Justicia colectiva, medio ambiente y democracia participativa

El 23 de enero del 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional, por unanimidad, la Ley General Forestal que regulaba todas las materias relacionadas con la explotación de los recursos forestales del país. La decisión del tribunal se produjo como consecuencia de una demanda presentada por el Grupo de Derecho de Interés Público (g-dip) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. La demanda fue producto del trabajo de investigación jurídica realizado por quince estudiantes y dos profesores aproximadamente durante dos años, y contó con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena y el Centro Nacional de Salud, Ambiente y Trabajo (Censat) Agua Viva. Estas organizaciones participaron en el debate en torno a la constitucionalidad de la ley forestal a través de las intervenciones ciudadanas que presentaron ante la Corte Constitucional. En estas intervenciones manifestaron su acuerdo con las pretensiones de la demanda y expusieron las razones por las cuales la ley forestal violaba la Carta Política.