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Monografías

José Félix Tezanos

Javier García Fernández

Balance y perspectivas de la Constitución española de 1978


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Los Decretos de Nueva Planta (o plantilla), llamados así en conjunto, suprimieron la mayor parte de los fueros de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, lo que tuvo importantes consecuencias políticas. Aparecen en la Novísima recopilación de las leyes de España en dos secciones distintas. Los primeros Decretos de Nueva Planta (Aragón, Valencia) figuraron en el libro III, referido al rey, como leyes promulgadas por él, tras las leyes generales (título II); se refieren a los llamados fueros provinciales (título III). Los últimos (Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña) fueron leyes de organización de los tribunales reales (chancillerías y audiencias, libro V), referidas a las nuevas Audiencias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca respectivamente (títulos 7 a 10).
Los Decretos de Nueva Planta tienen una enorme actualidad política al ser considerados por los independentistas catalanes la base histórica de los recortes de la autonomía de Cataluña.</p>


Decretos de Nueva Planta


<p>
La Constitución española de 1876 se promulgó el 30 de junio de 1876 por Antonio Cánovas del Castillo. A partir de un borrador confeccionado por un grupo de 600 notables, antiguos senadores y diputados de anteriores legislaturas, designados por Cánovas.
La comisión definitiva, presidida por Manuel Alonso Martínez, contaba con treinta y nueve miembros. El texto final se aprobó sin grandes cambios por unas Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal masculino de acuerdo a lo previsto en la Constitución española de 1869.
Esta constitución estuvo vigente cuarenta y siete años, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923, siendo la constitución más duradera de la historia de España hasta el momento.
De entre las principales características de la Constitución de 1876, cabe señalar las siguientes:


Soberanía compartida entre las Cortes y el rey, siendo este último el encargado de regular los tres poderes del Estado, así como dirigir y moderar la vida política.
Establecía un poder legislativo bicameral, con un Senado cuyos miembros eran designados por el rey, y un Congreso de los Diputados salido de los procesos electorales.
Carecía de una regulación de los derechos ciudadanos, que se dejaban en manos de la legislación posterior y la interpretación de los gobiernos de turno.
No especificaba el sistema de votación, quedando el derecho al sufragio abierto al uso de la modalidad basada en el censo o a su universalización. Finalmente, el sufragio universal masculino terminó por imponerse en 1890.
Sus firmantes fueron: Alfonso XII. El Presidente del Consejo de Ministros, Ministro interino de Hacienda, Antonio Cánovas del Castillo. El Ministro de Estado, Fernando Calderón y Collantes. El Ministro de Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera.
El Ministro de la Guerra, Francisco de Ceballos y Vargas. El Ministro de Marina, Juan de Antequera. El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero y Robledo. El Ministro de Fomento, Francisco Queipo de Llano. El Ministro de Ultramar, Adelardo López de Ayala.</p>


Constitución española de 1876

Mariana Valverde

La fuerza del derecho

¿Están nuestros jueces preparados para dejar sus creencias y su ideología fuera de las salas de juicio? ¿Hasta qué punto nuestra judicatura es capaz de ser imparcial, de resolver las cuestiones sin tomar partido ni dejarse influir por sus propios intereses?En los últimos tiempos, la sociedad española ha empezado a ver a no pocos jueces como actores políticos. Ya no son considerados árbitros neutrales y discretos que, al margen de su propia ideología, se encargan de que las ideas mayoritarias expresadas en leyes democráticas se conviertan en realidad. Si los jueces no son ideológicamente neutrales, todo el edificio del imperio de la ley se convierte en puro decorado. Sin embargo, el concepto de lawfare ha pasado al lenguaje cotidiano, las redes sociales y los medios de comunicación dan voz a decenas de jueces que protestan contra las leyes y los partidos políticos que no les gustan.Los altos tribunales, cada vez con más frecuencia, dictan resoluciones discutibles que interfieren en la vida política del país. Jueces de todas las categorías dejan entrever sus convicciones personales y son incapaces de limitar su sesgo ideológico. Muchos magistrados son tolerantes con los abusos policiales, permiten el lawfare cuando no participan activamente en él, sustituyen a los políticos a la hora de decidir sobre pandemias o cuestiones de oportunidad, etc. Joaquín Urías analiza en este libro muchas de esas situaciones —presentando casos reales significativos— y reflexiona sobre las consecuencias de la pérdida de imparcialidad, al tiempo que apunta algunas líneas de solución.

Joaquín Urías

La Justicia en el banquillo

Ensayo

Víctor Ferreres

Diálogos sobre los fundamentos del Derecho y la justicia

Elogio del Derecho

El texto esboza los aspectos medulares del proceso arbitral cubano de manera profunda y objetiva .Brinda una excelente comunicación práctica ante tan demandado tema y bien aceptado por la ausencia total de doctrina sobre el proceso arbitral cubano y las Reglas de Procedimiento de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional. Los Comentarios expuestos de gran valía son herramientas de aplicación a través de la experiencia del autor como Arbitro y sin dudas se convierte en un Manual de inestimable utilidad académica y profesional.

Juan Mendoza Díaz

Arbitraje Comercial Internacional en Cuba

Julia Infante Lope

Male synthesized voice

Todo sobre la comunidad de propietarios

Juan Carlos Varón Palomino

Mauricio Rengifo Gardeazábal

Fernando Peña Bennet

Tomo III. Regímenes especiales de protección del consumidor

Derecho del consumo

Elvia Esther Serrano Marquez

Spanisches Verfassungsrecht Handbuch

MANUAL DE DERECHO  CONSTITUCIONAL ESPAÑOL   EN CLASE DE ESPAÑOL JURÍDICO

José Elice Navarro

Derecho parlamentario peruano

Este libro nos introduce al derecho de aguas a partir del marco institucional y jurídico del agua, así como de su regulación en la Constitución Política del Perú. Asimismo, da a conocer el régimen establecido en la Ley de Recursos Hídricos, que establece la gestión de estos recursos en el Perú, y analiza el régimen jurídico de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, establecido en la Ley de Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento. 

Balance y perspectivas de la Constitución española de 1978

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