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Paula Robledo Silva

Bernardo Carvajal Sánchez

Daniel Rivas-Ramírez

Justicia de lo contencioso administrativo a debate

Crónicas jurisprudenciales de 2023

Monografías jurídicas

Frente a la diversidad de estudios que en el ámbito tributario se han ocupado del instituto de la interpretación, no resulta posible afirmar lo propio con la figura de la calificación. Y, sin embargo, no son pocos los conflictos que se producen en la práctica donde la calificación tributaria desempeña un papel de gran relevancia, siendo el objeto principal de la polémica. Conocer en detalle el instituto de la calificación jurídico-tributaria y, especialmente, las reglas de calificación contenidas en el Derecho positivo, permitirá reducir al máximo la inseguridad jurídica a la que en ocasiones pueden conducir los conflictos de calificación entre el obligado y la Administración tributaria respecto de las operaciones, negocios jurídicos, o rentas.&#13;
Y es así que esta obra adquiere una especial relevancia ya que se ocupa de los aspectos más importantes relacionados con la aplicación de la norma tributaria —interpretación y calificación forman parte de dicho proceso—. No obstante, el eje central de este estudio recae sobre el instituto de la calificación. En este sentido, se pretende contribuir a delimitar de modo más claro, así como a facilitar la comprensión de dicho instituto en su dimensión interna, ofreciendo criterios o reglas útiles para la resolución de los conflictos de calificación.&#13;
Por último, se trata de perfilar la auténtica naturaleza del art. 13 LGT. Para ello, es necesario reflexionar sobre si dicho artículo contiene reglas o criterios de calificación, o si, por el contrario, es posible atribuir al referido precepto naturaleza antielusiva.

Mónica García Freiría

La calificación jurídica en el Derecho tributario

El aumento de los conflictos colectivos en una sociedad guiada por el consumismo y la globalización económica y social es una realidad difícil de ocultar que requiere una respuesta con urgencia. Este fenómeno tiene diferentes manifestaciones, como la colectivización del perjuicio, la litigiosidad en masa o la necesidad de dar soluciones a ciertos perjuicios que hasta poco eran tolerados por los ciudadanos. Se combate contra la impunidad de determinados sectores de poder, y los sujetos afectados se asocian o buscan mecanismos colectivos de solución.&#13;
Ante estos cambios sociales los órganos judiciales deben adaptarse. Para ello surgen diversas técnicas de resolución de conflictos colectivos cuyo objetivo es permitir una correcta tutela de los derechos e intereses legítimos. Entre estas nuevas técnicas destacan las acciones de representación o el proceso colectivo, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos. El procedimiento testigo y la extensión de efectos son de reciente implantación en el sistema español.&#13;
Existe una constante exigencia social de implementar en los sistemas legales alguna técnica de resolución de conflictos colectivos y en masa. A tales efectos, procede examinar estas posibles técnicas e incidir, de forma más concreta, en si se debe dar un distinto rol al órgano judicial, si es necesario un cambio de los poderes y de las funciones del juez y, en definitiva, si debe establecerse un control judicial de la resolución de conflictos colectivos y litigios en masa más preciso del que estamos acostumbrados, con unas características propias y particulares. Todas estas cuestiones merecen un análisis acurado por su plena actualidad, que es lo que se pretende en el presente trabajo.

Susana Oromi Vall-Llovera

Las acciones de representación, los acuerdos de resarcimiento, el procedimiento testigo y la extensión de efectos

Los poderes del juez en la resolución de conflictos colectivos

Estudios jurídicos

Joseba Fernández Gaztea

Concepto y aplicaciones

La función administrativa

Angie Vanessa Cruz Claros

Natalia Gómez Bolaños

Violencia obstétrica: Perspectiva jurídica del parto

Estructuras y procesos. Derecho (EPD)

Luigi Ferrajoli

Crisis y refundación del garantismo penal

Justicia y política

José Francisco Báez Corona

Conceptos jurídicos para el área económico administrativa

Fatima Balic

Analyse und Bewertung des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung

Die Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit

Varios

Rafael Gómez-Ferrer Rincón

Tomo I: Del recurso de nulidad (1812) al recurso de casación para la formación de jurisprudencia (2015)

Función constitucional del Tribunal Supremo y recurso de casación contencioso-administrativo.

Administración Pública y Derecho

Flavio Quezada Rodríguez

Historia comparada de su formación en el Derecho chileno, español y francés

La noción de servicio público

Modesto Barcia Lago

El candil de mi rincón. Opúsculos de un humanista

El presente estudio aspira a construir una teoría dogmática del dominio público como parte del orden constitucional económico. El Derecho económico se ha concebido, en su época de mayor intervención, fundamentalmente como el instrumento del Estado en su tarea de defensor y conformador de la economía, en tanto que titular legítimo del poder político. Este paradigma intervencionista, sin embargo, sufre un decisivo golpe a partir del último tercio del siglo xx, fruto de una reflexión sobre la propiedad constitucional, que debe ser entendida como un derecho fundamental genuino, con su contenido esencial correspondiente y con una vertiente institucional que vertebra todo el ordenamiento. La tesis del presente estudio es que la teoría del dominio público debe ser entendida como una limitación del derecho de propiedad constitucional. Así, los límites negativos del derecho de propiedad constitucional, tanto los proporcionados y no indemnizables como los justificados por su utilidad pública y sometidos a indemnización, son a su vez los límites positivos de la intervención del poder público. Ambas vertientes empastan así como dos mitades de una manzana. Sólo deberá excluirse el dominio privado de un bien o categoría de bienes mediante el régimen demanial, cuando existan razones de índole económica que justifiquen su uso común o su explotación concesional. Aquí aparece como central el concepto, que hemos manejado en el trabajo, de bienes de tránsito. La idea central del estudio es, por tanto, que la comprensión de todos los bienes, también los bienes públicos, como objetos de tráfico jurídico y económico sirve al mejor funcionamiento de la economía. Los bienes públicos no son ya tanto bienes afectos a fines públicos que haya que proteger, como bienes del orden constitucional económico cuya función en el tráfico verdaderamente justifica su carácter público y su tipo de uso. Así pues, la discusión entre modelos funcionalistas o patrimonialistas no es, creemos, tan relevante ya, como la idea de que el poder público que se ejercita sobre esos bienes debe estar justificado y debidamente sometido a control en virtud de la función que los bienes vinculados cumplen en la economía general.

Héctor Iglesias Sevillano

Propiedad y dominio público

El libro presenta una diversidad de miradas al campo de estudio de las políticas públicas desde una perspectiva territorial, se muestra una serie de experiencias de investigación relacionadas con la problematización de lo público y la construcción de políticas públicas nacionales, regionales y locales en el suroccidente colombiano. Las perspectivas territoriales sugeridas en esta obra reconocen la importancia del territorio como un lugar en donde convergen relaciones de poder, actores, capacidades institucionales y diversas agendas gubernamentales de orden nacional, regional y local. &#13;&#13;Es un documento que sirve de excusa para abrir la discusión sobre lo público y los actores que se establecen en los territorios. Se entiende como público aquello que hace referencia a la inclusión social, la utilidad común (que concierne a la comunidad) y al interés colectivo (Pardo, 2016). En tal sentido, lo público y su problematización no es algo dado, resulta del trabajo de persuasión y del despliegue de diversos recursos que ofrece la democracia en materia de políticas públicas, gestión pública y participación ciudadana

Justicia de lo contencioso administrativo a debate

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