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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Proceso y Derecho

Roberto Gargarella

María Carlota Ucín

Juicio a la desigualdad

La defensa de los derechos sociales a través del proceso

La expedición del Código General del Proceso y el nuevo estatuto arbitral nacional e internacional generaron profundos cambios en la legislación procesal civil y el modelo de enjuiciamiento en Colombia. A partir de este contexto, Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el Proceso Arbitral en Colombia estudia la naturaleza del proceso arbitral, analiza la aplicabilidad del Código General del Proceso al trámite especial y examina en detalle determinadas instituciones procesales, tales como la jurisdicción, la conciliación extrajudicial, la demanda, la integración de las partes, entre otras. &#13; &#13;Esta obra es producto de una investigación que involucró a jueces y árbitros, a quienes se consultó sobre la aplicabilidad de las normas que regulan la sustanciación y ritualidad de los juicios. En sus páginas se presentan conclusiones bajo una metodología que reflejó un enfoque cualitativo y, al mismo tiempo, de investigación social. Como lo señala Nattan Nisimblat en el prólogo, "un trabajo como este solo tiene vocación dies a quo, "desde este día", por lo que su presentación y lectura solo podrán, en gerundio, realizarse como lo que en suma es, algo que apenas se está construyendo".

Cindy Charlotte Reyes Sinisterra

María del Socorro Rueda Fonseca

Implicaciones procesales del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia

La prueba, como actividad en la que se pretende convencer al juez sobre la certeza de los hechos controvertidos, es siempre muy compleja. Por ello es fundamental dominar todos los aspectos del derecho probatorio, máxime cuando en ella radica el triunfo o fracaso de uno de los justiciables.&#13;&#13;Esta relevancia judicial de la actividad probatoria ha llevado al moderno constitucionalismo a prever en las Cartas Magnas un precepto dedicado al derecho a la prueba: ello sucede tanto en la Constitución española, con su art. 24.2, como con la más reciente de las constituciones latinoamericanas, la cubana, de 2019, con su art. 94.c). De esta forma, en ambos países, el derecho constitucional a la prueba exige una continua interpretación de la legalidad procesal acorde con el protagonismo que tiene este derecho.&#13;&#13;Esta obra de debate sobre el derecho probatorio es fruto del encuentro de diversos integrantes de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y de la mejor escuela procesalista cubana.

Joan Picó Junoy

Diálogos hispano-cubanos

La prueba a debate

María de los Ángeles González Coulon

Desafíos de la rendición de los medios de prueba en el proceso y su valoración

Eulalia Elizabeth Zhunio Iñiguez

Desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Constitución del Ecuador en el contexto de pandemia y post pandemia

Ainhoa María Goñi Irulegui

La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa

Administración Pública y Derecho

El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

César Cierco Seira

Hacia un desarrollo más completo de la intervención en la justicia administrativa

El codemandado en el proceso contencioso-administrativo

Enrique Ibarra Pedroza

Académico, político y jurista

Mariano Otero

El secreto profesional del abogado es una piedra angular del ejercicio de la profesión, ya que el cliente confía a su abogado información sensible y confidencial, fundamental para la defensa de sus intereses. La presente obra analiza en profundidad el secreto profesional del abogado y su relación con el procedimiento civil. Para abarcar su contenido, se analiza el secreto profesional a la luz del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado mediante Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo), pero también tras la modificación del Código Deontológico de la Abogacía Española, analizando su estrecha vinculación con los artículos 18 y 24 de la Constitución. Se analiza y razona que la prueba aportada al procedimiento civil que vulnera el secreto profesional del abogado debería ser inadmitida por parte del juez, ya que puede considerarse como prueba ilícita (artículo 287 LEC), analizando la misma también conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 97/2019, de 16 de julio; también se puede considerar como prueba ilegal (art. 283.3 LEC), cuestión analizada, entre otros, conforme al texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; y finalmente también se puede considerar como una prueba contraria a la buena fe procesal (art. 247 LEC).

Juan Antonio Andino López

La nueva configuración del secreto profesional del abogado

Derecho Constitucional

El ejercicio y el respeto de los derechos fundamentales tienen su máxima expresión en el entorno del proceso penal. En él se dirimen aspectos vitales de enorme importancia, porque afectan a la libertad y al patrimonio inmaterial y material de la persona. Esta obra, a la que se ha trasladado y sintetizado el trabajo de elaboración de cientos de fichas doctrinales y jurisprudenciales, pretende ofrecer un panorama -con pretensiones eminentemente prácticas- de los derechos fundamentales más destacables en las diversas etapas del proceso penal, exponiendo los requisitos fijados según la doctrina elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Supremo para el correcto desarrollo de las acciones policiales y judiciales, así como de las consecuencias derivadas de su defectuosa ejecución.

Antonio Monserrat Quintana

Derechos fundamentales en el proceso penal

Este libro supone una reflexión y análisis de los vértices de un triángulo equilátero actualmente en auge: el lenguaje, la justicia restaurativa y la violencia de género, encajados en un sistema penal que demanda modernidad para las relaciones jurídicas interpersonales,de tal manera que, inmersos en unos momentos de proliferación de tantas leyes y de una violencia verbal imperante, se hace necesario incorporar nuevos sistemas que complementen el sistema penal tradicional, para dar otra perspectiva al enjuiciamiento de estos tipos de delito de violencia de género en casos leves, menos graves, eventuales y circunstanciales, dirimiéndose y canalizándose de una manera complementaria al sistema actual, donde los delitos de género están enquistados y confrontando el tejido social, y se requiere concebir formas de ayudar a desjudicializar el conflicto, de manera que se le pueda dar a las partes, en relaciones asimétricas, vías para solucionar los daños, precisando diferentes formas de intervenir en la reconstrucción verbal.En este marco, el modelo de justicia restaurativa aboga por actuaciones alejadas de la confrontación, creando nuevos patrones de socializar en la cotidianidad, no tratándose de cualquier convergencia en la pareja, sino una que sea equilibrada, inteligente y sustantivamente empática en el trato que se dispense. Finalmente, esta investigación terminará, a efectos prácticos de lo anteriormente referido, con un análisis a través de sentencias jurisprudenciales, de cómo el lenguaje despreciativo y de menosprecio valida la metodología de la lingüística sistémica funcional y, en concreto, la teoría de la valoración abordada en cuanto a privilegiar tanto las narrativas de afecto como de juicio y apreciación como elemento potenciador de la violencia entre las partes. Adela Robles de Acuña Núñez, sevillana, despliega un intenso trabajo profesional. Licenciada en Derecho, máster en Psicología de las Organizaciones, máster en coaching, con la especialidad ontológica y transpersonal. Completa dicha formación con estudios en programación neurolingüística. En el marco de la mediación, realiza máster en mediación civil, familiar y posgrado en mediación penal. Dichos estudios junto con su práctica laboral observando el comportamiento y reacciones de los seres humanos ante el conflicto le llevaron a sus trabajos de investigación en la Universidad de Sevilla en el área de problemas actuales de derecho penal que culminó con su doctorado con la mención cum laude por unanimidad. En su trayectoria, viene ejerciendo desde hace veinticinco años su actividad jurídica de procuradora de tribunales simultaneándola desde hace siete años con la mediación en despacho profesional de ámbito civil, familiar y penal (https://mediacionjusticia.es/). En esta última faceta ha ejercido como formadora difundiendo las formas de gestionar la resolución de conflictos. Destacan sus trabajos de difusión de la mediación, así como de colaboración tanto en entidades públicas como privadas. También ha coordinado programas de justicia restaurativa en centros penitenciarios y de reinserción social con internos de segundo y tercer grado, en el ámbito de toma de conciencia ante hechos punibles y de responsabilidad personal.

Adela Robles de Acuña Núñez

Valoración de su potencial educativo contra la violencia de género

El lenguaje restaurativo

La dignidad humana es el valor máximo en las constituciones democráticas. Como valor constitucional, la dignidad humana está en la base de la libertad, la autonomía y la capacidad de cada persona para definir su propio destino. Como derecho constitucional, se expande a todos los demás derechos y fundamenta la propia organización del poder del Estado. Este estudio analítico de la dignidad humana como valor constitucional y como derecho constitucional adopta una perspectiva jurídico-interpretativa. Explora las fuentes de la dignidad humana como concepto jurídico, su función en los documentos constitucionales, su contenido y sus alcances. En conjunto, constituye un compendio de fuentes y experiencias a partir del Derecho comparado contemporáneo (adaptado a partir del resumen de la versión en inglés).

Aharon Barak

Como valor y como derecho constitucional

La dignidad humana

Juicio a la desigualdad

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