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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Proceso y Derecho

Roberto Gargarella

María Carlota Ucín

Juicio a la desigualdad

La defensa de los derechos sociales a través del proceso

Derecho Constitucional

El ejercicio y el respeto de los derechos fundamentales tienen su máxima expresión en el entorno del proceso penal. En él se dirimen aspectos vitales de enorme importancia, porque afectan a la libertad y al patrimonio inmaterial y material de la persona. Esta obra, a la que se ha trasladado y sintetizado el trabajo de elaboración de cientos de fichas doctrinales y jurisprudenciales, pretende ofrecer un panorama -con pretensiones eminentemente prácticas- de los derechos fundamentales más destacables en las diversas etapas del proceso penal, exponiendo los requisitos fijados según la doctrina elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Supremo para el correcto desarrollo de las acciones policiales y judiciales, así como de las consecuencias derivadas de su defectuosa ejecución.

Antonio Monserrat Quintana

Derechos fundamentales en el proceso penal

Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

Frederic Munné Catarina

Carlos De Miranda

José Luis Seoane Spiegelberg

Ignacio Santo Gargallo

Carmen Ortiz Rodríguez

Berta Pellicer Ortiz

Joan Picó Junoy

Óscar Fernández León

Antonio L. Manzanero

Juan Antonio Andino López

Cristina Vallejo Ros

Xavier Abel Lluch

Carme Adell Artiga

Elisabet Cerrato Guri

Roser Casanova Martí

Olga Arderiu Ripoll

Manuel Richard González

Tiziana Di Ciommo

Pablo Izquierdo Blanco

Rafael Orellana de Castro

Nuria Barcones Agustín

Jordi Muñoz-Sabaté i Carretero

Desafíos de la probática y del derecho probatorio

Administración Pública y Derecho

El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

César Cierco Seira

Hacia un desarrollo más completo de la intervención en la justicia administrativa

El codemandado en el proceso contencioso-administrativo

Osvaldo A. Gozaíni

La actualidad de Giuseppe Chiovenda o replanteo de la teoría

Nuevos principios procesales

La presente obra, que consta de seis capítulos, revisa las respuestas del derecho punitivo del Estado frente a la protesta social. En ellos podrá encontrar el lector, el análisis de los derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión, tanto desde el derecho comparado, como desde la perspectiva constitucional, siendo éstos los pilares fundamentales que permiten la ejecución de las protestas sociales, y, por consiguiente, de obligatoria revisión en un Estado democrático. Se analiza el derecho administrativo sancionador de la protesta social que ha generado mucha discusión por parte de los diferentes organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, la doctrina y los medios de comunicación por limitar el ejercicio de la protesta social.También, consta el estudio sobre el derecho penal con finalidad preventiva y la criminalización de la protesta social que revela importantes hechos que guardan relación con la estructuración de una política criminal expansiva e intensa del derecho penal, que busca controlar conductas que tienen relación directa con el ejercicio de los derechos fundamentales. Pedro Martín Páez Bimos. Abogado Subespecialista en Derecho Penal por la Universidad San Francisco de Quito. Máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia. Especialista Superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Máster en Derecho Penal Económico y Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Docente de la Universidad de los Hemisferios y Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. Investigador de la Cátedra Forensic Grant Thornton-URJC y Presidente del Consejo Directivo del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial de Ecuador. Seleccionado dentro del Top 20 a nivel del mundo del premio Win Win Youth Award 2021 en Anticorrupción por la Universidad de Gotemburgo.

Pedro Martín Páez Bimos

Legalidad y legitimidad de la libertad ciudadana

Protesta social, Derecho punitivo y derechos fundamentales

La prueba, como actividad en la que se pretende convencer al juez sobre la certeza de los hechos controvertidos, es siempre muy compleja. Por ello es fundamental dominar todos los aspectos del derecho probatorio, máxime cuando en ella radica el triunfo o fracaso de uno de los justiciables.&#13;&#13;Esta relevancia judicial de la actividad probatoria ha llevado al moderno constitucionalismo a prever en las Cartas Magnas un precepto dedicado al derecho a la prueba: ello sucede tanto en la Constitución española, con su art. 24.2, como con la más reciente de las constituciones latinoamericanas, la cubana, de 2019, con su art. 94.c). De esta forma, en ambos países, el derecho constitucional a la prueba exige una continua interpretación de la legalidad procesal acorde con el protagonismo que tiene este derecho.&#13;&#13;Esta obra de debate sobre el derecho probatorio es fruto del encuentro de diversos integrantes de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y de la mejor escuela procesalista cubana.

Diálogos hispano-cubanos

La prueba a debate

Este libro huye de cualquier contenido genérico para centrarse en los aspectos técnicos más relevantes de la seguridad en el tratamiento de la información. A través de él, el lector tendrá una visión más amplia que la de la mera seguridad en el tratamiento de datos personales. Las relaciones profesionales y contractuales, las personales, el ocio, la educación y la prestación de infinidad de servicios se desenvuelven en internet. Esto ha provocado que la producción y el envío de información sea continuo y masivo. Y todas las ventajas que esto reporta tiene su contrapunto en las amenazas y los riesgos que su uso conlleva. Por este motivo, la seguridad de la información se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la sociedad del siglo XXI. El texto recoge un análisis detallado de las herramientas y de las medidas que pueden propiciar esa seguridad, y que vinieron de la mano del Reglamento general de protección de datos y la Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Se analizan, por tanto, las medidas aplicables a los tratamientos de datos según su nivel de seguridad, diferenciando las que deben tomarse tanto en los tratamientos automatizados como en aquellos que no lo son. Se estudia con detalle qué es y cómo ha de hacerse un análisis de riesgos, la implementación de la protección de datos desde el diseño y por defecto, la determinación de la necesidad de hacer una evaluación de impacto, y su contenido mínimo exigible. Asimismo, se analiza el registro de actividades de tratamiento y el contenido mínimo que debe tener. Por último, se aborda el rol de la seguridad en las organizaciones y la gestión y ejecución de proyectos en esta materia, desgranando su rol en el gobierno y la gestión de las organizaciones, los roles y perfiles funcionales de los agentes implicados y, finalmente, recogiendo unas pinceladas sobre los principales modelos de gestión y ejecución de proyectos en materia de seguridad. Se trata, en definitiva, de recoger los aspectos esenciales de la seguridad en el tratamiento de datos personales conforme a la normativa en vigor, así como el papel fundamental que desempeña la misma en la gestión, comunicación y almacenamiento de la información en las organizaciones.

Víctor Cazurro Barahona

Seguridad del tratamiento: Aspectos técnicos (Parte I)

Desde finales del siglo XX ha existido relativo consenso en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos respecto a que la justicia civil se encuentra en un profundo estado de crisis. Ello ha obligado a la comunidad jurídica integrada por académicos, jueces y juezas, abogados y abogadas litigantes y operadores del sistema a replantearse el diseño, estructura y práctica del proceso referido a la reivindicación judicial de intereses de orden civil.&#13;&#13;El primer paso ha sido intentar cambiar el foco desde un proceso civil, de suyo centrado en códigos y leyes procesales que apuntan a la regulación de procedimientos, trámites, actuaciones y recursos, por un concepto panóptico y holístico de justicia civil, en el que se consideran ángulos y prismas más amplios y transversales, que van desde el diseño orgánico hasta el sustento ideológico detrás de las normas procesales. En ese sentido, la necesidad de establecer una visión tridimensional de la justicia se ha erigido como respuesta común en todos los ordenes jurisdiccionales, en los que la búsqueda de la solución correcta debe congeniarse con dimensiones asociadas al tiempo y al costo incurrido.&#13;&#13;Esta obra se propone, con las limitaciones propias de nuestros tiempos y circunstancias, constituir un aporte a esas reflexiones sobre la construcción de un sistema de justicia civil moderno, que pueda dar cabida a las necesidades de los justiciables respecto de una serie amplia y diversa de intereses jurídicos cuyo conocimiento esta entregado a los tribunales con competencia civil.&#13;&#13;En esa liza, se ha ensayado un catálogo de artículos sobre los temas que mayor interés despierta la mencionada tarea de repensar el proceso civil, abarcando desde cuestiones orgánicas estructurales hasta los mecanismos en que la justicia civil cierra el sistema mediante las reglas de definitividad, pasando por críticas económicas y filosóficas al sistema de justicia civil, a su construcción material y teórica, así como un reflejo de un estatuto sustantivo patriarcal y privatista, propio del ideario político, económico y social liberal de siglos pasados.&#13;&#13;En la obra el lector podrá encontrar problemas pocas veces mencionados en la literatura, pero que hoy suponen un andamio insoslayable en la arquitectura del análisis de la justicia civil, tales como el problema de los costos, el acceso, la asistencia jurídica, el rol de la profesión letrada, los mecanismos alternativos de resolución y las facultades y poderes del juez en la conducción del procedimiento. Para ello, se ha contado con la colaboración de un distinguido número de profesores y profesoras que gentilmente han querido colaborar en estas reflexiones, así como noveles estudiantes que han terminado sus estudios de derecho escribiendo sobre materias hasta hace poco desconocidas en los syllabus de pregrado.

Jesús Ezurmendia Álvarez

Principios de Justicia Civil

La expedición del Código General del Proceso y el nuevo estatuto arbitral nacional e internacional generaron profundos cambios en la legislación procesal civil y el modelo de enjuiciamiento en Colombia. A partir de este contexto, Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el Proceso Arbitral en Colombia estudia la naturaleza del proceso arbitral, analiza la aplicabilidad del Código General del Proceso al trámite especial y examina en detalle determinadas instituciones procesales, tales como la jurisdicción, la conciliación extrajudicial, la demanda, la integración de las partes, entre otras. &#13; &#13;Esta obra es producto de una investigación que involucró a jueces y árbitros, a quienes se consultó sobre la aplicabilidad de las normas que regulan la sustanciación y ritualidad de los juicios. En sus páginas se presentan conclusiones bajo una metodología que reflejó un enfoque cualitativo y, al mismo tiempo, de investigación social. Como lo señala Nattan Nisimblat en el prólogo, "un trabajo como este solo tiene vocación dies a quo, "desde este día", por lo que su presentación y lectura solo podrán, en gerundio, realizarse como lo que en suma es, algo que apenas se está construyendo".

Cindy Charlotte Reyes Sinisterra

María del Socorro Rueda Fonseca

Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia

María de los Ángeles González Coulon

Desafíos de la rendición de los medios de prueba en el proceso y su valoración

La Trata de Seres Humanos constituye una grave violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de las personas. Tradicionalmente se ha convertido la trata como un asunto exclusivamente criminal. El resultado de este enfoque ha sido deficiente tanto en la violación de los propios derechos de los seres humanos que las padecen, como en la incompetencia de la persecución del delito, convirtiéndose en la actualidad, en la segunda fuente de ingresos para las organizaciones delictivas después del tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el incremento de este delito ha provocado un cambio de orientación hacia un enfoque integral basado en los derechos humanos, es decir, el abordaje victimocéntrico. Este viraje en el rumbo lo marcaría el Protocolo de Palermo I en el año 2000, atendiendo a las necesidades de las víctimas a través de la llamada política de las 3P. En nuestro ordenamiento jurídico, esta transformación se logra con la aprobación de la LO 5/2010 de 22 de junio por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Se introduce por primera vez el delito de trata de seres humanos de forma independiente en el Título VII bis en un único precepto, el artículo 177 bis. Sin embargo, cinco años después, con la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, el legislador se ve abocado a su modificación, no sólo con el objetivo de cumplir con la completa transposición de la normativa europea, tanto en las formas de comisión del delito exigidas como en la finalidad para tipificar el delito de Trata de Seres Humanos, sino por la necesidad de introducir mejoras técnicas. Si bien la nueva reforma no ha dejado de añadir elementos que dificultan aún más la decisión judicial. Mónica Cabanes Ferrando. Letrada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, licenciada en Derecho, licenciada en Criminología y Máster Universitario en "Derecho, Empresa y Justicia" por la Universidad de Derecho de Valencia. Asimismo es doctora en derecho penal en el programa de doctorado de "Derechos Humanos, democracia y justicia internacional" impartido en Valencia. Actualmente letrada-coordinadora del Punto de Encuentro Familiar del Partido Judicial de Valencia.

Mónica Cabanes Ferrando

Una aproximación al delito

La trata de seres humanos: concepto desde el marco normativo

Juicio a la desigualdad

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