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Universidad de Málaga. Área de derecho administrativo. Profesor asociado Dr. Gorgonio Martínez Atienza. Asignaturas políticas de seguridad pública y privada. Cuarto de criminología.

Gorgonio Martínez Atienza

Políticas de seguridad pública y privada

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.

Respuesta jurídica y social a la víctima del delito

La ordenación territorial y urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción, que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general.    La protección de la ordenación del territorio antes del Código Penal de 1995 se establecía únicamente en el ámbito del derecho administativo, y, después del Código Penal de 1995 también se establece a través de la tipificación de los delitos relativos a la ordenación del territorio y al urbanismo (construcciones ilegales y prevaricación en las construcciones ilegales).    Entendemos que dentro de las infracciones penales con dolo directo, son acciones típicas básicas que integran la prevaricación en las construcciones ilegales del artículo 320 del Código Penal:    1ª.- La información favorable contraria a las normas de ordenación territorial o urbanística o silenciar la infracción de dichas normas u omitir la realización de inspecciones,    2ª.- La resolución o voto a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la consecución de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística.    Las acciones típicas básicas con dolo directo del artículo 320 del Código Penal, se agravan cuando afectan a algún espacio natural protegido con base en el artículo 338 del Código Penal.    Entendemos que las infracciones penales básicas y agravadas con imprudencia grave y dolo eventual integradas en la prevaricación urbanística del artículo 320 del Código Penal, son infracciones administrativas que podrán ser castigadas de conformidad con lo establecido en las normas administrativas, pero no conforme a la normativa penal en la que es de considerar el principio de intervención mínima con base en el elemento subjetivo del tipo.

Prevaricación urbanística y su sanción

Derecho Civil y Penal, Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de las  Salas primera y segunda del TS.Circulares, Instrucciones y Consultas de la FGE.

Derecho civil y penal sustantivo y procesal

Constitución Española Sistematizada. Concordancias preceptivas y normativas. Derecho de la Unión Europea. Sentencias del Tribunal Europeo. Sentencias del Tribunal de Justicia. Sentencias del Tribunal Constitucional.

Constitución española sistematizada

En este trabajo abordamos la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en España y su protección pública con base en la normativa de extranjería y de protección de menores nacional, europea e internacional; concretando la asistencia necesaria para garantizarles el conjunto de sus derechos en consideración a su especial vulnerabilidad por su minoría de edad y su condición de extranjeros que no se encuentran en compañía de un adulto responsable de ellos; y diferenciando con base en su régimen jurídico, presidido por el interés superior del menor y la reagrupación familiar que pueden aconsejar su repatriación, los MENA comunitarios y los procedentes de terceros Estados, especialmente africanos y subsajarianos. Este fenómeno es de comienzos de la década de los noventa del siglo pasado, y, desde entonces este sujeto migratorio no controlado ha ido en aumento; aspecto que ha determinado su atención inmediata por la Administración Pública para su tutela o guarda, con fundamento en la normativa autonómica, y esencialmente por el Ministerio Fiscal a quien corresponde la superior vigilancia.

Los menores extranjeros no acompañados y sus derechos

Políticas de seguridad pública y privada

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