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Jaime Fernando Cárdenas Gracia

La argumentación como derecho

Varios

El Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/2121, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, ha derogado la Ley 3/2009, de 3 de abril, con el fin de configurar un nuevo marco jurídico para todas las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, tanto en el ámbito puramente nacional como transfronterizo.&#13;
Además de transponer la directiva y de reordenar el sistema previo, la nueva norma ha servido para introducir diferentes novedades, algunas, de cierto calado, que afectan al proyecto de modificación estructural, a los informes del órgano de administración y del experto, a la publicidad preparatoria, al acuerdo de la junta general, a la protección de los socios, acreedores y trabajadores, y al certificado previo a la modificación estructural transfronteriza. Este libro aspira a ofrecer respuesta a los principales interrogantes que han surgido de su aplicación práctica en el tiempo que lleva vigente, de ahí que la pretensión de esta obra sea principalmente la de identificar los problemas interpretativos de la norma y facilitar a los operadores su aplicación.

Santiago Hierro Anibarro

Una propuesta interpretativa del Libro Primero del Real Decreto-ley 5/2023

El nuevo régimen jurídico de las modificaciones estructurales

Generalidades del Derecho Migratorio en México es una obra fundamental que se sumerge en el complejo mundo del derecho migratorio mexicano. El derecho migratorio abarca todas las normativas legales de carácter público que rigen el movimiento de personas a nivel internacional, ya sean nacionales o extranjeras. Este marco normativo establece las pautas y los procedimientos para controlar la llegada, la permanencia y la salida de individuos de otros países, así como los aspectos vinculados a la emigración, el retorno y la repatriación de los ciudadanos. Este campo legal se encuentra estrechamente ligado a áreas fundamentales como el derecho de asilo, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, formando un entramado crucial para la protección y la regulación de la movilidad humana a nivel global. La obra profundiza en cada uno de estos aspectos, desde los antecedentes históricos del derecho migratorio mexicano hasta las regulaciones actuales. Ofrece una valiosa herramienta para cualquier persona interesada en comprender el sistema migratorio mexicano. Más allá de lo legal, destaca la importancia de respetar los derechos fundamentales de todos los individuos, sin importar su origen o condición. Muestra el camino hacia un sistema migratorio que prioriza la dignidad y los derechos humanos de todos los migrantes en México, un país en el centro de la dinámica global de la movilidad humana.

Edith Roque Huerta

Generalidades del derecho migratorio mexicano

México ha pasado por una espiral reformista en materia de justicia, en particular en cuanto a su sistema de procuración. Tanto las conceptualizaciones como el entendimiento de los principios y las figuras procesales se han complejizado y han minado la confianza de la población en el sistema de justicia en su conjunto. Uno de los objetivos de esta obra es clarificar y ciudadanizar los elementos más importantes que integran la investigación criminal en el proceso penal. El texto sugiere la incorporación de nuevos métodos de trabajo que encuentren respaldo en el diálogo de saberes entre el derecho procesal penal y las ciencias criminalística y criminológica.

Patricia Lucila González Rodríguez

Luis Javier Pineda González

La investigación penal en México. Definiciones, perspectivas y propuestas en torno a la persecución

Estructuras y procesos. Derecho (EPD)

Luigi Ferrajoli

Crisis y refundación del garantismo penal

Justicia y política

La obra pretende explorar los anclajes jurídicos del instrumento de exoneración de deudas, dentro del clásico marco regulador del Derecho de Obligaciones y Contratos, si bien será necesario, antes, buscar la justificación de un mecanismo lesivo para el acreedor en valores superiores del ordenamiento jurídico y en parámetros de índole constitucional o, incluso, supranacional. Especial atención se concede a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 29 de julio de 2004 (Caso Bäck contra Finlandia) en la que se pone de manifiesto cómo una suerte de «fuerza mayor social» legitima la legislación finlandesa de 1993 para exonerar del pago de ciertas deudas.&#13;
Partiendo de la idea de que la exoneración de deudas supone una «expropiación» del derecho crediticio constitucionalmente justificada por razones de intereses superiores como son la utilidad social y el interés de la tutela del mercado, se cuestiona cuánto sacrificio se puede imponer a los acreedores para conseguir que el consumidor deudor deba cada vez menos para poder ser cada vez más consumidor.&#13;
Es clara la ruptura con los dogmas y pilares clásicos del Derecho de Obligaciones que desencadena el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho. Las consecuencias socioeconómicas de la crisis imponen la adopción de una óptica diferente a la hora de valorar el incumplimiento del deudor. Un cumplimiento posible pero que ponga en peligro la vida, la integridad o la dignidad del deudor no puede ser jurídicamente exigible. Esta es la filosofía que inspira el incumplimiento en estado de necesidad que se aborda en la obra.&#13;
Los sujetos protagonistas de este análisis son aquellos deudores/consumidores «hipervulnerables» que se conocen como LILAs (low income, low assets), o NINAs (no income, no assets) y que, por sus especiales condiciones socioeconómicas, pueden ser objeto de abuso de debilidad por parte de otros agentes del mercado. Es apreciable una cierta deficiencia de los instrumentos necesarios, dentro de las actuales legislaciones de insolvencia, para resolver de un modo rápido y eficaz la situación de estos sujetos. En la obra se examinan algunas de estas carencias y se aborda la necesidad de que la «segunda oportunidad» que se conceda a este grupo de deudores se amolde a las peculiares circunstancias de los ya denominados new poor surgidos de las recientes crisis.

Fátima Yáñez Vivero

Perfiles jurídicos y avatares de un nuevo «derecho a no pagar las deudas»

La exoneración judicial de deudas del consumidor vulnerable. Perfiles jurídicos y avatares de un nuevo «derecho a no pagar las deudas»

Derecho, Economía y Tech

Verónica Rojas Montes

César Landa Arroyo

Abel Revoredo Palacios

Juan M. Mocoroa

Natalia M. Ceballos Ríos

Moisés Barrio Andrés

Marcela Robles y Vásquez

La transformación del Derecho en la era digital

Alexander Fink

Ärztliche Offenbarungspflichten und -befugnisse im Kontext von häuslicher Gewalt

Derecho

Esta investigación buscó reconstruir y contextualizar las experiencias de una madre (Pilar) y de su hijo (Kevin) de clases populares frente a la justicia y el Estado colombiano, en el marco de una situación de violencia policial y de falsas acusaciones en un proceso judicial. Con un riguroso trabajo etnográfico y la decisión de apoyarse en los debates de la antropología jurídica y la antropología del Estado, la autora analiza cómo las vivencias de los procesos burocráticos fueron profundamente moldeadas por la trayectoria y posición social de Kevin y Pilar. Reflexiona, particularmente, sobre cómo el hecho de carecer de ciertos recursos —económicos, pero también sociales y culturales— tuvo consecuencias para Kevin y su madre desde el momento inicial de la violencia policial, durante el largo itinerario burocrático que siguieron, hasta que concluyó el proceso e incluso después de que este acabara.&#13;
Desde una mirada comprensiva, reflexiva y crítica se propone entender el funcionamiento de la justicia y del Estado colombiano desde las experiencias de sus usuarios y los efectos que tienen en sus vidas. Por último, la investigación cuestiona los problemas estructurales que padece el sistema jurídico colombiano, que afectan las vidas de los más vulnerables y que lo convierten en un aparato que reproduce la desigualdad que pretende erradicar.

Laura Camila Bejarano Tavera

Enfrentar a la justicia colombiana desde los márgenes

Desposeídos del derecho

Monografías jurídicas

Frente a la diversidad de estudios que en el ámbito tributario se han ocupado del instituto de la interpretación, no resulta posible afirmar lo propio con la figura de la calificación. Y, sin embargo, no son pocos los conflictos que se producen en la práctica donde la calificación tributaria desempeña un papel de gran relevancia, siendo el objeto principal de la polémica. Conocer en detalle el instituto de la calificación jurídico-tributaria y, especialmente, las reglas de calificación contenidas en el Derecho positivo, permitirá reducir al máximo la inseguridad jurídica a la que en ocasiones pueden conducir los conflictos de calificación entre el obligado y la Administración tributaria respecto de las operaciones, negocios jurídicos, o rentas.&#13;
Y es así que esta obra adquiere una especial relevancia ya que se ocupa de los aspectos más importantes relacionados con la aplicación de la norma tributaria —interpretación y calificación forman parte de dicho proceso—. No obstante, el eje central de este estudio recae sobre el instituto de la calificación. En este sentido, se pretende contribuir a delimitar de modo más claro, así como a facilitar la comprensión de dicho instituto en su dimensión interna, ofreciendo criterios o reglas útiles para la resolución de los conflictos de calificación.&#13;
Por último, se trata de perfilar la auténtica naturaleza del art. 13 LGT. Para ello, es necesario reflexionar sobre si dicho artículo contiene reglas o criterios de calificación, o si, por el contrario, es posible atribuir al referido precepto naturaleza antielusiva.

Mónica García Freiría

La calificación jurídica en el Derecho tributario

La redacción de este libro empezó hace dos años y medio; su contenido está centrado en el análisis del debate proteccionismo versus el libre comercio. Al presentarse la crisis derivada del covid-19 el estudio de sus efectos fue incorporado a la investigación, por lo que el análisis inicial quedó circunscrito en un extenso capítulo (4) y en los demás se analizan las consecuencias de la crisis en la economía nacional y cómo la enfrentó el gobierno federal. Se revisa también la manera en la que la economía estadunidense afrontó la crisis, así como las diferentes posturas a favor y en contra de los paquetes de estímulo fiscal y monetario instrumentados y sus consecuencias para la economía nacional.

Arturo Huerta González

La economía mexicana en la trampa de la continuidad neoliberal. Política económica y sector externo

Derecho de los Servicios Públicos y de la Regulación

¿Residuos o recursos? Los residuos contienen recursos aprovechables, con más valor conforme van escaseando, y que la técnica permite recuperar a costes asumibles. Así, hemos de entender que muchas veces despilfarramos recursos cuando eliminamos residuos y que una adecuada gestión de estos permitiría recuperar esos recursos.&#13;
Hasta hace poco, la normativa sobre residuos ha tenido como fundamento único o principal el ambiental y sanitario. Y, consecuentemente, como objetivo de su gestión, la eliminación de la problemática que estos podrían conllevar para la salud o el medio ambiente. Pero los avances técnicos y los progresos del contexto estratégico y normativo, abierto a otras perspectivas y problemáticas, fundamentalmente concretadas en el paradigma de la economía circular, imponen un replanteamiento de esta normativa y del actual modelo de gestión de los residuos para lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos que desechamos. Este replanteamiento actual confronta con una normativa que arrastra otros fundamentos y que está basada en conceptos y categorías jurídicas configuradas en torno a dichos fundamentos. ¿Por qué no plantearnos entonces que, en tanto que una cosa pueda mantenerse dentro de un ciclo económico de vida, podemos tratarla como un producto o recurso de forma tal que evitemos que se convierta en residuo?&#13;
En este libro planteamos la opción de este cambio de perspectiva normativa, analizando las posibles disfunciones del modelo actual de gestión de residuos, y la posibilidad de entender esta gestión como una actividad de interés general económica sujeta a la regulación administrativa.

Jesús Conde Antequera

La gestión de residuos. Del servicio público a la regulación

El presente estudio aspira a construir una teoría dogmática del dominio público como parte del orden constitucional económico. El Derecho económico se ha concebido, en su época de mayor intervención, fundamentalmente como el instrumento del Estado en su tarea de defensor y conformador de la economía, en tanto que titular legítimo del poder político. Este paradigma intervencionista, sin embargo, sufre un decisivo golpe a partir del último tercio del siglo xx, fruto de una reflexión sobre la propiedad constitucional, que debe ser entendida como un derecho fundamental genuino, con su contenido esencial correspondiente y con una vertiente institucional que vertebra todo el ordenamiento. La tesis del presente estudio es que la teoría del dominio público debe ser entendida como una limitación del derecho de propiedad constitucional. Así, los límites negativos del derecho de propiedad constitucional, tanto los proporcionados y no indemnizables como los justificados por su utilidad pública y sometidos a indemnización, son a su vez los límites positivos de la intervención del poder público. Ambas vertientes empastan así como dos mitades de una manzana. Sólo deberá excluirse el dominio privado de un bien o categoría de bienes mediante el régimen demanial, cuando existan razones de índole económica que justifiquen su uso común o su explotación concesional. Aquí aparece como central el concepto, que hemos manejado en el trabajo, de bienes de tránsito. La idea central del estudio es, por tanto, que la comprensión de todos los bienes, también los bienes públicos, como objetos de tráfico jurídico y económico sirve al mejor funcionamiento de la economía. Los bienes públicos no son ya tanto bienes afectos a fines públicos que haya que proteger, como bienes del orden constitucional económico cuya función en el tráfico verdaderamente justifica su carácter público y su tipo de uso. Así pues, la discusión entre modelos funcionalistas o patrimonialistas no es, creemos, tan relevante ya, como la idea de que el poder público que se ejercita sobre esos bienes debe estar justificado y debidamente sometido a control en virtud de la función que los bienes vinculados cumplen en la economía general.

Héctor Iglesias Sevillano

Propiedad y dominio público

La argumentación como derecho

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