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Jorge González Jácome

Abrir los tiempos

Miradas al pasado desde el derecho, la literatura y la historia

Derecho

Esta investigación buscó reconstruir y contextualizar las experiencias de una madre (Pilar) y de su hijo (Kevin) de clases populares frente a la justicia y el Estado colombiano, en el marco de una situación de violencia policial y de falsas acusaciones en un proceso judicial. Con un riguroso trabajo etnográfico y la decisión de apoyarse en los debates de la antropología jurídica y la antropología del Estado, la autora analiza cómo las vivencias de los procesos burocráticos fueron profundamente moldeadas por la trayectoria y posición social de Kevin y Pilar. Reflexiona, particularmente, sobre cómo el hecho de carecer de ciertos recursos —económicos, pero también sociales y culturales— tuvo consecuencias para Kevin y su madre desde el momento inicial de la violencia policial, durante el largo itinerario burocrático que siguieron, hasta que concluyó el proceso e incluso después de que este acabara.&#13;
Desde una mirada comprensiva, reflexiva y crítica se propone entender el funcionamiento de la justicia y del Estado colombiano desde las experiencias de sus usuarios y los efectos que tienen en sus vidas. Por último, la investigación cuestiona los problemas estructurales que padece el sistema jurídico colombiano, que afectan las vidas de los más vulnerables y que lo convierten en un aparato que reproduce la desigualdad que pretende erradicar.

Laura Camila Bejarano Tavera

Enfrentar a la justicia colombiana desde los márgenes

Desposeídos del derecho

Jose Marcano

Por parte de las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Municipal Porlamar Estado Nueva Esparta

Valoración de los derechos humanos de los privados de libertad

El presente estudio aspira a construir una teoría dogmática del dominio público como parte del orden constitucional económico. El Derecho económico se ha concebido, en su época de mayor intervención, fundamentalmente como el instrumento del Estado en su tarea de defensor y conformador de la economía, en tanto que titular legítimo del poder político. Este paradigma intervencionista, sin embargo, sufre un decisivo golpe a partir del último tercio del siglo xx, fruto de una reflexión sobre la propiedad constitucional, que debe ser entendida como un derecho fundamental genuino, con su contenido esencial correspondiente y con una vertiente institucional que vertebra todo el ordenamiento. La tesis del presente estudio es que la teoría del dominio público debe ser entendida como una limitación del derecho de propiedad constitucional. Así, los límites negativos del derecho de propiedad constitucional, tanto los proporcionados y no indemnizables como los justificados por su utilidad pública y sometidos a indemnización, son a su vez los límites positivos de la intervención del poder público. Ambas vertientes empastan así como dos mitades de una manzana. Sólo deberá excluirse el dominio privado de un bien o categoría de bienes mediante el régimen demanial, cuando existan razones de índole económica que justifiquen su uso común o su explotación concesional. Aquí aparece como central el concepto, que hemos manejado en el trabajo, de bienes de tránsito. La idea central del estudio es, por tanto, que la comprensión de todos los bienes, también los bienes públicos, como objetos de tráfico jurídico y económico sirve al mejor funcionamiento de la economía. Los bienes públicos no son ya tanto bienes afectos a fines públicos que haya que proteger, como bienes del orden constitucional económico cuya función en el tráfico verdaderamente justifica su carácter público y su tipo de uso. Así pues, la discusión entre modelos funcionalistas o patrimonialistas no es, creemos, tan relevante ya, como la idea de que el poder público que se ejercita sobre esos bienes debe estar justificado y debidamente sometido a control en virtud de la función que los bienes vinculados cumplen en la economía general.

Héctor Iglesias Sevillano

Propiedad y dominio público

Claudia Méndez Vargas

Las motivaciones para elegir la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja  California Sur

Sin prejuicios

Dulce Xerach Pérez

Yolanda Ortega Sanz

gráfica futura

Sinergias para la defensa legal de una arquitectura de calidad

Arquitectura con derecho(s)

Monografías jurídicas

Frente a la diversidad de estudios que en el ámbito tributario se han ocupado del instituto de la interpretación, no resulta posible afirmar lo propio con la figura de la calificación. Y, sin embargo, no son pocos los conflictos que se producen en la práctica donde la calificación tributaria desempeña un papel de gran relevancia, siendo el objeto principal de la polémica. Conocer en detalle el instituto de la calificación jurídico-tributaria y, especialmente, las reglas de calificación contenidas en el Derecho positivo, permitirá reducir al máximo la inseguridad jurídica a la que en ocasiones pueden conducir los conflictos de calificación entre el obligado y la Administración tributaria respecto de las operaciones, negocios jurídicos, o rentas.&#13;
Y es así que esta obra adquiere una especial relevancia ya que se ocupa de los aspectos más importantes relacionados con la aplicación de la norma tributaria —interpretación y calificación forman parte de dicho proceso—. No obstante, el eje central de este estudio recae sobre el instituto de la calificación. En este sentido, se pretende contribuir a delimitar de modo más claro, así como a facilitar la comprensión de dicho instituto en su dimensión interna, ofreciendo criterios o reglas útiles para la resolución de los conflictos de calificación.&#13;
Por último, se trata de perfilar la auténtica naturaleza del art. 13 LGT. Para ello, es necesario reflexionar sobre si dicho artículo contiene reglas o criterios de calificación, o si, por el contrario, es posible atribuir al referido precepto naturaleza antielusiva.

Mónica García Freiría

La calificación jurídica en el Derecho tributario

El transporte marítimo ha sido, desde hace siglos, un motor clave para la economía mundial. Más recientemente, la separación entre propiedad y explotación comercial del buque ha hecho nacer los llamados contratos de utilización del buque, lo que, a su vez, ha supuesto un cambio de paradigma en lo que respecta a la asunción de los riesgos derivados de la navegación. De forma paralela, el seguro marítimo se ha convertido en una figura esencial para el ejercicio de la navegación marítima, cuyo objeto es, precisamente, proteger a los titulares de los intereses asegurados de las consecuencias derivadas de la materialización de un riesgo de la navegación. En el marco de los contratos de utilización del buque, la contratación de los seguros de cascos y de P&amp;I presenta ciertas particularidades, que afectan no solo a la propia relación aseguraticia, sino también a la que existe entre las partes del contrato de utilización subyacente. A su estudio se dedica la presente monografía, que pretende avanzar en el conocimiento sobre las cláusulas de seguro insertas en los contratos de utilización del buque, así como sobre las consecuencias que su inclusión puede tener, de un lado, sobre la relación entre las partes de dichos contratos, especialmente en términos de responsabilidad y, de otro, sobre los derechos subrogatorios de la aseguradora, una vez satisfecha la indemnización.

Albano Gilabert Gascón

Los contratos de utilización del buque y el seguro marítimo

La intervención de los lobbies en el diseño y ejecución de las políticas públicas es algo inexorable, pues es impensable que exista un proceso de toma de decisiones en el que no intervengan en mayor o menor medida. La relevancia de este fenómeno ha hecho que en nuestro entorno —especialmente a partir de la emergencia de los recientes estándares de transparencia y probidad en la esfera pública—, la regulación de los lobbies haya dejado de ser vista como algo ajeno, propio de los modelos de tradición anglosajona, de modo que actualmente se entiende como una pieza inseparable en los objetivos de transparencia y de buen gobierno. Y es que, a pesar de las diferencias que existen entre las distintas regulaciones, todas las normas que abordan este fenómeno tienen por objeto, tanto favorecer el conocimiento sobre los términos en los que puede desarrollarse legítimamente la actividad de influencia, como establecer límites o reglas claras a respetar en el ejercicio de esta actividad, para garantizar la seguridad jurídica y evitar la corrupción o los conflictos de interés.&#13;
El presente trabajo analiza la regulación actualmente existente en España —especialmente en la esfera autonómica e incluso la local—, así como las sucesivas tentativas de implantar una regulación en la esfera estatal, mediante una exposición exhaustiva de los antecedentes de dicha regulación, sus previsiones y la praxis desarrollada a partir de su adopción. Por lo que al ámbito europeo se refiere, los autores toman en consideración el marco existente en algunos Estados, así como en el ámbito interinstitucional de la UE. El examen de todos estos supuestos lleva aparejadas amplias referencias a la jurisprudencia constitucional, ordinaria, europea, e incluso a la doctrina consultiva de referencia.&#13;
Para concluir, esta obra plantea los principales y más inmediatos retos en el ámbito de estudio, a partir de las consideraciones anteriores, subrayando aquellos aspectos que, a parecer de los autores, requieren una profunda revisión: esencialmente, una mejor delimitación del ámbito subjetivo y objetivo de los registros de grupos de interés, la garantía del seguimiento de la huella normativa y el tratamiento de las contribuciones económicas de los lobbies.

Joan Ridao

Irene Araguàs Galcerà

Los lobbies. Presente y futuro de la regulación de los grupos de interés en España y Europa

Varios

El Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/2121, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, ha derogado la Ley 3/2009, de 3 de abril, con el fin de configurar un nuevo marco jurídico para todas las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, tanto en el ámbito puramente nacional como transfronterizo.&#13;
Además de transponer la directiva y de reordenar el sistema previo, la nueva norma ha servido para introducir diferentes novedades, algunas, de cierto calado, que afectan al proyecto de modificación estructural, a los informes del órgano de administración y del experto, a la publicidad preparatoria, al acuerdo de la junta general, a la protección de los socios, acreedores y trabajadores, y al certificado previo a la modificación estructural transfronteriza. Este libro aspira a ofrecer respuesta a los principales interrogantes que han surgido de su aplicación práctica en el tiempo que lleva vigente, de ahí que la pretensión de esta obra sea principalmente la de identificar los problemas interpretativos de la norma y facilitar a los operadores su aplicación.

Santiago Hierro Anibarro

Una propuesta interpretativa del Libro Primero del Real Decreto-ley 5/2023

El nuevo régimen jurídico de las modificaciones estructurales

La obra pretende explorar los anclajes jurídicos del instrumento de exoneración de deudas, dentro del clásico marco regulador del Derecho de Obligaciones y Contratos, si bien será necesario, antes, buscar la justificación de un mecanismo lesivo para el acreedor en valores superiores del ordenamiento jurídico y en parámetros de índole constitucional o, incluso, supranacional. Especial atención se concede a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 29 de julio de 2004 (Caso Bäck contra Finlandia) en la que se pone de manifiesto cómo una suerte de «fuerza mayor social» legitima la legislación finlandesa de 1993 para exonerar del pago de ciertas deudas.&#13;
Partiendo de la idea de que la exoneración de deudas supone una «expropiación» del derecho crediticio constitucionalmente justificada por razones de intereses superiores como son la utilidad social y el interés de la tutela del mercado, se cuestiona cuánto sacrificio se puede imponer a los acreedores para conseguir que el consumidor deudor deba cada vez menos para poder ser cada vez más consumidor.&#13;
Es clara la ruptura con los dogmas y pilares clásicos del Derecho de Obligaciones que desencadena el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho. Las consecuencias socioeconómicas de la crisis imponen la adopción de una óptica diferente a la hora de valorar el incumplimiento del deudor. Un cumplimiento posible pero que ponga en peligro la vida, la integridad o la dignidad del deudor no puede ser jurídicamente exigible. Esta es la filosofía que inspira el incumplimiento en estado de necesidad que se aborda en la obra.&#13;
Los sujetos protagonistas de este análisis son aquellos deudores/consumidores «hipervulnerables» que se conocen como LILAs (low income, low assets), o NINAs (no income, no assets) y que, por sus especiales condiciones socioeconómicas, pueden ser objeto de abuso de debilidad por parte de otros agentes del mercado. Es apreciable una cierta deficiencia de los instrumentos necesarios, dentro de las actuales legislaciones de insolvencia, para resolver de un modo rápido y eficaz la situación de estos sujetos. En la obra se examinan algunas de estas carencias y se aborda la necesidad de que la «segunda oportunidad» que se conceda a este grupo de deudores se amolde a las peculiares circunstancias de los ya denominados new poor surgidos de las recientes crisis.

Fátima Yáñez Vivero

Perfiles jurídicos y avatares de un nuevo «derecho a no pagar las deudas»

La exoneración judicial de deudas del consumidor vulnerable. Perfiles jurídicos y avatares de un nuevo «derecho a no pagar las deudas»

Abrir los tiempos

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