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Derecho y Política

Lucas S. Grosman

Escasez e igualdad

Un modelo para pensar los derechos sociales

Numerosos precedentes de organismos internacionales, tanto del Sistema Universal de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano, indican que la privación de libertad de una persona puede constituir un obstáculo para el goce de sus derechos humanos.Dentro del colectivo de personas privadas de su libertad, existen ciertos grupos que son especialmente vulnerables, ya que, por sus condiciones particulares de género, nacionalidad, edad, discapacidad, entre otras, se encuentran más expuestos a sufrir violencia y discriminación. El objetivo de la presente publicación es realizar un análisis de las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que se relacionen con el ejercicio de derechos de los grupos considerados especialmente vulnerables en contextos de encierro y guarden relación con los estándares del Sistema Interamericano. Asimismo, se procura elaborar un marco teórico de utilidad a los fines de la construcción por parte del operador judicial de una justicia más inclusiva.

Virginia Liendo

Guillermina Machado

Gerardo Esteban Vaccotto

Silvana Yaryura Montero

Pablo Pupich

Género, identidad de género, violencia obstétrica, migrantes, discapacidad, salud mental

Criterios del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sobre enfoques diferenciados en la etapa de la ejecución de la pena

Singular

José Antonio Martín Pallín

Jueces e ideología en la Justicia española

Visto para sentencia

Clásicos - Clásicos del Pensamiento

Egon Zweig

Duncan Kelly

La teoría del Poder Constituyente

Derecho - Biblioteca Universitaria de Editorial Tecnos

María Luisa Balaguer Callejón

Lecciones de Derecho Constitucional

Roberto Gargarella

Dos siglos de constitucionalismo en América Latina

La sala de máquinas de la Constitución

A muchos pacientes se les niega el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos en América Latina, por lo que los jueces tienen que intervenir. Esta tendencia de judicialización se ha acelerado durante la última década. En un sentido similar, la literatura existente sobre la justiciabilidad y judicialización del derecho a la salud se ocupa de la cuestión de si los jueces deben intervenir o no en la protección del derecho a la salud. Objetivo: Evaluar los desafíos derivados del litigio del Derecho a la Salud en Colombia, Argentina, Brasil y México. Metodología: Marco analítico y metodológico cualitativo, descriptivo y comparativo. Incluye una revisión bibliográfica y 37 entrevistas semiestructuradas a jueces, académicos y funcionarios gubernamentales. Además, se realizó un análisis jurisprudencial de la jurisprudencia más reciente en los 4 países mediante análisis de contenido. Resultados: En los cuatro países estudiados persiste un enfoque moderado orientado a las repercusiones en el litigio y, preocupado por las consecuencias del proceso de judicialización. Esto supone, en primer lugar, la incorporación de algunos límites y condiciones en el reconocimiento del derecho a la salud por parte de los Tribunales y, en segundo lugar, en términos generales, que las sentencias no están teniendo en cuenta las causas estructurales que afectan a la litigiosidad. Conclusiones: Los tribunales deberían avanzar hacia un equilibrio intencional en el reconocimiento, los remedios, la supervisión y la evaluación de las sentencias. Esto implica ser más reflexivos y estratégicos que reactivos y pasivos. En otras palabras, cuanto más inmaduro sea el sistema sanitario y más causas estructurales se perciban, más reflexivos y estratégicos deberían ser los Tribunales y más se debería promover el reconocimiento, la protección, la supervisión y la evaluación. Los Estados también deben adoptar medidas contundentes contra las causas estructurales y deben hacer operativo un enfoque de la salud más práctico y basado en los derechos, de manera tangible.

Rodolfo Gutiérrez Silva

Healthcare rights on trial in Latin America: A comparative study

César Delgado-Guembes

La bicameralidad a partir del 2026

En muchos países de América Latina los ciudadanos de a pie sienten que el poder político está en manos de una minoría y que el voto periódico no alcanza como mecanismo de control. La justicia está cuestionada y hay casos en que juega al filo de las reglas democráticas. Tendemos a pensar que el principal problema es la corrupción o la impunidad de los funcionarios, y que para salvar el sistema bastaría que un Poder Judicial imparcial e independiente hiciera respetar la Constitución. Pero ¿y si el problema estuviera, precisamente, en nuestras constituciones? ¿Qué pasaría si alguien nos dijera que esos "textos sagrados" esconden desde sus orígenes, como un secreto, un alma elitista, hostil al gobierno de las mayorías?Roberto Gargarella, uno de los mayores especialistas en derecho constitucional, desarma magistralmente los lugares comunes de la discusión y plantea que, para que la democracia se parezca cada vez más a una "conversación entre iguales", con mecanismos reales de participación ciudadana, primero hay que entender la verdadera raíz de la crisis. Nuestras constituciones se forjaron a mediados del siglo XIX para organizar países que habían atravesado guerras civiles. La prioridad era distribuir el poder entre las minorías ilustradas y mantener a raya a las masas, sinónimo de violencia y caos. Casi doscientos años después, y pese a que en el siglo XX hubo valiosas reformas que reconocieron derechos, nuestro sistema institucional está marcado por ese elitismo originario y por la desconfianza democrática. Jueces con cargos vitalicios y enormes privilegios tienen la última palabra constitucional, mientras que las autoridades políticas procuran recortar o colonizar esas atribuciones. El famoso esquema de frenos y contrapesos termina siendo en los hechos un mecanismo espurio de pactos y negociaciones entre dirigentes aislados de la ciudadanía, con el único fin de preservar sus condiciones de excepción.¿Es esta la derrota definitiva del derecho? A través de siete tesis originales y punzantes, Roberto Gargarella pone en cuestión, sin concesiones, las bases mismas del derecho en nuestro continente, planteando un escenario alarmante, hecho de impulsos poco democráticos y falta de escrúpulos éticos en el ejercicio profesional. Pero también muestra, con una convicción inquebrantable, un camino por recorrer y un horizonte de salida.

Siete tesis

La derrota del derecho en América Latina

Enrique Álvarez Conde

Rosario Tur Ausina

Derecho Constitucional

Durante las últimas décadas, la promesa de igualdad y su búsqueda han sido una constante en las prácticas, las normas y la reflexión jurídicas, lo que reafirma que ni el Estado ni los individuos deben decidir o realizar acciones discriminatorias guiadas por prejuicios y estigmatizaciones. De ahí que nuestras democracias consideren irrazonables y prohíban aquellos requisitos que puedan restringir el goce de derechos constitucionales: una estatura mínima para ejercer la docencia, determinada apariencia física para obtener un empleo o pautas de edad, género o nacionalidad para acceder a cargos en la función pública. Sin embargo, los remedios con que pretende contrarrestar el trato arbitrario ¿contribuyen realmente a desterrar las situaciones de desigualdad estructural que condenan a mujeres, personas con discapacidad, minorías raciales, ancianos o pobres a la exclusión perpetua y transgeneracional?En este notable libro, Roberto Saba despliega análisis de las constituciones de América Latina, el derecho internacional de los derechos humanos y la doctrina de las cortes supremas estadounidense y argentina, para proponer una concepción inédita en el campo del derecho, en cuanto considera la igualdad como no subordinación de grupos. Desde esta perspectiva, los órganos de justicia deben involucrarse en la exigencia de espacios fundamentales para la vida de la comunidad: sus decisiones tienen que tomar en consideración al conjunto de ciudadanos cuyos derechos se ven afectados, en vez de limitarse a casos individuales.El autor analiza el modo en que ese nuevo paradigma de igualdad puede regular no sólo la acción del Estado, sino también las relaciones entre particulares (como sucede con los contratos o el derecho de asociación) y los estándares para la decisión judicial. A la vez, propone que los tribunales se involucren en el reclamo de políticas públicas que desmantelen las situaciones en que normas y prácticas del Estado –y de los particulares– someten a ciertos grupos.

Roberto Saba

¿Qué le debe el Estado a los grupos desaventajados?

Más allá de la igualdad formal ante la ley

En las sociedades democráticas, es muy común que un tribunal revise los contenidos de una ley para determinar si es válida o no a la luz de lo que exige la Constitución. Esta situación plantea al menos tres preguntas de enorme relevancia pública: ¿por qué son los jueces, y no los legisladores como representantes del pueblo, quienes quedan a cargo de la tarea de interpretación constitucional? ¿Es aceptable que los jueces asuman el derecho a pronunciar la "última palabra" respecto de cómo resolver los problemas constitucionales más básicos? ¿Por qué hemos adoptado un sistema institucional tan rígido, en el que las relaciones entre los poderes se traducen en un esquema de todo o nada, ya sea mediante una resolución judicial o mediante un veto del Ejecutivo?La justicia dialógica, como elaboración conceptual y como práctica, retoma estas preguntas para proponer que los asuntos constitucionales fundamentales se resuelvan a través de una conversación extendida y persistente en el tiempo, que debe involucrar a las distintas ramas del poder tanto como a la propia ciudadanía. Las formas posibles de las respuestas dialógicas son muchas: tribunales que crean mecanismos para monitorear el cumplimiento de sus sentencias, con la ayuda de la sociedad civil; Cortes que exhortan a los gobiernos a cumplir con ciertos derechos, o les advierten sobre el carácter inconstitucional de ciertas alternativas; instancias de cooperación entre jueces y legisladores, de modo que haya correas de transmisión entre los debates parlamentarios y las decisiones judiciales.Roberto Gargarella, uno de los constitucionalistas más prestigiosos de la actualidad, reúne en este libro a los principales exponentes de la justicia dialógica, tanto en el ámbito anglosajón como latinoamericano, y demuestra la poderosa vitalidad y novedad de sus planteos, que exceden la órbita del Poder Judicial, dado que ayudan a repensar el diseño institucional de la democracia.

El Poder Judicial como promotor de la deliberación democrática

Por una justicia dialógica

l estudio doctrinario de la cosa juzgada en los sistemas adherentes al civil law ha centrado tradicionalmente su análisis en la sentencia definitiva, considerando a lo anterior como una mera actividad preparatoria para dicho fin. El Código Procesal Civil de Brasil de 2015 rompe esta tradición al introducir la figura de la cosa juzgada sobre cuestión y hacerla invocable por un tercero.&#13;La presente obra trata precisamente sobre el tema de la cosa juzgada sobre cuestión, valiéndose del estudio del derecho comparado para analizar esta figura introducida en el Código Procesal Civil. &#13;Así, primero se estudiará la figura del estoppel en los sistemas de common law, especialmente en el sistema estadounidense. Luego, el estudio se centrará en la figura de la cosa juzgada sobre cuestión en el sistema del civil law, para finalmente analizar esta figura y la regulación del Código Procesal Civil.&#13;La obra se vuelve así un instrumento que servirá para entender el significado de la cosa juzgada sobre cuestión prejudicial como una institución necesaria para generar mayor confianza en el sistema judicial y en su coherencia.&#13;&#13;LUIZ GUILHERME MARINONI es profesor titular de Derecho Procesal Civil en los cursos de pregrado, maestría y doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná – UFPR. Profesor invitado en varias universidades de América Latina y Europa. Vicepresidente de la Asociación Brasileña de Derecho Procesal Constitucional. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Brasileño de Derecho Procesal – IBDP y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal – IAPL. Director del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal – IIBDP.

Luiz Guilherme Marinoni

Cosa juzgada sobre cuestión prejudicial

Escasez e igualdad

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