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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Sergio Alfredo Martínez

La terminación del contrato de arrendamiento comercial por el arrendador

Claudia Ojeda

Cómo comenzar de nuevo económicamente

GuíaBurros: Ley de Segunda Oportunidad

Colegio Notarial de Cataluña

La cirugía robótica con el Da Vinci se está convirtiendo en una alternativa cada vez más común para la práctica de procedimientos quirúrgicos en todo el mundo. Este robot no constituye un ejemplo de inteligencia artificial, pues es un sistema maestro-esclavo, cuyo funcionamiento está siempre condicionado a los movimientos del cirujano ejecutados en una consola.&#13;
&#13;
La introducción de una tecnología como el Da Vinci constituye un reto a múltiples niveles, pues tiene lugar en un ámbito en el que interaccionan muy diferentes sujetos y normas jurídicas, tanto de Derecho público como de Derecho privado. El objetivo de la monografía es, pues, analizar quién será responsable por los daños que un paciente sufra en el marco de una operación quirúrgica desarrollada con el Da Vinci, y bajo qué condiciones.

Tomàs Gabriel García-Micó

Robótica quirúrgica y derecho de daños

José Francisco Báez Corona

Conceptos jurídicos para el área económico administrativa

Manuel Atienza

María Beatriz Arriagada

Juan Antonio Cruz Parcero

Derechos humanos

Varios

El Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/2121, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, ha derogado la Ley 3/2009, de 3 de abril, con el fin de configurar un nuevo marco jurídico para todas las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, tanto en el ámbito puramente nacional como transfronterizo.&#13;
Además de transponer la directiva y de reordenar el sistema previo, la nueva norma ha servido para introducir diferentes novedades, algunas, de cierto calado, que afectan al proyecto de modificación estructural, a los informes del órgano de administración y del experto, a la publicidad preparatoria, al acuerdo de la junta general, a la protección de los socios, acreedores y trabajadores, y al certificado previo a la modificación estructural transfronteriza. Este libro aspira a ofrecer respuesta a los principales interrogantes que han surgido de su aplicación práctica en el tiempo que lleva vigente, de ahí que la pretensión de esta obra sea principalmente la de identificar los problemas interpretativos de la norma y facilitar a los operadores su aplicación.

Santiago Hierro Anibarro

Una propuesta interpretativa del Libro Primero del Real Decreto-ley 5/2023

El nuevo régimen jurídico de las modificaciones estructurales

Generalidades del Derecho Migratorio en México es una obra fundamental que se sumerge en el complejo mundo del derecho migratorio mexicano. El derecho migratorio abarca todas las normativas legales de carácter público que rigen el movimiento de personas a nivel internacional, ya sean nacionales o extranjeras. Este marco normativo establece las pautas y los procedimientos para controlar la llegada, la permanencia y la salida de individuos de otros países, así como los aspectos vinculados a la emigración, el retorno y la repatriación de los ciudadanos. Este campo legal se encuentra estrechamente ligado a áreas fundamentales como el derecho de asilo, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, formando un entramado crucial para la protección y la regulación de la movilidad humana a nivel global. La obra profundiza en cada uno de estos aspectos, desde los antecedentes históricos del derecho migratorio mexicano hasta las regulaciones actuales. Ofrece una valiosa herramienta para cualquier persona interesada en comprender el sistema migratorio mexicano. Más allá de lo legal, destaca la importancia de respetar los derechos fundamentales de todos los individuos, sin importar su origen o condición. Muestra el camino hacia un sistema migratorio que prioriza la dignidad y los derechos humanos de todos los migrantes en México, un país en el centro de la dinámica global de la movilidad humana.

Edith Roque Huerta

Generalidades del derecho migratorio mexicano

Teorías de la argumentación jurídica

Las razones del derecho

Singular

José Antonio Martín Pallín

Jueces e ideología en la Justicia española

Visto para sentencia

La intervención de los lobbies en el diseño y ejecución de las políticas públicas es algo inexorable, pues es impensable que exista un proceso de toma de decisiones en el que no intervengan en mayor o menor medida. La relevancia de este fenómeno ha hecho que en nuestro entorno —especialmente a partir de la emergencia de los recientes estándares de transparencia y probidad en la esfera pública—, la regulación de los lobbies haya dejado de ser vista como algo ajeno, propio de los modelos de tradición anglosajona, de modo que actualmente se entiende como una pieza inseparable en los objetivos de transparencia y de buen gobierno. Y es que, a pesar de las diferencias que existen entre las distintas regulaciones, todas las normas que abordan este fenómeno tienen por objeto, tanto favorecer el conocimiento sobre los términos en los que puede desarrollarse legítimamente la actividad de influencia, como establecer límites o reglas claras a respetar en el ejercicio de esta actividad, para garantizar la seguridad jurídica y evitar la corrupción o los conflictos de interés.&#13;
El presente trabajo analiza la regulación actualmente existente en España —especialmente en la esfera autonómica e incluso la local—, así como las sucesivas tentativas de implantar una regulación en la esfera estatal, mediante una exposición exhaustiva de los antecedentes de dicha regulación, sus previsiones y la praxis desarrollada a partir de su adopción. Por lo que al ámbito europeo se refiere, los autores toman en consideración el marco existente en algunos Estados, así como en el ámbito interinstitucional de la UE. El examen de todos estos supuestos lleva aparejadas amplias referencias a la jurisprudencia constitucional, ordinaria, europea, e incluso a la doctrina consultiva de referencia.&#13;
Para concluir, esta obra plantea los principales y más inmediatos retos en el ámbito de estudio, a partir de las consideraciones anteriores, subrayando aquellos aspectos que, a parecer de los autores, requieren una profunda revisión: esencialmente, una mejor delimitación del ámbito subjetivo y objetivo de los registros de grupos de interés, la garantía del seguimiento de la huella normativa y el tratamiento de las contribuciones económicas de los lobbies.

Joan Ridao

Irene Araguàs Galcerà

Los lobbies. Presente y futuro de la regulación de los grupos de interés en España y Europa

Jurisprudencia

Eder van Pelt

Subjetividades tecnológicas y nuevos paradigmas normativos

El sujeto de derecho digital

El presente estudio aspira a construir una teoría dogmática del dominio público como parte del orden constitucional económico. El Derecho económico se ha concebido, en su época de mayor intervención, fundamentalmente como el instrumento del Estado en su tarea de defensor y conformador de la economía, en tanto que titular legítimo del poder político. Este paradigma intervencionista, sin embargo, sufre un decisivo golpe a partir del último tercio del siglo xx, fruto de una reflexión sobre la propiedad constitucional, que debe ser entendida como un derecho fundamental genuino, con su contenido esencial correspondiente y con una vertiente institucional que vertebra todo el ordenamiento. La tesis del presente estudio es que la teoría del dominio público debe ser entendida como una limitación del derecho de propiedad constitucional. Así, los límites negativos del derecho de propiedad constitucional, tanto los proporcionados y no indemnizables como los justificados por su utilidad pública y sometidos a indemnización, son a su vez los límites positivos de la intervención del poder público. Ambas vertientes empastan así como dos mitades de una manzana. Sólo deberá excluirse el dominio privado de un bien o categoría de bienes mediante el régimen demanial, cuando existan razones de índole económica que justifiquen su uso común o su explotación concesional. Aquí aparece como central el concepto, que hemos manejado en el trabajo, de bienes de tránsito. La idea central del estudio es, por tanto, que la comprensión de todos los bienes, también los bienes públicos, como objetos de tráfico jurídico y económico sirve al mejor funcionamiento de la economía. Los bienes públicos no son ya tanto bienes afectos a fines públicos que haya que proteger, como bienes del orden constitucional económico cuya función en el tráfico verdaderamente justifica su carácter público y su tipo de uso. Así pues, la discusión entre modelos funcionalistas o patrimonialistas no es, creemos, tan relevante ya, como la idea de que el poder público que se ejercita sobre esos bienes debe estar justificado y debidamente sometido a control en virtud de la función que los bienes vinculados cumplen en la economía general.

La terminación del contrato de arrendamiento comercial por el arrendador

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