquitectura con forma jurídica&#13;
Apéndices&#13;
[93]

La intervención de los lobbies en el diseño y ejecución de las políticas públicas es algo inexorable, pues es impensable que exista un proceso de toma de decisiones en el que no intervengan en mayor o menor medida. La relevancia de este fenómeno ha hecho que en nuestro entorno —especialmente a partir de la emergencia de los recientes estándares de transparencia y probidad en la esfera pública—, la regulación de los lobbies haya dejado de ser vista como algo ajeno, propio de los modelos de tradición anglosajona, de modo que actualmente se entiende como una pieza inseparable en los objetivos de transparencia y de buen gobierno. Y es que, a pesar de las diferencias que existen entre las distintas regulaciones, todas las normas que abordan este fenómeno tienen por objeto, tanto favorecer el conocimiento sobre los términos en los que puede desarrollarse legítimamente la actividad de influencia, como establecer límites o reglas claras a respetar en el ejercicio de esta actividad, para garantizar la seguridad jurídica y evitar la corrupción o los conflictos de interés.&#13;
El presente trabajo analiza la regulación actualmente existente en España —especialmente en la esfera autonómica e incluso la local—, así como las sucesivas tentativas de implantar una regulación en la esfera estatal, mediante una exposición exhaustiva de los antecedentes de dicha regulación, sus previsiones y la praxis desarrollada a partir de su adopción. Por lo que al ámbito europeo se refiere, los autores toman en consideración el marco existente en algunos Estados, así como en el ámbito interinstitucional de la UE. El examen de todos estos supuestos lleva aparejadas amplias referencias a la jurisprudencia constitucional, ordinaria, europea, e incluso a la doctrina consultiva de referencia.&#13;
Para concluir, esta obra plantea los principales y más inmediatos retos en el ámbito de estudio, a partir de las consideraciones anteriores, subrayando aquellos aspectos que, a parecer de los autores, requieren una profunda revisión: esencialmente, una mejor delimitación del ámbito subjetivo y objetivo de los registros de grupos de interés, la garantía del seguimiento de la huella normativa y el tratamiento de las contribuciones económicas de los lobbies.

Joan Ridao

Irene Araguàs Galcerà

Los lobbies. Presente y futuro de la regulación de los grupos de interés en España y Europa

Claudia Méndez Vargas

Las motivaciones para elegir la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja  California Sur

Jorge Isaac Torres Manrique

La transformación de la Inteligencia Artificial

ENSAYO

Ezra Klein

Derek Thompson

Cómo construimos un mundo mejor

Abundancia

Fernando Caballero

Madrid DF

Paula Robledo Silva

Bernardo Carvajal Sánchez

Daniel Rivas-Ramírez

Crónicas jurisprudenciales de 2023

Justicia de lo contencioso administrativo a debate

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos

Generalidades del Derecho Migratorio en México es una obra fundamental que se sumerge en el complejo mundo del derecho migratorio mexicano. El derecho migratorio abarca todas las normativas legales de carácter público que rigen el movimiento de personas a nivel internacional, ya sean nacionales o extranjeras. Este marco normativo establece las pautas y los procedimientos para controlar la llegada, la permanencia y la salida de individuos de otros países, así como los aspectos vinculados a la emigración, el retorno y la repatriación de los ciudadanos. Este campo legal se encuentra estrechamente ligado a áreas fundamentales como el derecho de asilo, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, formando un entramado crucial para la protección y la regulación de la movilidad humana a nivel global. La obra profundiza en cada uno de estos aspectos, desde los antecedentes históricos del derecho migratorio mexicano hasta las regulaciones actuales. Ofrece una valiosa herramienta para cualquier persona interesada en comprender el sistema migratorio mexicano. Más allá de lo legal, destaca la importancia de respetar los derechos fundamentales de todos los individuos, sin importar su origen o condición. Muestra el camino hacia un sistema migratorio que prioriza la dignidad y los derechos humanos de todos los migrantes en México, un país en el centro de la dinámica global de la movilidad humana.

Edith Roque Huerta

Generalidades del derecho migratorio mexicano

La lectura de este texto permite al lector adentrarse teóricamente en temas de seguridad social qué van más allá de cuando se culmina la vida laboral de una persona. Son explicadas prestaciones referidas a determinadas contingencias acaecidas durante el periodo laboral activo que requieren protección social al tener que dejar de laborar por determinado periodo por padecer una enfermedad común o profesional, un accidente del trabajo o de origen común, debe recibir una prestación a largo plazo por el fallecimiento de un familiar cercano, así como, la protección de la mujer ante su embarazo. Se incluyen además las prestaciones de Seguridad Social a personas que no laboran, pero que necesitan de dicho amparo: ancianos, personas con discapacidad, menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.

Guillermo Eulogio Ferriol Molina

Derecho de la Seguridad Social

Patricio Meller

Un Siglo de Economía Política Chilena (1890-1990)

Estructuras y procesos. Derecho (EPD)

Luigi Ferrajoli

Crisis y refundación del garantismo penal

Justicia y política

Monografías jurídicas

Frente a la diversidad de estudios que en el ámbito tributario se han ocupado del instituto de la interpretación, no resulta posible afirmar lo propio con la figura de la calificación. Y, sin embargo, no son pocos los conflictos que se producen en la práctica donde la calificación tributaria desempeña un papel de gran relevancia, siendo el objeto principal de la polémica. Conocer en detalle el instituto de la calificación jurídico-tributaria y, especialmente, las reglas de calificación contenidas en el Derecho positivo, permitirá reducir al máximo la inseguridad jurídica a la que en ocasiones pueden conducir los conflictos de calificación entre el obligado y la Administración tributaria respecto de las operaciones, negocios jurídicos, o rentas.&#13;
Y es así que esta obra adquiere una especial relevancia ya que se ocupa de los aspectos más importantes relacionados con la aplicación de la norma tributaria —interpretación y calificación forman parte de dicho proceso—. No obstante, el eje central de este estudio recae sobre el instituto de la calificación. En este sentido, se pretende contribuir a delimitar de modo más claro, así como a facilitar la comprensión de dicho instituto en su dimensión interna, ofreciendo criterios o reglas útiles para la resolución de los conflictos de calificación.&#13;
Por último, se trata de perfilar la auténtica naturaleza del art. 13 LGT. Para ello, es necesario reflexionar sobre si dicho artículo contiene reglas o criterios de calificación, o si, por el contrario, es posible atribuir al referido precepto naturaleza antielusiva.

Mónica García Freiría

La calificación jurídica en el Derecho tributario

Arquitectura con derecho(s)

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