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Instituto Rosarista de Acción Social *SERES*

Carol Iván Abaunza Forero

Mónica Mendoza Molina

Giovanny Paredes Álvarez

Paola Bustos Benítez

Familia y privación de la libertad en Colombia

omo parte de la formación jurídica, los estudiantes de derecho nos vemos abocados, desde los inicios de la carrera, a leer sentencias de la Corte Constitucional. Una de las que más me marcó durante ese trasegar fue la Sentencia T-153/981, que declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas2. Para ese momento, y sin definir aún el rumbo que me llevaría a trabajar sobre el tema años más tarde, me impresionaba la narrativa del contexto carcelario y el rótulo de dantesco que, en otras sentencias, se otorga a este escenario.&#13; Posteriormente, y al iniciar el ejercicio de la profesión dentro de un juzgado penal, participé en la redacción de providencias, cuya consecuencia mayoritaria era un fallo de condena y la respectiva imposición de una pena privativa de la libertad, que conllevaría el internamiento del sujeto dentro de alguno de esos círculos del infierno que todavía desconocía. Solo tiempo después lograría entrar al corazón de las cárceles colombianas con base en las labores de investigación que desarrollamos dentro de la academia, y pude constatar que aquellos relatos de horror traspasaban la ficción.&#13; Igualmente, como parte de mi pasantía doctoral en la Universitat Pompeu Fabra (2015-2016), no logré resistirme a la tentación de observar el contexto carcelario que se vive en otras latitudes, y quedé sorprendido y aumentó mi decepción por las condiciones de reclusión a las que una persona privada de la libertad debe someterse en nuestro país. Una mirada comparativa entre el centro penitenciario Brians 1, situado a las afueras de Barcelona, y los establecimientos de reclusión colombianos, no deja pasar inadvertidos los dispositivos de seguridad para el acceso a estos penales, que no solo me permitieron su ingreso, sino compartir estas reflexiones y concluir un trabajo de investigación de varios años.&#13; En Colombia, gracias a la colaboración de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), contamos con un acceso preferencial que nos evita largas filas pero no nos exceptúa del procedimiento de reseña (que deja los dedos untados de tinta durante toda la visita y algunas horas más), la imposición de varios sellos en los brazos (en algunas cárceles, como La Modelo de Bogotá, con tinta invisible, mientras que en la reclusión de mujeres El Buen Pastor nuestras extremidades terminan adornadas por animalitos que requieren de un importante tiempo de asepsia para ser eliminados) y el cacheo superficial para evitar el ingreso de elementos prohibidos (en las cárceles La Picota de Bogotá y en El Pedregal de Medellín, se suma a este procedimiento el sometimiento ante un binomio canino para la detección olfativa de sustancias prohibidas). En contraste con lo anterior, en Brians 1 llegué hasta los patios y las celdas sin la realización de ninguno de estos procedimientos, debiendo solamente entregar mi documento de identificación a cambio de un sticker de color naranja que contiene la leyenda de "visitante", y que tuve que colocarme en el bolsillo de la camisa. Resulta curioso que incluso ante la alerta del detector de metales tras el paso de uno de mis acompañantes, que llevaba monedas en su bolsillo, no se impidió el ingreso ni se realizó ninguna requisa.

Norberto Hernández Jiménez

una mirada al contexto colombiano con base en giro punitivo y la tendencia al mayor encarcelamiento

El derecho penal de la cárcel

El número catorce de la Colección de Regulación Minera y Energética es una edición  especial,conmemorativa de los veinte años de trayectoria de los departamentos de Derecho Minero-Energético, su extensión y enfoque. Es así como en esta edición se reúnen artículos asociados al sector minero, de hidrocarburos, al sector eléctrico sociales, regulatorios, corporativos y ambientales del sector minero- energético.

Ana Paola Gutiérrez

Carolina Montes Cortés

César R. Mata García

Claudia Lorena Esquivel García

Daniela Aguilar Abaunza

Dora María Moncada Rasmussen

Eduardo Chaparro Ávila

Felipe Napolitano Marotta

Francesco Zappala Sastoque

Hemberth Suárez Lozano

Íñigo del Guayo Castiella

Juan Alejandro Suárez Salamanca

Juan Felipe Neira

Julio César Moreira Barboza

Luis Bustos

María Alejandra Garzón Albornoz

Mayra Alejandra Alcendra Moscote

Miguel Ángel Marmolejo-Cervantes

Pedro Antonio Chaustre Hernández

Policía Nacional de Colombia

Sandra Rosero Ordóñez

Temas de derecho minero-energético

Este texto analiza y destaca como resultado de una investigación realizada por docentes y estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali como la reglamentación de los métodos alternativos de solución de conflictos, puede contribuir a la solución de la congestión judicial actual o por contraste y contradicción estimular más dicha congestión, especialmente cuando las normas reglamentarias terminan creando trámites adicionales o costos inalcanzables para la mayoría de los posibles usuarios, por lo general de escasos recursos, como sucede principalmente en el campo laboral. La conclusión del estudio privilegia al arbitraje voluntario e independiente como método alternativo ideal de solución de conflictos jurídicos laborales a la vez que presenta mecanismos prácticos e instrumentales para la aplicación de dicho mecanismo a través de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho colombianas en las que se hace exigente la realización de este servicio social desde el currículo.

Iván Alberto Díaz

Arbitraje voluntario para para conflictos laborales

Cada día se toma mayor conciencia sobre la importancia del medio ambiente para el desarrollo de la vida humana sobre el planeta. Los recursos naturales como proveedores y receptores de los servicios públicos domiciliarios se constituyen en los protagonistas de una historia que se debe reescribir. Así, junto a la importancia de garantizar la prestación en condiciones de eficiencia, calidad e igualdad a todos los habitantes del territorio nacional, surge el interés de salvaguardar los recursos naturales del creciente deterioro ambiental. Por esta razón, ahora, más que nunca es necesario dar estricto cumplimiento a las disposiciones normativas y administrativas que propenden por darle los recursos naturales renovables un uso y aprovechamiento racional, en especial, en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Lo invitamos a leer los aportes realizados por los autores en torno a las dinámicas que cada día deben enfrentar las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en su relación con el medio ambiente y las normas que lo regulan.

Miguel Ángel Amézquita Berjan

Willger Deaza Pulido

María Daniela de la Rosa Calderón

Claudia María Gafner Rojas

Andrea del Pilar Gómez Cano

Luis Felipe Guzmán Jiménez

José William Sepúlveda Mejía

Jorge Lenin Urrego Ángel

Paola Andrea Vallejo Aristizábal

Servicios públicos y medio ambiente Tomo IV

Colombia es formalmente un Estado laico porque así lo ha establecido la Corte Constitucional. Sin embargo, el modelo de laicidad creado por ese tribunal se asemeja más a un modelo de pluriconfesionalidad. Lo anterior porque existen varias disposiciones constitucionales que valoran positivamente el fenómeno religioso. Igualmente, porque la mayoría de las prerrogativas y los beneficios de los que gozaba la antigua organización religiosa oficial no desapareció con la entrada en vigor de la nueva carta política. Estos por regla general, se extendieron a las demás organizaciones religiosas que lo han solicitado. &#13;Este particular modelo tiene varias fisuras que lo alejan de los presupuestos teóricos mínimos de un Estado laico. En esta obra se abordará una de las fisuras más significativas, que ponen en evidencia las debilidades del nuestro modelo de laicidad. En efecto, desafortunadamente el legislador ha incluido en el catálogo del patrimonio cultural varios bienes y manifestaciones católicos que no tienen una gran connotación cultural. Estas declaratorias no vienen acompañadas de planes para la protección de los supuestos valores culturales que represen-tan los bienes y manifestaciones, lo cual permite inferir que el Congreso no actuó motivado por una intención de protección de la cultura. En contraste, de un estudio de estas leyes se puede advertir que existe un interés en crear un título jurídico que justifique la transferencia de recursos públicos a la Iglesia católica. La anterior estrategia no solo desdibuja el carácter laico del Estado, sino que también desnaturaliza la figura del patrimonio cultural al incluir en ese catálogo bienes y manifestaciones que no tienen el suficiente valor cultural. &#13;

Sergio Alejandro Fernández Parra

La tensión entre el principio de laicidad y el deber de proteger el patrimonio cultural religioso. Análisis del caso colombiano

Hacer derecho feminista no es más que una identificación y una provocación situadas, ambos términos entendidos como presupuestos epistemológicos transversales a toda la obra que presentamos. Es un hacer que pretende tener la misma potencia de un martillo. Es una identificación que se distancia de perspectivas esencialistas en la asunción de un contenido que es político. Es una provocación que procura en el aquí y el ahora desmontar esos insoportables lugares en los que la fuerza de ley y del derecho clausuran. Es un hacer, una identificación y una provocación que tienen la confianza en que allí donde hay norma(lización), hay resistencia. Un hacer que supone un compromiso político con la transformación, la reformulación y la subversión de los sesgos jurídicos; una identificación que implica dar cuenta de una misma, de las condiciones que hacen de cada situación un privilegio o una desventaja, o ambos. Una provocación, personal y política, de un colectivo que se teje y se difumina, que se formula en los ecos, en las referencias y los debates, en una sucesión despareja y viva de encuentros polémicos.

Malena Costa Wegsman

Romina Lerussi

Feminismos jurídicos interpelaciones y debates

Una de las cuestiones más relevantes a la hora de estudiar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) es el análisis de los sistemas internacionales de protección. Dichas estructuras son, a la vez causa y consecuencia del proceso de humanización del derecho internacional que vino de la mano con el nacimiento y la evolución de este régimen especializado dedicado a la protección del individuo. El estudio de dichos aparatos podría abordarse desde diferentes perspectivas; no obstante, tomando en consideración el objetivo que perseguimos, cual es el de brindarle al estudiante amateur un panorama general del funcionamiento de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos antes de adentrarse en su estudio pormenorizado, las líneas que siguen están dedicadas a esbozar los aspectos básicos de tres de los andamiajes de protección más desarrollados. En primer lugar, dirigiremos nuestra atención al estudio del Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PDH-NU); en segunda instancia nos concentraremos en explicar el funcionamiento tanto del Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos (SEPDH) cuanto del Sistema Interamericano (SIPDH) y del Sistema Africano (SAPDH); finalmente haremos una breve mención a la tendencia de protección en Asia y Oriente Medio. No obstante, antes de comenzar con la exposición sobre estos regímenes, creemos pertinente mencionar, a manera de introducción, un par de cuestiones básicas del PON que los estudiantes deben tomar en consideración.

José Antonio Pastor Ridruejo

Paola Andrea Acosta Alvarado

Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos

En los últimos años el fenómeno de la corrupción ha impactado significativamente en la región latinoamericana. En ese contexto, el libro analiza las instituciones, mecanismos, legislación y jurisprudencia que dan lugar al ius anticorruptionis commune latinoamericanum; pues se requiere conformar una cultura jurídica común anticorrupción para dar tratamiento a la amenaza que representa para los derechos humanos. Se enfatiza que la lucha anticorrupción será exitosa si se realiza desde un enfoque basado en los derechos humanos, esto es, un sistema integral dirigido a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las víctimas, para que cuenten con un mecanismo efectivo que permita compensar y reparar las afectaciones materiales e inmateriales que la corrupción provoca.

Filiberto Eduardo R. Manrique Molina

Omar Huertas Díaz

Ius Anticorruptionis Commune Latinoamericanum desde un enfoque basado en derechos humanos

Este libro constituye una pieza vital para la existencia de la doctrina del derecho del consumo en Colombia y, especialmente, para la comprensión de la responsabilidad civil por productos defectuosos, desde sus orígenes hasta la época contemporánea. Se trata de un aporte jurídico doctrinal marcado por los aspectos sustanciales de esta clase suigeneris de responsabilidad, los cuales se combinan con los aspectos procesales que determinan el momento dinámico de la responsabilidad civil por producto defectuoso en el proceso judicial. Los dos aspectos de este libro, sustanciales y procesales, son las herramientas eficaces para la sinergia perfecta de la materia, que permitirá, a los operadores jurídicos y a los estudiosos de la ciencia del derecho interiorizar el plano y la operatividad de los derechos del consumidor y de la responsabilidad civil por productos defectuosos. La obra se compone de cuatro fragmentos. El primero, dedicado a las nociones sustanciales preliminares del derecho del consumidor, porque son estas las que fijan el punto de partida de la materia y aseguran el entendimiento de las prerrogativas de este sujeto y del lenguaje singular que empapa al derecho del consumo, otorgándole su propia montura, su razón de ser y la blisqueda de su deber ser. El segundo es el que asigna un espacio inevitable a la explicación de la responsabilidad civil por producto defectuoso en el derecho comparado, para captar el momento de la génesis de este tipo de responsabilidad en que pueden incurrir productores y proveedores, junto con la adopción de esta materia en otras legislaciones o latitudes jurídicas. El tercero se concentra en examinar el régimen, los elementos y las causales de exoneración de la responsabilidad civil por producto defectuoso en Colombia. El cuarto condensa todo lo que atafie a las peculiaridades y rasgos distintivos del proceso declarativo que despliega y entraría este tipo de responsabilidad: la naturaleza de la acción, el requisito de procedibilidad, la legitimación, la caducidad, la competencia, la demanda y sus requisitos, las medidas cautelares, los tramites que puede asumir el proceso y sus respectivas audiencias, la carga de la prueba, la distribución del deber de probar, el decreto de pruebas de oficio, la sentencia, los efectos de cosa juzgada, la solidaridad, los medios de impugnación, la congruencia de la sentencia, el termino de duración del proceso y la temeridad en el ejercicio de esta acción. &#13;

Familia y privación de la libertad en Colombia

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