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Varios A: La Ley Orgánica del Estado
Español de 1967

La Ley Orgánica del Estado Español de 1967

La Constitución española de 1876 se promulgó el 30 de junio de 1876 por Antonio Cánovas del Castillo. A partir de un borrador confeccionado por un grupo de 600 notables, antiguos senadores y diputados de anteriores legislaturas, designados por Cánovas.
La comisión definitiva, presidida por Manuel Alonso Martínez, contaba con treinta y nueve miembros. El texto final se aprobó sin grandes cambios por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal masculino de acuerdo a lo previsto en la Constitución española de 1869.
Esta constitución estuvo vigente cuarenta y siete años, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923, siendo la constitución más duradera de la historia de España hasta el momento.
De entre las principales características de la Constitución de 1876, cabe señalar las siguientes:


Soberanía compartida entre las Cortes y el rey, siendo este último el encargado de regular los tres poderes del Estado, así como dirigir y moderar la vida política.
Establecía un poder legislativo bicameral, con un Senado cuyos miembros eran designados por el rey, y un Congreso de los Diputados salido de los procesos electorales.
Carecía de una regulación de los derechos ciudadanos, que se dejaban en manos de la legislación posterior y la interpretación de los gobiernos de turno.
No especificaba el sistema de votación, quedando el derecho al sufragio abierto al uso de la modalidad basada en el censo o a su universalización. Finalmente, el sufragio universal masculino terminó por imponerse en 1890.
Sus firmantes fueron: Alfonso XII. El Presidente del Consejo de Ministros, Ministro interino de Hacienda, Antonio Cánovas del Castillo. El Ministro de Estado, Fernando Calderón y Collantes. El Ministro de Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera.
El Ministro de la Guerra, Francisco de Ceballos y Vargas. El Ministro de Marina, Juan de Antequera. El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero y Robledo. El Ministro de Fomento, Francisco Queipo de Llano. El Ministro de Ultramar, Adelardo López de Ayala.

Constitución española de 1876

Colección del Instituto de Investigación sobre Liberalismo, Krausismo y Masonería

Delia Manzanero Fernández

El legado jurídico y social de Giner

ENSAYO

Un interesante análisis de la evolución de los impuestos en España, desde la instauración de la democracia hasta hoy, contada a través de los principales hitos que han marcado su desarrollo, tanto desde el punto de vista de las reformas aprobadas como de su aplicación, que aborda también los escándalos que han puesto en riesgo el principio de generalidad establecido por nuestra Constitución, y que se sintetiza en el popular eslogan de «Hacienda somos todos». La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 que resultó inconstitucional, la benevolencia del derecho penal con los grandes defraudadores y la disociación fiscal de las personas que, para eludir en buena parte el pago de sus impuestos, son al mismo tiempo sociedades, constituyen algunas de las cuestiones tratadas en este importante trabajo de los técnicos del Ministerio de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo. Y también el papel «no jugado» por la Agencia Tributaria ante la lista Falciani, de contribuyentes que ocultaban patrimonio y rentas en el banco HSBC de Ginebra, y los escándalos fiscales de Juan Carlos I, junto a otras situaciones que podrían revelar una doble vara de medir. Los autores muestran una mirada crítica del déficit de justicia fiscal y del discurso demonizador de los tributos, pero a la vez esperanzada como consecuencia de los cambios a nivel global que se empiezan a percibir respecto de la necesidad de combatir el aumento de las desigualdades, a través de los impuestos, con la repercusión política, social y económica que conlleva.

Carlos Cruzado

José M. Mollinedo

Claves para afrontar el debate fiscal

Los ricos no pagan IRPF

Monografías

José Félix Tezanos

Javier García Fernández

Balance y perspectivas de la Constitución española de 1978

Derecho - Biblioteca Universitaria de Editorial Tecnos

Francisco Alemán Páez

Vol. 1: Concepto, fuentes y delimitación objetual

Curso de Derecho del Trabajo

Leyes

La Ley española de mecenazgo contiene las normativas y regulaciones relacionadas con la financiación y el apoyo al ámbito cultural y artístico en España. Esta ley establece incentivos fiscales y beneficios para las personas físicas y jurídicas que realicen donaciones, patrocinios o colaboraciones en el ámbito cultural.
La Ley de Mecenazgo en España tiene como objetivo fomentar y promover la participación de la sociedad en la protección y difusión del patrimonio cultural, así como en el desarrollo de actividades artísticas, científicas, deportivas y de interés general. Busca impulsar la colaboración entre el sector público y privado para fortalecer la cultura y el arte en el país.
Entre los incentivos fiscales contemplados en esta ley se encuentran las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades para las donaciones y aportaciones realizadas a entidades culturales y proyectos culturales. Estos beneficios fiscales varían en función del tipo de entidad o proyecto apoyado.
La Ley de Mecenazgo también establece los requisitos y procedimientos para que las entidades culturales puedan acogerse a los beneficios fiscales, así como las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas en los acuerdos de mecenazgo.

Ley española de mecenazgo

Guillermina del Valle

Los mercaderes y mineros de la ciudad de México durante la guerra  anglo-española de 1779-1783

Donativos, prestamos y privilegios

El 5 de octubre de 1988, se promulgó la Constitución de Brasil de 1988 o Constitución de la República federativa de Brasil, la cual también fue conocida como la Constitución Ciudadana. Este texto tiene vigencia en la actualidad y fue elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por 559 diputados, y presidida por Ulysses Guimãres.
La Constitución Federal de 1988 estableció que la República Federativa del Brasil se constituyera como un Estado Democrático de Derecho. Así inauguró una nueva era en el constitucionalismo brasileño y se rompió un ciclo autoritario. Pues Brasil vivió en dictaduras desde 1964 hasta mediados de la década de los ochenta.
Su estructura difiere de las constituciones anteriores. Comprende nueve títulos, que tratan:


1) de los principios fundamentales;
2) de los derechos y garantías fundamentales, según una perspectiva moderna y que abarca los derechos individuales y colectivos, los derechos sociales de los trabajadores, la nacionalidad, los derechos políticos y de los partidos políticos;
3) de la organización del Estado, en la que estructura a la federación con sus componentes;
4) de la organización de los poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, con la manutención del sistema presidencialista, derrotado el parlamentarismo. Contiene, además, un capítulo sobre las funciones esenciales de la Justicia, con ministerio público, abogacía pública (de la Unión y de los Estados), abogacía privada y defensa pública;
5) de la defensa del Estado y de las instituciones democráticas, con mecanismos del estado de defensa, del estado de sitio y de la seguridad pública;
6) de la tributación y del presupuesto;
7) del orden económico y financiero;
8) del orden social;
9) de las disposiciones generales.
Finalmente, viene el Acto de las Disposiciones Transitorias. Ese contenido se distribuye en 245 artículos en la parte permanente, y 73 artículos más en la parte transitoria, reunidos en capítulos, secciones y sub-secciones.

Constitución de Brasil de 1988

Tesis de Máster del año 2018 en eltema Economía - Economía industrial, Nota: 8, Universidad Complutense de Madrid (Applied Economics), Idioma: Español, Resumen: En este trabajo será analizado el efecto de la evolución del mercado de gas natural de España en las estrategias empresariales en upstream y midstream, concretando los casos de Repsol y Gas Natural Fenosa. La volatilidad y los cambios en el mercado de gas natural en Europa, han sido paulatino y arraigado en varios factores internos, entre ellos en las reformas y cambios regulatorios. Del mismo modo, la evolución del mercado de gas natural en España no ha estado separada de las estrategias de las empresas multinacionales que están encargadas de la explotación y el suministro de este commodity al mercado español. A medida que el mercado del gas se desarrolla después de la liberalización en 1998, las estrategias empresariales de buscar fuentes internacionales y el suministro se van adaptando al mismo. Las estrategias han sido sobre todo reacciones ante el consumo en el mercado de gas y electricidad en España, pero también ante los proyectos de la UE sobre la conexión comunitaria de gas y creación del mercado organizado para estabilizar los precios a largo plazo. La nueva fase de la cadena global del transporte y suministro del GNL es una de las consecuencias de la emergencia de los nuevos paradigmas en los mercados europeos, incluido España.

Mohsen Vahedi

Evolución del mercado de gas natural de España, y su efecto sobre las estrategias empresariales en upstream y suministro

Los Decretos de Nueva Planta (o plantilla), llamados así en conjunto, suprimieron la mayor parte de los fueros de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, lo que tuvo importantes consecuencias políticas. Aparecen en la Novísima recopilación de las leyes de España en dos secciones distintas. Los primeros Decretos de Nueva Planta (Aragón, Valencia) figuraron en el libro III, referido al rey, como leyes promulgadas por él, tras las leyes generales (título II); se refieren a los llamados fueros provinciales (título III). Los últimos (Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña) fueron leyes de organización de los tribunales reales (chancillerías y audiencias, libro V), referidas a las nuevas Audiencias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca respectivamente (títulos 7 a 10).
Los Decretos de Nueva Planta tienen una enorme actualidad política al ser considerados por los independentistas catalanes la base histórica de los recortes de la autonomía de Cataluña.

Decretos de Nueva Planta

La Constitución española de 1869 sustituyó a la Constitución Española de 1845. Se aprobó bajo el Gobierno Provisional de 1868-1871, formado tras la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II.
Proclamada, entre otros, por Juan Prim y Juan Bautista Topete, estuvo vigente durante el reinado de Amadeo I.
Tras la proclamación de la Primera República Española, en febrero de 1873, solo quedó en vigor el Título I. El que proclama las libertades y derechos fundamentales.
Más tarde se restableció tras el golpe del general Manuel Pavía que dio paso a la dictadura de Francisco Serrano.
La Constitución española de 1869 quedó sin vigor tras el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos en diciembre de 1874. Este suceso dio paso a la Restauración borbónica en España, bajo el gobierno de la Constitución Española de 1876.

Constitución española de 1869

La Ley Orgánica del Estado Español de 1967

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