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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Guillermina del Valle

Donativos, prestamos y privilegios

Los mercaderes y mineros de la ciudad de México durante la guerra  anglo-española de 1779-1783

Introducción&#13;
1. Donativos para financiar la armada y el conflicto bélico&#13;
El donativo del Consulado para la armada y el fondo secreto&#13;
El donativo del gremio minero y su transformación en cuerpo formal&#13;
Otros donativos para el astillero y los navíos de guerra&#13;
Los donativos de los tribunales del Consulado y de Minería para los príncipes&#13;
Contribuciones de las corporaciones de México para el donativo universal de 1781&#13;
2. El libre comercio por el Pacífico hispanoamericano, 1774-1783&#13;
Tráfico de cacao y la configuración de la red Yraeta-Icaza&#13;
El comercio de bienes asiáticos y europeos por el Pacífico&#13;
El intercambio de cacao por textiles asiáticos y europeos&#13;
La prohibición de remitir géneros asiáticos y europeos a Perú&#13;
3. Suplementos, empréstitos y contraprestaciones&#13;
Suplementos gratuitos del comercio de México&#13;
El empréstito negociado por el Consulado&#13;
El empréstito negociado por el Tribunal de Minería&#13;
La nueva deuda pública a cuenta de la renta del tabaco&#13;
Conclusiones&#13;
Archivos y Bibliografía&#13;
Índice de cuadros

Derecho - Biblioteca Universitaria de Editorial Tecnos

Luis A. Malvárez Pascual

Salvador Ramírez Gómez

Antonio José Sánchez Pino

Lecciones del Sistema Fiscal Español

Juan Carlos Varón Palomino

Mauricio Rengifo Gardeazábal

Fernando Peña Bennet

Tomo III. Regímenes especiales de protección del consumidor

Derecho del consumo


<p>
La Constitución española de 1876 se promulgó el 30 de junio de 1876 por Antonio Cánovas del Castillo. A partir de un borrador confeccionado por un grupo de 600 notables, antiguos senadores y diputados de anteriores legislaturas, designados por Cánovas.
La comisión definitiva, presidida por Manuel Alonso Martínez, contaba con treinta y nueve miembros. El texto final se aprobó sin grandes cambios por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal masculino de acuerdo a lo previsto en la Constitución española de 1869.
Esta constitución estuvo vigente cuarenta y siete años, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923, siendo la constitución más duradera de la historia de España hasta el momento.
De entre las principales características de la Constitución de 1876, cabe señalar las siguientes:


Soberanía compartida entre las Cortes y el rey, siendo este último el encargado de regular los tres poderes del Estado, así como dirigir y moderar la vida política.
Establecía un poder legislativo bicameral, con un Senado cuyos miembros eran designados por el rey, y un Congreso de los Diputados salido de los procesos electorales.
Carecía de una regulación de los derechos ciudadanos, que se dejaban en manos de la legislación posterior y la interpretación de los gobiernos de turno.
No especificaba el sistema de votación, quedando el derecho al sufragio abierto al uso de la modalidad basada en el censo o a su universalización. Finalmente, el sufragio universal masculino terminó por imponerse en 1890.
Sus firmantes fueron: Alfonso XII. El Presidente del Consejo de Ministros, Ministro interino de Hacienda, Antonio Cánovas del Castillo. El Ministro de Estado, Fernando Calderón y Collantes. El Ministro de Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera.
El Ministro de la Guerra, Francisco de Ceballos y Vargas. El Ministro de Marina, Juan de Antequera. El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero y Robledo. El Ministro de Fomento, Francisco Queipo de Llano. El Ministro de Ultramar, Adelardo López de Ayala.</p>


Constitución española de 1876

En este libro, los autores destacan que México es una república representativa, democrática, laica y federal; dan énfasis en que la salvaguarda de la Constitución federal no es solamente obligación de la federación, sino que los estados cuentan  igualmente con la obligación de protegerla y preservarla. Además, rescatan y subrayan algunas de las instituciones constitucionales de los estados y explican, a la luz del examen jurídico, la manera en que los textos fundamentales de los estados se han adaptado y anticipado, y cómo han aportado a la protección de los derechos humanos, la organización y el control de los poderes a lo largo de la historia constitucional de México.&#13;&#13;A partir del origen y análisis del artículo 133 constitucional y la explicación, hondura y trascendencia del federalismo como forma de estado, los autores revelan al lector el nacimiento de las constituciones de las entidades federativas, los sistemas de protección de los derechos humanos, los controles constitucionales locales, sin dejar de lado la institución municipal  en el constitucionalismo estatal. A través de una minuciosa explicación jurídica exponen los pormenores constitucionales de los estados mexicanos en relación con la Constitución Federal, así como explicaciones en cada uno de los capítulos para ensanchar la perspectiva sobre el constitucionalismo de las entidades federativas de cara al siglo XXI, de la transición de un federalismo originario a uno de innovaciones normativas en el ámbito del régimen interior de los estados, basado en un control interno de la constitucionalidad.&#13; &#13;La obra es a un tiempo, repaso y prospectiva de una de las  decisiones políticas fundamentales, su evolución y potencial: el tan arraigado federalismo  y su esperanzador horizonte. El objetivo de la obra es recuperar las instituciones constitucionales de los estados, frente a la unificación y estandarización de conceptos que la Constitución federal ha propiciado, sobre todo, porque las entidades federativas tienen mucho que decir y aportar sobre los derechos humanos y la organización de poderes que se han dado en el marco de su autonomía.

César Camacho

Manuel González Oropeza

Constitucionalismo mexicano de las entidades federativas

Políticas públicas al derecho

Mariana Matamoros Cárdenas

Randy Villalba Arango

Desafíos en su seguimiento con información pública limitada

Los beneficios de las zonas francas

Las transformaciones tecnológicas, sociales, económicas y políticas han hecho que el derecho de la competencia sea hoy una de las herramientas más importantes para garantizar la economía social, la libertad y permanencia de los operadores económicos en el mercado, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. Más reciente, controversial e interesantes resulta la posición según la cual el derecho de la competencia debe propender igualmente por la equidad y la justica en las relaciones de poder y, en esa medida, debe ser claramente un instrumento no solo de intervención en la economía sino de política social.&#13;&#13;El derecho de la competencia enfrenta a día de hoy retos a todo nivel, desde la generación de un sistema de prohibiciones y excepciones coherente, pasando por la revisión de ciertas conductas prohibidas, el rol que juegan estas normas como mecanismos de lucha contra la corrupción y su injerencia en el manejo y protección de datos personales, al igual que su utilidad frente a los nuevos desarrollos tecnológicos, hasta llegar a temas como la abogacía de la competencia -en cuanto mecanismo para evitar la indebida intervención del Estado en los mercados- y los fines que deben cumplir las autoridades de regulación y competencia. Todos estos tópicos se abarcan en este libro fruto del esfuerzo de numerosos expertos e investigadores cuyo examen se pone al servicio de una mayor difusión y desarrollo de la materia en nuestro país.

Ingrid Soraya Ortiz Baquero

Estudios de derecho de la competencia


<p>
La Constitución española de 1837 intentó establecer un equilibrio conciliador entre progresistas y moderados, las fuerzas políticas con más peso en la España de entonces.
Esta Constitución aparece en un contexto muy particular. En 1836, sucedió el levantamiento de La Granja de San Ildefonso, recogido por Benito Pérez Galdós en su novela De Oñate a la Granja, de sus Episodios Nacionales. Este hecho forzó a la regente María Cristina a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812.
En este contexto se decidió convocar a Cortes Constituyentes para actualizar la Constitución de 1812. Se buscaba una Constitución de consenso, que hiciera posible la alternancia en el poder entre progresistas y moderados sin tener que cambiar más la legislación.
Un detalle peculiar de la Constitución española de 1837 es que está firmada por dos mujeres. En primer lugar por María Cristina de Borbón, como reina viuda, y por su hija Isabel II de Borbón, que ese año cumplía siete años de edad.
Esta Constitución se reemplazó por la Constitución Española de 1845. Documento que también promulgó Isabel II cuando la joven reina tenía quince años. Cabe destacar que el segundo de sus artículos adicionales proclama que:


Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.


Dejando así suspendidas en Puerto Rico, Filipinas y Cuba las libertades concedidas a los habitantes de la Península Ibérica. Este artículo tuvo enorme repercusión en la formación de una conciencia nacional, indepentista, en dichos territorios coloniales.</p>


Constitución española de 1837

ENSAYO

Un interesante análisis de la evolución de los impuestos en España, desde la instauración de la democracia hasta hoy, contada a través de los principales hitos que han marcado su desarrollo, tanto desde el punto de vista de las reformas aprobadas como de su aplicación, que aborda también los escándalos que han puesto en riesgo el principio de generalidad establecido por nuestra Constitución, y que se sintetiza en el popular eslogan de «Hacienda somos todos». La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 que resultó inconstitucional, la benevolencia del derecho penal con los grandes defraudadores y la disociación fiscal de las personas que, para eludir en buena parte el pago de sus impuestos, son al mismo tiempo sociedades, constituyen algunas de las cuestiones tratadas en este importante trabajo de los técnicos del Ministerio de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo. Y también el papel «no jugado» por la Agencia Tributaria ante la lista Falciani, de contribuyentes que ocultaban patrimonio y rentas en el banco HSBC de Ginebra, y los escándalos fiscales de Juan Carlos I, junto a otras situaciones que podrían revelar una doble vara de medir. Los autores muestran una mirada crítica del déficit de justicia fiscal y del discurso demonizador de los tributos, pero a la vez esperanzada como consecuencia de los cambios a nivel global que se empiezan a percibir respecto de la necesidad de combatir el aumento de las desigualdades, a través de los impuestos, con la repercusión política, social y económica que conlleva.

Carlos Cruzado

José M. Mollinedo

Claves para afrontar el debate fiscal

Los ricos no pagan IRPF

Hermógenes Giraldo Yepez

Luz María Rivas Montoya

Guía de análisis para la innovación en modelos de negocios

Leyes

Se llamó Código Negro a un conjunto de medidas de castigo para las personas de raza negra emitidas temporalmente en situaciones de emergencia. Los Códigos Negros se aplicaron en las colonias españolas. El presente se promulgó en Puerto Rico, por Juan Prim, entonces gobernador de la isla. Este código pretendió prevenir la rebeliones de esclavos.El Código Negro de Prim seguía una larga tradición de medidas racistas y represivas en contra de la raza africana en Puerto Rico. En el año 1812, Salvador Meléndez y Bruna, entonces gobernador de Puerto Rico, prohibió el mero hecho de promover la abolición de esclavitud, entre otras represalias mucho más duras. Parecía existir un miedo a una rebelión o revolución masiva de negros.El militar español Juan Prim fue nombrado capitán general de Puerto Rico en octubre de 1847. Su mando duró solamente hasta julio de 1848, pero fue suficiente para implementar un temible y terrible «Código Negro». Mediante duras represalias intentó impedir la rebelión de los esclavos puertorriqueños.El Código negro de Prim autorizaba a los dueños de esclavos el castigarlos a su gusto, en casos de intento de escape, pues servía para«evitar que los demás sigan su ejemplo».El sistema tenía que proteger la supremacía blanca. Esto significa que todos los negros, no solamente los esclavos, estaban bajo control legal pues eran una amenaza. Prim comienza estableciendo penas a los delitos que«cometan los individuos de raza africana residentes en la isla, sean libres o esclavos».Esta primera referencia establece con claridad que no se trata de un sistema de control de los esclavos solamente. Los negros libres también estarían sometidos al control colonial.

Donativos, prestamos y privilegios

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