En la actualidad se observa con caracter general, pues existen excepciones muy sonadas en Espana, una practica fluida en torno al control judicial sobre el procedimiento arbitral y sobre el laudo que se aprecia en la capacidad concedida al arbitro para juzgar la validez de su propia competencia o en la admisibilidad de mayores cotas de arbitrabilidad y en una apreciacion ponderada de las causales de anulacion. Los linderos entre el ejercicio de la autonomia de la voluntad y el necesario control judicial son variables, pero tienden a estrecharse dentro de un debate doctrinal inacabado y de una practica jurisprudencial heterogenea que, sin embargo, evidencia un debilitamiento del control ejercido por el juez estatal sobre el procedimiento y sobre el laudo. De la delimitacion adecuada de estos linderos depende la existencia misma de la institucion arbitral.