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Gesamtkatalog

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Catalogue de droit

Proceso y Derecho

Roberto Gargarella

María Carlota Ucín

Juicio a la desigualdad

La defensa de los derechos sociales a través del proceso

Frederic Munné Catarina

Carlos De Miranda

José Luis Seoane Spiegelberg

Ignacio Santo Gargallo

Carmen Ortiz Rodríguez

Berta Pellicer Ortiz

Joan Picó Junoy

Óscar Fernández León

Antonio L. Manzanero

Juan Antonio Andino López

Cristina Vallejo Ros

Xavier Abel Lluch

Carme Adell Artiga

Elisabet Cerrato Guri

Roser Casanova Martí

Olga Arderiu Ripoll

Manuel Richard González

Tiziana Di Ciommo

Pablo Izquierdo Blanco

Rafael Orellana de Castro

Nuria Barcones Agustín

Jordi Muñoz-Sabaté i Carretero

Desafíos de la probática y del derecho probatorio

La dignidad humana es el valor máximo en las constituciones democráticas. Como valor constitucional, la dignidad humana está en la base de la libertad, la autonomía y la capacidad de cada persona para definir su propio destino. Como derecho constitucional, se expande a todos los demás derechos y fundamenta la propia organización del poder del Estado. Este estudio analítico de la dignidad humana como valor constitucional y como derecho constitucional adopta una perspectiva jurídico-interpretativa. Explora las fuentes de la dignidad humana como concepto jurídico, su función en los documentos constitucionales, su contenido y sus alcances. En conjunto, constituye un compendio de fuentes y experiencias a partir del Derecho comparado contemporáneo (adaptado a partir del resumen de la versión en inglés).

Aharon Barak

Como valor y como derecho constitucional

La dignidad humana

Desde finales del siglo XX ha existido relativo consenso en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos respecto a que la justicia civil se encuentra en un profundo estado de crisis. Ello ha obligado a la comunidad jurídica integrada por académicos, jueces y juezas, abogados y abogadas litigantes y operadores del sistema a replantearse el diseño, estructura y práctica del proceso referido a la reivindicación judicial de intereses de orden civil.&#13;&#13;El primer paso ha sido intentar cambiar el foco desde un proceso civil, de suyo centrado en códigos y leyes procesales que apuntan a la regulación de procedimientos, trámites, actuaciones y recursos, por un concepto panóptico y holístico de justicia civil, en el que se consideran ángulos y prismas más amplios y transversales, que van desde el diseño orgánico hasta el sustento ideológico detrás de las normas procesales. En ese sentido, la necesidad de establecer una visión tridimensional de la justicia se ha erigido como respuesta común en todos los ordenes jurisdiccionales, en los que la búsqueda de la solución correcta debe congeniarse con dimensiones asociadas al tiempo y al costo incurrido.&#13;&#13;Esta obra se propone, con las limitaciones propias de nuestros tiempos y circunstancias, constituir un aporte a esas reflexiones sobre la construcción de un sistema de justicia civil moderno, que pueda dar cabida a las necesidades de los justiciables respecto de una serie amplia y diversa de intereses jurídicos cuyo conocimiento esta entregado a los tribunales con competencia civil.&#13;&#13;En esa liza, se ha ensayado un catálogo de artículos sobre los temas que mayor interés despierta la mencionada tarea de repensar el proceso civil, abarcando desde cuestiones orgánicas estructurales hasta los mecanismos en que la justicia civil cierra el sistema mediante las reglas de definitividad, pasando por críticas económicas y filosóficas al sistema de justicia civil, a su construcción material y teórica, así como un reflejo de un estatuto sustantivo patriarcal y privatista, propio del ideario político, económico y social liberal de siglos pasados.&#13;&#13;En la obra el lector podrá encontrar problemas pocas veces mencionados en la literatura, pero que hoy suponen un andamio insoslayable en la arquitectura del análisis de la justicia civil, tales como el problema de los costos, el acceso, la asistencia jurídica, el rol de la profesión letrada, los mecanismos alternativos de resolución y las facultades y poderes del juez en la conducción del procedimiento. Para ello, se ha contado con la colaboración de un distinguido número de profesores y profesoras que gentilmente han querido colaborar en estas reflexiones, así como noveles estudiantes que han terminado sus estudios de derecho escribiendo sobre materias hasta hace poco desconocidas en los syllabus de pregrado.

Jesús Ezurmendia Álvarez

Principios de Justicia Civil

La presente obra, que consta de seis capítulos, revisa las respuestas del derecho punitivo del Estado frente a la protesta social. En ellos podrá encontrar el lector, el análisis de los derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión, tanto desde el derecho comparado, como desde la perspectiva constitucional, siendo éstos los pilares fundamentales que permiten la ejecución de las protestas sociales, y, por consiguiente, de obligatoria revisión en un Estado democrático. Se analiza el derecho administrativo sancionador de la protesta social que ha generado mucha discusión por parte de los diferentes organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, la doctrina y los medios de comunicación por limitar el ejercicio de la protesta social.También, consta el estudio sobre el derecho penal con finalidad preventiva y la criminalización de la protesta social que revela importantes hechos que guardan relación con la estructuración de una política criminal expansiva e intensa del derecho penal, que busca controlar conductas que tienen relación directa con el ejercicio de los derechos fundamentales. Pedro Martín Páez Bimos. Abogado Subespecialista en Derecho Penal por la Universidad San Francisco de Quito. Máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia. Especialista Superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Máster en Derecho Penal Económico y Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Docente de la Universidad de los Hemisferios y Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. Investigador de la Cátedra Forensic Grant Thornton-URJC y Presidente del Consejo Directivo del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial de Ecuador. Seleccionado dentro del Top 20 a nivel del mundo del premio Win Win Youth Award 2021 en Anticorrupción por la Universidad de Gotemburgo.

Pedro Martín Páez Bimos

Legalidad y legitimidad de la libertad ciudadana

Protesta social, Derecho punitivo y derechos fundamentales

Jesús Enrique Archila Guío

Henry Torres Vásquez

Principio de oportunidad y política criminal sistémica

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la implementación de los Estados constitucionales ha puesto a los jueces y al razonamiento judicial en el centro de atención de los filósofos del derecho y de los juristas en general. Se suele afirmar que los jueces crean derecho o tienen una muy amplia discrecionalidad. Asimismo, se piensa en la argumentación constitucional como una actividad que depende de las teorías e ideologías jurídicas que adopten los jueces.&#13;
En esta Introducción, el profesor Chiassoni se ocupa de estas preocupaciones hoy gravitantes para la cultura jurídica. La primera parte versa sobre los conceptos fundamentales relacionados con la creación judicial del derecho, la discrecionalidad, así como el problema de la corrección interpretativa. La segunda parte aborda algunas teorías e ideologías relativas al Estado constitucional de derecho. Finalmente, la tercera parte trata de algunas herramientas de la argumentación constitucional, proponiendo una reconstrucción conceptual del fenómeno ponderación, analizando algunas de las principales concepciones en la "edad de la ponderación", destacando cuatro formas de argumentación constitucional (clasificatoria, interpretativa, integrativa y resolutoria) e investigando sus principales instrumentos.

Pierluigi Chiassoni

Introducción a la argumentación constitucional

La Trata de Seres Humanos constituye una grave violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de las personas. Tradicionalmente se ha convertido la trata como un asunto exclusivamente criminal. El resultado de este enfoque ha sido deficiente tanto en la violación de los propios derechos de los seres humanos que las padecen, como en la incompetencia de la persecución del delito, convirtiéndose en la actualidad, en la segunda fuente de ingresos para las organizaciones delictivas después del tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el incremento de este delito ha provocado un cambio de orientación hacia un enfoque integral basado en los derechos humanos, es decir, el abordaje victimocéntrico. Este viraje en el rumbo lo marcaría el Protocolo de Palermo I en el año 2000, atendiendo a las necesidades de las víctimas a través de la llamada política de las 3P. En nuestro ordenamiento jurídico, esta transformación se logra con la aprobación de la LO 5/2010 de 22 de junio por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Se introduce por primera vez el delito de trata de seres humanos de forma independiente en el Título VII bis en un único precepto, el artículo 177 bis. Sin embargo, cinco años después, con la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, el legislador se ve abocado a su modificación, no sólo con el objetivo de cumplir con la completa transposición de la normativa europea, tanto en las formas de comisión del delito exigidas como en la finalidad para tipificar el delito de Trata de Seres Humanos, sino por la necesidad de introducir mejoras técnicas. Si bien la nueva reforma no ha dejado de añadir elementos que dificultan aún más la decisión judicial. Mónica Cabanes Ferrando. Letrada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, licenciada en Derecho, licenciada en Criminología y Máster Universitario en "Derecho, Empresa y Justicia" por la Universidad de Derecho de Valencia. Asimismo es doctora en derecho penal en el programa de doctorado de "Derechos Humanos, democracia y justicia internacional" impartido en Valencia. Actualmente letrada-coordinadora del Punto de Encuentro Familiar del Partido Judicial de Valencia.

Mónica Cabanes Ferrando

Una aproximación al delito

La trata de seres humanos: concepto desde el marco normativo

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos

La procura es una profesión con una tradición de más de dos mil años, la cual, mostrando gran resiliencia, ha sabido adaptarse a todo tipo de cambio de condiciones y circunstancias, como las que han traído consigo la transformación tecnológica de la administración de justicia y la transformación digital de la sociedad. Durante dicho periodo ha convivido y compartido protagonismo con la abogacía, una convivencia que no siempre ha sido pacífica. El procurador de los tribunales es una figura, en gran medida, desconocida y, en mayor medida, aún, debatida y controvertida. Es a mediados del siglo XIX cuando esta profesión viene a consolidarse y a profesionalizarse. Dicha circunstancia ocurre en un contexto de debate acerca de la necesidad y pertinencia de regular la intervención de este profesional de manera obligatoria para la parte en todo tipo de procesos, debate que sigue vigente a día de hoy. En dicho contexto, la presente obra, dedicada íntegramente a la figura del procurador, no tiene otra finalidad que la de arrojar algo de luz sobre dicho debate, realizando un examen acerca de la necesidad de regular de manera preceptiva la intervención de dicho profesional. En las siguientes líneas, la procura será traída a juicio.

La procura a juicio

Juicio a la desigualdad

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