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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Varios A: La Ley Orgánica del Estado
Español de 1967

La Ley Orgánica del Estado Español de 1967

La Constitución política de Costa Rica de 1949 fue aprobada el 7 de noviembre de dicho año. El 8 de mayo de 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República de Costa Rica presidida por José Figueres Ferrer asumió el poder y restableció la vigencia de los capítulos de garantías nacionales, individuales y sociales de la Constitución de 1871.
El 3 de septiembre de 1948, la Junta convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente, que entró en funciones el 15 de enero de 1949, reconoció como presidente Otilio Ulate y dispuso que éste ejerciera la primera magistratura de 1949 a 1953.
La Junta Fundadora de la Segunda República nombró una comisión de juristas para preparar un proyecto de Constitución. El 7 de noviembre de 1949, la Asamblea aprobó la Constitución política de Costa Rica de 1949, que es la actualmente vigente.

Constitución Política de Costa Rica 1949 con reformas hasta el 2003

La Constitución de la República Dominicana de 1994 fue promulgada el 14 de agosto de ese año, durante el mandato de Joaquín Balaguer, tras una grave crisis electoral. Se dispuso nuevamente la no reelección presidencial, así como la reducción de cuatro a solo dos años del período presidencial de Balaguer. Este hecho fue conocido en la historia como el Pacto por la Democracia.
La República Dominicana ha tenido por 39 constituciones, más que cualquier otro país, desde su independencia en 1844. Sin embargo, esta estadística no es un indicador de estabilidad política, debido a la práctica dominicana de promulgar una nueva constitución cada vez que se ratifica una enmienda.
Aunque técnicamente diferentes entre sí en algunas disposiciones particulares, la mayoría de las constituciones nuevas contenían en realidad solo modificaciones menores de las que estaban en vigor anteriormente.
Las amplias innovaciones constitucionales en realidad eran bastante inusuales. De acuerdo con los análisis del Foro Mundial, a mayor número de reformas constitucionales más altos los indicadores de inestabilidad política y económica. Los países donde ha habido más reformas han tenido mucho menor crecimiento económico en las últimas décadas.

Constitución de la República Dominicana de 1994

Tres eclipses de Sol en sólo dos años y medio, en Europa, en la Península Ibérica: ¡los próximos años prometen ser apasionantes! Este atlas cubre con todo detalle las trayectorias de los eclipses del 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028. También muestra los mejores destinos para viajar durante los eclipses, para que disfrute al máximo de sus vacaciones: ¡un viaje que no olvidará!

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Solar Eclipse Atlas 2026/2027/2028

El Decreto expropiatorio de la Revolución cubana, también conocido como Ley No. 890, fue una legislación clave promulgada por el Gobierno Revolucionario de Cuba, bajo la presidencia de Osvaldo Dorticós Torrado. Este decreto fue una medida radical que buscaba reestructurar de manera significativa la economía cubana, poniendo en práctica los ideales y objetivos de la Revolución Cubana de 1959.Contexto
El decreto se justifica en múltiples Por cuanto, que delinean las razones y la necesidad de tomar acción tan drástica. Se argumenta que el desarrollo económico de la nación solo puede lograrse mediante una planificación económica adecuada, el aumento y la racionalización de la producción y, sobre todo, el control nacional de las industrias básicas. Además, se menciona que muchas grandes empresas privadas han estado actuando en contra de los intereses de la Revolución y del desarrollo económico de la nación. Aquí, estas empresas son acusadas de sabotear la capacidad productiva de Cuba, de invertir capital en el extranjero y de abandonar la administración directa de sus fábricas, entre otras cosas.Implicaciones económicas
Este Decreto expropiatorio propone la nacionalización mediante expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como de otros bienes relacionados. Esta nacionalización masiva se justifica como una necesidad imperante para transformar la economía y para disolver el poder económico de supuestos intereses privilegiados que conspiran contra el pueblo y la Revolución.Política de comercio exterior
Otro aspecto crucial mencionado en el decreto es la transformación del comercio exterior de Cuba. Se argumenta que el control nacional de las importaciones es esencial y que la existencia de grandes empresas importadoras que operan por el simple estímulo del beneficio personal es un obstáculo para la nueva política de comercio exterior.Legalidad
El decreto se ampara en el Artículo 24 de la Ley Fundamental de la República, promulgada, poco antes, el 7 de febrero de 1959, para llevar a cabo la expropiación forzosa de estas empresas.Decreto expropiatorio de la Revolución Cubana
La Ley No. 890 fue un hito en la historia de la Revolución Cubana, marcando un cambio profundo y controvertido en la estructura económica del país. Buscó desmantelar el poder económico de ciertos sectores, y sometar a las fuerzas económicas del país a los ideales y objetivos de la Revolución. Esta ley también llevó a tensiones y conflictos con países extranjeros y empresas multinacionales que se vieron afectadas por la nacionalización, contribuyendo a la compleja relación entre Cuba y el resto y los Estados Unidos de América en los años posteriores.

Decreto expropiatorio de la Revolución cubana

La Constitución española de 1869 sustituyó a la Constitución Española de 1845. Se aprobó bajo el Gobierno Provisional de 1868-1871, formado tras la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II.
Proclamada, entre otros, por Juan Prim y Juan Bautista Topete, estuvo vigente durante el reinado de Amadeo I.
Tras la proclamación de la Primera República Española, en febrero de 1873, solo quedó en vigor el Título I. El que proclama las libertades y derechos fundamentales.
Más tarde se restableció tras el golpe del general Manuel Pavía que dio paso a la dictadura de Francisco Serrano.
La Constitución española de 1869 quedó sin vigor tras el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos en diciembre de 1874. Este suceso dio paso a la Restauración borbónica en España, bajo el gobierno de la Constitución Española de 1876.

Constitución española de 1869

La Constitución española de 1876 se promulgó el 30 de junio de 1876 por Antonio Cánovas del Castillo. A partir de un borrador confeccionado por un grupo de 600 notables, antiguos senadores y diputados de anteriores legislaturas, designados por Cánovas.
La comisión definitiva, presidida por Manuel Alonso Martínez, contaba con treinta y nueve miembros. El texto final se aprobó sin grandes cambios por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal masculino de acuerdo a lo previsto en la Constitución española de 1869.
Esta constitución estuvo vigente cuarenta y siete años, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923, siendo la constitución más duradera de la historia de España hasta el momento.
De entre las principales características de la Constitución de 1876, cabe señalar las siguientes:


Soberanía compartida entre las Cortes y el rey, siendo este último el encargado de regular los tres poderes del Estado, así como dirigir y moderar la vida política.
Establecía un poder legislativo bicameral, con un Senado cuyos miembros eran designados por el rey, y un Congreso de los Diputados salido de los procesos electorales.
Carecía de una regulación de los derechos ciudadanos, que se dejaban en manos de la legislación posterior y la interpretación de los gobiernos de turno.
No especificaba el sistema de votación, quedando el derecho al sufragio abierto al uso de la modalidad basada en el censo o a su universalización. Finalmente, el sufragio universal masculino terminó por imponerse en 1890.
Sus firmantes fueron: Alfonso XII. El Presidente del Consejo de Ministros, Ministro interino de Hacienda, Antonio Cánovas del Castillo. El Ministro de Estado, Fernando Calderón y Collantes. El Ministro de Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera.
El Ministro de la Guerra, Francisco de Ceballos y Vargas. El Ministro de Marina, Juan de Antequera. El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero y Robledo. El Ministro de Fomento, Francisco Queipo de Llano. El Ministro de Ultramar, Adelardo López de Ayala.

Constitución española de 1876

La Constitución de Nicaragua de 1987, aprobada y promulgada el 9 de enero de ese año, es un documento de gran relevancia en la historia política del país. Fue el resultado de un proceso constituyente llevado a cabo por la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el gobierno sandinista, en el contexto de la revolución y los significativos cambios sociales ocurridos en el país. Esta Constitución refleja las aspiraciones y principios de la Revolución Sandinista, en un periodo marcado por tensiones y conflictos internos y externos.
El preámbulo de esta Constitución evoca la lucha histórica del pueblo nicaragüense, desde sus antepasados indígenas hasta las figuras clave de la resistencia anti-intervencionista y anti-imperialista, como José Dolores Estrada, Benjamín Zeledón, y Augusto César Sandino. Destaca también el papel de Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y la contribución de todos los sectores de la sociedad nicaragüense en la lucha por la liberación nacional.
La Constitución fue creada con un enfoque inclusivo, buscando la participación de diversos partidos y organizaciones democráticas, así como de distintos sectores sociales: obreros, campesinos, jóvenes, mujeres, cristianos comprometidos con la lucha social, intelectuales y otros trabajadores. Este esfuerzo colectivo tenía como objetivo la institucionalización de las conquistas de la Revolución Sandinista y la construcción de una sociedad más justa, sin explotación, y con igualdad económica, política y social.
La Constitución de 1987 también se enfocó en el respeto absoluto de los derechos humanos y en la promoción de la paz, en un momento en que Nicaragua enfrentaba una agresión externa, principalmente de los Estados Unidos. Este aspecto demuestra el compromiso del gobierno sandinista con la legalidad internacional y su oposición a las intervenciones externas en los asuntos internos del país.
La Constitución de Nicaragua de 1987 es un reflejo de la lucha histórica del pueblo nicaragüense por su independencia y soberanía, así como de su aspiración a construir una sociedad basada en principios de justicia social, igualdad y respeto por los derechos humanos. Este documento representa un momento crucial en la historia de Nicaragua y un hito en la consolidación de la Revolución Sandinista.

Constitución de Nicaragua de 1987

Leyes

El 5 de octubre de 1988, se promulgó la Constitución de Brasil de 1988 o Constitución de la República federativa de Brasil, la cual también fue conocida como la Constitución Ciudadana. Este texto tiene vigencia en la actualidad y fue elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por 559 diputados, y presidida por Ulysses Guimãres.
La Constitución Federal de 1988 estableció que la República Federativa del Brasil se constituyera como un Estado Democrático de Derecho. Así inauguró una nueva era en el constitucionalismo brasileño y se rompió un ciclo autoritario. Pues Brasil vivió en dictaduras desde 1964 hasta mediados de la década de los ochenta.
Su estructura difiere de las constituciones anteriores. Comprende nueve títulos, que tratan:


1) de los principios fundamentales;
2) de los derechos y garantías fundamentales, según una perspectiva moderna y que abarca los derechos individuales y colectivos, los derechos sociales de los trabajadores, la nacionalidad, los derechos políticos y de los partidos políticos;
3) de la organización del Estado, en la que estructura a la federación con sus componentes;
4) de la organización de los poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, con la manutención del sistema presidencialista, derrotado el parlamentarismo. Contiene, además, un capítulo sobre las funciones esenciales de la Justicia, con ministerio público, abogacía pública (de la Unión y de los Estados), abogacía privada y defensa pública;
5) de la defensa del Estado y de las instituciones democráticas, con mecanismos del estado de defensa, del estado de sitio y de la seguridad pública;
6) de la tributación y del presupuesto;
7) del orden económico y financiero;
8) del orden social;
9) de las disposiciones generales.
Finalmente, viene el Acto de las Disposiciones Transitorias. Ese contenido se distribuye en 245 artículos en la parte permanente, y 73 artículos más en la parte transitoria, reunidos en capítulos, secciones y sub-secciones.

Constitución de Brasil de 1988

Los Decretos de Nueva Planta (o plantilla), llamados así en conjunto, suprimieron la mayor parte de los fueros de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, lo que tuvo importantes consecuencias políticas. Aparecen en la Novísima recopilación de las leyes de España en dos secciones distintas. Los primeros Decretos de Nueva Planta (Aragón, Valencia) figuraron en el libro III, referido al rey, como leyes promulgadas por él, tras las leyes generales (título II); se refieren a los llamados fueros provinciales (título III). Los últimos (Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña) fueron leyes de organización de los tribunales reales (chancillerías y audiencias, libro V), referidas a las nuevas Audiencias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca respectivamente (títulos 7 a 10).
Los Decretos de Nueva Planta tienen una enorme actualidad política al ser considerados por los independentistas catalanes la base histórica de los recortes de la autonomía de Cataluña.

Decretos de Nueva Planta

La Constitución española de 1837 intentó establecer un equilibrio conciliador entre progresistas y moderados, las fuerzas políticas con más peso en la España de entonces.
Esta Constitución aparece en un contexto muy particular. En 1836, sucedió el levantamiento de La Granja de San Ildefonso, recogido por Benito Pérez Galdós en su novela De Oñate a la Granja, de sus Episodios Nacionales. Este hecho forzó a la regente María Cristina a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812.
En este contexto se decidió convocar a Cortes Constituyentes para actualizar la Constitución de 1812. Se buscaba una Constitución de consenso, que hiciera posible la alternancia en el poder entre progresistas y moderados sin tener que cambiar más la legislación.
Un detalle peculiar de la Constitución española de 1837 es que está firmada por dos mujeres. En primer lugar por María Cristina de Borbón, como reina viuda, y por su hija Isabel II de Borbón, que ese año cumplía siete años de edad.
Esta Constitución se reemplazó por la Constitución Española de 1845. Documento que también promulgó Isabel II cuando la joven reina tenía quince años. Cabe destacar que el segundo de sus artículos adicionales proclama que:


Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.


Dejando así suspendidas en Puerto Rico, Filipinas y Cuba las libertades concedidas a los habitantes de la Península Ibérica. Este artículo tuvo enorme repercusión en la formación de una conciencia nacional, indepentista, en dichos territorios coloniales.

Constitución española de 1837

Pedro de Morales (Valdepeñas, 1538-Murió en la capital de Nueva España en 1614). España.
Pedro de Morales ejerció como abogado en Madrid y en Granada antes de entrar en la Compañía de Jesús en 1570. Partió a la Nueva España con la expedición que incluía a Pedro de Hortigosa para «leer las artes y teología» en el Colegio de San Pedro y San Pablo. 
Trabajó como calificador e inquisidor del Santo Oficio y como consultor en el Tercer Concilio Mexicano en 1585. 
La crónica de Pedro de Morales no sólo hace una descripción pormenorizada de los diferentes elementos de la celebración; entre ellos música, danzas y adornos indígenas, sino que incluye algunos textos literarios escritos para acompañar la festividad, lo que aporta una valiosa información sobre este tipo de actos públicos.
Vale destacar que en el Virreinato de México la práctica teatral tuvo para la Compañía de Jesús una finalidad «catequística», el drama servía en la labor educativa de la Compañía. Según Ignacio de Loyola se debía de hacer más ameno e interesante el magisterio con la realización de actividades como la rima de versos o la práctica de diálogos recitados.

Constitución Española de 1845

La Constitución de Venezuela de 1961 se aprobó el 16 de enero de 1961 por el Congreso de la República. Y entró en vigor el 23 de enero del mismo año en conmemoración del retorno de la democracia a Venezuela, el 23 de enero de 1958.
En diciembre de 1999 este texto quedó derogado tras aprobarse por voto popular la Constitución de 1999. Esta Constitución se funda en los principios de la Constitución de 1947. Constitución que se derogó en 1953, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Es importante destacar que de los veintiséis textos constitucionales que ha tenido Venezuela desde 1811, la Constitución de 1961 ha sido la más duradera.
Permitió el desarrollo de una república civil con una democracia representativa y un sistema de partidos fuertes, el crecimiento económico y la distribución del crecimiento en los años sesenta y principios de los setenta, y la posterior evolución de la descentralización política en los estados y municipios.

Constitución de Venezuela de 1961

La Ley Orgánica del Estado Español de 1967

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