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Juan Carlos Varón Palomino

Mauricio Rengifo Gardeazábal

Fernando Peña Bennet

Derecho del consumo

Tomo III. Regímenes especiales de protección del consumidor


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La Constitución española de 1876 se promulgó el 30 de junio de 1876 por Antonio Cánovas del Castillo. A partir de un borrador confeccionado por un grupo de 600 notables, antiguos senadores y diputados de anteriores legislaturas, designados por Cánovas.
La comisión definitiva, presidida por Manuel Alonso Martínez, contaba con treinta y nueve miembros. El texto final se aprobó sin grandes cambios por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal masculino de acuerdo a lo previsto en la Constitución española de 1869.
Esta constitución estuvo vigente cuarenta y siete años, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923, siendo la constitución más duradera de la historia de España hasta el momento.
De entre las principales características de la Constitución de 1876, cabe señalar las siguientes:


Soberanía compartida entre las Cortes y el rey, siendo este último el encargado de regular los tres poderes del Estado, así como dirigir y moderar la vida política.
Establecía un poder legislativo bicameral, con un Senado cuyos miembros eran designados por el rey, y un Congreso de los Diputados salido de los procesos electorales.
Carecía de una regulación de los derechos ciudadanos, que se dejaban en manos de la legislación posterior y la interpretación de los gobiernos de turno.
No especificaba el sistema de votación, quedando el derecho al sufragio abierto al uso de la modalidad basada en el censo o a su universalización. Finalmente, el sufragio universal masculino terminó por imponerse en 1890.
Sus firmantes fueron: Alfonso XII. El Presidente del Consejo de Ministros, Ministro interino de Hacienda, Antonio Cánovas del Castillo. El Ministro de Estado, Fernando Calderón y Collantes. El Ministro de Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera.
El Ministro de la Guerra, Francisco de Ceballos y Vargas. El Ministro de Marina, Juan de Antequera. El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero y Robledo. El Ministro de Fomento, Francisco Queipo de Llano. El Ministro de Ultramar, Adelardo López de Ayala.</p>


Constitución española de 1876

Leyes

Se llamó Código Negro a un conjunto de medidas de castigo para las personas de raza negra emitidas temporalmente en situaciones de emergencia. Los Códigos Negros se aplicaron en las colonias españolas. El presente se promulgó en Puerto Rico, por Juan Prim, entonces gobernador de la isla. Este código pretendió prevenir la rebeliones de esclavos.El Código Negro de Prim seguía una larga tradición de medidas racistas y represivas en contra de la raza africana en Puerto Rico. En el año 1812, Salvador Meléndez y Bruna, entonces gobernador de Puerto Rico, prohibió el mero hecho de promover la abolición de esclavitud, entre otras represalias mucho más duras. Parecía existir un miedo a una rebelión o revolución masiva de negros.El militar español Juan Prim fue nombrado capitán general de Puerto Rico en octubre de 1847. Su mando duró solamente hasta julio de 1848, pero fue suficiente para implementar un temible y terrible «Código Negro». Mediante duras represalias intentó impedir la rebelión de los esclavos puertorriqueños.El Código negro de Prim autorizaba a los dueños de esclavos el castigarlos a su gusto, en casos de intento de escape, pues servía para«evitar que los demás sigan su ejemplo».El sistema tenía que proteger la supremacía blanca. Esto significa que todos los negros, no solamente los esclavos, estaban bajo control legal pues eran una amenaza. Prim comienza estableciendo penas a los delitos que«cometan los individuos de raza africana residentes en la isla, sean libres o esclavos».Esta primera referencia establece con claridad que no se trata de un sistema de control de los esclavos solamente. Los negros libres también estarían sometidos al control colonial.

Juan Prim

Código Negro


<p>
La Constitución española de 1869 sustituyó a la Constitución Española de 1845. Se aprobó bajo el Gobierno Provisional de 1868-1871, formado tras la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II.
Proclamada, entre otros, por Juan Prim y Juan Bautista Topete, estuvo vigente durante el reinado de Amadeo I.
Tras la proclamación de la Primera República Española, en febrero de 1873, solo quedó en vigor el Título I. El que proclama las libertades y derechos fundamentales.
Más tarde se restableció tras el golpe del general Manuel Pavía que dio paso a la dictadura de Francisco Serrano.
La Constitución española de 1869 quedó sin vigor tras el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos en diciembre de 1874. Este suceso dio paso a la Restauración borbónica en España, bajo el gobierno de la Constitución Española de 1876.</p>


Constitución española de 1869

Elvia Esther Serrano Marquez

Spanisches Verfassungsrecht Handbuch

MANUAL DE DERECHO  CONSTITUCIONAL ESPAÑOL   EN CLASE DE ESPAÑOL JURÍDICO

Mónica Andrea Ramírez Hinestroza

Adriana Lucía López Álvarez

Ana María Pineda Cely

María Elisa Camacho López

Fernando Silva García

Andrés Eloy Ordóñez Ordóñez

Tatiana Gaona Corredor

Luis Gonzalo Baena Cárdenas

Javier Andrés Franco Zárate

Ingrid Soraya Ortiz Baquero

Ana Isabel Cano Bará

Deisy Galvis Quintero

Fabio Andrés Bonilla Sanabria

Lina Fernanda Henao Beltrán

David Namen Baquero

Saúl Sotomonte Sotomonte

Consumidor y empresa

Elena Cuervo

Susana Alfageme

Male synthesized voice

Guía de compra de una vivienda

La segunda parte de esta obra esta orientada al examen de los tipos penales en particular, y de las disposiciones a traves de las cuales se efectua la integracion normativa, recurriendo a la evolucion legal del instituto, a los planteamientos doctrinarios, y a los desarrollos que ha efectuado nuestra jurisprudencia, permeadas por el imprescindible cedazo de la critica, cuando ello se hace necesario para fundamentar propuestas hermeneuticas. Tambien se hace referencia a la legislacion espanola, en cuanto muchas de las hipotesis delictivas, que consagra nuestro legislador, se han inspirado, de alguna manera en la referida codificacion, a efectos de que el lector pueda sacar sus propias conclusiones al efectuar los correspondientes cotejos y analisis. Debe destacarse que este segundo acpite, que bien podra denominarse la verdadera parte especial de los delitos contra la administracin pblica, no sigue necesariamente en el anlisis de las diferentes hiptesis delictivas en particular, los estrictos derroteros dogmticos de la estructura tpica en su componente objetivo sujetos, objeto, conducta, elementos normativos, descriptivos- y subjetivo -dolo, culpa, elementos subjetivos distintos del dolo-, no porque se desestimen, sino para evitar repeticiones que resultaran innecesarias y fatigosas, mxime cuando la parte primera, hace precisiones in extenso sobre estos temas. En consecuencia, entender el lector como en el examen de ciertos tipos penales, pareciere prescindirse de esta metodologa recurriendo en su lugar a sealar las caractersticas propias de las hiptesis delictivas, y en otros casos se desarrolla en su integridad, para destacar ante todo los aspectos problemticos de las particulares descripciones comportamentales, en el devenir jurisprudencial y doctrinal.

Cesar Augusto Otálvaro Sánchez

Parte segunda: Delitos en particular

Delitos contra la administración publica (Título XV)

Fernando Caballero

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ENSAYO

Un interesante análisis de la evolución de los impuestos en España, desde la instauración de la democracia hasta hoy, contada a través de los principales hitos que han marcado su desarrollo, tanto desde el punto de vista de las reformas aprobadas como de su aplicación, que aborda también los escándalos que han puesto en riesgo el principio de generalidad establecido por nuestra Constitución, y que se sintetiza en el popular eslogan de «Hacienda somos todos». La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 que resultó inconstitucional, la benevolencia del derecho penal con los grandes defraudadores y la disociación fiscal de las personas que, para eludir en buena parte el pago de sus impuestos, son al mismo tiempo sociedades, constituyen algunas de las cuestiones tratadas en este importante trabajo de los técnicos del Ministerio de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo. Y también el papel «no jugado» por la Agencia Tributaria ante la lista Falciani, de contribuyentes que ocultaban patrimonio y rentas en el banco HSBC de Ginebra, y los escándalos fiscales de Juan Carlos I, junto a otras situaciones que podrían revelar una doble vara de medir. Los autores muestran una mirada crítica del déficit de justicia fiscal y del discurso demonizador de los tributos, pero a la vez esperanzada como consecuencia de los cambios a nivel global que se empiezan a percibir respecto de la necesidad de combatir el aumento de las desigualdades, a través de los impuestos, con la repercusión política, social y económica que conlleva.

Carlos Cruzado

José M. Mollinedo

Claves para afrontar el debate fiscal

Los ricos no pagan IRPF

Derecho del consumo

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