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Eduardo Lobatón Guzmán

Lucero García Silva.

Laudo arbitral

Pedro de Morales (Valdepeñas, 1538-Murió en la capital de Nueva España en 1614). España.
Pedro de Morales ejerció como abogado en Madrid y en Granada antes de entrar en la Compañía de Jesús en 1570. Partió a la Nueva España con la expedición que incluía a Pedro de Hortigosa para «leer las artes y teología» en el Colegio de San Pedro y San Pablo. 
Trabajó como calificador e inquisidor del Santo Oficio y como consultor en el Tercer Concilio Mexicano en 1585. 
La crónica de Pedro de Morales no sólo hace una descripción pormenorizada de los diferentes elementos de la celebración; entre ellos música, danzas y adornos indígenas, sino que incluye algunos textos literarios escritos para acompañar la festividad, lo que aporta una valiosa información sobre este tipo de actos públicos.
Vale destacar que en el Virreinato de México la práctica teatral tuvo para la Compañía de Jesús una finalidad «catequística», el drama servía en la labor educativa de la Compañía. Según Ignacio de Loyola se debía de hacer más ameno e interesante el magisterio con la realización de actividades como la rima de versos o la práctica de diálogos recitados.

Constitución Española de 1845

ENSAYO

Un interesante análisis de la evolución de los impuestos en España, desde la instauración de la democracia hasta hoy, contada a través de los principales hitos que han marcado su desarrollo, tanto desde el punto de vista de las reformas aprobadas como de su aplicación, que aborda también los escándalos que han puesto en riesgo el principio de generalidad establecido por nuestra Constitución, y que se sintetiza en el popular eslogan de «Hacienda somos todos». La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 que resultó inconstitucional, la benevolencia del derecho penal con los grandes defraudadores y la disociación fiscal de las personas que, para eludir en buena parte el pago de sus impuestos, son al mismo tiempo sociedades, constituyen algunas de las cuestiones tratadas en este importante trabajo de los técnicos del Ministerio de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo. Y también el papel «no jugado» por la Agencia Tributaria ante la lista Falciani, de contribuyentes que ocultaban patrimonio y rentas en el banco HSBC de Ginebra, y los escándalos fiscales de Juan Carlos I, junto a otras situaciones que podrían revelar una doble vara de medir. Los autores muestran una mirada crítica del déficit de justicia fiscal y del discurso demonizador de los tributos, pero a la vez esperanzada como consecuencia de los cambios a nivel global que se empiezan a percibir respecto de la necesidad de combatir el aumento de las desigualdades, a través de los impuestos, con la repercusión política, social y económica que conlleva.

Carlos Cruzado

José M. Mollinedo

Claves para afrontar el debate fiscal

Los ricos no pagan IRPF

La Constitución española de 1837 intentó establecer un equilibrio conciliador entre progresistas y moderados, las fuerzas políticas con más peso en la España de entonces.
Esta Constitución aparece en un contexto muy particular. En 1836, sucedió el levantamiento de La Granja de San Ildefonso, recogido por Benito Pérez Galdós en su novela De Oñate a la Granja, de sus Episodios Nacionales. Este hecho forzó a la regente María Cristina a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812.
En este contexto se decidió convocar a Cortes Constituyentes para actualizar la Constitución de 1812. Se buscaba una Constitución de consenso, que hiciera posible la alternancia en el poder entre progresistas y moderados sin tener que cambiar más la legislación.
Un detalle peculiar de la Constitución española de 1837 es que está firmada por dos mujeres. En primer lugar por María Cristina de Borbón, como reina viuda, y por su hija Isabel II de Borbón, que ese año cumplía siete años de edad.
Esta Constitución se reemplazó por la Constitución Española de 1845. Documento que también promulgó Isabel II cuando la joven reina tenía quince años. Cabe destacar que el segundo de sus artículos adicionales proclama que:


Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.


Dejando así suspendidas en Puerto Rico, Filipinas y Cuba las libertades concedidas a los habitantes de la Península Ibérica. Este artículo tuvo enorme repercusión en la formación de una conciencia nacional, indepentista, en dichos territorios coloniales.

Constitución española de 1837

Fernando Caballero

Madrid DF

La Constitución Nacional reconoce el derecho de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos.Una profusa jurisprudencia de las Altas Cortes colombianas ha ido determinando los contornos de esta función jurisdiccional, las materias sobre las que se aplica y los límites a los que se ve sometida. De similar manera, en este conjunto de sentencias se han ido trazando los criterios de competencia que determinan cuándo un delito es juzgado por la jurisdicción ordinaria y cuándo por la jurisdicción especial indígena.Esta obra hace un recuento de las reglas dogmáticas que se aplican en estos casos, restituye los debates conceptuales y doctrinales que han generado fricciones y compara el ámbito de aplicación del derecho propio indígena con el de los otros países del mundo andino.

Camilo Alberto García Borrero

Competencias disputadas: jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria en Colombia

Leyes

La Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, es conocida por eso como la Pepa.
Se trata de la primera Constitución liberal española. Ello es debido a su defensa de los derechos individuales, su voluntad de modificar o suprimir ciertas instituciones del Antiguo Régimen y su ideal de mejorar la sociedad. Los primeros artículos del texto proclaman una nación española transoceánica, libre e independiente que no es patrimonio de ninguna familia ni persona y limita los derechos de la monarquía.
Los diputados liberales


Agustín Argüelles, 
Diego Muñoz Torrero y Pérez de Castro
fueron las figuras más destacadas en su elaboración. En 1814, al regresar a España el rey Fernando VII, firmó un decreto en el que decía que no la juraba ni aceptaba, ni ningún decreto de las Cortes. Declarando, así, nulos esta Constitución y sus decretos.
La actitud del monarca provocó rebeliones en Latinoamérica y la independencia de todas las colonias españolas de allí, con excepción de Cuba y Puerto Rico.
Posteriormente, la Pepa se volvió a aplicar el 8 de marzo de 1820. Ese día Fernando VII fue obligado a jurarla ante la rebelión de Rafael de Riego, hasta el fin del Trienio Liberal, en 1823. Volvió a estar en vigencia entre 1836 y 1837, mientras se redactaba la Constitución española de 1837.
Las principales características de la Constitución de Cádiz fueron las siguientes:


Estableció la soberanía de la Nación, no la del rey.
Instauró la monarquía constitucional como forma de gobierno, estableciendo la división de poderes y limitando así la autoridad del monarca.
Proclamó el sufragio universal masculino indirecto.
Estableció la libertad de imprenta, de industria, de comercio y el derecho a la propiedad privada.
Abolió los señoríos feudales.
Concedió la ciudadanía española a todos los nacidos en las colonias americanas, fueran criollos, mestizos o indígenas.
Consagró a España como un Estado confesional católico, ya que prohibía expresamente cualquier otra religión.
No reconoció ningún derecho a las mujeres.

Constitución de Cádiz

Este libro de más de 1.100 páginas recoge todos los estudios del profesor Allan R. Brewer-Carías sobre derecho administrativo comparado, escritos y publicados durante los últimos cincuenta años, entre 1966 y 2021; una materia a la cual prestó atención desde el propio comienzo de carrera de investigador. Precedido de una Introducción general sobre El derecho administrativo comparado y global en la cual se publican tres estudios suyos sobre: "derecho administrativo comparado" (2014); "el concepto de derecho administrativo" (2015) "el derecho administrativo global" (2022); en la obra se incluyen los siguientes libros y trabajos del autor: (i) Las empresas públicas en el derecho comparado (1967); (ii) dos estudios sobre La regionalización administrativa en el derecho comparado, uno sobre "La regionalización en materia económica en el derecho comparado" (1974) y otro sobre "La descentralización territorial: autonomía territorial y regionalización política en el derecho comparado" (1982); (iii) Principios del procedimiento administrativo: Francia, España y América Latina (1990); (iv) Principios del procedimiento administrativo en América Latina (2003); (v) La justicia administrativa en el derecho comparado latinoamericano (2019); y (vi) El procedimiento administrativo global ante Interpol (2015,2020.

ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO COMPARADO Y GLOBAL

Los Decretos de Nueva Planta (o plantilla), llamados así en conjunto, suprimieron la mayor parte de los fueros de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, lo que tuvo importantes consecuencias políticas. Aparecen en la Novísima recopilación de las leyes de España en dos secciones distintas. Los primeros Decretos de Nueva Planta (Aragón, Valencia) figuraron en el libro III, referido al rey, como leyes promulgadas por él, tras las leyes generales (título II); se refieren a los llamados fueros provinciales (título III). Los últimos (Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña) fueron leyes de organización de los tribunales reales (chancillerías y audiencias, libro V), referidas a las nuevas Audiencias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca respectivamente (títulos 7 a 10).
Los Decretos de Nueva Planta tienen una enorme actualidad política al ser considerados por los independentistas catalanes la base histórica de los recortes de la autonomía de Cataluña.

Decretos de Nueva Planta

Juan Carlos Varón Palomino

Mauricio Rengifo Gardeazábal

Fernando Peña Bennet

Tomo III. Regímenes especiales de protección del consumidor

Derecho del consumo

Luca Passanante

Contribución al estudio del derecho jurisprudencial en el proceso civil

El precedente imposible

Grenfieth de Jesús Sierra Cadena

Gilles J. Guglielmi

La internacionalización del derecho administrativo

"«Interesados en los mineros no por un quehacer puramente académico, sino por su importancia en función de la transformación de la sociedad peruana, ellos y los campesinos, con los que están estrechamente ligados, constituyen el centro de nuestro trabajo. Esto significa que, en la medida permitida por nuestras fuentes, el acercamiento será lo más concreto posible. Nos va a interesar no solo el grado de explotación económica al que estuvieron sometidos, sino también sus relaciones sociales, su vida cotidiana, sus canciones, sus sentimientos, etc. La condición minera, como cualquier otra situación de clase, es la resultante de una combinación específica de la totalidad social. Un conjunto de hombres y no una serie de abstracciones son, pues, el eje de nuestro trabajo. Esto no debe significar que vamos a caer en un "descriptivismo", en el olvido de los procesos socioeconómicos generales en el interior de los cuales los hechos humanos alcanzan toda su inteligibilidad. Los hombres hacen la historia, es cierto, pero la hacen en situaciones ya dadas, sobre realidades que acontecen muchas veces a espaldas de sus deseos e incluso de su conocimiento». &#13;
Alberto Flores Galindo &#13;
"

Alberto Flores Galindo

Los mineros de la Cerro de Pasco, 1900-1930

Laudo arbitral

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