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Proceso y Derecho

Roberto Gargarella

María Carlota Ucín

Juicio a la desigualdad

La defensa de los derechos sociales a través del proceso

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la implementación de los Estados constitucionales ha puesto a los jueces y al razonamiento judicial en el centro de atención de los filósofos del derecho y de los juristas en general. Se suele afirmar que los jueces crean derecho o tienen una muy amplia discrecionalidad. Asimismo, se piensa en la argumentación constitucional como una actividad que depende de las teorías e ideologías jurídicas que adopten los jueces.&#13;
En esta Introducción, el profesor Chiassoni se ocupa de estas preocupaciones hoy gravitantes para la cultura jurídica. La primera parte versa sobre los conceptos fundamentales relacionados con la creación judicial del derecho, la discrecionalidad, así como el problema de la corrección interpretativa. La segunda parte aborda algunas teorías e ideologías relativas al Estado constitucional de derecho. Finalmente, la tercera parte trata de algunas herramientas de la argumentación constitucional, proponiendo una reconstrucción conceptual del fenómeno ponderación, analizando algunas de las principales concepciones en la "edad de la ponderación", destacando cuatro formas de argumentación constitucional (clasificatoria, interpretativa, integrativa y resolutoria) e investigando sus principales instrumentos.

Pierluigi Chiassoni

Introducción a la argumentación constitucional

Administración Pública y Derecho

El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

César Cierco Seira

Hacia un desarrollo más completo de la intervención en la justicia administrativa

El codemandado en el proceso contencioso-administrativo

Enrique Ibarra Pedroza

Académico, político y jurista

Mariano Otero

Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

La presente obra, que consta de seis capítulos, revisa las respuestas del derecho punitivo del Estado frente a la protesta social. En ellos podrá encontrar el lector, el análisis de los derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión, tanto desde el derecho comparado, como desde la perspectiva constitucional, siendo éstos los pilares fundamentales que permiten la ejecución de las protestas sociales, y, por consiguiente, de obligatoria revisión en un Estado democrático. Se analiza el derecho administrativo sancionador de la protesta social que ha generado mucha discusión por parte de los diferentes organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, la doctrina y los medios de comunicación por limitar el ejercicio de la protesta social.También, consta el estudio sobre el derecho penal con finalidad preventiva y la criminalización de la protesta social que revela importantes hechos que guardan relación con la estructuración de una política criminal expansiva e intensa del derecho penal, que busca controlar conductas que tienen relación directa con el ejercicio de los derechos fundamentales. Pedro Martín Páez Bimos. Abogado Subespecialista en Derecho Penal por la Universidad San Francisco de Quito. Máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia. Especialista Superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Máster en Derecho Penal Económico y Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Docente de la Universidad de los Hemisferios y Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. Investigador de la Cátedra Forensic Grant Thornton-URJC y Presidente del Consejo Directivo del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial de Ecuador. Seleccionado dentro del Top 20 a nivel del mundo del premio Win Win Youth Award 2021 en Anticorrupción por la Universidad de Gotemburgo.

Pedro Martín Páez Bimos

Legalidad y legitimidad de la libertad ciudadana

Protesta social, Derecho punitivo y derechos fundamentales

Filosofía y Derecho

Jordi Ferrer Beltrán

Estándares de prueba y debido proceso

Prueba sin convicción 2.ª ed.

Germán Ortega Rivero

Diccionario del sistema penal acusatorio


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Este libro, editado por el profesor Allan R. Brewer-Carías, y publicado por la Firma de Abogados Baumeister &amp; Brewer y la Editorial Jurídica venezolana, es la primera compilación de la Obra Jurídica del Profesor Alberto Baumeister Toledo , en la cual se han  incluido 60 estudios de su autoría, que se han agrupado en las materias fundamentales sobre las cuales escribió: (i) derecho constitucional, en los cuales estudió los aportes más relevantes de la nueva Constitución de 1999 en materia de tutela judicial, procedimiento y procesos, interpretación constitucional, defensoría y justicia; (ii) derecho procesal, en los cuales estudió el fin del proceso y la prueba, el traslado de pruebas, la oralidad en los procesos, nuevas tendencias del derecho procesal, el juicio de rendición de cuentas, el juicio ejecutivo, la hipoteca judicial, y los nuevos procedimientos en materia laboral, en materia de protección del niño y adolescente, de violencia contra la mujer, en materia marítima y en materia agraria; (iii)  derecho de familia, con un estudio sobre el divorcio en derecho venezolano; (iv) derecho de arbitraje, en los cuales estudió diversos tema con ocasión de la promulgación de la ley de arbitraje comercial; (v) derecho de seguros, en los cuales estudió las nuevas instituciones en la materia, los reaseguros financieros, el seguro de crédito, la mutualidad empresarial para la prestación de seguro, el régimen de los reaseguros, la actividad aseguradora y los ilícitos cambiarios, sobre la reforma de la ley en especial sobre el contrato de seguro, y seguros marítimos; (vi) derecho de propiedad, con estudios sobre la multipropiedad y de tiempo compartido, propiedad horizontal, tercerización y el régimen de la ley de tierras; (vii) derecho mercantil, con estudios sobre sociedades anónimas, la insolvencia y el sistema concursal, la disolución y liquidación de sociedades y los convenios entre deudores en el proceso concursal; (viii) derecho tributario, con un estudio sobre el impuesto sobre tierras ociosas y otro sobre el pago de tributos por terceros; y (ix) derecho administrativo, en el cual estudio el régimen contencioso administrativo de los actos cumplidos en ejecución de la actividad agroalimentaria.</p>


OBRA JURÍDICA DEL PROFESOR ALBERTO BAUMEISTER TOLEDO

Jesús Enrique Archila Guío

Henry Torres Vásquez

Principio de oportunidad y política criminal sistémica

Kai Ambos

Procedimiento de la ley de justicia y paz ley 975 de 2005 y derecho penal internacional

La Trata de Seres Humanos constituye una grave violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de las personas. Tradicionalmente se ha convertido la trata como un asunto exclusivamente criminal. El resultado de este enfoque ha sido deficiente tanto en la violación de los propios derechos de los seres humanos que las padecen, como en la incompetencia de la persecución del delito, convirtiéndose en la actualidad, en la segunda fuente de ingresos para las organizaciones delictivas después del tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el incremento de este delito ha provocado un cambio de orientación hacia un enfoque integral basado en los derechos humanos, es decir, el abordaje victimocéntrico. Este viraje en el rumbo lo marcaría el Protocolo de Palermo I en el año 2000, atendiendo a las necesidades de las víctimas a través de la llamada política de las 3P. En nuestro ordenamiento jurídico, esta transformación se logra con la aprobación de la LO 5/2010 de 22 de junio por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Se introduce por primera vez el delito de trata de seres humanos de forma independiente en el Título VII bis en un único precepto, el artículo 177 bis. Sin embargo, cinco años después, con la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, el legislador se ve abocado a su modificación, no sólo con el objetivo de cumplir con la completa transposición de la normativa europea, tanto en las formas de comisión del delito exigidas como en la finalidad para tipificar el delito de Trata de Seres Humanos, sino por la necesidad de introducir mejoras técnicas. Si bien la nueva reforma no ha dejado de añadir elementos que dificultan aún más la decisión judicial. Mónica Cabanes Ferrando. Letrada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, licenciada en Derecho, licenciada en Criminología y Máster Universitario en "Derecho, Empresa y Justicia" por la Universidad de Derecho de Valencia. Asimismo es doctora en derecho penal en el programa de doctorado de "Derechos Humanos, democracia y justicia internacional" impartido en Valencia. Actualmente letrada-coordinadora del Punto de Encuentro Familiar del Partido Judicial de Valencia.

Mónica Cabanes Ferrando

Una aproximación al delito

La trata de seres humanos: concepto desde el marco normativo

El marco jurídico de la justicia de transición ( M. J. 12 )

Juicio a la desigualdad

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