El desplazamiento forzado, sufrido por aproximadamente dos millones quinientos mil colombianos, es un flagelo pues atenta contra la convivencia pacifica del tejido social de Colombia, si se tiene en cuenta que este fenomeno es sinonimo de desolacion y sufrimiento para las victimas directas e indirectas que lo padecen. En el, la razon humana parece escabullirse por los laberintos de la intolerancia e inconciencia de los actos de quienes propician, fomentan y, en algunos casos, se lucran con dicho comportamiento criminal. Estas razones son suficientes para investigar el comportamiento que ha asumido la Corte Constitucional colombiana, como garante de los derechos fundamentales.